Casos Prácticos Derecho Administrativo

Aborda el presente caso el análisis de diversas cuestiones jurídicas en relación con una mancomunidad de municipios y con la contratación del personal laboral por parte de un ayuntamiento. Así, en primer lugar, la aprobación de una ordenanza fiscal por una mancomunidad que es recurrida por un ayuntamiento que forma parte la misma y es anulada por sentencia judicial, planteándose el problema de la devolución de las cuotas que eran procedentes. En segundo lugar, el ajuste a derecho de la contratación laboral de una concejala de la oposición para un contrato a tiempo parcial de duración determinada no financiado con fondos propios del ayuntamiento, así como el procedimiento de selección utilizado.

Este caso plantea diversas cuestiones jurídicas derivadas de que en uno de los ejercicios de acceso a la función pública, en concreto, a funcionario de la Administración de Justicia, Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, se produjo un incidente que impidió, durante un tiempo, el desarrollo normal del ejercicio -prueba de velocidad en el uso de ordenador- para varios opositores si bien solo una de ellos recurrió, en primer lugar, en vía contencioso-administrativa y, posteriormente, a través del recurso de amparo constitucional por presunta vulneración de los arts.14 (principio de igualdad) y 23.2 (derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes). En la tramitación de ambos recursos se presentaros situaciones de controversia jurídica que se analizan en el supuesto.

Presenta el presente caso distintas cuestiones jurídicas relacionadas con dos contratos de servicios y con la adquisición de un inmueble vacante por parte de una comunidad autónoma. En relación con el contrato de asistencia jurídica realizado por la Administración plantea el ajuste a derecho de: la necesidad de su celebración, el procedimiento de adjudicación utilizado, la prórroga de aquel y las consecuencias de haber incurrido en causa de prohibición el contratista tras su adjudicación. En relación con la contratación de un letrado para la dirección técnica se plantea la legalidad de la adjudicación directa y se estudian los motivos de un recurso especial interpuesto contra aquella. Finalmente, se analiza el ajuste a derecho de que un comunidad autónoma se adjudique un inmueble vacante o carente de dueño.

Gira este caso sobre la distinta problemática que se plantea en un procedimiento de subvenciones empezando por la competencia del Estado o de la Comunidad Autónoma para la tramitación del procedimiento y gestión de los fondos y la posible conculcación de los principios de igualdad y no discriminación al preverse, exclusivamente, para los titulares de inmuebles rústicos de una determinada Comunidad Autónoma. A continuación se plantean diversas cuestiones jurídicas sobre recursos presentados contra las Bases y la Convocatoria; las circunstancias concurrentes en diversas solicitudes de participación; la delegación para la resolución del procedimiento tras el informe preceptivo de un órgano consultivo y el ajuste a derecho de la resolución y su notificación y publicación, de la subcontratación realizada por un beneficiario a un tercero sin comunicación al órgano competente y la revisión de oficio respecto a la concesión a un beneficiario que falsificó un documento esencial.

Se plantean en este supuesto diversas vicisitudes jurídicas en el ámbito de una corporación local. Así, el ajuste a derecho de: un cambio de día de sesión plenaria en contra de lo señalado en el reglamento orgánico acordado por el alcalde y grabación de la sesión; varios contratos menores de suministros con el mismo contratista; la revisión de oficio de la adjudicación de un contrato de servicios en el que, iniciada su ejecución, el contratista fue sancionado por infracción muy grave en matera medio ambiental; el silencio administrativo en un procedimiento de investigación de un bien patrimonial; la elaboración de informes relacionados con el levantamiento de reparo a un funcionario del subgrupo C1; y el acceso a la documentación relativa por los aprobados en una oposición por parte de dos vecinos.

En este caso se plantea la situación de un ciudadano ecuatoriano que tenía una autorización inicial de residencia y trabajo temporal en España pero que, antes de su extinción temporal, es condenado por un delito de robo, acordándose, entonces, la extinción de aquella. Con ocasión de que, posteriormente, el letrado de la Administración de Justicia emitió un certificado señalando que el condenado había pagado la multa impuesta con carácter sustitutivo y que, por ello, quedaba exento de responsabilidad penal, el interesado solicita, de nuevo, renovación de su autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta propia por el periodo legal de dos años.

Caso donde se plantean diferentes cuestiones jurídicas relacionadas con la vida local. En concreto y, en primer lugar, la legalidad de dos Ordenanzas municipales que son recurridas por una asociación vecinal cuestionando su legalidad por la falta del trámite de información pública y por su entrada en vigor con carácter retroactivo. En segundo lugar, la posibilidad y procedimiento para el ascenso, por promoción interna vertical, de dos funcionarios de la Administración Especial. A continuación, la legalidad del Acuerdo del Alcalde ordenando publicar en Internet la actas de los Plenos municipales y, finalmente, el ajuste a derecho de la aprobación de unas Bases aprobadas por el Alcalde y archivo de una solicitud al no aportar una empresa la documentación requerida.

Este supuesto práctico versa sobre distintas vicisitudes jurídicas que giran, en primer lugar, sobre las consecuencias de dos expropiaciones forzosas sobre la misma finca llevadas a cabo por una comunidad autónoma para la construcción de un colegio público para impartir el bachillerato, toda vez que, en la primera, no se procedió a extender el acta de ocupación y pago ni su inscripción en el Registro de la Propiedad hasta bastante tiempo después, lo que dio lugar a que la primera expropiada vendiera la finca a un tercero de buena fe. En las mismas, una entidad local reivindica la competencia para ello. En segundo lugar, sobre un contrato administrativo de obras donde se plantea la posibilidad de delegación de esta competencia, la posibilidad de realizar la obra la propia Administración y una reclamación en concepto de responsabilidad patrimonial por daños causados en la ejecución de la misma. Finalmente, se plantea la incompatibilidad o no entre la titular de una jefatura de servicios y una jefatura de sección ocupada por su cónyuge.

Palabras claves: expropiación forzosa; contrato administrativo de obras; autonomía local; responsabilidad patrimonial de la Administración.

Este caso práctico plantea diversas cuestiones tales como, en primer lugar, la posibilidad y requisitos para la concesión de subvenciones por un ayuntamiento a personas/entidades, titulares de pequeñas y medianas empresas locales; en segundo lugar, sobre si, declarado el estado de alarma, es posible la celebración de sesiones normales con restricciones o la celebración por medios electrónicos, y si esta última posibilidad es aplicable a las sesiones de los otros órganos colegiados del ayuntamiento; finalmente, se plantean cuestiones jurídicas sobre un contrato administrativo de servicios, tales como la correcta composición de la mesa de contratación y un recurso especial en materia de contratación contra los pliegos.

Palabras claves: subvenciones; estado de alarma; sesiones municipales; contrato administrativo de servicios.