Artículos de Interés

El 4 de octubre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica por el que se pretende modificar el Código Penal a fin de introducir la pena de prisión permanente revisable; pena sobre la que se ciernen varias dudas de constitucionalidad, que serán analizadas en el presente trabajo. Estas dudas se relacionan con la posibilidad de considerarla una pena inhumana o degradante y contraria, por tanto, a las previsiones del artículo 15 de la Constitución Española (CE), entendido a la luz del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH); una pena contraria a la finalidad de reinserción social que recoge el artículo 25.2 de la CE, así como a las exigencias de concreción de la pena que se derivan del principio de legalidad penal, recogido en el artículo 25.1 de la CE; o, finalmente, una pena contraria al artículo 17 de la CE, interpretado a la luz del artículo 5 del CEDH, en la medida en que este precepto exige que toda medida que suponga una privación de libertad debe ser legítima a lo largo del tiempo y que su legalidad debe ser objeto de control por parte de un órgano jurisdiccional en un plazo breve.

Palabras clave: prisión permanente revisable, pena inhumana o degradante, principio de legalidad penal, reinserción social y libertad personal.

El momento histórico en el que se encuentran inmersas las Administraciones públicas en la actualidad demanda el uso de sistemas de prestación de servicios que sean eficientes desde el punto de vista financiero. Hay que buscar nuevas fórmulas, o resucitar las viejas ya existentes, para prestar servicios sin consolidar deuda. Aquí se propone resucitar la figura del contrato administrativo especial para esta labor. Esta propuesta sirve para analizar el valor de la tipicidad en el campo de la contratación pública, y para contraponer el contrato administrativo especial con el de colaboración público-privada, presentando el primero como una alternativa, no compleja, para prestar servicios sin consolidar deuda.

Palabras clave: contrato administrativo, tipo, sostenibilidad financiera y derecho comunitario.

El artículo 205 de la Ley Hipotecaria legitima la primera inscripción en el Registro de Propiedad de un título público previa acreditación fehaciente de haberlo adquirido. Cuando este título se constituya de mala fe, aspecto que puede producirse por ejemplo en situaciones de herencias indivisas cuyos titulares sean de difícil identificación y contextualmente se venga a constituir una hipoteca sobre el bien, las consecuencias prácticas pueden ser lesivas para el efectivo titular extrarregistral o para la entidad bancaria, a pesar de que ambos hayan actuado diligentemente tomando como referencia la fe pública registral como manifestada en el registro. La posibilidad que tiene el efectivo titular extrarregistral de declarar la nulidad del título dentro de los dos años, los efectos retroactivos de la sentencia y la disfasia temporal en el registro de la anotación preventiva de esta demanda, de la hipoteca y de los eventuales procedimientos de embargo y adjudicación por parte del banco pueden crear complicadas situaciones que este estudio intenta aclarar, ofreciendo una posible solución incluso desde una óptica reformadora de la incompleta e incongruente legislación actual.

Palabras clave: adquisición a non domino, buena fe, mala fe, constitución fraudulenta de título, caudales indivisos, artículos 34, 205 y 207 de la Ley Hipotecaria, 298.4 del Reglamento Hipotecario y 362 del Código Civil.

El presente trabajo tiene por objeto realizar un análisis de las cláusulas predispuestas en los contratos de préstamo hipotecario cuya validez resulta más discutible. En efecto, estos contratos presentan una serie de cláusulas que, en una situación económica pujante, es decir, de crecimiento de la economía, no suelen entrar en juego. En cambio, sí lo hacen en aquellos periodos, como el actual, en los que la economía sufre una recesión.

Palabras clave: préstamo hipotecario, cláusula suelo, transparencia, interés de demora y vencimiento anticipado.

La Unión Europea tiene como uno de sus principales objetivos la integración económica de todos sus miembros en un mercado interior europeo; para ello los tratados han previsto una serie de principios económicos cuyo objetivo es, entre otros, el de garantizar la igualdad de condiciones entre competidores. En el caso de las actividades económicas desarrolladas por una empresa organizada a través de una sociedad mercantil, uno de los principales objetivos del legislador comunitario ha sido el de establecer mecanismos que permitan la movilidad intracomunitaria de estas sociedades, así como también asegurar la circulación de capitales de estas empresas. En el primer apartado, este trabajo aborda la problemática de la «libertad de establecimiento», sus limitaciones legales y, sobre todo, cómo y hasta qué punto la interpretación de las legislaciones nacionales, realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha marcado el ritmo de una progresiva apertura en la movilidad corporativa con los peligros que conlleva la falta de una normativa clara que tome en cuenta no solamente los intereses de los socios, sino también los de los acreedores sociales y los de los trabajadores de las sociedades implicadas. Así pues, el análisis realizado parte de las interpretaciones menos aperturistas del tribunal, para concluir con la interpretación actual que, merced al estancamiento del proceso armonizador, así como a las modificaciones del contenido de los tratados de la Unión Europea, ha permitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea adquirir un verdadero estatus de órgano jurisdiccional de control de los legisladores nacionales, con las ventajas y peligros que ello conlleva. Esto último se pone especialmente de relieve en el tercer apartado, donde estudiamos la interpretación que el tribunal realiza de la compatibilidad de las normas de derecho interno con los principios europeos en materia de circulación de capitales. Y donde se pone de manifiesto la necesidad de retomar la vía legislativa en aras de una verdadera normativa consensuada que otorgue seguridad jurídica a las transacciones comerciales.

