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El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Se trata de un texto fruto de consenso interdepartamental, que acaba con la dispersión normativa actualmente existente en nuestro país y sigue las recomendaciones que se han ido aprobando a nivel internacional.

Atendiendo a las recomendaciones internacionales derivadas del Protocolo de Palermo, el Convenio de Varsovia, de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del Protocolo de la Organización Internacional del Trabajo, o del Grupo de Expertos contra el Tráfico de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA), este anteproyecto aborda de manera integral todas las formas de trata que suponen la vulneración más grave de los derechos fundamentales de un ser humano, desde la explotación sexual, pasando por la mendicidad y el tráfico de órganos, hasta la explotación laboral.

La ministra de Justicia ha participado el día 11 de noviembre en la jornada de presentación de los proyectos piloto de la Oficina de Justicia en los municipios, coorganizado por el Ministerio de Justicia y la Federación Española de Municipios y Provincias.

La jornada tiene entre sus objetivos intercambiar visiones, experiencias y propuestas de futuro sobre lo que va a suponer la implantación de esta nueva figura.

Llop ha destacado que estas oficinas van a permitir a cualquier ciudadano “acceder a un recurso de Justicia en igualdad de condiciones, en cualquier lugar del territorio en el que se halle".

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha participado el día 11 de noviembre en Madrid, junto al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, y su secretario general, Carlos Daniel Casares, en la jornada de presentación de los proyectos piloto de las Oficinas de Justicia en los municipios (OJM), que han coorganizado el Ministerio de Justicia y la FEMP. ​

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional y, en consecuencia, que contribuyan a la lucha contra la corrupción con el objeto de transponer la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea (UE).

El objeto de la directiva es proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno, mediante el establecimiento de canales protegidos de información y la prohibición de cualquier represalia contra ellas.

Esta ley también persigue ayudar a concienciar y aumentar las informaciones por corrupción al crear un clima de confianza entre el informante y la Administración.

La Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que aparece publicada en el BOE de 6 de septiembre, modifica (mediante su disposición final cuarta) la disposición transitoria segunda de la Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, con objeto de aplazar al curso académico 2022-2023 la puesta en marcha del nuevo máster de acceso a la abogacía y procura al ser necesaria la adaptación del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, a las previsiones de esa Ley con carácter previo a su impartición.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, cuyo objetivo fundamental es dar cobertura jurídica y regular la transformación digital del servicio público de Justicia.

Este proyecto establece un marco jurídico de vanguardia para promover y facilitar el avance en la transformación digital de la Justicia, regulando los servicios digitales accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital, impulsando su eficiencia y orientando al dato los sistemas de Justicia.

ACCEDA-JUSTICIA amplia y mejora los servicios digitales de operadores jurídicos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado que se relacionan con la Administración de Justicia a través de LexNET.

Ya se han remitido más de 4.300 envíos a través de este sistema, alcanzándose un tamaño de 4 GB. Cada mes se aumenta en un 20% su uso, llegando a casi 1.000 envíos en el mes de junio.

El Consejo de Ministros ha aprobado el 28 de junio de 2022, el Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

El desarrollo de esta ley es una reparación histórica para un colectivo históricamente discriminado, como es el LGTBI, y específicamente para el colectivo trans, uno de los más vulnerados y estigmatizados. Se trata de un compromiso plasmado en el pacto de coalición de gobierno y defendido públicamente por el propio Presidente del Gobierno.

El Consejo de Ministros ha aprobado el 28 de junio de 2022, el proyecto de reforma de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión para su remisión a la Cortes Generales.

La norma tiene como objetivo la modernización de los mercados de valores con el fin de mejorar y potenciar su capacidad de financiación de la economía de forma transparente y eficiente, fortalecer el régimen de supervisión aplicable a las empresas de servicios de inversión y mantener un elevado nivel de protección de los clientes de servicios financieros y de los ahorradores.

Esta nueva norma constituye una ley marco que sustituye a la normativa vigente de 2015 y funde en un solo texto directivas europeas y reglamentos que han venido desarrollando esta materia para proporcionar seguridad jurídica a empresas e inversores.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela con el que se amplían los derechos de las personas consumidoras y se mejoran los plazos de consulta y resolución de incidencias en sus relaciones de consumo.

Entre otras novedades, el Ministerio de Consumo limitará a tres minutos el tiempo de espera para ser atendido telefónicamente en servicios generales de información, reclamación y postventa.

Esta reducción de tiempos también beneficiará a las personas afectadas por incidencias en servicios básicos de continuidad como la luz, el agua o el gas. Cuando entre en vigor la normativa, que ahora empieza su tramitación como proyecto de Ley en las Cortes Generales, las empresas de estos sectores deberán informar del motivo del problema y dar un tiempo estimado para la restauración del suministro en un plazo máximo de dos horas.

El derecho a la salud sexual y reproductiva forma parte del derecho de todas las personas al más alto nivel posible de salud física y mental y un reclamo histórico y continuo del movimiento feminista mundial. Más concretamente, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas relaciona la salud sexual y reproductiva de las mujeres con los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, a la intimidad, a la educación y a la prohibición de discriminación.

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo (LO 2/2010), supuso un auténtico paso hacia adelante al abordar la protección y la garantía de los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva de manera integral y modificar el abordaje de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de una ley de supuestos a una de plazos, en consonancia con lo establecido por los mandatos internacionales.