Mediante la Ley 2/2020, de 27 de julio, publicada el 28 del mismo mes, se modifica el plazo en el que se desarrolla la investigación judicial en un procedimiento penal (artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento criminal), que pasa de seis meses a doce desde su incoación con la posibilidad, mediante auto motivado, de prorrogarlo por otro plazo de igual duración o bien por plazos inferiores a seis meses.

Las diligencias de investigación que se ordenen, serán válidas si se han acordado en plazo, aunque se terminen después.

Publicamos la TABLA DE CORRESPONDENCIAS de los preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con los del texto refundido que se aprueba mediante el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo y que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2020.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 del mes de julio de 2020.

• La subordinación de los legados al previo pago de las deudas del causante y al principio de intangibilidad de las legítimas
• Límite temporal en la atribución del uso de la vivienda en los casos de custodia compartida
• Responsabilidad civil del letrado: carga de la prueba
• La resolución de obligaciones contractuales. Evolución de la jurisprudencia sobre el 1124 CC

• Contratación del socio único con la sociedad unipersonal
• Impugnación de lista de acreedores: Crédito reconocido como con privilegio especial al tener una garantía real. Falta de legitimación de la administración concursal para instar la nulidad de la prenda
• La renuncia a futuras acciones judiciales basadas en derechos reconocidos por la Directiva 93/13 no vincula al consumidor
• Venta online de tarjetas descuento en futuras compras de billetes de tren sin informar del derecho de desistimiento

• Infracción muy grave del Ayuntamiento por tratar datos de ideología y religión en una encuesta
• Planes y programas de protección de la atmósfera y competencia de las Comunidades Autónomas sobre el medio ambiente
• El Supremo declara nula la prórroga de la designación de Telefónica como operador encargado de mantener una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago
• El EBEP derogó la posibilidad del ejercicio de la fe pública local por personas distintas de habilitados nacionales en Madrid

• Estafa impropia gravando un bien enajenado antes de la definitiva transmisión al adquirente
• Delitos sobre el patrimonio histórico y receptación de delitos
• Delito de estafa en préstamo hipotecario no reintegrado
• Derecho a la dispensa de declarar contra determinados parientes

En el BOE de 6 de julio de 2020, se publica el Real Decreto-Ley 25/2020, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, con entrada en vigor el 7 de julio de 2020.

Junto con las medidas ya tomadas de apoyo a la liquidez, laborales y de sostenimiento de rentas, con especial atención a los autónomos y el ajuste interno alternativo a la destrucción de empleo a través de un nuevo régimen de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE, prorrogado hasta el 30 de septiembre, igual que las ayudas a los autónomos); de los Reales Decretos-ley 7/2020, de 12 de marzo (medidas laborales, y medidas fiscales); 8/2020, de 17 de marzo, 11/2020, de 31 de marzo, y 15/2020, de 21 de abril, en paralelo, la Unión Europea ha desplegado un conjunto de instrumentos destinados a reforzar la red de seguridad para las empresas, los Estados y los trabajadores, poniendo en marcha tres nuevos instrumentos de financiación a corto plazo, mediante el nuevo programa de garantías para inversión empresarial del Banco Europeo de Inversiones, el nuevo mecanismo comunitario de apoyo a los esquemas de protección temporal del empleo (SURE) y una nueva facilidad precautoria del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para financiar los gastos sanitarios directos e indirectos derivados de la lucha contra la pandemia.

Con este Real Decreto-Ley se complementan todas las anteriores medidas y entre otras medidas, se regulan las siguientes:

• Antecedentes penales que podrían haber sido cancelados
• Prescripción de delito y suspensión de actuaciones a consecuencia del planteamiento de una cuestión prejudicial devolutiva
• Una conformidad expresada por sólo parte de los acusados resultará irrelevante para determinar el sentido de la sentencia
• La consumación en los delitos de contrabando

• Competencia para la regulación de la cooficialidad de la lengua propia de cada Comunidad Autónoma
• Recepción de publicidad proveniente de un tercero con el que ha contratado el responsable ante el que se ha ejercitado el derecho de oposición
• Los familiares de un ciudadano de la Unión Europea con tarjeta de residencia permanente no necesitan visado para entrar en un Estado miembro
• La industria farmacéutica no puede obsequiar a los farmacéuticos con muestras gratuitas de medicamentos sujetos a receta médica