El Gobierno amplía la protección a los deudores hipotecarios

El Ejecutivo ha acordado ampliar hasta 2020 la moratoria de los desahucios a los colectivos más afectados por la crisis, flexibilizar los criterios para beneficiarse de las medidas de protección y posibilitar la opción de alquiler de la vivienda habitual ejecutada a precio reducido. Además, el Gobierno pone a disposición del sector industrial más de 600 millones de euros en préstamos.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha recordado que el Real Decreto ley 5/2017, de 17 de marzo (BOE de 18 de marzo), por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, en relación con la moratoria de los desahucios está en el contexto de las medidas que ha ido adoptando el Gobierno desde el año 2012 para afrontar este problema, derivado de la crisis económica.

De Guindos ha apuntado que, en marzo de 2012, el Ejecutivo aprobó el Código de Buenas Prácticas mediante el que se daba la posibilidad a las familias que estaban en el "umbral de exclusión" de negociar con las entidades financieras la reestructuración de la deuda, el establecimiento de una quita o la dación en pago. Prácticamente la totalidad de los bancos se adhirieron a este Código. Además, ha indicado que, en noviembre de 2012, se acordó la suspensión de lanzamientos hipotecarios (obligación de salir de la vivienda), acuerdo que se ha ido extendiendo hasta ahora, y que en enero de 2013 se pusieron 10.000 viviendas con alquileres muy reducidos a disposición de los colectivos más vulnerables.

El ministro ha subrayado que casi 80.000 familias se han favorecido de estas iniciativas. En concreto, se han suspendido más de 24.000 alzamientos y 45.600 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas, de las cuales 38.500 han reestructurado su deuda y 7.000 han dado su vivienda en pago. Asimismo, el Fondo Social de Viviendas ha adjudicado más de 9.000 casas.

En concreto, se amplía tres años, hasta 2020, la moratoria de las ejecuciones hipotecarias que afectan a estos colectivos, medida que está en vigor desde el año 2013. Se incluyen, además, nuevos supuestos de especial vulnerabilidad, como las familias con hijos menores de edad o monoparentales con hijos a cargo, desempleo (sin haber agotado la prestación), discapacidad, dependencia o enfermedad grave o violencia de género. Se facilitará también el alquiler de la vivienda ejecutada a precio reducido para estos casos.

Estas medidas completan el conjunto de actuaciones que puso en marcha el Gobierno en 2012 ante la problemática de los desahucios y que, en conjunto, han beneficiado a más de 78.600 familias hasta la actualidad. En concreto, se han suspendido más de 24.000 lanzamientos; más de 45.600 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas, al que están adheridas 93 entidades financieras, mediante 38.500 reestructuraciones de deuda y 7.000 daciones en pago, y se han adjudicado 9.020 viviendas a través del Fondo Social de Viviendas.

Ampliación de supuestos

El Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno amplía el plazo de suspensión de lanzamientos hipotecarios tres años más, hasta 2020. Los criterios subjetivos para acogerse, tanto al Código de Buenas Prácticas, como a la suspensión de lanzamientos, se equiparan en su mayoría y se amplían a los siguientes supuestos:

• La unidad familiar de la que forme parte un menor de edad, en vez de menor de tres años, como hasta ahora.
• La unidad familiar monoparental con hijos a cargo, en vez de con dos hijos a cargo, como hasta ahora.
• La unidad familiar con la que convivan una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral. Este requisito ya se aplica en la suspensión de lanzamientos y se extiende al Código de Buenas Prácticas.
• La unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, criterio que se extiende al Código de Buenas Prácticas y se mantiene en la suspensión de lanzamientos.
• En la suspensión de lanzamientos se amplía el supuesto de situación de desempleo, al eliminarse el requisito de haber agotado las prestaciones por desempleo.

Alquiler

En otro bloque de medidas se introduce en el Código de Buenas Prácticas la opción de alquiler de la vivienda habitual ejecutada. Durante el plazo de vigencia de la suspensión de lanzamientos, el deudor hipotecario ejecutado situado en el umbral de exclusión podrá solicitar y obtener del acreedor ejecutante de la vivienda, el alquiler de la misma en condiciones favorables. La petición de alquiler deberá realizarse dentro de un plazo determinado. Se establece que el precio máximo anual del alquiler será el 3 por 100 del valor de la vivienda al tiempo de la aprobación del remate determinado según tasación. El arrendamiento tendrá una duración de cinco años, prorrogable otros cinco años de mutuo acuerdo entre las partes, es decir, entre el ejecutado y el adjudicatario.

Recuperación de la propiedad

El Gobierno, en el plazo de ocho meses desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley, propondrá medidas destinadas a facilitar la recuperación de la propiedad de la vivienda habitual por los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de aplicación de la ley de suspensión de lanzamientos, cuando aquella hubiera sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Estas medidas podrían tener en cuenta la aplicación de descuentos en función de las cantidades satisfechas por el ejecutado, así como otros factores que garanticen un precio equitativo.

Fuente: Moncloa