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Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Esta norma publicada en el BOE del 27 de diciembre, tiene por objeto desarrollar las disposiciones de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles en relación con la formación y el alcance de la obligación de aseguramiento de la responsabilidad civil de los mediadores, así como la publicidad de los mediadores y de las instituciones de mediación, y el procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos.

No hay variación en los Presupuestos Generales del Estado con respecto al interés legal del dinero y al interés de demora, manteniéndose en el 4 por ciento (interés legal) y en el 5 por ciento (interés de demora) para todo el año 2014.

La Audiencia Nacional ha admitido la cuestión de inconstitucionalidad que el ICAV interpuso contra la Ley de Tasas mediante escrito de fecha 12 de febrero de 2013, siendo igualmente procedente suspender el procedimiento en el estado en que se encuentra hasta que por el Tribunal Constitucional se dicte resolución.

La solicitud de cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional se fundamenta, entre otras resoluciones, en la Sentencia 20/2012 del Tribunal Constitucional que cuestiona la legalidad de aquellas tasas que “son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables”.

APROBADO EL PROYECTO DE LEY DE DESINDEXACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Desindexación de la Economía Española tal como estaba previsto en el Programa Nacional de Reformas. El objetivo último es contribuir desde el sector público a la estabilidad de los precios y a la mejora de la competitividad mediante la eliminación de la práctica de subidas automáticas de precios en función del IPC. Las subidas deberán estar justificadas exclusivamente por el aumento de los costes del servicio.

Con el objeto de homogeneizar las actuaciones de los órganos de recaudación, el 9 de diciembre de este año, la Directora del Departamento de Recaudación, ha dictado la Instrucción 6/2013, sobre gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago en materia de retenciones e ingresos a cuenta y de deudores en situación de concurso de acreedores, que viene a adaptar lo dispuesto en la Instrucción 1/2009 a los cambios que la Ley 7/2012, de 29 de octubre, supuso en dichas materias.

El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente hoy la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local con los votos del PP, PNV y UPN.

La nueva Ley plantea como principal objetivo potenciar las Administración Local, en cuanto a Administración más próxima al ciudadano, al establecer los mecanismos precisos para permitir el ejercicio de competencias locales con arreglo a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, como mejor garantía de su continuidad.

Asimismo, implanta un modelo de gestión por resultados y de evaluación de la gestión y establece la publicación del coste de los servicios, como una medida básica que facilitará la información necesaria al ciudadano, que así comparará en términos de gestión los servicios que recibe y pudiendo evaluara sus representantes.

El Consejo de Ministros ha aprobado el viernes 13 de diciembre un Real Decreto por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012 de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, del 6 de julio de 2012; si bien aún no ha sido publicado en el BOE.

En concreto, el Real Decreto se centra en cuatro aspectos con los que se pretende configurar un modelo en el que la figura del mediador, como responsable de dirigir un procedimiento cuyo propósito es facilitar el consenso en situaciones de conflicto, es una pieza esencial de este instrumento complementario de la Administración de Justicia.

• La junta de accionistas aprobará la política de remuneraciones con carácter vinculante, al menos cada tres años.
• Se reduce del 5 por 100 al 3 por 100 el capital necesario para ejercer los derechos de las minorías.
• El cargo de administrador deberá ejercerse por un período máximo de cuatro años, frente a los seis actuales.

Desde marzo se reconoce a todos los menores víctimas de situaciones de abuso o maltrato el derecho a recibir de inmediato asistencia jurídica gratuita y asistencia pericial especializada. El Estatuto de la Víctima del Delito contempla derecho procesales específicos para garantizar una mayor protección de los menores y evitar una segunda victimización

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y la directora del departamento de Dignidad Humana y Género del Consejo de Europa, Elda Moreno, han inaugurado esta mañana en Madrid el V Foro de Encuentro Justicia e Infancia. Auspiciado por el Ministerio de Justicia, el Consejo de Europa, el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad y la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI-ECPAT España), este Foro reúne a expertos y profesionales de todos los ámbitos vinculados con la atención a la infancia para analizar algunos aspectos clave que afectan a los menores en el actual contexto socioeconómico de España.

Según la Memoria de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), crece el número de comunicaciones, actas, procesos judiciales, la cuantía de las multas y las penas por blanqueo. La sanción máxima alcanzó los 70 millones de euros, frente a los 46 millones del año anterior.

El Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) recibió 3.058 reportes o comunicaciones de operaciones sospechosas en 2012, casi un 3% más que en 2011. Las actas por control de movimientos de capitales se elevaron a 13.379 por un importe total de 3.421,5 millones de euros (el doble que el año anterior). La sanción máxima fue de 70 millones de euros (frente a 46 millones el año anterior). Y, por último, los procesos judiciales por blanqueo finalizados ascendieron a 75 (el doble que en 2011), con el resultado de 45 sentencias condenatorias (más del doble) y 111 personas afectadas (95 en 2011). El pasado año hubo 436 personas detenidas por presunto delito de blanqueo de capitales (161 en 2011).