Jurisprudencia de Derecho Civil

Proceso civil. Procesos especiales. Discapacidad jurídica. Medidas de apoyo. Motivación. Derecho a utilizar los medios de pruebas.

En relación a los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, el artículo 759.3 de la LEC, obliga a practicar las pruebas indicadas (examen del demandado, audiencia de parientes y dictamen médico), sin que ello impida la práctica de la prueba propuesta por las partes. El párrafo segundo del art. 752.1 LEC, señala que «sin perjuicio de las pruebas que se practiquen a instancia del Ministerio Fiscal y de las demás partes, el Tribunal podrá decretar de oficio cuantas estime pertinentes». En este caso, las pruebas solicitadas pretenden cuestionar el informe forense de segunda instancia, que discrepa de las conclusiones y valoración de la sentencia del Juzgado, que había sometido al demandado al régimen de curatela y nombró, como curador a la persona indicada por la representación jurídica del demandado.  La denegación de su práctica por la Audiencia impidió valorar un informe contradictorio, máxime cuando la sentencia anula totalmente la capacidad jurídica del demandado, a través de una tutela, actualmente curatela representativa, que es excepcional, como resulta del juego de los arts. 249, tercer párrafo y 269 tercer párrafo del Código Civil donde se señala que solo cuando no sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de la persona necesitada de apoyo, las medidas podrán incluir funciones representativas que deberá tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, así como los factores que ella hubiera tomado en consideración, con el fin de tomar la decisión que habría adoptado la persona en caso de no requerir representación.

Modificación de medidas. Guarda y custodia compartida. Vivienda familiar. Atribución a la madre y a la hija menor de edad. Limitación temporal.

El recurso de casación queda circunscrito a la forma de atribución del uso de la vivienda familiar. La Audiencia fijó una guardia y custodia compartida, atribuyendo a la hija el uso de la vivienda familiar, alternándose sus padres en su utilización para posibilitar el régimen de custodia con la menor. Cada litigante se haría cargo de los gastos de la hija durante su periodo de convivencia y los extraordinarios por mitad.

Compraventa de un apartamento para fines turístico-hoteleros. Reclamación de los anticipos entregados. No es de aplicación la Ley 57/1968.

El presente recurso de casación se interpone por el banco demandado, condenado en segunda instancia como avalista colectivo al pago de los anticipos efectuados por el comprador-demandante para la compra de un apartamento perteneciente a un conjunto inmobiliario en construcción que, como cada uno de sus elementos, estaba específicamente destinado a un uso turístico, reduciéndose la controversia en casación a si dicha compraventa se encuentra o no comprendida en el ámbito de protección de la Ley 57/1968 en virtud de la existencia de un acuerdo expreso de las partes compradora y vendedora en tal sentido, el cual fue determinante para que la sentencia recurrida considerase aplicables al caso las garantías de la Ley 57/1968 a los efectos de condenar al banco hoy recurrente pese a no haber constituido aval individual a favor del comprador demandante.

Cosa juzgada positiva y negativa. Requisitos. Inexistencia de identidad objetiva. Vicios en la construcción.

La cosa juzgada material cumple una triple finalidad:

a) que no se vuelva a discutir lo que ya ha sido decidido, a los efectos de impedir que las cuestiones controvertidas permanezcan indefinidamente enquistadas y en situación de latencia;
b) para impedir que un nuevo proceso se tramite o se desarrolle procedimentalmente para satisfacer una función ya cumplida y definida previamente por la jurisdicción; y
c), por último, evitar sentencias contradictorias.

Derecho de familia. Divorcio. Separación de bienes. Pensión compensatoria. Criterios de valoración.

La actora asumió en su mayor parte el cuidado de las dos hijas menores comunes del matrimonio y la atención del trabajo del hogar, y durante un tiempo lo compatibilizó con trabajo en negocio familiar.

