Jurisprudencia de Derecho Mercantil

Préstamo con garantía hipotecaria. Clausula de vencimiento anticipado. Nulidad de cláusula. Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Reiteración de la jurisprudencia de la Sala

Consecuencias de la nulidad de la cláusula de intereses moratorios pactada en un préstamo hipotecario sobre la cuota del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

En el marco de un proceso civil de restitución de prestaciones tras la nulidad de un contrato, no procede que la entidad prestamista reintegre al prestatario la diferencia entre lo abonado por este por razón del IAJD y lo que habría abonado de no haberse incluido en la base imponible los intereses moratorios. En primer lugar, porque el banco no fue el beneficiario de que la cuota tributaria fuera mayor o menor, sino que esta cuestión competía en exclusiva al prestatario, como sujeto pasivo, y a la administración tributaria.

Contrato de fianza. Carácter accesorio de la garantía. Extensión de la fianza. Aval a primer requerimiento. Seguro de caución.

Acción personal derivada de un contrato de fianza en reclamación de la suma de 75.600 euros, más intereses legales y costas.

Inexistencia de novación extintiva de la obligación garantizada e inexistencia de conducta imputable al acreedor perjudicial para la subrogación ex lege del fiador en sus derechos contra el deudor.

No estamos ante un aval a primer requerimiento, ni mucho menos ante un seguro de caución, sino ante la obligación propia de un fiador del Código civil.

Arrendamiento financiero. Leasing. Clausula penal. Clausula nula por desproporcionada. Desequilibrio en las prestaciones.

Cláusula penal introducida en un contrato de leasing concertado con consumidores, para financiar la adquisición de una embarcación, donde se reitera la doctrina señalando que para enjuiciar cuando una cláusula penal supondrá para el consumidor incumplidor el pago al predisponente de una indemnización desproporcionadamente alta en relación a los daños y perjuicios efectivamente sufridos, hay que comparar la cantidad que resulta de la aplicación de la cláusula penal con el valor de los daños y perjuicios efectivamente causados al predisponente.

Procedimiento prejudicial. Cooperación judicial en materia civil. Procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Acceso a la exoneración. Excepciones.

Persona física que deviene insolvente y requisitos de acceso a la exoneración de deudas y concepto de actuación “deshonesta o de mala fe”. Actuaciones respecto a los acreedores de un tercero.

El artículo 23.1 de la Directiva (UE) 2019/1023, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que excluye el acceso a la exoneración de deudas cuando el deudor ha actuado de forma deshonesta o de mala fe con respecto a los acreedores de un tercero y, en la declaración judicial de la insolvencia culpable de ese tercero, dicho deudor ha sido declarado «persona afectada».

Contrato de seguro. Pérdida de beneficios por paralización de actividad. Pandemia. Covid-19. Riesgos no cubiertos. Riesgos extensivos. Interpretación.

El recurso plantea si, a pesar de que en el condicionado general del contrato de seguro la pérdida económica por paralización de la actividad del negocio se vincula a las paralizaciones que sean consecuencia de los eventos y daños cubiertos por el propio contrato, es correcta una interpretación de la expresión "riesgos extensivos" que se utiliza en la póliza para describir las coberturas del seguro, con el fin de entender que se cubren las pérdidas por paralización debida a cualquier causa, incluida la paralización motivada por las resoluciones administrativas que se adoptaron durante la pandemia del covid-19.

Seguros. Acción directa contra el asegurador. Concepto de “persona perjudicada”. Competencia del órgano jurisdiccional del lugar en el que el demandante tiene su domicilio. Funcionario víctima de un accidente de tráfico.

El Tribunal de Justicia declara que:

El artículo 13, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con el artículo 11, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro que actúe como empleador subrogado en los derechos de un funcionario herido en un accidente de tráfico cuya retribución ha mantenido durante su incapacidad laboral puede, en condición de «persona perjudicada» en el sentido de dicho artículo 13, apartado 2, demandar a la compañía aseguradora de la responsabilidad civil resultante de la circulación del vehículo involucrado en ese accidente ante el órgano jurisdiccional no del lugar en el que ese funcionario tenga su domicilio, sino del lugar en el que se encuentre la sede de la entidad administrativa que emplea a ese funcionario, cuando sea posible una acción directa.

Procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Persona física que deviene insolvente. Requisitos de acceso a la exoneración de deudas. Concepto de actuación “deshonesta o de mala fe”. Actuaciones respecto a los acreedores de un tercero.

El Tribunal de Justicia declara que:

Concursos. Prohibición de compensación de créditos. Momento de la declaración del concurso.

La declaración de concurso produce, entre otros efectos, que los créditos anteriores frente al deudor común formen parte de la masa pasiva y para su cobro, una vez reconocidos como créditos y clasificados, estén afectados por la solución concursal alcanzada (convenio o liquidación). Estos créditos concursales están sujetos a las reglas de la par conditio creditorum, que impiden, en principio y salvo excepciones, su pago al margen del convenio o la liquidación. Esa es la razón por la que el art. 58 de la Ley Concursal prohíbe la compensación de los créditos y deudas del concursado, salvo que los requisitos de la compensación hubieran existido con anterioridad a la declaración de concurso. Pero si el crédito no es concursal, sino contra la masa, no se integra en la masa pasiva del concurso, no está sujeto a las reglas de la par conditio creditorum, y puede ser pagado al margen de la solución concursal alcanzada, sea la de convenio o la de liquidación.

Concurso de acreedores. Clasificación de créditos. Créditos contingentes. Créditos avalados.

Clasificación del crédito de un fiador en el concurso de acreedores del deudor principal, mientras no se haya ejecutado el afianzamiento. Procede reconocerlo como crédito contingente, sin perjuicio de la clasificación que merezca cuando se ejecute el afianzamiento y se subrogue en la posición del acreedor principal. Es entonces cuando habrá que clasificarlo, de acuerdo con las reglas legales.

Si bien como regla general los créditos contingentes deben ser objeto de clasificación, el específico caso del crédito contingente del fiador que todavía no ha pagado constituye una excepción a esa regla general de manera que no debe ser objeto de clasificación, la cual solo procederá cuando se ejecute el afianzamiento, pague el fiador y se subrogue en la posición del acreedor principal.

Concurso de acreedores. Convenio de quita y espera. Acreedor no incluido en la lista de acreedores. Impugnación de convenio.

Incumplimiento de convenio, recisión y apertura de la fase de liquidación de un concurso de acreedores. Crédito que resurge tras la sentencia de rescisión concursal dictada después de la aprobación del convenio que, por tanto, no está incluido en la lista definitiva de acreedores.

La rescisión de un acto de disposición unilateral, como el pago o la compensación, no conlleva la rescisión del negocio del que nace la obligación de pago que se pretende satisfacer con el acto impugnado, por lo que la rescisión afecta exclusivamente al pago o a la compensación, surgiendo para el acreedor beneficiado por el pago o la compensación la obligación de restituir la cantidad cobrada o compensada, sin que pierda su derecho de crédito, que deberá ser reconocido como crédito concursal.