Artículos de Derecho Administrativo

El presente trabajo tiene por objeto el análisis de la implementación normativa del artículo 18.4 de nuestra Carta Magna, con el fin de atender la nueva realidad, y derechos. Se lleva a cabo un análisis de su evolución histórica, así como de su desarrollo legislativo y jurisprudencial, incidiendo en las resoluciones recaídas al respecto. Se articulan los mecanismos para llevar a cabo el ejercicio del derecho al olvido, en conexión con otros derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición recogidos en la Ley Orgánica 3/2018 y el Reglamento 2016/679. Se analiza el carácter de garantía del derecho al olvido respecto de otros derechos de los sujetos, tales como el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho al trabajo o el derecho de libertad de empresa, entre otros, todo ello desde una perspectiva doctrinal y jurisprudencial. En suma, un análisis y reflexión en la ponderación entre la libertad de información y los derechos de la personalidad, que se ven afectados con el avance de la tecnología, donde se produce la incidencia en el ejercicio, delimitación y protección de los derechos fundamentales, intimando un cambio social, y consecuentemente una rápida actualización de la legislación y jurisprudencia, ante el cambio de paradigma.

Palabras claves: implementación; ponderación; derecho al olvido; derechos fundamentales.

Análisis acerca de la competencia de la Administración autonómica de abonar los gastos que se han causado en el proceso penal cuando el juez de instrucción ha ordenado a una empresa determinadas actuaciones para llevar a cabo diligencias necesarias en la fase de instrucción en la averiguación del delito o para la protección de las víctimas del delito.

Palabras claves: gastos; proceso penal; Administración autonómica.

La corrupción acompaña al ser humano en su comportamiento desde que en el seno de cualquier organización pública o privada en la que presta sus servicios o a las que presta sus servicios se aprovecha de sus medios y recursos humanos, materiales y económicos para obtener un beneficio para sí o para un tercero, quebrantando normas, procedimientos y principios de actuación, sobreponiendo el interés particular al interés de la organización, que en el caso de las organizaciones públicas es el interés general.
El objeto de este artículo doctrinal es intentar acercarse a un concepto y a unas conductas que puedan ser consideradas corruptas, exponer el gravísimo daño que este fenómeno ocasiona en las economías y los valores democráticos de un país y, con mayor precisión, exponer los instrumentos jurídicos internacionales, comunitarios y nacionales en vigor para combatir la corrupción.
Pendiente aún de su transposición en el ordenamiento jurídico español, ya agotado el plazo otorgado por la norma comunitaria, se analiza en detalle la conocida como Directiva Whistleblowers (Directiva 2019/1937) y la esperanza que supone para que toda práctica corrupta sea denunciada por quien tenga conocimiento de la misma, sin temor a represalias y viendo garantizada su protección como denunciante. Una buena ocasión para ampliar el ámbito objetivo de la norma, al ser de mínimos, y contar en España con un instrumento potente, eficaz y comprometido en la lucha contra esta silenciosa lacra.

Palabras claves: corrupción; Directiva 2019/1937; prevaricación; cohecho; tráfico de influencias; fraude; denunciante.

El presente trabajo trata de abordar, desde los ámbitos constitucional y administrativo, las situaciones jurídicas que se están dando en España, como parte de la Unión Europea, desde el inicio del proceso de vacunación masiva contra el coronavirus de tipo 2, causante del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2).
En el plano constitucional, se analizará el conflicto surgido entre el bien jurídico de la salud pública y el de la autonomía de la voluntad individual, tanto en los casos de personas incapaces como en los de los menores. Además, se planteará si sería factible proponer la obligatoriedad de la vacunación.
En cuanto al plano administrativo, se tratarán, por un lado, los presuntos casos de responsabilidad patrimonial del Estado a causa de las vacunas y, por otro, las dilaciones indebidas de carácter administrativo que hayan podido producirse durante el proceso de vacunación.
Finalmente, se expondrán algunas reflexiones y propuestas sobre dicho proceso.

Palabras claves: coronavirus; covid-19; obligatoriedad; responsabilidad; vacunación.

En el presente trabajo se pretende reflexionar sobre la irrupción de las nuevas tecnologías, aceleradas en el contexto de pandemia, la respuesta de las Administraciones públicas antes esta realidad y el marco regulatorio al amparo del que han de desarrollarse las políticas públicas, con especial énfasis en los riesgos que de su desarrollo se puedan derivar para el conjunto de la ciudadanía, especialmente en la nueva forma de exclusión social que supone la brecha digital.

Palabras claves: exclusión; vulnerabilidad; desconexión; desigualdad.

