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La Sala de lo Penal ha acordado por unanimidad abrir una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra un particular.

El tribunal también ha declarado su competencia para investigar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la citada nota. Aunque no tiene la condición de aforada, el auto explica que ambos comportamientos -el del fiscal general y el de ella- guardan una conexión inescindible que impide la incoación de causas separadas.

El Consejo de Ministros ha aprobado el 17 de septiembre de 2024, el Plan de Acción por la Democracia, una hoja de ruta para fortalecer los principales elementos de nuestro Estado de Derecho, combatir los riesgos de sufren las democracias -como la desinformación- y dar más herramientas y poder a la sociedad española para evaluar la acción de los poderes públicos.

Este plan toma el nombre y los objetivos de la iniciativa aprobada por la Comisión Europea, el Plan de Acción para la Democracia Europea (Democracy Action Plan) y cuyos objetivos también comparte.

El Plan se desarrolla sobre tres ejes de actuación: (1) poder ejecutivo y gobierno abierto; (2) medios de comunicación y garantía del derecho de los ciudadanos a una información veraz; y (3) poder legislativo, que a su vez se materializan en once líneas de actuación y 31 medidas, en un ejercicio de transversalidad y con la intención de apuntalar las instituciones clave del Estado de Derecho.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal de la Comunidad considera, entre otros razonamientos jurídicos, que se da una “patente insuficiencia del informe de impacto económico” de las medidas adoptadas en la Ordenanza municipal

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, en sentencia de 17 de septiembre de 2024, ha anulado diversos preceptos de la Ordenanza 10/2021, de 13 de septiembre, por la que  se modifica la Ordenanza de  Movilidad  Sostenible,  de  5  de  octubre  de  2018 del Ayuntamiento de Madrid. La sentencia anula concretamente aquellas partes de la Ordenanza por las que se definen el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el municipio de Madrid; y las que establecen las dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE) de “Distrito Centro” y “Plaza Elíptica”, dejando subsistentes todo el resto del articulado, incluso aquellos artículos que, con carácter general o por mera referencia, se refieran a las ZBE y ZBEDPE que puedan establecerse en un futuro.

El instructor subraya que el artículo 1.4 de la Ley indica que el enriquecimiento alcanza cualquier beneficio que hubiera exigido del pago de una contraprestación dineraria (contenido patrimonial) aunque no aumente materialmente el nivel de riqueza del sujeto.

El magistrado instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, ha desestimado los recursos de reforma presentados por el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig, así como por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, contra su auto, de 1 de julio, en el que declaró no aplicable la amnistía al delito de malversación de caudales públicos por el que los tres primeros se encuentran procesados.

El 1 de septiembre entrará en vigor una importante modificación del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, publicada el 12 de agosto en el Diario Oficial de la Unión Europea (Reglamento (UE, Euratom) 2024/2019) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se modifica el Protocolo n.° 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea].  Esta modificación prevé, entre otros extremos, una transferencia parcial de la competencia prejudicial del Tribunal de Justicia al Tribunal General, que será aplicable a partir del 1 de octubre de 2024. Esta transferencia afecta a seis materias específicas: el sistema común del IVA, los impuestos especiales, el código aduanero, la clasificación arancelaria de las mercancías, la compensación y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de embarque o de retraso o cancelación de los servicios de transporte, y el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. La modificación del Estatuto contempla asimismo una ampliación del mecanismo de previa admisión a trámite de los recursos de casación a partir del 1 de septiembre de 2024.

El BOE del martes 22 de agosto publica la Orden PJC/878/2024, de 16 de agosto, por la que se convoca la segunda prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía para el año 2024.

Conforme señala esta disposición, la experiencia adquirida con respecto a la planificación e implantación de la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el acceso a la Abogacía on line en las convocatorias de los años 2020, 2021, 2022 y 2023, así como el alto grado de satisfacción obtenido en cuanto a la ejecución y desarrollo de estas, aconsejan que las pruebas de acceso a la profesión de la Abogacía se realicen nuevamente online de manera simultánea en este año 2024.

El Consejo de ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que establece un marco integral para proteger la salud de los menores y promover un consumo responsable de alcohol en la sociedad. Este anteproyecto de ley se centra en los menores de edad, ya que el consumo precoz de alcohol aumenta el riesgo de desarrollar adicción y afecta negativamente al desarrollo cerebral. El objetivo es prevenir el consumo de alcohol, retrasando la edad de inicio, proteger las consecuencias del consumo y reducir los episodios de consumo intensivo en este grupo vulnerable.

Datos de consumo

Según la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), el alcohol es la sustancia psicoactiva de consumo más generalizado entre estudiantes de 14 a 18 años. En 2023, el 75,9% dice haberlo consumido alguna vez en su vida, el 73,6%, en el último año, y el 56,6%, en el último mes. Esta encuesta refleja que la edad media de inicio del consumo es demasiado precoz, tanto para el consumo ocasional (14 años en hombres y mujeres), como para el semanal (15 años).

El Consejo de Ministros ha aprobado el 16 de julio, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el proyecto de ley de Función Pública de la Administración General del Estado, un texto sobre el que se construye la transformación de la Administración poniendo el foco en el capital humano y en los procesos y procedimientos internos encargados de su gestión, y recuperando todos aquellos elementos de la ley que decayeron en su trámite parlamentario como consecuencia de las convocatorias electorales.

Este proyecto desarrolla las disposiciones contempladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en lo que a la Administración del Estado se refiere, y permite, junto a la aprobación del RDL 6/2023, diseñar un marco jurídico transformador por fases que pueda, por un lado, desarrollar todo el potencial innovador del texto refundido de la Ley del EBEP y, por otro, terminar con un marco jurídico obsoleto y fragmentario.