Legislación

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 de noviembre.

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés. Se trata de la norma que permitirá regular por primera vez la actividad de los también conocidos como 'lobbies' en sus relaciones con la Administración General del Estado (AGE) y su sector público.

Se trata de un texto en el que se contempla la creación de un Registro de Grupos de Interés, que será de obligatoria inscripción y en el que se específica a qué personas físicas y jurídicas puede considerarse como tal.

Además, determinará cuáles son los perfiles de la Administración General del Estado que tendrán que tener en cuenta lo establecido en su articulado a la hora de reunirse o contactar con determinados grupos o individuos.

La futura legislación clarificará las normas bajo las que se deberán producir las relaciones entre quienes buscan ejercer una legítima actividad de influencia y aquellos altos cargos, directivos o empleados de la AGE implicados en la toma de decisiones y en los procesos de elaboración de disposiciones normativas y políticas públicas, además de en la aplicación de estas últimas.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 16 al 31 de octubre.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 de octubre.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 16 al 30 de septiembre.

El Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de Creación y Crecimiento Empresas ("Crea y Crece"), publicada en el BOE de 29 de septiembre, dirigida a facilitar la creación de empresas, reducir obstáculos regulatorios, luchar contra la morosidad e impulsar su crecimiento y expansión.

La Ley "Crea y Crece," es una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dirigida a fomentar el dinamismo del tejido productivo y dar respuesta a las demandas y recomendaciones de los diferentes organismos internacionales. La norma ha contado con un amplio respaldo en el Congreso de los Diputados, fruto del intenso diálogo y colaboración parlamentaria, con las Comunidades Autónomas y todos los actores económicos, que ha permitido la incorporación de mejoras durante su tramitación.

La ley impulsa la creación de empresas y facilita su crecimiento y expansión, especialmente de las pymes, poniéndolas en el centro de la política económica. La mejora en el proceso de crecimiento empresarial es esencial, según la evidencia reciente, para aumentar la productividad, la calidad del empleo y la internacionalización, elementos fundamentales para incrementar la competitividad de las empresas e impulsar el crecimiento económico.

Además, la norma reduce y agiliza los trámites y condiciones para la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, fomenta su crecimiento a través de la mejora regulatoria, establece medidas para luchar contra la morosidad en operaciones comerciales e impulsa la financiación alternativa potenciando mecanismos como el crowdfunding, la inversión colectiva o el capital riesgo.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 de septiembre.

Se publica en el BOE de 14 de septiembre, con entrada en vigor al día siguiente, la Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor.

Tiene el objetivo de cubrir la necesidad de proceder a una nueva reforma del Código Penal para evitar los resquicios de la ley que posibilitan que se archiven imprudencias menos graves cuando se produzcan lesiones o muerte tras la comisión de una infracción catalogada como «grave» en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y que, por rutina, los tribunales consideran «leves» y por tanto no generadoras de responsabilidad penal, en uso de la facultad que les da la norma con esta redacción, cuando señalaba: «apreciada la gravedad de ésta por el juez o el tribunal (referida a la imprudencia menos grave)».

El Real Decreto 586/2022, de 19 de julio, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, ha aparecido publicado en el BOE de 8 de septiembre y su entrada en vigor está prevista el 28 del mismo mes.

El origen de esta reforma hay que buscarlo en una queja elevada al Defensor del Pueblo por una federación de asociaciones de mujeres, que se tradujo en la recomendación efectuada por aquel al Ministerio de Justicia en octubre de 2021. Tal recomendación consistía en que la asistencia y representación a las víctimas de violencia de género debería llevarse a cabo por abogados y procuradores de los turnos de oficio especializados en esta área que carezcan de antecedentes penales en violencia de género, dado que la prestación de un servicio público de justicia gratuita especializado y de calidad responde, en primer lugar, a la existencia de una relación de respeto mutuo y confianza entre quien ejerce la representación y defensa legal y el beneficiario de justicia gratuita.

El BOE publica hoy, 7 de septiembre de 2022, la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

La norma se extiende a lo largo de 61 artículos, cinco disposiciones adicionales, una transitoria y hasta veinticinco disposiciones finales, en las que lleva a cabo modificaciones de muy diversas normas, del Código Penal al Estatuto Básico del Empleado Público, pasando por la Ley General de Publicidad o la reguladora del Derecho a la Educación. Su entrada en vigor está prevista para el 8 de octubre, si bien las previsiones contenidas en su Capítulo I del Título IV (relativas al alcance y garantía del derecho a la asistencia integral especializada y accesible) y su Título VI (que se ocupa del acceso y obtención de justicia) no lo harán hasta el 7 de marzo de 2023. Finalmente, una vez entre en vigor la modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, prevista en la disposición final vigesimoprimera será de aplicación lo previsto en el artículo 33.1 d) (“Atención a las necesidades económicas, laborales, de vivienda y sociales, tanto inmediata, como de emergencia y crisis en centros 24 horas, de acompañamiento y de recuperación integral en el largo plazo, en los términos establecidos en el artículo 35.”).