• Falta de emisión en plazo de la certificación sobre invasión del dominio público por el Servicio Periférico de Costas
• Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario. Condiciones para su aplicación
• Sucesiones. El fideicomiso de residuo
• Modificación del título constitutivo de una propiedad horizontal. Intervención de herederos y legatarios de cosa cierta
• Salida a la vía pública a través de un elemento privativo. Vinculación «ob rem»

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 del mes de octubre de 2021.

• Derecho del menor a ser oído en los procesos relativos a su custodia
• No cabe fijar la indemnización por responsabilidad médica mediante la aplicación postulada del baremo de tráfico, a través de la utilización de dos normas jurídicas distintas
• Oposición a las operaciones divisorias en la liquidación del régimen económico matrimonial
• Designación de peritos y aportación de dictámenes al proceso civil en función de actuaciones procesales posteriores a la demanda
• Cuando consta la causa determinante del evento dañoso no puede retrocederse en el curso causal para imputar el daño a la víctima

• Momento procesal de apreciación del instituto de la prescripción
• Contenido del derecho a conocer la acusación y variación del título de condena
• Presunción de inocencia enervada por el testimonio de la víctima en agresiones sexuales
• Distinción del delito de detención ilegal y robo con violencia y su posible relación con el delito de extorsión

• Son de cuantía indeterminada las pretensiones sobre principios o derechos fundamentales reclamadas para un colectivo por una entidad que lo represente
• Defensa de la competencia. Cártel. Intercambio de información sobre precios y aspectos comerciales
• Solicitud de entrada y registro en domicilio antes de iniciarse un procedimiento de comprobación e inspección tributaria
• El justiprecio de una expropiación de finca con una vivienda arrendada no puede descontar la indemnización a los arrendatarios

• Daños en la mercancía por defectos de trincaje en un contrato de transporte marítimo bajo conocimiento de embarque
• Protección jurídica de las bases de datos en la Unión Europea
• Infracción del Derecho de la competencia de la Unión de sociedad matriz reclamada a la filial
• El uso del diseño en un producto debe producir en el usuario informado una impresión general distinta para apreciar singularidad
• Régimen retributivo del administrador concursal. Retroactividad impropia del límite de doce meses de la Ley 25/2015

En vigor el día 9 de mayo (momento en el que concluye el estrado de alarma que no se prorroga), se publica el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Introduce las siguientes medidas:

Medidas en comunidades en régimen de propiedad horizontal

Como medidas extraordinarias aplicables a las juntas de propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal, se establece la obligación de convocar y celebrar la junta de propietarios, la obligación de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto anual (prorrogándose el anterior así como los órganos de gobierno), quedará suspendida hasta el 31 de diciembre de 2021.

En el BOE de 24 de marzo, se publica el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, y supone la transposición de la Directiva de Servicios (incorporada en el derecho interno a través de la Ley 17/2009 y 25/2009), la ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, y la ley de sociedades profesionales. Actualiza la normativa que regula la profesión y la dota de un marco legislativo moderno y eficaz. Organizativamente se apuesta por la modernización en todos los órdenes, comenzando con el uso de las nuevas tecnologías, en un proceso de concurrencia con los avances en la digitalización de la justicia. En cuanto al modo de ejercicio de la profesión se aborda tanto en forma societaria como no societaria, con disposiciones específicas respecto de las sociedades profesionales y multidisciplinares.

El texto cuenta con 141 artículos, una disposición adicional, cuatro transitorias, una derogatoria y 4 disposiciones finales, sustituyendo al Estatuto actual, en vigor desde el año 2001.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón contra diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero (LCSP).

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Xiol Ríos, aborda como cuestión esencial determinar si la competencia estatal para dictar las bases en materia de contratación administrativa al amparo del art. 149.1.18 CE se ha ejercido, como aduce el Gobierno aragonés, en perjuicio de las competencias autonómicas de desarrollo legislativo y ejecución o de su potestad de autoorganización en los términos que ha precisado el Tribunal; o se ha traducido, en algunos casos, en el establecimiento de normas de carácter supletorio.

Se publica en el BOE de 25 de marzo, la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la norma con 202 votos a favor, 141 votos en contra y 2 abstenciones, una vez votados y ratificados los cambios realizados durante su tramitación en el Senado, que han quedado incorporados al texto con 198 votos a favor, 142 en contra y 2 abstenciones. La norma, entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (es decir, el 25 de junio de 2021), salvo su artículo 17, referente a la creación y composición de las Comisiones de Garantía y Evaluación, que entrará en vigor el 26 de marzo de 2021.
Esta iniciativa, impulsada por el Grupo Socialista, introduce en el ordenamiento jurídico español la eutanasia como un nuevo derecho individual, entendida como "la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios".