El Consejo de Ministros ha aprobado el 16 de julio, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el proyecto de ley de Función Pública de la Administración General del Estado, un texto sobre el que se construye la transformación de la Administración poniendo el foco en el capital humano y en los procesos y procedimientos internos encargados de su gestión, y recuperando todos aquellos elementos de la ley que decayeron en su trámite parlamentario como consecuencia de las convocatorias electorales.

Este proyecto desarrolla las disposiciones contempladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en lo que a la Administración del Estado se refiere, y permite, junto a la aprobación del RDL 6/2023, diseñar un marco jurídico transformador por fases que pueda, por un lado, desarrollar todo el potencial innovador del texto refundido de la Ley del EBEP y, por otro, terminar con un marco jurídico obsoleto y fragmentario.

• Decisión del Tribunal Constitucional: El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de amparo de José Antonio Griñán, ex Presidente de la Junta de Andalucía, por vulneración de sus derechos a la legalidad penal y a la presunción de inocencia en el caso de los ERE de Andalucía.
• Motivos de la Decisión: El Tribunal considera que las sentencias previas realizaron una interpretación imprevisible del delito de prevaricación y malversación, lo que vulnera el derecho a la legalidad penal. Además, no se probó suficientemente que Griñán cometiera los hechos imputados, vulnerando su derecho a la presunción de inocencia.
• Retroacción de Actuaciones: Se ordena retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos.
• Votos Particulares: La sentencia cuenta con los votos particulares de cuatro magistrados, quienes discrepan de la decisión mayoritaria.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 de julio.

• Estafa inmobiliaria y cuantía de la pena de multa dentro del arco legal
• El desafío de fijar los límites conceptuales de la imprudencia grave, menos grave y leve en el ámbito penal
• Retroactividad penal por la entrada en vigor de la ley intermedia más favorable
• Delitos contra la salud pública y consumo compartido en Asociación cannábica

La Sala considera que puede resultar discriminatoria por, entre otros motivos, vulnerar el derecho a la igualdad ante la Ley

Introducción

Analizamos la reciente decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de España respecto a la inclusión de ciertos delitos en la Ley de Amnistía y las posibles implicaciones de plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Este análisis se enfoca en los aspectos jurídicos clave y las implicaciones constitucionales que surgen de esta resolución.

• Obligaciones de información en la contratación de productos financieros complejos
• La sociedad matriz no puede accionar por los perjuicios sufridos exclusivamente por sus filiales por prácticas contrarias a la competencia
• Naturaleza y extensión objetiva de la responsabilidad de los administradores sociales por deudas de la sociedad
• Seguro de caución e interrupción de la prescripción de acciones en obligaciones solidarias

• La intervención de los abuelos en los procedimientos de adopción
• Los tribunales pueden controlar la transparencia del clausulado en contratos tipo similares basándose en la percepción del consumidor medio
• Formación de inventario en liquidación de sociedad de gananciales
• No hay causa de desheredación por haberle maltratado de obra por falta vínculo de la hija no imputable a ella

• El TC declara inconstitucionales diversos preceptos de la Ley por el derecho a la vivienda
• El Constitucional anula la habilitación del voto telemático a los diputados prófugos
• Las Cofradías de pescadores no son oficinas de registro para las Administraciones Públicas, salvo que lo establezca una ley
• Derecho fundamental de iniciativa legislativa popular

• Acceso al registro de la manifestación y adjudicación de herencia suscritas en instancia privada
• En la ejecución hipotecaria el tipo de subasta viene determinado en el título ejecutivo y en la inscripción
• Vinculación ob rem entre fincas segregadas
• Solicitud de conciliación al registrador mercantil hecha por el liquidador de una sociedad

El Consejo de Ministros de 9 de julio ha acordado ampliar en un año el plazo para ejercer el derecho de optar a la nacionalidad española recogido en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Esta decisión posibilita la prórroga a un tercer año del plazo de dos años previsto inicialmente.

Decisión del Consejo de Ministros sobre la Nacionalidad Española

La aplicación de esta disposición adicional implica a las Oficinas del Registro Civil, con una incidencia muy importante sobre los Registros Civiles Consulares. A pesar de los esfuerzos para dotarlas de medios adicionales, en algunas Oficinas Consulares el plazo de dos años no ha sido suficiente para absorber la demanda de citas.