• Consideración de personas especialmente relacionadas con la deudora concursada a efectos de clasificación de créditos
• Concurso de acreedores. Efectos de la impugnación del inventario de la masa activa fuera del plazo legal
• Intereses devengados por las cantidades que el banco debe abonar al prestatario tras la anulación de la cláusula de gastos de una hipoteca
• Infracción del deber de declaración del riesgo en la contratación de un seguro de vida

• Presunción de inocencia y el control de la licitud de la prueba
• Presupuestos para la aplicación de la excusa absolutoria del art. 268 CP
• El Tribunal Superior de Justicia tiene una función revisora en virtud del recurso de apelación
• Naturaleza jurídica las características del delito de prevaricación administrativa

• Pago de costas tras obtener el beneficio de justicia gratuita por haber venido a mejor fortuna
• El TS mantiene la pensión compensatoria a favor de la esposa pese a la liquidación de la sociedad de gananciales y la recepción de una herencia
• Naturaleza de las arras entregadas en un contrato de compraventa: penitenciales o confirmatorias
• Fijación del régimen de guarda y custodia del menor trasladado a España junto con la madre desde EEUU

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 16 al 31 del mes de diciembre de 2018.

• Compra de locales por un Colegio Oficial representado por su presidente y tesorero habilitados por la junta de gobierno
• Depósito de cuentas. Consignación del dato «cero» como resultado del ejercicio -beneficio/pérdida– en la hoja de Datos Generales de Identificación
• Partición hereditaria tramitada conforme al Código Civil y la Ley del Notariado por quien tiene vecindad civil gallega
• Mandamiento de cancelación. Sentencia firme en cuyo fallo no se declara la nulidad de la escritura pública en virtud de la que se practicó la inscripción ni se acuerda su cancelación
• Solicitud de consulta de los libros del Registro por abogado de la interesada como heredera en conocer el precio de una compraventa

• El pago voluntario, tras la propuesta de resolución, de una sanción pecuniaria implica la terminación del procedimiento
• El Tribunal Supremo anula dos requisitos del Decreto de 2014 que regula los apartamentos de uso turístico en la Comunidad de Madrid
• Nulidad parcial del Decreto que regula las viviendas de uso turístico en la Comunidad de Madrid
• Potestad sancionadora del Consejo General del Poder Judicial e independencia judicial

Mediante la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, se incorpora al Derecho español la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos.

El Consejo de Ministros ha aprobado con el Real Decreto 1514/2018, de 28 de diciembre, la modificación del artículo 48 del Reglamento General de Circulación (Real Decreto 1428/2003) referido a los límites de velocidad en las carreteras convencionales con el fin principal de reducir la siniestralidad vial y cumplir el objetivo establecido en la estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 de bajar de 37 la tasa de fallecidos en accidente de tráfico por millón de habitantes. En 2017 la tasa fue de 39.

Intereses devengados por las cantidades que la entidad prestamista debe abonar al prestatario tras la anulación de la cláusula de gastos de un préstamo hipotecario

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto en mediante sentencia de 19 de diciembre, cómo deben calcularse los intereses devengados por las cantidades que el banco debe abonar al prestatario tras la anulación de la cláusula de gastos de un contrato de préstamo hipotecario. La nulidad de dicha cláusula, declarada por el Juzgado de Primera Instancia y confirmada por la Audiencia Provincial, no ha sido discutida ante el Tribunal Supremo y, por ello, el pronunciamiento de la Sala Primera se limita a la cuestión de los intereses.

Fijada en más de 1.500 millones de euros, deberán repartirse entre los Estados español y francés, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados por el vertido entre particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos y sociedades. 

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia definitiva sobre la responsabilidad civil derivada de la catástrofe del ‘Prestige’, que fija indemnizaciones por importe superior a los 1.500 millones de euros, que deben repartirse entre el Estado español -como principal perjudicado-, el francés, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados por el vertido que son particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos y sociedades.