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El Pleno Congreso del día 22 de enero, no ha convalidado el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que se publico en el BOE de 18 de diciembre de 2018, por lo que queda derogado y cobra vigencia de nuevo la legislación anterior que precedía al mismo.
El Consejo de Ministros ha aprobado el 18 de enero, la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de reforma de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, relativos a los aforamientos de los diputados, senadores y miembros del Gobierno, añadiendo a ambos artículos la frase "en el ejercicio de las funciones propias de su cargo" para limitar funcionalmente el alcance de los aforamientos. Con esta inclusión se recorta la competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ya no abarcará todos los delitos cometidos por los parlamentarios y miembros del Gobierno, sino que quedará circunscrita a aquellos que cometan de forma directa en el ejercicio de su cargo.
La reforma tiene un claro efecto limitador en dos sentidos: reduce a un núcleo mínimo el aforamiento en el ejercicio de sus funciones y durante el periodo de su mandato y, en segundo lugar, cierra la puerta a una posible extensión por vía legislativa de su ámbito de aplicación en materia penal.
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de los ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Justicia e Interior, el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. La propuesta tiene como objetivo general el convertir la infancia en un bien colectivo que merece especial protección. De esta forma, el Gobierno da respuesta al problema de la violencia contra la infancia y apuesta de forma decidida por un modelo que sitúa a niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas de los poderes públicos como titulares de derechos subjetivos.
El anteproyecto, que modifica 11 leyes, establece un concepto de violencia muy amplio que abarca toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidos las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente. Se castiga todo tipo de violencia sea cual sea su forma de comisión, incluida la realizada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.
Aún no nos hemos sobrepuesto a los devastadores resultados de la crisis de 2008, cuyo componente principal quedó demostrado ser en España, y en otros países, el incremento descontrolado del precio del suelo y toda una economía especulativa que se basó en él, y ya los expertos auguran la inminente formación de una nueva burbuja que lleva camino de explotar, como lo hicieron sus antecesoras. Con independencia de los altibajos a que está sujeto el mercado inmobiliario, lo cierto es que el suelo es aún el componente principal en multitud de empresas del tejido empresarial español, y un sector que nunca dejará de representar ocasiones de negocio a quienes sepan comprenderlo y ajustar su estrategia a los continuos cambios.
Con todo y con eso, lo cierto es que el sector inmobiliario vuelve a estar en alza. Después de la depuración de los balances de la banca, la puesta en mercado de parte del fondo inmobiliario que la SAREB atesoraba y la irrupción de los así llamados fondos buitres en el escenario del mercado, lo cierto es que los inmuebles no paran de subir de precio en los últimos trimestres, marcando una tendencia ascendente que hace presumir riesgos de burbuja.
La forma en que las empresas financian sus activos mobiliarios o inmobiliarios es una decisión clave, en la que se deben tener en cuenta diferentes aspectos, existiendo básicamente los siguientes tipos de contrato para financiar estas operaciones:
Si hay alguna tendencia que es ya un hecho manifiesto de lo que ocurrirá en un futuro cercano, esa es la informatización de la sociedad. Si tenemos en cuenta que la tecnología avanza, en un primer momento, hasta consolidarse, para después abordar las cuestiones de seguridad y ética, la ciberseguridad es la disciplina del futuro sin lugar a dudas. Expertos en recursos humanos apuntan que harán falta muchos más profesionales formados en ciberseguridad de los que el mercado pueda proveer, por lo que los expertos en esta especialidad se garantizan un puesto de trabajo.
La Policía Nacional ha puesto en marcha VeriPol, una aplicación informática que detecta las denuncias falsas interpuestas en casos de robos con violencia e intimidación o tirones.
La herramienta, cuyo acceso se ha habilitado en todas las comisarías de España desde esta semana, identifica el delito basándose en el texto de la denuncia, por lo que no necesita ninguna información por parte del usuario, y es completamente automática. Se trata de la primera herramienta de este tipo en el mundo y diversos experimentos empíricos demuestran que tiene una precisión superior al 90%, mientras que policías expertos alcanzan una precisión del 75%.
El modelo fue probado en 2015 en un conjunto de más de 1.000 denuncias presentadas en toda España. Posteriormente, un estudio piloto llevado a cabo en junio de 2017 en Málaga y Murcia permitió a la Policía Nacional mejorar su índice de casos resueltos en un 80%.
El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, prepara una instrucción para que los Registros Civiles de toda España faciliten el cambio de nombre de los menores transexuales que así lo soliciten.
La medida se adoptará de manera transitoria para dar una solución a estas familias mientras se tramita en el Parlamento la reforma de la Ley 3/2007 cuya aprobación extendería la posibilidad de rectificar la mención registral relativa al sexo a los menores de edad.
La decisión se ha anunciado tras una reunión mantenida en el ministerio con la asociación de familias de menores transexuales Chrysallis, cuyos representantes han recordado a la ministra Dolores Delgado y al director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido Chamorro, que, hasta el momento, el Gobierno no ha atendido la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados el 11 de octubre de 2016.
La norma suspende el impuesto sobre la generación y aprueba una exención del mal llamado céntimo verde, dos medidas de choque para moderar con urgencia el precio de la electricidad en el mercado mayorista y, en consecuencia, el recibo de la luz.
El Ministerio de Justicia, ha propuesto a las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia la puesta en marcha de un programa piloto de coordinación de parentalidad para proteger al menor en situaciones de conflicto cuando se rompe la relación entre sus progenitores.
En el pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia, que ha presidido la ministra, Dolores Delgado, se ha informado de que esta figura se concibe como un mediador amigable para situaciones enquistadas que puedan perjudicar el interés superior del niño. La idea es que, a partir de experiencias similares que ya están funcionando en Aragón y Cataluña así como en otros países de nuestro entorno, se pueda extender este programa a todo el territorio nacional.
