• La gravedad en los casos de malos tratos del "silencio cómplice" del entorno de la víctima
• Es delito de trata de seres humanos la actividad de los clubs de carretera donde se esclaviza" a mujeres extranjeras

• Revocación de la promesa de donación de una madre a su hijo
• Determinación del carácter ganancial o privativo de bienes inmuebles en la liquidación de la sociedad de gananciales. Derecho de reembolso

La Sala en su sentencia concluye que los demandantes presentaron a tiempo la solicitud de reestructuración de su deuda hipotecaria y su contenido se adecuaba a la previsión legal

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en sentencia de 9 de julio, ha condenado a Abanca a reestructurar el préstamo hipotecario de una pareja, que estaba en el umbral de exclusión, por incumplir su deber legal de atender dicha solicitud que fue presentada en plazo, antes del anuncio de la subasta de la vivienda, y rechazarla por causas no previstas en el Código de Buenas Prácticas del Real Decreto-ley 6/2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, al que se había adherido voluntariamente.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 del mes de julio de 2019.

• Delito societario de lesión de derechos sociales de participación e información a los socios
• Basta con usar un enganche ilegal de electricidad para consumar el delito de defraudación de energía eléctrica
• Doctrina jurisprudencial sobre el delito de intrusismo
• Delito continuado de estafa con bitcoins e indemnización al ser activo inmaterial

• Propiedad horizontal. Consideración como materia contractual del acuerdo de junta de propietarios sobre la obligación del pago de gastos
• El Tribunal Supremo declara que la sociedad de gananciales se extingue desde la sentencia de divorcio
• Reivindicación de bienes calificados de patrimonio histórico y cultural subastados
• El pago de la legítima estricta de los descendientes comunes no puede quedar sujeto a plazo

• El Supremo resuelve cuestiones novedosas sobre el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso de acreedores
• El Supremo reitera la responsabilidad de Bankia por ofrecer información gravemente inexacta en el canje de preferentes por acciones
• Restricciones al juego realizadas en la cuenta de un usuario por sus excesivas ganancias
• Impugnación judicial de acuerdos sociales y legitimación pasiva del procedimiento

• La obligación de los operadores de telecomunicaciones de ámbito supraautonómico de financiar RTVE
• El arbitraje, la conciliación y la representación y defensa procesales se excluyen del ámbito de aplicación de la Directiva sobre contratación pública
• Solicitud de prórroga de autorización de residencia temporal de extranjeros
• Protección de datos y libertad de información en relación al derecho al olvido en internet

El que tenga alguna duda sobre la importancia de la protección de datos debe saber que la multimillonaria multa que acaba de recibir British Airways por la sustracción de datos de sus clientes asciende a 205 millones de euros.

El delegado de protección de datos (DPD), o, en inglés, data protection officer (DPO), se convierte, por lo tanto, en una figura clave dentro de las organizaciones, ya que la seguridad y protección de los datos cobra tal magnitud que puede afectar incluso a la supervivencia de la empresa.

Esta nueva figura, especializada en la protección de datos, nace con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) aprobado por el Parlamento Europeo y su trasposición al Derecho español. Esta normativa exige que dicho delegado cumpla determinados requisitos de capacidad, siendo responsabilidad de la empresa en la que preste sus servicios el asegurarse que así sea.

En su sentencia de 20 de junio de 2019, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera que el bitcoin no es dinero, ni puede tener esa consideración legal, a los efectos de responsabilidad civil al considerar que se trata de un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten.

En su primera sentencia por una estafa en esta criptomoneda, el tribunal confirma una condena de dos años de prisión al administrador único de la empresa Cloudtd Trading&DEVS LTD que firmó contratos de gestión con cinco personas que le entregaron los bitcoins en depósito para que, a cambio de una comisión, reinvirtiera los dividendos y entregara las ganancias obtenidas. Sin embargo, según los hechos probados, cuando se firmaron dichos contratos el condenado tenía intención de apoderarse de los bitcoins recibidos sin ánimo de cumplir con sus obligaciones.

Además de la pena de prisión, la Audiencia Provincial de Madrid impuso al acusado el pago a las víctimas de la estafa de una indemnización en el valor de la cotización de los bitcoins en el momento de la finalización de cada uno de sus respectivos contratos, que se determinaría en ejecución de sentencia, y declaró, además, la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa.