Casos Prácticos

El presente caso trata de poner de manifiesto los perjuicios que las reformas legales y determinadas medidas de protección de la mujer frente a la violencia de género pueden tener sobre la persona a la que se trata de proteger, en el ámbito sucesorio por su condición de legitimaria, y que nunca fueron queridas por el legislador; en concreto se trata de la llamada orden de alejamiento. Necesidad de analizar caso por caso para determinar las causas de que ambos cónyuges, al momento del fallecimiento del causante, se encontraran separados. La separación matrimonial de hecho excluye el derecho a la legítima del cónyuge viudo, tanto si la separación fue por mutuo acuerdo como si fue impuesta unilateralmente por uno de los cónyuges o si fue impuesta por la orden de alejamiento dictada contra el marido por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Palabras claves: derecho de sucesiones; legítima de la viuda; orden de alejamiento.

No son extrañas en nuestros días las ejecuciones civiles de sentencias dictadas contra las comunidades de propietarios, en las cuales estas son condenadas a pagar una determinada cantidad a un tercero ajeno a la propia comunidad, y que se acaban convirtiendo en ejecuciones imposibles como consecuencia de la actitud de la propia comunidad y de sus comuneros, que deliberadamente se colocan en una situación de insolvencia, dejando de pagar las cuotas de la comunidad, para que el acreedor ejecutante nada pueda embargar, por carencia de cualquier líquido sobre el que trabar embargo. Para hacer frente a este fraude de los copropietarios, la Ley de Propiedad Horizontal ha creado un instrumento eficaz en su artículo 22, que permitiría plantear una nueva acción judicial contra los comuneros directamente para hacerse cobro de la deuda los terceros, con los bienes propios de tales copropietarios. La cuestión es que el propio precepto exige un requisito de procedibilidad previo, que dificulta el ejercicio de la propia solución, pues antes han de estar requeridos de pago todos los comuneros. Este caso trata de dar otro planteamiento jurídico distinto a la cuestión, que evitaría tener que pasar por este requisito: considerar que la acción de tal precepto es una acción subrogatoria.

Palabras claves: propiedad horizontal; deudas de la comunidad; responsabilidad de los comuneros; acción subrogatoria.

Para dar validez a los hallazgos causales que aparecen tras una intervención telefónica, de forma imprevista, se han de ampliar las escuchas con una nueva resolución judicial, basada en la especialidad, en la flagrancia o en la conexidad.
Los datos electrónicos conservados por los prestadores de servicios o personas que faciliten la comunicación en cumplimiento de la legislación sobre retención de datos relativos a las comunicaciones electrónicas o por propia iniciativa por motivos comerciales o de otra índole y que se encuentren vinculados a procesos de comunicación solo podrán ser cedidos para su incorporación al proceso con autorización judicial.

Palabras claves: hallazgo casual; cesión de datos IMEI e INSI; intervención telefónica; especialidad; proporcionalidad; conexidad.

El presente caso se refiere a varias controversias jurídicas, derivadas, por un lado, de un procedimiento de subvenciones puesto en marcha en favor de personas que promuevan la conservación del patrimonio artístico e histórico y, por otro lado, de la delegación por parte del Ministerio de Hacienda de una solicitud elevada por representantes de la Iglesia evangélica para que se incluyera una casilla a su favor en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, a similitud de la que existe en favor de la Iglesia católica. En relación con el procedimiento de subvenciones las cuestiones giran en torno a si los peticionarios cumplen los requisitos exigidos para acceder a la concesión de la subvención; al nombramiento directo, como entidad colaboradora, a una entidad local; al procedimiento seguido para la concesión de las subvenciones; al incumplimiento de sus obligaciones por parte de algunos de los que resultaron beneficiarios de la subvención y, finalmente, como se ha indicado con anterioridad, al ajuste a derecho de la decisión del Ministerio de Hacienda denegando la petición realizada por la Iglesia evangélica y si con ello no se transgredieron diversos artículos de la Constitución.

Palabras claves: concesión de subvenciones; condiciones de los peticionarios; entidad colaboradora; omisión de garantía; incumplimiento de los subvencionados.

En la práctica diaria, surgen problemas a la hora de establecer la responsabilidad acerca de quién debe responder de los daños que se causan a quien ha contratado el suministro de electricidad, como consecuencia de un corte prolongado de tal suministro. La cuestión esencial estriba en que la legislación vigente establece una delimitación de actividad en el suministro entre la empresa distribuidora y la comercializadora, y frecuentemente una y otra se eximen de esa responsabilidad, dejando en inseguridad jurídica al particular. Este, habitualmente, será indemnizado por su propio seguro multirriesgo, pero la aseguradora debe conocer a quién reclamar en el ejercicio del derecho de repetición. La actual situación ha quedado clarificada por nuestros tribunales al establecer de manera uniforme una línea indubitada que responsabiliza a ambas de los daños causados. En el presente caso, se expone cuál es la situación actual de esta cuestión y los argumentos empleados por los tribunales a la hora de resolverla, protegiendo al consumidor.

