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Orden PCM/270/2023 (PDF1) de 21 de marzo, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía para el año 2023.

La experiencia adquirida con respecto a la planificación e implantación de la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el acceso a la Abogacía on line en las convocatorias de los años 2020, 2021 y 2022, así como el alto grado de satisfacción obtenido en cuanto a la ejecución y desarrollo de las mismas, aconsejan que las pruebas de acceso a la profesión de la Abogacía se realicen nuevamente on line de manera simultánea en este año 2023 y no contiene limitación alguna en el número de plazas.

La prueba es única e idéntica para todo el territorio español (eligiendo el idioma castellano o lengua cooficial), gratuita y como requisitos se exige estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Grado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, o en su caso de las certificaciones sustitutorias (como la convalidación u homologación de títulos extranjeros) con anterioridad a la admisión al curso de formación.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión, que tiene como meta cumplir con el objetivo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas basado en garantizar a las mujeres y niñas las mismas oportunidades que los hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles.

Esta iniciativa continúa la senda trazada por la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que incorporó el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres. Y traspone la Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022 relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas y medidas conexas, con lo que España asume una posición de liderazgo a la hora de incorporar a su ordenamiento las normas y recomendaciones internacionales relativas a la igualdad de género.

La nueva norma busca garantizar la representación efectiva de las

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles. Con esta nueva norma se transpone la Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas de empresas.

El Pleno del Tribunal Constitucional, en una decisión adoptada hoy, ha acordado admitir a trámite el recurso de amparo planteado por diputados del grupo parlamentario Popular en el Congreso, con referencia a dos enmiendas que introducían reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativas a la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, incorporadas a la Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de la nueva Ley de Industria que refuerza el papel de la industria en la estructura económica y social de España y su contribución a la doble transición verde y digital, fortalece la soberanía estratégica industrial y adopta los instrumentos de política industrial para mejorar la competitividad de la industria española en la esfera internacional. Se trata de una reforma contemplada en el Plan de Recuperación y moderniza el marco jurídico industrial al sustituir a la actual ley, que data de 1992.

Este anteproyecto de Industria es un compromiso del Gobierno que impulsa una política industrial alineada con la digitalización, la sostenibilidad medioambiental y la economía circular y potencia la autonomía industrial de nuestro país, de forma que contribuye a incrementar el peso de las actividades industriales en nuestra estructura económica y social y a obtener para nuestro país un crecimiento más sostenible y digital y una mayor resiliencia ante los retos derivados de la pandemia y la guerra en Ucrania.

El nuevop anteproyecto involucra al conjunto de administraciones públicas, a los agentes económicos y sociales y a las fuerzas políticas ante la urgente necesidad de potenciar la industria de nuestro país con un doble objetivo: en primer lugar, la necesaria reactivación económica y social tras la pandemia y la guerra, en segundo lugar, la modernización de nuestro modelo productivo para abordar con éxito la doble transición digital y ecológica y lograr una mayor cohesión social y territorial", ha señalado la ministra.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Se trata de un texto fruto de consenso interdepartamental, que acaba con la dispersión normativa actualmente existente en nuestro país y sigue las recomendaciones que se han ido aprobando a nivel internacional.

Atendiendo a las recomendaciones internacionales derivadas del Protocolo de Palermo, el Convenio de Varsovia, de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del Protocolo de la Organización Internacional del Trabajo, o del Grupo de Expertos contra el Tráfico de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA), este anteproyecto aborda de manera integral todas las formas de trata que suponen la vulneración más grave de los derechos fundamentales de un ser humano, desde la explotación sexual, pasando por la mendicidad y el tráfico de órganos, hasta la explotación laboral.

La ministra de Justicia ha participado el día 11 de noviembre en la jornada de presentación de los proyectos piloto de la Oficina de Justicia en los municipios, coorganizado por el Ministerio de Justicia y la Federación Española de Municipios y Provincias.

La jornada tiene entre sus objetivos intercambiar visiones, experiencias y propuestas de futuro sobre lo que va a suponer la implantación de esta nueva figura.

Llop ha destacado que estas oficinas van a permitir a cualquier ciudadano “acceder a un recurso de Justicia en igualdad de condiciones, en cualquier lugar del territorio en el que se halle".

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha participado el día 11 de noviembre en Madrid, junto al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, y su secretario general, Carlos Daniel Casares, en la jornada de presentación de los proyectos piloto de las Oficinas de Justicia en los municipios (OJM), que han coorganizado el Ministerio de Justicia y la FEMP. ​

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional y, en consecuencia, que contribuyan a la lucha contra la corrupción con el objeto de transponer la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea (UE).

El objeto de la directiva es proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno, mediante el establecimiento de canales protegidos de información y la prohibición de cualquier represalia contra ellas.

Esta ley también persigue ayudar a concienciar y aumentar las informaciones por corrupción al crear un clima de confianza entre el informante y la Administración.

La Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que aparece publicada en el BOE de 6 de septiembre, modifica (mediante su disposición final cuarta) la disposición transitoria segunda de la Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, con objeto de aplazar al curso académico 2022-2023 la puesta en marcha del nuevo máster de acceso a la abogacía y procura al ser necesaria la adaptación del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, a las previsiones de esa Ley con carácter previo a su impartición.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, cuyo objetivo fundamental es dar cobertura jurídica y regular la transformación digital del servicio público de Justicia.

Este proyecto establece un marco jurídico de vanguardia para promover y facilitar el avance en la transformación digital de la Justicia, regulando los servicios digitales accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital, impulsando su eficiencia y orientando al dato los sistemas de Justicia.