El envío de mercancías por las compañías que realizan el servicio postal no queda amparado por el derecho al secreto de las comunicaciones
Apertura de paquetes postales. Secreto de las comunicaciones. Juicio oral. Delitos de tráfico de drogas. Pertenencia a grupo criminal. La apertura de paquetes postales, no está sujeta al estricto régimen de la intervención de correspondencia. Eso marca una diferencia esencial que venía proclamada por la jurisprudencia ordinaria y constitucional y que, además, en la actualidad ha sido traspasada a la letra de la ley: art. 579.4 LECrim, modificado en 2015. No hay un proceso de comunicación y, por tanto, no entra en juego el art. 18.3 CE cuando se contemplan envíos de paquetes postales destinados a albergar no correspondencia (mensajes), sino objetos o mercancías. El derecho a la presunción de inocencia no arrastra a presumir la invalidez de los medios de prueba sobre los que una parte quiere arrojar una sospecha de incorrección. La presunción de inocencia obliga a tener a toda persona como inocente en tanto no concurran pruebas que acrediten su culpabilidad; pero no conduce a presumir que las pruebas inculpatorias son ilegítimas mientras no quede acreditado de manera plena lo contrario.
Tratándose de envío de droga por correo u otro sistema de transporte (se incluyen aquí los supuestos de entrega controlada), es doctrina consolidada que si el acusado hubiera participado en la solicitud u operación de importación, o bien figurase como destinatario de la misma, debe considerársele autor de un delito consumado, por tener la posesión mediata de la droga remitida.
La falta de accesibilidad por el letrado en casación a la grabación de alguna de las sesiones del juicio oral, es irrelevante si no se constata efectiva indefensión. Se denuncia la falta de disponibilidad exclusivamente de la grabación de la sesión destinada a la práctica de la prueba documental -que obra en la causa-; y los informes orales cuya detallada expresión no ha constituido nunca contenido necesario del acta a levantar.
(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 11 de septiembre de 2018, recurso 10231/2017)