Aún no nos hemos sobrepuesto a los devastadores resultados de la crisis de 2008, cuyo componente principal quedó demostrado ser en España, y en otros países, el incremento descontrolado del precio del suelo y toda una economía especulativa que se basó en él, y ya los expertos auguran la inminente formación de una nueva burbuja que lleva camino de explotar, como lo hicieron sus antecesoras. Con independencia de los altibajos a que está sujeto el mercado inmobiliario, lo cierto es que el suelo es aún el componente principal en multitud de empresas del tejido empresarial español, y un sector que nunca dejará de representar ocasiones de negocio a quienes sepan comprenderlo y ajustar su estrategia a los continuos cambios.

Con todo y con eso, lo cierto es que el sector inmobiliario vuelve a estar en alza. Después de la depuración de los balances de la banca, la puesta en mercado de parte del fondo inmobiliario que la SAREB atesoraba y la irrupción de los así llamados fondos buitres en el escenario del mercado, lo cierto es que los inmuebles no paran de subir de precio en los últimos trimestres, marcando una tendencia ascendente que hace presumir riesgos de burbuja.

La forma en que las empresas financian sus activos mobiliarios o inmobiliarios es una decisión clave, en la que se deben tener en cuenta diferentes aspectos, existiendo básicamente los siguientes tipos de contrato para financiar estas operaciones:

• Contrato o póliza de préstamo.
• Contrato de préstamo hipotecario.
• Contrato de arrendamiento financiero o leasing.
• Contrato de arrendamiento operativo o renting.

Publicada en el BOE de 6 de diciembre de 2018 la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, es decir el 7 de diciembre de 2018. La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española y aunque el Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, ya obligaba a todos los países miembro de la Unión Europea, aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, quedaba pendiente que cada país acometiera la aprobación de legislación propia al respecto para darle cobertura, lo que ha supuesto en España la elaboración de esta Ley orgánica que sustituye a la anterior Ley orgánica 15/1999.

• Sociedad inactiva. Falta de cumplimentación de la información sobre periodo medio de pago a proveedores
• PYMES. Falta de cumplimentación de la información sobre el periodo medio de pago a proveedores de la hoja IDP2
• Suspensión de la emisión de la certificación del artículo 201 LH por dudas sobre la identidad de la finca
• La identidad entre denominaciones sociales: «cuasi identidad» o «identidad sustancial»
• Compraventa con precio aplazado. Condición suspensiva. Pacto de reserva de dominio

El hombre no es el padre biológico de los bebés, pero cuando fueron inscritos en el Registro Civil hizo un “reconocimiento de complacencia” indicando que él era el progenitor. Diez meses después, la mujer presentó una demanda para impugnar la paternidad y ahora la Audiencia Provincial de Cantabria le da la razón.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha estimado el recurso de apelación de una mujer y ha declarado nulo y sin efecto el reconocimiento de la filiación paterna realizado por quien era su pareja sobre los dos hijos biológicos de ella.

En una sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación, el órgano de apelación alude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que admite la impugnación de la paternidad de hombres que hicieron un “reconocimiento de complacencia” ante el Registro Civil, esto es, que reconocieron la filiación siendo conscientes de que no eran los padres biológicos.

• Anulación de preceptos del Decreto sobre uso del valenciano en la Administración de la Generalitat
• El trámite de información pública es necesario, aunque no requiere ser previo a la declaración de necesidad de ocupación en el procedimiento expropiatorio de urgencia
• El CGPJ es incompetente para pronunciarse sobre la actividad jurisdiccional de jueces y magistrados
• Terminación convencional en un expediente sobre defensa de la competencia. Concertación de precios de arrendadores de vehículos sin conductor
  

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 16 al 30 del mes de noviembre.

Criterios y efectos de la abusividad de las cláusulas de interés de demora en préstamos concertados con consumidores tras el respaldo por el TJUE de la doctrina de la Sala Primera

La sentencia 671/2018, dictada en el día de hoy, aborda por primera vez la abusividad de los intereses de demora en préstamos concertados con consumidores después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldara la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre esta materia.

Gabriel Fernández Villegas
Abogado. Ilustre Colegio de Abogados de Almería

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El Pleno de la Sala Primera ha resuelto en esta sentencia el efecto que produce la convivencia del progenitor custodio con una nueva pareja respecto del derecho de uso de la vivienda familiar atribuido en la sentencia de divorcio.

La sentencia recurrida había acordado la extinción del derecho de uso en el momento en que se procediera a la liquidación de la sociedad de gananciales, por considerar que la entrada de una tercera persona en la vivienda hacía perder a esta su antigua naturaleza de vivienda familiar, al servir ahora en su uso a una familia distinta y diferente.