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El Consejo de Ministros de 17 de febrero, ha aprobado un acuerdo por el que se insta a la Fiscal General del Estado a investigar y, en su caso, perseguir posibles delitos de violencia sexual digital cometidos contra menores en las principales redes sociales. Esta decisión, que se ampara en el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se apoya en un informe técnico elaborado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y el Ministerio de Juventud e Infancia, que alerta de la afección de estas prácticas a los niños y niñas.

En el informe se analizan las posibles responsabilidades penales de prácticas cada vez más extendidas en el entorno digital como la generación y difusión de contenidos sexuales y pornografía infantil a través las ultrafalsificaciones (deepfakes) y la manipulación de imágenes reales para crear otras de contenido sexual explícito y menoscabar la dignidad de las víctimas.

El Consejo de Ministros de 13 de enero, ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Recuperación y Resolución de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras que traslada al ordenamiento jurídico español la Directiva europea 2025/1, estableciendo un marco armonizado para la recuperación y resolución de entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Este cambio de normativa viene a reforzar y a dar seguridad al sector, ante situaciones críticas. La nueva regulación establece que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones será la autoridad de resolución, que quedará separada funcional y orgánicamente de la de supervisión, aunque ambas se alojen en el mismo órgano directivo, según lo permite la Directiva europea.

Además, se atribuyen al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa las competencias de acordar la apertura del procedimiento de resolución y determinar los instrumentos a aplicar, correspondiendo a la autoridad de resolución la ejecución de dichas medidas.

El Consejo de Ministros de 13 de enero, ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El texto, previsto en el Plan de Acción por la Democracia, sustituye la ley de 1982, la adapta al entorno digital (inteligencia artificial, redes sociales, etc.) y amplía el nivel de protección de estos derechos fundamentales.

Una ley adaptada al entorno digital

El anteproyecto introduce novedades relevantes en materias como el consentimiento en el uso de nuestra imagen en el entorno digital. Por primera vez, considera ilegítimo el uso de la voz o la imagen de una persona sin su autorización con fines publicitarios o comerciales empleando la inteligencia artificial o tecnologías similares (deepfakes).

También establece que el hecho de compartir imágenes personales en redes sociales no supone que terceros puedan utilizarlas en otras redes o canales de difusión.

El Consejo de Ministros de 13 de enero, ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, una norma que actualiza este derecho a las nuevas realidades de los medios de comunicación y a las vías por las que los ciudadanos acceden a la información, de modo que sustituirá a la actual legislación, de 1984.

El derecho de rectificación cumple una función esencial en la tutela de algunos derechos fundamentales -como el derecho al honor o a comunicar y recibir libremente información veraz- pues permite corregir informaciones inexactas que causan perjuicio y contribuye a favorecer la calidad del debate público, afectado por la proliferación de las fake news.

Los usuarios relevantes de redes sociales, obligados a rectificar

El proyecto de ley introduce novedades fundamentales en lo relativo a quienes pueden ser objeto de rectificación. Además de los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales, también se podrá solicitar una rectificación de la información publicada a usuarios de plataformas en línea. Se aplicará a lo que la ley denomina usuarios "de especial relevancia" (conocidos popularmente como influencers) por su número de seguidores -quienes tienen 100.000 seguidores en una única plataforma o 200.000 de forma acumulada en varias-.

El Consejo de Ministros de 9 de diciembre, ha aprobado el Real Decreto 1135/2025, de 10 de diciembre (BOE de 13 de diciembre) por el que se determinan las condiciones de la línea de ayudas, por cuenta del Estado, para la cobertura en caso de impagos del alquiler de viviendas para jóvenes y colectivos vulnerables. Esta medida consiste en un aval para facilitar el acceso al alquiler y será gestionada por las comunidades autónomas de régimen común y ciudades de Ceuta y Melilla, en el marco de lo dispuesto en el artículo 76 del Real Decreto-ley 1/2025.

Para contar con ella, los arrendadores deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos:

• Firmar un contrato con menores de 35 años o personas vulnerables (según lo establecido en cada CCAA).
• Cobrar una renta del alquiler que no supere el índice estatal de referencia.
• Depositar la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler, así como sus actualizaciones.
• Suscribir con el arrendatario el compromiso relativo al aval al alquiler, con arreglo al modelo aprobado por la Administración.
• Las comunidades autónomas podrán fijar criterios adicionales si así lo consideran.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha anticipado el fallo, dictado por mayoría de sus miembros, en la causa especial 20557/2024. La resolución incorporará dos votos particulares emitidos por las Magistradas de la Sala II D.ª Ana María Ferrer García y D. ª Susana Polo García, que disienten de la misma, lo que determina un cambio en la Ponencia, que asume el Presidente de la Sala, D. Andrés Martínez Arrieta.

El Consejo de Ministros de 28 de octubre, ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), la norma que regula el procedimiento penal y define las reglas y garantías para investigar y enjuiciar delitos. Se trata de un proyecto histórico, de completa modificación de una ley esencial para el ordenamiento jurídico. La actual, aunque ha sufrido más de 80 retoques, está en vigor desde 1882. Su objetivo es modernizar el proceso penal, superando el modelo decimonónico y preconstitucional, e impulsar una Administración de Justicia propia del siglo XXI: más garantista, moderna, ágil y eficaz para los ciudadanos.

Para ello, la nueva LOECrim atribuye las investigaciones penales a los fiscales, tal y como ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea, y moderniza el sistema de justicia penal con la simplificación de los procesos, la regulación de nuevos instrumentos de investigación y prueba (ADN, Inteligencia Artificial, etc.) y el fortalecimiento de las garantías procesales de investigados y víctimas. Será también la primera ley de enjuiciamiento criminal que se remite al Congreso de los Diputados para su tramitación.

La reforma llega con décadas de retraso. En 2001, el 'Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia' estableció como objetivo básico la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. En 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un anteproyecto de LOECRim, pero su tramitación quedó frustrada por el final de la legislatura. En 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy creó una comisión que elaboró un texto articulado de Código Procesal Penal que, como el anterior, otorgaba la investigación al Ministerio Fiscal. El proyecto aprobado hoy se basa en las propuestas elaboradas durante los últimos 15 años y cuenta con dictámenes favorables del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.

El Consejo de Ministros de 14 de octubre, ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento del Anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española. Concretamente, se pretende incorporar un nuevo apartado cuarto al artículo 43 con la siguiente redacción: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres". Este apartado se incluirá en el Título I, dedicado a los derechos y deberes fundamentales, concretamente en el Capítulo III, referido a los principios rectores de la política social y económica.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley por la que se modifican diversas disposiciones legales para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación, que será remitido al Congreso de los Diputados para proseguir con su tramitación parlamentaria.

Este proyecto normativo adaptará el ordenamiento jurídico español a la normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación. En concreto, el texto recoge modificaciones en varias leyes ya existentes para incorporar las provisiones de los Reglamentos de la Unión Europea 2022/2065 (Reglamento Europeo de servicios digitales) y 2024/1083 (Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación).

Se trata de una actualización del triple escudo digital europeo, compuesto por los Reglamentos de Inteligencia Artificial, Servicios Digitales y Libertad de Medios basada en la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales y el Artículo 20 de la Constitución Española.