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Jurisprudencia de Derecho Penal (del 1 al 15 de abril 2018)

Selección de doctrina registral (del 1 al 15 de abril de 2018)

Jurisprudencia de Derecho Administrativo (del 1 al 15 de abril 2018)

Modificación del Real Decreto Legislativo 1/1996, de Propiedad intelectual, incorporando directiva 2014/26/UE y 2017/1564

Se publica en el BOE de 14 de abril, el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.

Con la presente norma cuya entrada en vigor está prevista para el 15 de abril de 2018, se incorporan al Derecho español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior, así como la Directiva (UE) 2017/1564, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos.

Jurisprudencia de Derecho Mercantil (del 1 al 15 de abril de 2018)

Jurisprudencia de Derecho Civil (del 1 al 15 de abril de 2018)

Derecho alimentario. Análisis de la seguridad alimentaria, especial referencia en el ámbito penal

El Derecho alimentario es una disciplina jurídica relativamente joven, aunque las normas alimentarias sean tan antiguas como la humanidad misma. Esta rama del Derecho estudia las normas jurídicas y principios con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de los alimentos. La seguridad alimentaria es un aspecto principal en la economía actual. Su concepto es amplio e interdisciplinar, razón por la cual adolece de una gran imprecisión en su definición. Esta es una de las principales dificultades con que se encuentra el legislador español, quien en su última intervención ha establecido un derecho a la seguridad alimentaria, referido especialmente a su aspecto sanitario así como a numerosos mecanismos de control de los alimentos, sin haber llegado por esta vía a garantizar suficientemente el reto que el reconocimiento de este derecho supone. En el ámbito del derecho penal, el sector de la alimentación está tardando en tomar conciencia sobre la importancia de contar con un plan de prevención y detección de delitos, o lo que es lo mismo, un plan de compliance.

Silvia Vivó Cabo
Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana

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Operatividad del silencio administrativo positivo contra legem. Ausencia en el procedimiento o emisión en sentido desfavorable de informes preceptivos vinculantes o determinantes

En atención a la regulación positiva actual del silencio administrativo y a la generalidad del sentido positivo de dicho silencio, teniendo en cuenta además la existencia de pronunciamientos judiciales contradictorios en la materia, por medio del presente artículo se intenta dar respuesta a la posible operatividad del silencio administrativo positivo contra legem en nuestro ordenamiento jurídico. A tal efecto, se abordan los supuestos concretos de ausencia en el procedimiento o emisión en sentido desfavorable de informes preceptivos vinculantes. Asimismo se hacen extensivas las conclusiones alcanzadas a los supuestos que se estiman asimilados respecto de los informes calificados como determinantes.

Ana María Roldán Vives
Jefa de la Unidad de Planificación y Ordenación de los Recursos
Humanos de la Dirección General de la Función Pública de la
Administración Pública del Gobierno de Canarias

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Los poderes adjudicadores no Administración pública ante la Ley de contratos del sector público (Ley 9/2017): Contratos menores y libertad de elección en los procedimientos de adjudicación

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público ha modificado la regulación aplicable a los poderes adjudicadores no Administración pública (sociedades mercantiles, fundaciones del sector público). El objeto de este trabajo se limita a examinar el alcance e interpretación del artículo 318 de la LCSP que regula la adjudicación de estas entidades, y donde se ha determinado cómo se adjudican los contratos inferiores a 15.000 euros (suministros y servicios) y 80.000 (obras), y los contratos por importe superior a dichos umbrales, pero no sometidos a regulación armonizada, así como la información que hay que publicar en el perfil del contratante. En concreto, se analiza la Recomendación de la Junta Consultiva de 28 de febrero de 2018 y de la Instrucción 3/2018 de la Abogacía General del Estado, que han dado soluciones que consideramos no ajustadas a Derecho. Se mantiene que las soluciones de los órganos consultivos van más allá en su interpretación de lo que la ley ha regulado. No se limitan a interpretar, sino que parecen convertirse en legisladores sin cumplir los procedimientos legales a los que la creación jurídica está sometida. En este trabajo se ofrece una interpretación alternativa, que tiene una incidencia muy significativa en el funcionamiento de los poderes adjudicadores no Administración pública.

Alejandro Blázquez Lidoy
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
Universidad Rey Juan Carlos

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