El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 298/XII, de 7 de marzo, del Parlamento de Cataluña, de creación de la Comisión de Investigación sobre la Monarquía, al considerar que tanto la comunidad autónoma como su cámara legislativa carecen de atribuciones competenciales para ello, ya que habrían conculcado los arts. 59.6 del Estatuto Autonómico de Cataluña y 67.1 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, respectivamente.

La sentencia, redactada por el Magistrado Antonio Narváez, señala que “el Parlamento de Cataluña, al adoptar su Resolución 298/XII, ha hecho uso de una potestad estatutaria en un sentido que no es conforme a la Constitución, pues ninguna competencia ostenta la Generalitat –o cualquier comunidad autónoma- para disponer cosa alguna sobre órganos de las instituciones generales del Estado”. Por tanto, dicha actuación incurriría en una “incompetencia manifiesta”.

• El papel del registrador ante derechos reales ajenos al Derecho español
• Cambio de uso de un inmueble a través del 28.4 TRLSRU. La certificación catastral descriptiva y gráfica
• La hipoteca individual constituida en favor de la administración. El requerimiento para su cancelación
• La separación entre la subasta y la adjudicación directa tras el Real Decreto 1071/2017

La Audiencia de Almería ha condenado a la pena de prisión permanente revisable a la mujer que asesinó a un menor en la localidad almeriense de Níjar, según declaró probado un jurado popular. En la sentencia, notificada hoy a las partes, se la considera autora de un delito de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco. La condenada tendrá también que indemnizar a cada uno de los padres del menor con 250.000 euros.

También ha sido condenada por dos delitos de lesiones psíquicas cometidos en las personas de los padres del menor a tres años de prisión en la persona del padre, por la concurrencia de la agravante de parentesco, y a dos años y nueve meses de prisión en la persona de la madre. Y por dos delitos contra la integridad moral a un año y seis meses en la persona del padre, al concurrir la agravante de parentesco, y un año en la persona de la madre.

En concepto de responsabilidad civil, la sentencia la obliga a abonar por daños morales a los padres del menor la cantidad de 250.000 euros a cada uno de ellos. Tampoco podrá acercarse a ellos a menos de 500 metros por un periodo de 30 años. Junto a ello, tendrá que abonar los gastos ocasionados al Estado en las labores de búsqueda del menor, que ascienden a la suma de 200.203 euros.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 16 al 30 de septiembre de 2019.

• Competencia judicial en materia de responsabilidad parental. Excepción a la regla de competencia del lugar de residencia habitual del menor
• El TS declara la abusividad de un contrato de mantenimiento de ascensores y da la razón a la comunidad de propietarios
• Reglas de imputación de las donaciones hechas a los legitimarios
• Privación de la patria potestad por graves incumplimientos del progenitor

• Momento al que ha de referirse la valoración en una expropiación legal y legislación aplicable
• Sanción a Bankia por prácticas de autocartera
• La aplicación de la reforma local en el Territorio Histórico de Álava. Anulación parcial de la Norma Foral 4/2015
• El Supremo confirma la anulación parcial de la Norma Foral 4/2015, que aplicaba la reforma local en el Territorio de Álava

• El TS exonera a una mujer del pago de unos préstamos bancarios suscritos por su marido falsificando su firma.
• Competencia judicial en los casos de acuerdos colusorios sobre fijación de precios.
• Indemnización por el salario dejado de percibir por cancelación de vuelos.
• El interés de demora por un accidente aéreo se rige por la Ley de Contratación de Seguros.

El Ministerio de Hacienda ha publicado el 23 de septiembre el Proyecto de Real Decreto XX/2019, por el que se modifica el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

El proyecto está en el trámite de información pública y el Órgano proponente ha sido la Dirección General del Patrimonio del Estado.

La fecha límite para la presentación de aportaciones es el 30 de septiembre de 2019 (Tramitación de urgencia).

El Pleno de la Sala de lo Civil analiza en esta sentencia los criterios de nulidad de las cláusulas de duración insertas en el condicionado general de determinados contratos de mantenimiento de ascensores. En el caso resuelto, se trataba de un contrato de los calificados como «a todo riesgo», con una duración de cinco años, que se prorrogaban tácitamente por periodos iguales, salvo denuncia de alguna de las partes con noventa días de antelación. Para el caso de que alguna de las partes desistiera del contrato, se establecía una penalización del 50% de las cuotas pendientes hasta la fecha establecida para su finalización.

La sentencia recurrida había estimado la demanda de la empresa de mantenimiento y había condenado a una comunidad de propietarios a abonar la indemnización correspondiente por haber desistido unilateralmente del contrato en el tercer año de vigencia.

• El régimen de transitoriedad de los libros legalizados en blanco antes de la entrada en vigor de la Ley 14/2013
• Inviabilidad de la denominación social tras la adopción de un acuerdo modificando el objeto de la sociedad
• Verificación del balance por auditor en reducciones de capital parte de operaciones acordeón
• El análisis geométrico espacial de la delimitación georreferenciada de la finca por el registrador. La oposición de los colindantes
• Determinación del procedimiento de ejecución en una hipoteca de máximo en garantía de un crédito entre particulares