El trabajo para la casa no solo es una forma de contribución, sino que constituye también un título para obtener una compensación en el momento de la finalización del régimen de separación de bienes por el que se rigen. Para que uno de los cónyuges tenga derecho a obtener la compensación establecida en el art. 1438 CC será necesario:

Registro de la propiedad. Asientos registrales. Calificación registral denegatoria de una anotación preventiva de demanda.

En la demanda que inició el presente procedimiento, la demandante impugnó la calificación realizada por la registradora porque la acción ejercitada, respecto de la cual se había pedido y acordado la anotación preventiva, no era la simple declaración de que la mitad indivisa de la finca le pertenecía a la demandante, sino la declaración de que le pertenecía desde la fecha en que se otorgó la escritura pública de compraventa. La sentencia de primera instancia desestimó la impugnación de la calificación, al entender que la calificación registral era correcta, de acuerdo con el contenido del auto y el mandamiento, así como de los asientos registrales. La Audiencia provincial confirmó la sentencia de primera instancia.

Rechazo de la membresía femenina en una asociación de carácter religioso. Derechos de asociación y libertad religiosa. No discriminación. Competencia de la jurisdicción civil

La autonomía organizativa de las asociaciones religiosas no afecta a la delimitación de la competencia de la jurisdicción civil o eclesiástica, sino a la correcta delimitación del derecho de asociación y a la relación que esta cuestión tiene con otros derechos fundamentales con los que entra en contacto, como el de libertad religiosa. Y, en particular, a la determinación concreta y los límites del alcance del control que un órgano jurisdiccional del Estado puede realizar del funcionamiento interno de una asociación religiosa, en concreto, si dicho control puede alcanzar al ámbito de autoorganización propio de una asociación de este tipo y, en su caso, hasta qué grado y en qué aspectos.

Ejecución dineraria. Procedimiento de apremio. Subasta de bienes inmuebles. Subasta sin ningún postor. Calificaciones negativas del registrador.

Alcance de la función calificadora del registrador de la propiedad respecto de un decreto de adjudicación dictado conforme al art.671 LEC: subasta sin postores, adjudicación al ejecutante de la vivienda habitual del deudor.

En garantía de un crédito concedido por entidad bancaria, se había constituido una hipoteca sobre una vivienda habitual. Ante el impago del crédito, la acreedora hipotecaria instó la ejecución y se celebró la subasta sin que hubiera postores. El acreedor hipotecario solicitó la adjudicación de la finca por el 60% del valor de tasación conforme al artículo 671 de la LEC y así se decretó pero el registrador denegó la inscripción.

Se discute si se ha producido o no una extralimitación de las funciones del registrador por la calificación negativa emitida, ya que dentro de esas competencias se encuentra la de verificar que el título cumple los porcentajes de adjudicación del bien de acuerdo con las previsiones legales.

Propiedad horizontal. Alteración de elementos comunes. Legitimación activa. Abuso del derecho. Legitimación de un copropietario para actuar en interés de la comunidad.

Ilicitud de las obras que afectan a la fachada, realizadas sin consentimiento unánime de la comunidad en propiedad horizontal. Cualquiera de los comuneros puede comparecer en juicio y ejercitar acciones que competan a la comunidad, siempre que actúe en beneficio de la misma, no tan solo de aquella parte del espacio comprensivo de su piso o local sobre los que ostenta un derecho singular y exclusivo, sino también en defensa del interés que le corresponde sobre los elementos comunes, por lo que existe legitimación activa de la demandante.

Menores. Filiación. Libertad de circulación y residencia. Negativa de las autoridades nacionales a la expedición de un certificado de nacimiento por omisión del dato sobre la madre biológica y cuestión de orden público. Certificado expedido por el Estado de residencia –que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo- en el que constan dos madres y ningún padre.

Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. Para permitir a sus nacionales ejercer este derecho, la Directiva 2004/38 obliga a los Estados miembros a expedir a sus ciudadanos, de acuerdo con su legislación, un documento de identidad o un pasaporte en el que conste su nacionalidad.