Artículos de Derecho Administrativo

En el presente artículo se analizan las novedades que trae el cuarto paquete comunitario de energía y su impacto en el ordenamiento jurídico español. Para ello, se comienza exponiendo la evolución de la política energética de la Unión Europea desde la confección del tercer paquete hasta la actualidad; indicando, asimismo, los elementos que pudieran resultar clave en su contexto geoestratégico. A continuación, se comenta el contenido del cuarto paquete de forma sistemática, dividiendo el mismo en cuatro áreas temáticas, a saber: el diseño del mercado eléctrico, el fomento de las energías renovables, el incremento de la eficiencia energética y la nueva gobernanza prevista para la Unión de la Energía. Finalmente, se apuntan qué aspectos recogidos en el cuarto paquete ya están incorporados en el ordenamiento jurídico español y, con la debida cautela, qué instituciones internas deberán adaptarse a la regulación comunitaria.

Palabras claves: cuarto paquete (paquete de invierno); diseño del mercado eléctrico; energías renovables; eficiencia energética; gobernanza energética; Unión de la Energía.

El presente trabajo utiliza el símil médico para repasar la desvertebración de nuestra función pública, tradicionalmente organizada en torno al «cuerpo», que determinaba la retribución y la carrera profesional del funcionariado. La «metástasis» o propagación de los cuerpos especiales ocasionó unas «patologías» que pugnaban contra el interés público. La Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública de 1984 apostó por «extirpar», sin intentar curar sus «males», la institución del «cuerpo», elevando el «puesto de trabajo» a la categoría de «anticuerpo» determinante de la retribución y de la carrera administrativa. El vigente Estatuto Básico del Empleado Público potencia la misma «terapia», mermando la objetividad e imparcialidad del funcionariado de «carrera», que pasará a serlo de «empleo», y –al igual que el funcionariado interino– sin «cuerpo».

Palabras claves: carrera; cuerpo; puesto; personal funcionario.

Estamos viviendo una auténtica revolución tecnológica, con un incremento diario exponencial de datos. El flujo de información es continuo, masivo y además global. Las nuevas posibilidades de acumulación de datos y de elaboración de perfiles comportan una mayor capacidad de control sobre los individuos. La normativa debe tener por objeto proteger a las personas frente a las empresas que almacenan y negocian con los datos de las personas, por lo que compete al legislador lograr un óptimo equilibrio entre la salvaguardia de la vida privada y el interés progresivo que tiene la sociedad en el tráfico de la información sobre las personas, información que se ha convertido en una mercancía muy valiosa. En materia de protección de datos la aprobación del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos supone una nueva cultura de la privacidad en un mundo de redes sociales, teléfonos inteligentes, banca por internet y transferencias globales.

Palabras claves: protección de datos; privacidad; seguridad y certificación.

El Estado social conlleva el reconocimiento y garantía de una serie de derechos vinculados a la persona, entre los que ocupa actualmente un lugar preeminente el derecho a una vivienda digna y adecuada. Reconocimiento internacional y nacional que obliga a todas las Administraciones a intervenir para su realidad. Así, los poderes públicos disponen de distintos mecanismos y competencias por sectores en la regulación administrativa especial, caso del urbanismo, donde el derecho a la vivienda como derecho prestacional se verá influido por circunstancias varias, como la situación económica, política y social de cada momento para su materialización. Las regulaciones legislativas y reglamentarias disponen de medios para garantizar este derecho, desde su expreso reconocimiento en leyes reguladoras del derecho a la vivienda, hasta la previsión de los planes generales de ordenación urbanística, en los que existen distintos instrumentos que prevén su regulación (determinaciones, estándares urbanísticos, patrimonio municipal del suelo o derecho de superficie). Es el derecho a la vivienda un derecho reconocido en nuestra Constitución y en el Estatuto de Andalucía, vinculado a derechos y deberes tanto de los administrados, para los que se convierte en necesidad básica, como de las tres Administraciones públicas, en razón a su respectiva competencia en el sector de la vivienda.

Palabras claves: vivienda; mercado del suelo; propiedad privada; derecho social.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son una realidad. Y estas tecnologías aumentarán en el futuro. La relación entre las personas y el Estado se realizará mediante procedimientos electrónicos y automáticos. La respuesta judicial será más rápida. Y el ordenamiento jurídico deberá adaptarse en el caso de que los robots alcancen capacidad para actuar autónomamente, sean titulares de derechos no humanos y cuenten con personalidad jurídica electrónica. Todo ello debería suponer el reconocimiento de la capacidad del robot autónomo. Y deberá conjugarse la libertad en la creación de la tecnología, con la seguridad y la garantía de los principios, valores y derechos humanos.

