Nadie en su sano juicio dejaría el dinero en efectivo al alcance de cualquiera, sin embargo los datos se acumulan en ordenadores y papeles, en muchos casos sin las debidas medidas de seguridad, algo que puede tener consecuencias muy negativas para el negocio, además de incumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

El Reglamento (UE) 2016/679, más conocido como Reglamento General de Protección de datos, aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo, el 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, es de obligada aplicación desde el 25 de mayo de 2018.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo tercero del art. 34.2 (para procuradores) y del inciso “y tercero” del párrafo segundo y cuarto del art. 35.2 (para los abogados) de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. El texto impugnado determina la ausencia de recurso frente al decreto del letrado de la administración de justicia cuando los honorarios de los abogados se discuten por indebidos. Sin embargo, dicho decreto no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.

Para presentar con éxito una reclamación bancaria, se pueden seguir los cauces administrativos establecidos por el Banco de España o utilizar otras formulas más originales de protesta, como bailar flamenco en las oficinas bancarias, protesta cuyo video en YouTube tiene más de 1.300.000 visualizaciones.

A continuación nos centraremos en las formas de reclamación formal, ya que las protestas a pie de oficina, sonoras y folclóricas, es un arte espontáneo, que los afectados por problemas con los bancos emplean en muchos casos como último recurso, tras agotar todas las vías de reclamación sin ver resuelto su problema.

Según la memoria de reclamaciones del Banco de España del 2017, en los últimos 30 años, el Servicio de Reclamaciones, primero, y el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR), después, han resuelto 265.799 reclamaciones y 418.471 consultas (37.333 escritas y 381.138 telefónicas) presentadas por los clientes y usuarios de servicios financieros.

El BOE de 16 de marzo de  2019, publica la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario cuya entrada en vigor se producirá el 16 de junio de 2019.

La norma tiene por objeto la protección de las personas físicas que sean deudores, fiadores o garantes, de préstamos que estén garantizados mediante hipoteca u otro derecho real de garantía sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir (se aumenta el número y supuestos de personas físicas a las que se aplican “las normas de protección “), así como las reglas  de transparencia que han de regir los contratos que los contengan, el régimen jurídico de los prestamistas e intermediarios de crédito inmobiliario, y las normas de conducta aplicables a la actividad de prestamistas, intermediarios de crédito inmobiliario, representantes designados y asesores. La norma tiene carácter imperativo (ganándose en seguridad jurídica), no siendo disponibles para las partes contratantes salvo que la norma expresamente establezca lo contrario y en cualquier caso,  no será de aplicación a los contratos de préstamo suscritos con anterioridad a su entrada en vigor (salvo en casos de novación y subrogación). Para los contratos anteriores a la entrada en vigor de esta Ley en los que se incluyan cláusulas de vencimiento anticipado,” será de aplicación la nueva regulación de esta materia prevista en el artículo 24 “salvo que el deudor alegara que la previsión que contiene (el contrato) resulta más favorable para él”.

• Clubs sociales de cannabis y la falta de competencia municipal
• Impugnación del Real Decreto de disolución del Parlament y convocatoria de elecciones tras la aplicación en Cataluña del art. 155 CE
• Subvenciones concedidas a una empresa antes de la fecha de liberalización del mercado
• Segunda matriculación de vehículos a motor con modificaciones e inspección técnica

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15  del mes de marzo de 2019.

• El aprovechamiento urbanístico como objeto de derecho y de tráfico jurídico
• Servidumbre de paso sobre la azotea de un inmueble, vivienda habitual, propiedad del marido. Consentimiento de la esposa
• Inscripción de acuerdos tras la disolución de una SL por falta de adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales
• Inmueble adquirido tras iniciarse procedimiento de ejecución directa pero antes de expedirse la certificación de dominio y cargas
• Adjudicación de finca en convenio regulador, aprobado en sentencia firme de divorcio, mediante reconocimiento de dominio

• El consumidor conocía la existencia de la cláusula suelo como demuestra que pactara con el director de la sucursal que no se le aplicara
• Requisitos de información en los contratos a distancia para el ejercicio del derecho de desistimiento
• Validez de la convocatoria de junta general por consejo de administración incompleto pero mayoritario
• No procede la acción de repetición del Consorcio de Compensación de Seguros contra el conductor cuando corresponde indemnizar a la aseguradora

• Prisión a una madre que medicaba a su hija para que tuviera continua atención hospitalaria
• Falta de mención de la pena accesoria en la orden de detención europea y sus consecuencias
• Presupuestos para la aplicación de la agravante por razones de género del art. 22.4 del CP
• La tentativa en el delito contra la hacienda pública y la condición objetiva de punibilidad
• Parámetros para valorar la credibilidad de la declaración de la víctima el día del juicio
  

• Obligatoriedad o no de utilización de modelo oficial para solicitud de certificado sucesorio europeo
• Padre que pierde la custodia compartida por su tabaquismo y riego de salud de sus hijos
• Alcance de la calificación registral en el juicio notarial de suficiencia de las facultades de representación
• Tutela del derecho al honor e inclusión de personas jurídicas en un registro de morosos