El Consejo de Ministros de 28 de octubre, ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), la norma que regula el procedimiento penal y define las reglas y garantías para investigar y enjuiciar delitos. Se trata de un proyecto histórico, de completa modificación de una ley esencial para el ordenamiento jurídico. La actual, aunque ha sufrido más de 80 retoques, está en vigor desde 1882. Su objetivo es modernizar el proceso penal, superando el modelo decimonónico y preconstitucional, e impulsar una Administración de Justicia propia del siglo XXI: más garantista, moderna, ágil y eficaz para los ciudadanos.
Para ello, la nueva LOECrim atribuye las investigaciones penales a los fiscales, tal y como ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea, y moderniza el sistema de justicia penal con la simplificación de los procesos, la regulación de nuevos instrumentos de investigación y prueba (ADN, Inteligencia Artificial, etc.) y el fortalecimiento de las garantías procesales de investigados y víctimas. Será también la primera ley de enjuiciamiento criminal que se remite al Congreso de los Diputados para su tramitación.
La reforma llega con décadas de retraso. En 2001, el 'Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia' estableció como objetivo básico la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. En 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un anteproyecto de LOECRim, pero su tramitación quedó frustrada por el final de la legislatura. En 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy creó una comisión que elaboró un texto articulado de Código Procesal Penal que, como el anterior, otorgaba la investigación al Ministerio Fiscal. El proyecto aprobado hoy se basa en las propuestas elaboradas durante los últimos 15 años y cuenta con dictámenes favorables del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.