Palabras claves: suministro eléctrico; comercializadora; distribuidora; daños; responsabilidad.

En los procedimientos de relaciones paterno-filiales o de separación o divorcio, de conformidad con el artículo 96 del Código Civil, se atribuye el uso y disfrute de la vivienda familiar teniendo en cuenta el interés más necesitado de protección, que será, existiendo hijos, sobre todo si se trata de menores de edad, por su atribución a estos, junto con el progenitor al que se atribuya la guarda y custodia. Sin embargo, en los convenios reguladores firmados por ambos progenitores que se aprueben por el juzgado con la conformidad de los progenitores litigantes, pueden introducirse determinadas cláusulas que condicionen dicha atribución, como sucedería en el caso de que fuere vendida. En estos supuestos no puede el titular del derecho de uso oponer este ante quien reclama que cese en él, aunque le hubiese sido atribuido por convenio regulador o sentencia, en el curso de un procedimiento de familia, que no es título que excluya la existencia del precario.

Palabras claves: desahucio por precario; separación o divorcio; vivienda familiar; relaciones paterno-filiales.

Resulta frecuente en los siniestros de tráfico de los que se derivan lesiones para los intervinientes, además de daños materiales, que el propio accidente dé origen a dos acciones judiciales distintas sucesivas: una primera de carácter penal y otra posterior de naturaleza civil. Igualmente resulta habitual que en el posterior pleito civil, quien resulta ser parte demandada trate de establecer su estrategia de defensa sobre la base de la excepción de prescripción de la acción civil, excepción que no puede ser planteada de oficio por el tribunal, a diferencia de la caducidad. El presente supuesto trata de delimitar cuáles son los criterios para determinar si la acción civil puede haber prescrito en los casos de acción de repetición de la compañía aseguradora contra su asegurado, si este causó el accidente por intoxicación alcohólica, y hubo unas previas actuaciones de carácter penal, pues lo acaecido en la causa penal puede afectar a las opciones de ejercicio de la acción civil por parte de la aseguradora.

Palabras claves: accidente de tráfico; acción penal; acción civil; prescripción de la acción; dies a quo.

Pueden definirse las arras penitenciales en un contrato como «las concebidas a la manera de multa, correlativa al derecho de las partes de desistir, a su arbitrio, el contrato», y no llevan otra cosa que la obligación facultativa de cumplir o pagar lo pactado, constituyendo un medio lícito de desistir del contrato mediante la pérdida o restitución doblada de las mismas. En cualquier caso, el Tribunal Supremo señala que estas arras «tienen carácter excepcional y que exige una interpretación restrictiva de las cláusulas contractuales en que se establezcan».

Palabras claves: contrato de compraventa; arras penitenciales.

Analizamos en el presente trabajo un caso práctico consistente en una supuesta manipulación de un contador de la luz, en el que la distribuidora comunica por carta al consumidor (Matías) que se ha realizado una inspección en su instalación y se han detectado irregularidades consistentes en un puente de entrada-salida en la misma fase del contador.

Palabras claves: energía eléctrica; manipulación de contador de la luz; suministro; distribuidora; comercializadora.

La única forma que el copropietario tiene de canalizar el ejercicio de las acciones judiciales en beneficio de la comunidad es a través de la junta de propietarios. Nuestros tribunales han adoptado una posición claramente restrictiva respecto de la legitimación activa de cualquier copropietario para ejercitar acciones en beneficio de la comunidad al margen de la representación que ostenta el presidente. En los casos en que se admite esta legitimación del copropietario, el asunto litigioso ha de haber sido debatido en la correspondiente junta de propietarios, y la comunidad de propietarios tendrá que haber adoptado un acuerdo que legitime la pretensión del propietario. Es igualmente necesario que no exista un acuerdo comunitario en el que se muestre una oposición expresa y formal a las pretensiones del propietario, y en el escrito de demanda interpuesta por el propietario se debe hacer constar, de forma expresa, que actúa en beneficio de la comunidad. Finalmente debe haberse aprobado en junta comunitaria que determinada actuación le es perjudicial, así como su intención de iniciar las oportunas acciones judiciales, y esta adopte una actitud meramente pasiva.

Palabras claves: propiedad horizontal; legitimación activa del propietario; acciones judiciales; junta de propietarios.