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La Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad suspender cautelarmente la exhumación de los restos de Francisco Franco Bahamonde, que debía llevarse a cabo el 10 de junio a las 10:00 horas.

La razón en que descansa esa decisión es la de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan, según la nota informativa facilitada por la Sala.

Las empresas deben ser emplazadas para juicio en su domicilio social, señalando el Tribunal Constitucional que el primer emplazamiento a las sociedades en la dirección electrónica habilitada vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva.

El Ministerio de Justicia, a través del secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, ha comunicado a todos los secretarios de gobierno de los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo su obligación de notificar la citación o primer emplazamiento a las sociedades y demás personas jurídicas demandadas de forma presencial en su domicilio, y no de manera telemática a través de la dirección electrónica habilitada facilitada por el Ministerio de Hacienda para recibir las notificaciones de los diferentes organismos de la Administración General del Estado.

Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos el 25 de mayo de 2018, son cada vez más los consumidores que ejercen sus derechos en materia de protección de datos. Sin embargo, es relativamente frecuente que las personas que los atienden no conozcan estos derechos y no les presten una atención diligente para que aquellos puedan ejercitar dichos derechos.

Los responsables del tratamiento de datos son los encargados de informar a todos los trabajadores de una empresa acerca del procedimiento a seguir para que los interesados en ejercer sus derechos en materia de protección de datos puedan hacerlo. Para ello, deben definir de forma clara los mecanismos mediante los cuales los interesados puedan ejercer sus derechos.

Los interesados en ejercer sus derechos deben identificarse fehacientemente, presentando DNI o pasaporte, debiendo el responsable de tratamiento darles una respuesta concisa, transparente, inteligible, con un lenguaje claro y sencillo y conservar la prueba del cumplimiento del deber de responder a las solicitudes presentadas, las cuales deben responderse en el plazo de un mes desde su recepción.

El Ministerio de Justicia ha dado su visto bueno al nuevo temario para las oposiciones de acceso a las carreras judicial y fiscal en el que se incluyen, por primera vez, la exigencia de mayores conocimientos específicos sobre igualdad entre mujeres y hombres, género y violencia sobre la mujer que se reflejan en la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada el pasado 28 de diciembre.

Esa modificación legal incluyó las medidas en materia judicial recogidas en el Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género, aprobado en el Congreso de los Diputados el 28 de diciembre de 2017.

En aplicación de ese pacto de Estado, el artículo 310 de la LOPJ dispone que "todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en las carreras judicial y fiscal contemplarán el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas en materia de violencia sobre la mujer, y su aplicación con carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional". 

Nadie en su sano juicio dejaría el dinero en efectivo al alcance de cualquiera, sin embargo los datos se acumulan en ordenadores y papeles, en muchos casos sin las debidas medidas de seguridad, algo que puede tener consecuencias muy negativas para el negocio, además de incumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

El Reglamento (UE) 2016/679, más conocido como Reglamento General de Protección de datos, aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo, el 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, es de obligada aplicación desde el 25 de mayo de 2018.

Para presentar con éxito una reclamación bancaria, se pueden seguir los cauces administrativos establecidos por el Banco de España o utilizar otras formulas más originales de protesta, como bailar flamenco en las oficinas bancarias, protesta cuyo video en YouTube tiene más de 1.300.000 visualizaciones.

A continuación nos centraremos en las formas de reclamación formal, ya que las protestas a pie de oficina, sonoras y folclóricas, es un arte espontáneo, que los afectados por problemas con los bancos emplean en muchos casos como último recurso, tras agotar todas las vías de reclamación sin ver resuelto su problema.

Según la memoria de reclamaciones del Banco de España del 2017, en los últimos 30 años, el Servicio de Reclamaciones, primero, y el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR), después, han resuelto 265.799 reclamaciones y 418.471 consultas (37.333 escritas y 381.138 telefónicas) presentadas por los clientes y usuarios de servicios financieros.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo, con informe favorable del Consejo de Estado e invocando el artículo 161.2 de la Constitución para su suspensión, por el que se impugna la Resolución 298/XII, de 7 de marzo de 2019, del Parlamento de Cataluña, de creación de la Comisión de Investigación sobre la Monarquía.

De acuerdo con la letra a) de la Resolución, "La Comisión de Investigación sobre la Monarquía tiene por objeto investigar las actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la Familia Real española, incluidas las destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera del territorio de Cataluña". Y de acuerdo con la letra b) de la mencionada Resolución, los contenidos básicos objeto de investigación de la comisión son los siguientes:

• "Primero, las actuaciones destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Cataluña durante los días posteriores al referéndum de autodeterminación del primero de octubre de 2017.
• Segundo, las estructuras de corrupción vinculadas a la Familia Real española y a las personas que están o han estado relacionadas.
• Tercero, las presuntas cuentas irregulares del anterior Jefe del Estado en Suiza y otros paraísos fiscales a nombre de terceras personas, la procedencia de este capital, y las otras actividades irregulares o delictivas de estas personas que puedan derivarse de las declaraciones de la Sra. Corinna zu Sayn-Wittgenstein".

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de ayudas por valor de 150 millones de euros para la realización de proyectos de extensión de las redes de banda ancha de muy alta velocidad, con capacidad de acceso superior a 100 Megabits. La convocatoria de las ayudas será realizada por el Ministerio de Economía y Empresa mediante resolución de la Secretaría de Estado para el Avance Digital con cargo al Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación, programa conocido como PEBA-NGA.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha presentado hoy al Consejo de Ministros un informe sobre desinformación y la amenaza global que supone para la libertad y la democracia.

El ministro ha explicado los trabajos preparatorios que ha venido desarrollando la Comisión Europea, que el pasado mes de diciembre aprobó un Plan de Acción contra la Desinformación para poder dar una respuesta coordinada a este fenómeno. Por ese motivo, se ha puesto en marcha un sistema de Alerta Rápida (RAS) para informar instantáneamente sobre campañas de desinformación e intercambiar datos y tomar decisiones entre los estados miembros.

En el ámbito nacional, el ministro ha descrito el Grupo de Trabajo interministerial sobre desinformación, coordinado por la Secretaría de Estado de Comunicación, que trabajará en adelante bajo la denominación de Comisión Permanente contra la Desinformación.