Publicada en el BOE de ayer, 15 de mayo, y de entrada en vigor el mismo día, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social; se dicta en atención a las circunstancias excepcionales creadas por la larga crisis económica que atravesamos, cuyas novedades más importantes pasamos a detallar:

El capítulo primero prevé la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. Esta medida, con carácter excepcional y temporal, afectará a cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el cual se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. En estos casos, la Ley, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, impide que se proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de las personas.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se crea una Comisión de Expertos en materia de gobierno corporativo. Con la creación de esta Comisión se comienza a dar cumplimiento a uno de los objetivos del Plan Nacional de Reformas 2013, que es ampliar el actual marco del Buen Gobierno Corporativo en España, con la finalidad de mejorar la eficacia y responsabilidad en la gestión de las sociedades españolas y, al tiempo, situar los estándares nacionales al más alto nivel de cumplimiento comparado de los criterios y principios internacionales de Buen Gobierno.

Esta Comisión de Expertos deberá remitir, en el plazo máximo de cuatro meses, al Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Competitividad, un estudio que analice el marco actual y proponga medidas para mejorarlo. Entre ellas, se valorará la potenciación del papel de las Juntas de accionistas en el control de las políticas de retribución de los órganos de gestión y alta dirección de la sociedad y la posibilidad de elaborar un Código de Buenas Prácticas para las sociedades no cotizadas.

A través de una sentencia de fecha 9 de mayo de 2013 la Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha estimado parcialmente un recurso de casación (485/2012) en el que se planteaba un asunto sobre las denominadas “cláusulas suelo”,.

Legitimación activa de AUSBANC

La exhaustiva sentencia analiza varios puntos; iniciado un análisis sobre la legitimación activa de las asociaciones de consumidores, señalando que el artículo 24.1 CE atribuye a todas las personas el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. En consecuencia, como regla, la legitimación para promover eficazmente un proceso solo corresponde a quien afirma la titularidad del derecho subjetivo, ahora bien, uno de los supuestos en los que la legitimación ordinaria se revela insuficiente es precisamente en el campo de la tutela de los consumidores y usuarios; determinante para que el legislador, con carácter extraordinario, reconociese la legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios para defender no sólo los intereses de sus asociados o los de la propia asociación, sino también los generales, siempre que, conforme al artículo 24.1 del Texto refundido de la ley de consumidores y usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007), reúnan los requisitos exigidos en esa Ley o en la normativa autonómica que les resulte de aplicación.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha adelantado el martes día 7 de mayo en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados los principales puntos de la propuesta realizada por la comisión de expertos encargada de trabajar en una nueva Ley de Demarcación y Planta. La propuesta, conforme a lo propugnado por los expertos para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se basa en la creación de los tribunales de instancia, cuya circunscripción será provincial.

La comisión de expertos nombrada por el Consejo de Ministros el 2 de marzo del año pasado para reformar la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988 ha concluido que la sociedad ha cambiado tanto desde entonces (con un 15% más de población y un incremento de la litigiosidad del 100% en los últimos 20 años), que es necesario un nuevo modelo organizativo y de gestión. Sobre todo, teniendo en cuenta que la forma con la que se ha intentado solucionar esa circunstancia, la creación de más de 2.500 plazas judiciales, se ha demostrado ineficaz porque no se ha conseguido reducir la pendencia.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, han presentado una iniciativa pionera para facilitar la creación y puesta en marcha de empresas en la ciudad de Madrid.

El proyecto piloto permitirá a los emprendedores madrileños realizar desde el portal CIRCE , del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, los trámites de constitución y puesta en marcha de su negocio, incluyendo la licencia de inicio de actividad del Ayuntamiento, lo que facilitará la instalación de nuevas iniciativas empresariales en Madrid.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Economía y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, Anteproyecto que se envía ahora al Consejo de Estado para su dictamen preceptivo.

La norma da cumplimiento a los compromisos recogidos en el Memorándum de Entendimiento (MoU) acordado con la Unión Europea como parte del programa de asistencia para la recapitalización del sector financiero. Este acuerdo implica, por parte española, la aprobación de un nuevo marco jurídico para clarificar el papel del sector de cajas de ahorros como accionistas de bancos, el reforzamiento de las normas de buen gobierno corporativo y los requisitos de incompatibilidad tanto en las cajas como en los bancos controlados por ellas.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a la Unión Europea y a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas 2013 y de la actualización del Programa de Estabilidad de España 2013-2016. Ambos documentos recogen la estrategia de política económica para los próximos años. En ellos se hace un diagnóstico de la situación que atraviesa la economía española, se establece un escenario realista para los próximos años y se fijan las medidas a adoptar. El objetivo es perseverar en la corrección de los desequilibrios y sentar las bases de la recuperación y la creación de empleo, que llegarán en 2014.

A través de sendas notas de prensa, se han dado a conocer los acuerdos alcanzados en las Juntas de Jueces de Primera Instancia de los partidos judiciales de Barcelona y Valencia, que a continuación se exponen:

Los magistrados de los juzgados de primera instancia de Barcelona celebraron el pasado 4 de abril una junta para unificar criterios en relación a la problemática derivada del tratamiento de las cláusulas abusivas que se resuelven en los tribunales de justicia. Algunas de las conclusiones alcanzadas son:

Con fecha 20 de abril de 2013, ha tenido entrada en el Senado, el texto aprobado por la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, en relación con la Proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. De tramitación urgente, el plazo para la presentación de enmiendas terminará el próximo día 24 de abril y se prevé que la ley esté en marcha para junio de este año.

La Ley consta de cuatro capítulos:

• El primero de ellos prevé la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. Esta medida, con carácter excepcional y temporal, afectará a cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el cual se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. En estos casos, la Ley, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, impide que se proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de las personas.
  

Según se ha conocido hoy, a través de una nota de prensa difundida por el propio Tribunal Supremo, el próximo 9 de mayo, la Sala de lo Civil, que preside D. Juan Antonio Xiol Ríos y se dedica a los asuntos de Derecho privado, se va a reunir en pleno, es decir, con todos sus miembros, para conocer de un recurso extraordinario por infracción procesal y de un recurso de casación sobre un asunto que tiene que ver con participaciones preferentes.

El pleito que ha llegado a la Sala se inició mediante la demanda de un matrimonio contra Banco de Santander, S.A. en la que se pedía al Juez que declarase que la venta de varios