Palabras clave: movilidad corporativa intraeuropea, libertad de establecimiento de sociedades mercantiles, derecho europeo de sociedades y Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Bajo el torrencial influjo de la devastadora coyuntura económica que padecemos, el legislador ha procedido a regular extensivamente la figura de las tasas judiciales, ampliando su ámbito material así como las sumas que han de satisfacerse por acceder a distintas «prestaciones» que se cobijan en la actividad jurisdiccional, apegándosele igualmente otro tipo de finalidades indirectas que tal vez encierren riesgos notables para el propio Estado de Derecho. En este trabajo se busca ubicar la figura de las tasas judiciales, exponer la regulación introducida y formular una crítica a la misma desde la óptica del contenido constitucional del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Palabras clave: tasa, Constitución, crisis, cuantía y derechos.

En el presente trabajo se tratan de analizar las resoluciones jurisprudenciales que la jurisdicción ordinaria, tanto del Tribunal Supremo como de las audiencias provinciales, se ha visto abocada a dictaminar para paliar los principales conflictos que surgen de la ruptura en las uniones de hecho, que son tanto los concernientes a la liquidación y atribución de bienes adquiridos como el reparto de la ganancia generada por ambas partes o una sola durante el tiempo de convivencia. Y ello debido tanto a la ausencia de normativa estatal que prevea estas situaciones como a la verdadera dispersión y diferenciación que las disposiciones normativas autonómicas han dictado al respecto.

Palabras clave: uniones de hecho, estabilidad, permanencia, continuidad y publicidad.

El controvertido asunto de las afamadas cláusulas bancarias techo-suelo de los préstamos hipotecarios va aclarándose a medida que los tribunales de justicia se pronuncian sobre su posible nulidad o abuso. El Tribunal Supremo, con su reciente Sentencia 241/2013, de 9 de mayo, nos ilustra y se posiciona claramente al lado de la parte más débil de la negociación contractual: el consumidor, con argumentos que van a ser expuestos a lo largo de este trabajo y que, esencialmente, tienen su razón de ser en la falta de trasparencia, y la defectuosa información del producto financiero a contratar y de las implicaciones económicas del mismo a largo plazo.

Palabras clave: cláusulas bancarias abusivas, techo-suelo, información y acciones.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la jurisprudencia consagran el control de los excesos de delegación de los decretos legislativos por la jurisdicción ordinaria, además del que corresponde al Tribunal Constitucional. Doctrinalmente, en cambio, se enfrentan dos posiciones: la que califica la delegación legislativa como delegación recepticia acepta esa competencia sin negársela al Tribunal Constitucional, coincidiendo con la práctica legislativa y jurisprudencial; sin embargo, la que atribuye rango incondicionado de ley a los decretos legislativos otorga ese control al Tribunal Constitucional en exclusiva, negándoselo a la justicia ordinaria, a quien solo correspondería la fiscalización de la correcta tramitación de las normas gubernamentales delegadas. Ambos posicionamientos doctrinales presentan inconsistencias: el mero rango reglamentario del decreto legislativo ultra vires que apoyaría el control jurisdiccional ordinario solo aflora con la sentencia firme estimatoria, y no existe en el momento de la impugnación, mientras que la teoría del monopolio del Tribunal Constitucional se sustenta en una interpretación contra litteram del plural «tribunales» utilizado al efecto en el artículo 82.6 de la Constitución. Este trabajo propone un enfoque integrador de ambos paradigmas doctrinales, consistente en considerar que el rango de ley de los decretos legislativos es una ficción constitucional condicionada al ajuste de estos a su respectiva ley de delegación, lo que atribuye un valor sustancial al plural «tribunales» empleado por dicho precepto, conforme con su propia literalidad y con la efectiva praxis legislativa y jurisprudencial, todo lo cual exceptuaría en esta materia concreta el carácter concentrado de nuestro modelo de control de constitucionalidad de las normas con fuerza de ley.

Palabras clave: decretos legislativos, ultra vires y control.

En el presente estudio se pretende ofrecer al lector una visión general de la situación jurisprudencial en relación con el recurso de apelación penal. Para ello se parte del régimen general de los recursos de apelación y de cuáles son las normas procesales que los rigen, para a continuación distinguir entre apelación de sentencias condenatorias y apelación de sentencias absolutorias. Esta distinción tiene su causa en el distinto tratamiento de unas y otras por la jurisprudencia de las audiencias provinciales y posteriormente su traslación a los recursos de casación ante el Tribunal Supremo. La imposibilidad de celebrar nuevo juicio oral ante el tribunal de apelación comporta dificultades en orden a la revocación de sentencias absolutorias en las que el juez de instancia haya tenido en cuenta pruebas de carácter personal para llegar a esa convicción. No ha de olvidarse que la legislación procesal española solo permite la práctica de prueba en segunda instancia que no se hubiese practicado en primera instancia por haber sido indebidamente denegada o por imposibilidad material de practicarse. Todo ello ha derivado en un posicionamiento doctrinal que discute si el actual sistema de recursos de apelación cumple con las exigencias de la doble instancia penal en los términos exigidos por los convenios internacionales suscritos por España.

Palabras clave: recurso de apelación, segunda instancia y sentencia.