La vacunación es "la única alternativa eficaz para la adecuada protección de su vida" frente al "riesgo real" de desarrollar una enfermedad grave por Covid-19

El Juzgado de Primera Instancia número 17 de Sevilla ha dictado un auto en el que autoriza al servicio médico-sanitario de una residencia de mayores de la capital hispalense a suministrar la vacuna contra el Covid-19 a una usuaria de 86 años de edad "que no se encuentra capacitada para adoptar de una forma válida y consciente cualquier tipo de decisión que afecta a su salud", todo ello tras la negativa de su hijo a otorgar su consentimiento para la citada vacunación.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 del mes de enero de 2021.

• Pérdida de la condición de colegiado por impago de las cuotas colegiales
• El usuario de un servicio público carece de legitimación para impugnar los acuerdos relativos al contrato de concesión
• Derechos económicos y políticos de los concejales no adscritos
• Provisión de plazas en el orden contencioso. Tercer turno. Discrecionalidad técnica

• Ocultación de datos relevantes para valorar el riesgo en seguros de vida
• Consumidores: inducción a error por la reproducción de la forma o apariencia de un producto con DOP
• Contenido de la información a los consumidores que debe figurar en los productos cosméticos
• Compensación de liquidaciones de IVA tras concluir el concurso por insuficiencia de la masa activa

• Suspensión del acto del juicio por aislamiento del letrado
• La inadmisión del recurso de casación conlleva la del recurso extraordinario por infracción procesal
• Expresiones vertidas por escrito en el curso de un proceso por el abogado de una parte referidas al de la parte contraria
• Servidumbre forzosa de acceso a una red general

• Estafa por alteración del cuentakilómetros en la venta de vehículo de segunda mano
• Falsedad de documento mercantil el contrato de préstamo entre particulares
• Presupuesto de perseguibilidad en los delitos contra la intimidad
• Decomiso de instrumentos del delito en la UE

• Delimitación gráfica alternativa a la catastral. Oposición del titular colindante
• Mandamiento de cancelación. Cargas posteriores a una anotación preventiva de embargo caducada. Certificación de título y cargas
• Uso de expresiones genéricas, ambiguas o imprecisas en el juicio notarial de suficiencia de facultades
• La advertencia sobre la reclamación del total adeudado en el requerimiento de pago en la Ley 5/2019
• Primera inscripción en el Registro de Bienes Muebles de un buque que está construyéndose en el extranjero

La crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 ha tenido importante repercusión sobre algunos sectores como el turismo o el comercio, esenciales para la economía española lo que hace necesario extender la aplicación de algunas de las ayudas aprobadas en meses anteriores; y así además de las medidas laborales (capitulo II) y tributarias (Capitulo III), nosotros nos centraremos en las medidas del capítulo I de este Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre (BOE de 23 de diciembre y entrada en vigor al día siguiente), de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, cuyo objetivo se establece en reducir los gastos fijos de arrendamiento que soportan empresas y autónomos.

La falta de ingresos o la minoración de los mismos durante el periodo que dure el estado de alarma puede dar lugar a la incapacidad financiera de autónomos y pymes para hacer frente al cumplimiento, total o parcial, de sus obligaciones de pago de renta de locales en alquiler que pone en serio riesgo la continuidad de sus actividades y ni la Ley 29/1998 de arrendamientos urbanos, ni el Código Civil ofrecen soluciones a la situación actual, por lo que esta norma propone un procedimiento para que las partes puedan llegar a un acuerdo para la modulación del pago de las rentas de los alquileres de locales, como continuación y mejora del que se propuso por el Real Decreto-ley 15/2020. Las medidas señaladas en el capítulo I que a continuación señalamos, se limitaran solo a aquellos casos de falta de acuerdo entre las partes:

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, (BOE de 23 de diciembre y de entrada en vigor el mismo día), de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, que introduce nuevas medidas de protección para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, introduciendo además una serie de mejoras para asegurar la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes.

En primer lugar, con objeto de extender y asegurar la protección de las personas arrendatarias de vivienda en situación de vulnerabilidad, ya establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se amplía el alcance temporal y subjetivo de las medidas establecidas para responder a la gravedad de las consecuencias de la pandemia. En particular:

Tras la tendencia ascendente en el número de contagios del covid-19 en España, muy por encima de los 60 casos por 100.000 habitantes que marca el umbral de alto riesgo, se publica en el BOE el 25 de Octubre, momento de entrada en vigor, el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara de nuevo el estado de alarma, en el que destacan algunas medidas dirigidas a evitar la agrupación de personas sin relación de convivencia y mantener el distanciamiento entre ellas, así como reducir la movilidad de las poblaciones.

• En primer lugar, se establece, con excepciones, la limitación de la libre circulación de las personas en horario nocturno;
• Asimismo, se establece la posibilidad de limitar la entrada y salida de los territorios de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía, así como de ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior;
• También se establece la posibilidad de limitar la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados.
• Finalmente, se prevé la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan imponer la realización de prestaciones personales obligatorias.