Palabras claves: inteligencia artificial; robot autónomo; tramitación electrónica; proceso futuro.

En atención a la regulación positiva actual del silencio administrativo y a la generalidad del sentido positivo de dicho silencio, teniendo en cuenta además la existencia de pronunciamientos judiciales contradictorios en la materia, por medio del presente artículo se intenta dar respuesta a la posible operatividad del silencio administrativo positivo contra legem en nuestro ordenamiento jurídico. A tal efecto, se abordan los supuestos concretos de ausencia en el procedimiento o emisión en sentido desfavorable de informes preceptivos vinculantes. Asimismo se hacen extensivas las conclusiones alcanzadas a los supuestos que se estiman asimilados respecto de los informes calificados como determinantes.

El régimen jurídico de la utilización de los drones plantea grandes retos, siendo esencial un estudio que atienda a los diferentes niveles de regulación que, al menos en la Unión Europea, están afectados de provisionalidad y contingencia; así ocurre con el Reglamento 216/2008.
Sin embargo, es necesario establecer una adecuada regulación del uso civil de los drones y de la tecnología incorporada –que está en constante desarrollo– garantizando al mismo tiempo seguridad jurídica para las operaciones con drones y el respeto de los derechos fundamentales que pueden verse afectados, y ello desde una perspectiva multinivel (UE, interno).
Este trabajo pretende precisamente un análisis de la actual normativa europea y española desde esa perspectiva, atendiendo en particular al uso civil de los drones.

Palabras claves: derecho de drones; operaciones con drones; derechos fundamentales.

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público ha modificado la regulación aplicable a los poderes adjudicadores no Administración pública (sociedades mercantiles, fundaciones del sector público). El objeto de este trabajo se limita a examinar el alcance e interpretación del artículo 318 de la LCSP que regula la adjudicación de estas entidades, y donde se ha determinado cómo se adjudican los contratos inferiores a 15.000 euros (suministros y servicios) y 80.000 (obras), y los contratos por importe superior a dichos umbrales, pero no sometidos a regulación armonizada, así como la información que hay que publicar en el perfil del contratante. En concreto, se analiza la Recomendación de la Junta Consultiva de 28 de febrero de 2018 y de la Instrucción 3/2018 de la Abogacía General del Estado, que han dado soluciones que consideramos no ajustadas a Derecho. Se mantiene que las soluciones de los órganos consultivos van más allá en su interpretación de lo que la ley ha regulado. No se limitan a interpretar, sino que parecen convertirse en legisladores sin cumplir los procedimientos legales a los que la creación jurídica está sometida. En este trabajo se ofrece una interpretación alternativa, que tiene una incidencia muy significativa en el funcionamiento de los poderes adjudicadores no Administración pública.

Con este trabajo, se busca analizar y concluir cuál es el vigente régimen jurídico de la figura de la tasa judicial en nuestro Ordenamiento jurídico. En cuestión de cuatro años, la evolución legislativa que ha experimentado ha resultado meteórica, buen ejemplo de esa tantas veces advertida (y padecida) mala técnica legislativa que nos aboca a una modificabilidad normativa prácticamente estructural. De ahí que la normación introducida en 2012 culmine mediante el enjuiciamiento de su constitucionalidad en la Sentencia del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de julio. Se propone la exposición valorativa de todo ese iter y el análisis crítico de los aspectos supérstites que tras esa resolución se han mantenido de la aludida figura tributaria.

Palabras claves: tasa; judicial; constitucional.

A lo largo del presente trabajo se esboza el protagonismo de España, y el de los principales protagonistas españoles intervinientes, en el proceso de construcción de la política exterior de la Unión Europea desde la firma del Tratado de Niza hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la primera puesta en aplicación de sus reformas. En todo este proceso, España participa finalmente con una voluntad común para construir una verdadera política exterior y una verdadera política de defensa, con la finalidad de posibilitar que la Unión siga siendo en el siglo XXI uno de los principales protagonistas del mundo global.

Palabras claves: Unión Europea; Convención Europea; política exterior; España; guerra de Irak.