Mediante el Real Decreto-ley 19/2020, (BOE de 27 de Mayo), se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

Entre otras medidas, se recupera nuevamente la conservación del número de abonado en caso de cambio operador o portabilidad en el sector de las telecomunicaciones que quedó suspendida con el RD Ley 8/2020. Así mismo, los operadores de comunicaciones electrónicas deberán conceder a sus abonados, previa solicitud de estos, un fraccionamiento (seis meses u otro acordado) y, aplazamiento de la deuda en las que hayan incurrido hasta el 30 de junio durante el estado de alarma.

Así mismo, con el objetivo de favorecer la aplicación de medidas y acuerdos de aplazamiento de los pagos de créditos y préstamos con un alcance más aún más amplio que el inicialmente previsto en las moratorias legales y con carácter complementario a estas, este real decreto-ley incorpora un régimen especial para los acuerdos de moratoria alcanzados entre las entidades prestamistas y sus clientes. Cuanto mayor sea el alcance subjetivo de estos acuerdos de aplazamiento de la deuda, cuanto más numeroso sea el colectivo de personas a las que beneficia, más reducido será el impacto económico generado de forma inmediata por la pandemia.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 del mes de mayo de 2020

• El seguro de responsabilidad civil derivado de la circulación de vehículos de motor no cubre al conductor asegurado por la muerte de sus familiares causada por su propia conducta
• La denuncia de la prórroga del contrato de seguro de vehículos por la compañía no implica la cobertura adicional de un mes
• Condiciones generales de la contratación. Control de incorporación. oportunidad de los prestatarios de conocer su inclusión en el contrato
• Requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros
• Compensación a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque

• La prescripción extintiva de acciones ha de ser interpretada restrictivamente
• Arrendamiento de vivienda con opción de compra
• Intromisión en el derecho al honor por inclusión en un registro de morosos sin comunicación previa
• Acción de retracto de comuneros posterior a la acción de división judicial de una finca

• Usucapión de finca integrada en una herencia yacente con herederos desconocidos. Transcurso del plazo de audiencia al demandado rebelde
• Modificaciones estatutarias o estructurales posteriores a la declaración de concurso. Acceso al registro
• Notificación de convocatoria de junta general. Presunción de veracidad y fehaciencia en la distribución, entrega y recepción
• Disolución del régimen económico de un matrimonio chino. Acreditación y prueba del derecho extranjero
• Ejecución directa sobre bienes hipotecados. Adjudicación por importe inferior al 50% del valor de tasación

• Prisión permanente revisable en el asesinato de menores
• Delito de maltrato de obra en el ámbito familiar e imposición preceptiva de prohibición de aproximación
• Condena por delito contra la seguridad del tráfico, anulada por estimación del recurso contencioso-administrativo
• Delito continuado de estafa y delito de falsedad

• Derecho de acceso a la información pública. Interés casacional. Información anterior a la entrada en vigor de la Ley 19/2013. Inadmisión. Reelaboración
• Naturaleza jurídica de las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética
• Actos de comunicación con las partes aún no personadas o no representadas por procurador
• Daños y perjuicios provocados en explotación ganadera por fauna salvaje (lobos)

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, por la que se procede al alzamiento de la suspensión de la realización de la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y se acuerda la convocatoria de la prueba.

Por Orden PCI/1261/2019,  que quedó suspendida por el estado de alarma y su Real Decreto 463/2020, y esta resolución, considera adecuado alzar la suspensión de la tramitación de este procedimiento y acordar la celebración de la prueba.

El texto refundido de la Ley Concursal aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, es el resultado de la regularización, la aclaración y la armonización de unas normas legales que, como las que son objeto de refundición, han nacido en momentos distintos y han sido generadas desde concepciones no siempre coincidentes.

El Texto es fruto de la habilitación conferida al prelegisador la disposición final octava de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, ampliada temporalmente por la disposición final tercera de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

En el BOE de 29 de abril, y con entrada en vigor al día siguiente, se publica el Real Decreto 16/2020, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Conforme a su disposición transitoria primera, el real decreto-ley se aplicarán a todas las actuaciones procesales que se realicen a partir del30 de abril, cualquiera que sea la fecha de iniciación del proceso, no obstante, aquellas actuaciones que tengan un plazo determinado de duración en esta misma norma, se sujetarán al mismo.