A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 de julio.

• Dilaciones indebidas y medición de la intensidad a efectos de la atenuante
• Requisitos del tipo penal del delito de impago de pensiones
• Condena en costas a la acusación particular
• Anonimización de la identidad de un testigo en la suspensión de la patria potestad

• Inconstitucionalidad y nulidad del art. 65 d) de la Ley de Madrid 3/2016
• Eliminación de la exigencia de determinado nivel de catalán para acceder a puestos en el Servicio de Salud balear
• Indemnización de 73.688,8 euros a una ciclista que sufrió una caída cuando circulaba por la carretera
• Protección marcaria de las denominaciones de origen e incidencia de la polisemia de las marcas

• Acción de repetición por aseguradora frente a codeudor
• Momento para la liquidación del régimen económico matrimonial de la sociedad de gananciales
• Límites a la potestad disciplinaria de los letrados de la administración de justicia
• Actos de comunicación procesal. Notificación edictal. La diligencia del interesado

• Reclamación a cada uno de los socios de las deudas sociales anteriores a la reducción del capital social
• Nulidad del contrato de franquicia por la fijación de precios
• Posibilidad de formular protesta por retraso en el transporte de equipaje antes de que sea puesto a disposición del destinatario
• Compatibilidad de causas de nulidad absoluta de marcas de la UE. Mala fe del solicitante

• Solicitud de información sobre la valoración que se dio a una finca
• Equivalencia entre documentos públicos españoles y extranjeros
• La exclusión por el legislador de la autonomía de la voluntad sobre el interés de demora
• Inmatriculación por doble título público. Variaciones en la descripción de la finca

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados y 50 senadores del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (LOANCat).

La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta del Tribunal, Inmaculada Montalbán Huertas, avala la legitimidad constitucional de la amnistía otorgada por las Cortes Generales salvo en los tres siguientes aspectos:

1. Se declara la inconstitucionalidad por omisión del art. 1.1 por ser contrario al principio de igualdad (art. 14 CE) al no otorgar la amnistía a aquellas conductas dirigidas a rechazar el “procés”.
2. Se declara que el segundo párrafo del art. 1.3 es inconstitucional y nulo porque permite amnistiar conductas posteriores a la aprobación de la LOANCat, vulnerando el art. 14 CE.
3. Se declara que los apartados 2 y 3 del art. 13 no son inconstitucionales siempre que permitan la audiencia de todas las partes personadas en el proceso ante el Tribunal de Cuentas en el tramite procesal referido a la aplicación de la LOANCat.

La Sala recuerda que no cabe una solución unívoca sobre la validez o invalidez de la cláusula que establece la comisión de apertura, puesto que dependerá del examen individualizado de cada caso.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha examinado dos cláusulas de comisión de apertura contenidas en sendas escrituras públicas de préstamo hipotecario y declara que son transparentes y no abusivas.

Para apreciar su validez, aplica las pautas de examen expresadas en la sentencia 816/2023, de 29 de mayo, que fueron refrendadas por las sentencias del TJUE de 30 de abril de 2025 (asuntos C-699/23 y C-39/2024). Estas sentencias indicaron de manera expresa que la jurisprudencia española en materia de comisión de apertura es plenamente concorde con la Directiva 93/13, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores.