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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el Registro Público Concursal con el que se dará publicidad a los resultados y la tramitación de los concursos de acreedores con el objetivo de garantizar la transparencia y la seguridad jurídica.

El Registro Público Concursal, que dependerá del Ministerio de Justicia y será gestionado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, mejorará la publicidad de los concursos, tanto de las resoluciones procesales que se produzcan durante su tramitación, como de las anotaciones o asientos registrales que se deban practicar en los registros públicos jurídicos de personas y bienes.

Se plantea como cuestión de fondo de índole doctrinal y sustantiva, en la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2013, la fundamentación correcta a la situación producida en un procedimiento de división de la herencia en el que uno de los herederos, llamado a suceder, fallece antes de aceptar o repudiar la herencia, pasando a sus propios herederos el derecho que él tenía (artículo 1006 del Código Civil). Esta cuestión ha sido ampliamente debatida por la Doctrina científica dando lugar a la existencia de dos corrientes doctrinales: la denominada "teoría clásica" o "de la doble transmisión", según la cual en la sucesión por derecho de transmisión existen dos movimientos o pasos de los bienes, un primero desde el primer causante a la masa hereditaria del heredero transmitente y otro segundo, desde la masa hereditaria del citado transmitente al heredero transmisario que acepta las dos herencias; y la "teoría moderna", de la adquisición directa o de la doble capacidad, según la cual los bienes pasan directamente del primer causante al heredero transmisario cuando éste ejercita positivamente el denominado ius delationis (derecho a aceptar o repudiar la herencia).

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo que fija el calendario para la ejecución del Plan de Racionalización Normativa que acompañará al Proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado, aprobado el pasado mes de julio y actualmente en fase de tramitación parlamentaria previa a su entrada en vigor.

El Plan de Racionalización Normativa constituye, tras la propia Ley, el segundo eje esencial de trabajo para recuperar un mercado único español similar al europeo y evitar la fragmentación del mercado nacional, tal y como vienen solicitando los operadores económicos, los inversores extranjeros y el consenso de organismos internacionales: OCDE, Comisión Europea, Consejo Europeo y FMI.

El Grupo de Trabajo Interministerial para la Unidad de Mercado, creado en julio de 2012 y presidido por el secretario de Estado de Comercio, ha avanzado en los trabajos previos de identificación y evaluación de normativa estatal y autonómica que pueda suponer una barrera a la unidad de mercado. En concreto:

En su reunión de hoy 7 de noviembre, el Consejo de Gobierno del BCE ha adoptado las siguientes decisiones de política monetaria:

1. El tipo de interés aplicable a las operaciones principales de financiación del Eurosistema se reducirá en 25 puntos básicos hasta situarse en el 0,25%, a partir de la operación que se liquidará el 13 de noviembre de 2013.
2. El tipo de interés aplicable a la facilidad marginal de crédito se reducirá en 25 puntos básicos hasta situarse en el 0,75%, con efectos a partir del 13 de noviembre de 2013.
3. El tipo de interés aplicable a la facilidad de depósito se mantendrá sin variación en el 0,00%.

Las exigencias relativas a la certificación energética de edificios establecidas en la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, se transpusieron en el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, mediante el que se aprobó un Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.

Con posterioridad, la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, ha sido modificada mediante la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, circunstancia que ha obligado a transponer de nuevo al ordenamiento jurídico español las modificaciones que introduce con respecto a la Directiva modificada.

El Consejo de Ministros ha recibido hoy un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria que viene a sistematizar la dispersa normativa existente en la materia. De esta forma, se simplifican y se actualizan los procedimientos en aquellos asuntos en los que no hay controversia, pero en los que sí se necesita que intervenga un órgano judicial para la tutela de determinados derechos e intereses relativos al Derecho civil y mercantil.

Los proveedores con obligaciones pendientes de pago de las comunidades autónomas, según los requisitos del segundo tramo de la última fase del Plan contra la Morosidad, puesto en marcha en el Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, tienen desde el 29 de octubre hasta el próximo 14 de noviembre para comprobar si sus facturas están incluidas en el listado remitido por su comunidad autónoma al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

• Las grandes entidades de crédito se someterán a una evaluación del riesgo, un análisis de la calidad de los activos y una prueba de resistencia
• El ejercicio comenzará en noviembre y durará doce meses
• Tiene como objetivo promover la transparencia, la corrección y el refuerzo de la confianza

El BCE anuncia hoy 23 de octubre, los detalles de la evaluación global que llevará a cabo con vistas a la asunción de la competencia plena de supervisión en el marco del mecanismo único de supervisión. También se publica la lista de las entidades de crédito que serán evaluadas. La evaluación constituye un paso importante para la preparación del mecanismo único de supervisión y, en términos más generales, hacia una mayor transparencia de los balances de las entidades de crédito y una mayor armonización de las prácticas de supervisión aplicadas en Europa.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Economía y Competitividad sobre propuestas de modificaciones normativas que emite la Comisión de Expertos en materia de gobierno corporativo creada por un Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 10 de mayo.

Se trata de las propuestas normativas que recomiendan al Gobierno incorporarlas a la legislación en materia de sociedades. Ahora, tras la presentación de este Informe, se abre un plazo de dos meses para elaborar las reformas legales que se consideren oportunas.

La reforma tiene como objetivos fundamentales la mejora de la eficacia, la responsabilidad y la transparencia en la gestión de las empresas para situarla en los niveles más altos en el ámbito internacional. Las propuestas que plantean los expertos pasan por potenciar el papel de la junta de accionistas y un mayor control en la actuación de los distintos consejeros, incluido el capítulo de las retribuciones.

En relación a las Comunidades Autónomas adheridas a la nueva fase de pago a proveedores, a través del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas recuerda el proceso de dicho mecanismo.

A través de la nueva fase de pago a proveedores se van a financiar gastos del ejercicio 2012 y 2013. En relación con la cuantía de estas facturas, en su importe correspondiente al 2013, en algunas CCAA estaba previsto financiarlas a través del Fondo Liquidez Autonómico 2013, y en otras, a través de la correspondiente emisión de deuda, siempre respetando los objetivos de estabilidad presupuestaria.