Ante la aprobación precipitada de la LOMLOE y la presentación de sendos recursos de inconstitucionalidad presentados por los grupos parlamentarios del PP y de VOX, el artículo expone y reflexiona sobre la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la educación y libertad de enseñanza, sobre la libertad de educar a los hijos conforme a las propias convicciones (sobre la enseñanza de la religión en la escuela, sobre la libertad de elección de centro, sobre el derecho de los padres a la cooficialidad de lenguas en la enseñanza de sus hijos), sobre la libertad de creación y dirección de centros docentes (sobre el establecimiento del ideario y sobre la educación diferenciada) y sobre el derecho de los centros docentes a ser ayudados por los poderes públicos. El artículo finaliza con unas escuetas conclusiones, que intuyen las carencias de una ley que nace bajo sospecha de inconstitucionalidad.

Palabras claves: derecho a la educación; libertad de enseñanza; inconstitucionalidad.

La experiencia práctica muestra la ingente cantidad de información que manejan las empresas, cuyo uso supone una ventaja competitiva en el ejercicio de su actividad económica, de la que también pueden extraerse datos relativos a la vida personal, tanto de los propios empresarios como de cualquiera de las personas físicas que forman parte o interactúan con la empresa. Toda esta amalgama de datos constituye una suerte de «intimidad empresarial» o «vida privada societaria», que requiere de protección jurídica, pero que en ocasiones puede quedar desprotegida como consecuencia de registros o accesos ilícitos a los centros de la empresa. Una realidad esta, nada inusual, tal y como demuestra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 1231/2020, de 1 de octubre, según la cual una Administración no puede registrar el domicilio o sede social de una empresa «para ver qué se encuentra». Lo que en este trabajo se va a tratar de averiguar es si esta esfera de reserva empresarial posee rango constitucional y, en particular, de dimensión iusfundamental, o si, por el contrario, puede ser libremente configurada por el legislador y sometida exclusivamente a la jurisdicción ordinaria.

Palabras claves: confidencialidad; derechos fundamentales; empresas; inviolabilidad del domicilio; privacidad.

Es posible la cesión gratuita a terceros de parte de espacios en los edificios administrativos del patrimonio del Estado para dar soporte a servicios dirigidos al personal destinado en ellos o al público visitante, como cafeterías, oficinas bancarias, cajeros automáticos, oficinas postales u otros análogos. La naturaleza jurídica de este tipo de contratos ha sido largamente discutida por la doctrina, reavivándose de nuevo el debate en la actualidad al ser traspuestas las directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE al derecho español, tras la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público e introducir una nueva figura contractual, la del contrato de concesión de servicios.
Este trabajo analizará la evolución de las diferentes calificaciones que han tenido los contratos de bar, cafetería y restauración en sede pública, concretamente en acuartelamientos militares y de la Guardia Civil, así como sus argumentaciones legales, con el objetivo de intentar argumentar cuál sería el mejor encaje jurídico entre los diferentes tipos de contratos existentes, determinando por tanto la normativa que rige su existencia y marco del control de legalidad.

Palabras claves: naturaleza jurídica; servicios sin coste; concesión de servicios; riesgo operacional.

El artículo 106 de la Constitución garantiza que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra las Administraciones públicas, una vez agotada la vía administrativa previa, son de la competencia del orden contencioso-administrativo. La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, refuerza esta competencia al establecer que los particulares que pudieran haber concurrido a la producción del daño habrán de ser demandados también ante el orden contencioso-administrativo y no podrán serlo ante el civil ni el social. Con esto parecía quedar zanjada la vieja cuestión del «peregrinaje de jurisdicciones». Pero pervive un supuesto en el que la responsabilidad administrativa puede ser enjuiciada ante un tribunal civil. De ese verso suelto es del que trata este opúsculo y lo hace con la intención de que resulte útil no solo para el debate académico, sino también para el ejercicio en el foro.

Palabras claves: responsabilidad administrativa; compañía de seguros; acción directa; proceso civil; intereses.

Las empresas tienen la obligación legal de cumplir la normativa de defensa de la competencia. En la práctica empresarial surgía constantemente la duda sobre si, en caso de infracción de dicha normativa, las autoridades de competencia podían moderar la responsabilidad administrativa de las empresas infractoras y reducir el importe de la multa en los supuestos en que la empresa hubiera implantado en su seno un programa de cumplimiento. Al respecto, la doctrina académica y la doctrina administrativa de la Comisión Europea y de las autoridades nacionales de competencia, incluida la CNMC, había oscilado entre valorarlo como una atenuante o como una agravante, existiendo también supuestos en los que no se le atribuía ningún efecto en el cálculo de la multa. Con la Guía de programas de cumplimiento en relación con la defensa de la competencia, publicada por la CNMC en junio de 2020, se reconoce la posibilidad de considerar los programas de cumplimiento eficaces como elemento moderador de la responsabilidad administrativa, disponiendo la reducción de la multa e incluso la exención del pago. Esta opción supone un incentivo para las empresas para implantar programas de cumplimiento en materia de defensa de la competencia.

Palabras claves: defensa de la competencia; programas de cumplimiento; autoridad de competencia; sanción.