A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 16 al 30 de noviembre.

• El modelo pars valoris de la legítima en el Derecho de sucesiones gallego  
• La consideración del arrendamiento financiero como contrato y derecho real 
• Es imprescindible el acuerdo unánime en la satisfacción del derecho del socio a la cuota de liquidación mediante la adjudicación de bienes concretos
• Sucesión regida por el Derecho Británico. Innecesariedad de la obtención de probate
• Constitución de una sociedad por el administrador de otra -como fundadora- con cargo no inscrito

• Reducción proporcional de la prestación de la aseguradora al no haber declarado la agravación del riesgo el asegurado
• No cabe la aplicación retroactiva de las modificaciones de la normativa reguladora de la responsabilidad de los administradores societarios de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre
• Cesión de créditos y derechos de cesionarios sobre intereses moratorios devengados
• Datos que deben especificarse en el contrato de crédito al consumo

• No procede la custodia compartida de hijos menores cuando hay una condena por maltrato
• Derecho de reembolso de dinero privativo en la liquidación de la sociedad de gananciales
• El consentimiento del arrendador no es un requisito para que se produzca la subrogación en el contrato de arrendamiento
• No es nula la convocatoria a junta efectuada por el administrador de la propiedad horizontal en nombre del presidente

• El derecho de petición obliga a la Administración al trámite, pero no a la concesión de lo solicitado
• Renovables. Incautación de garantía depositada para la inscripción en el Registro de preasignación por incumplimiento de obligaciones
• Forma de acreditación ante la Administración de la representación de la persona jurídica
• Solicitud de protección internacional por vínculo familiar con un menor que ya ha obtenido protección subsidiaria

• Marco temporal de adquisición de las diligencias de investigación en el proceso penal
• La agravante de delitos contra el patrimonio artístico, histórico o cultural, no precisa la previa declaración administrativa
• Convivencia familiar y efectos en el delito de receptación para inculpar a una persona por actividades que realiza otra
• Requisitos de la legítima defensa en el proceso penal

• Responsabilidad del administrador por deudas sociales cuando incumple el deber legal de disolver la sociedad
• Eficacia objetiva del convenio con acreedor concursal y conservación de derechos de quien no vote a favor del convenio
• Variedades vegetales. Prescripción de acciones. Comienzo del cómputo
• Seguros. Cobertura de daños producidos durante clase práctica de conducción de moto para obtener el permiso de conducción

• Prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho al honor: comentarios descalificatorios en una página web que alertan de la venta a domicilio a personas vulnerables
• El banco que ha titulizado un crédito hipotecario mantiene la legitimación activa en caso de impago tras la transmisión de las participaciones
• No son nacidos en España quienes nacieron en el Sahara durante la etapa en que fue colonia
• Desistimiento en los contratos a distancia y concepto de consumidor

• ITV. Anulación del acortamiento de la validez de los certificados de vehículos revisados tras las prórrogas por el COVID-19
• Anulación de proceso selectivo de funcionarios por utilización obligatoria de medios electrónicos
• Plazo de prescripción de la acción del contratista para reclamar de la Administración el cumplimiento
• Cálculo de intereses de demora a favor de la Administración en caso de demora en la remisión del expediente

En vigor el día 9 de mayo (momento en el que concluye el estrado de alarma que no se prorroga), se publica el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Introduce las siguientes medidas:

Medidas en comunidades en régimen de propiedad horizontal

Como medidas extraordinarias aplicables a las juntas de propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal, se establece la obligación de convocar y celebrar la junta de propietarios, la obligación de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto anual (prorrogándose el anterior así como los órganos de gobierno), quedará suspendida hasta el 31 de diciembre de 2021.