Con la Orden PCM/864/2020, de 18 de septiembre, se convoca la segunda prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de la Abogacía, sin limitación del número de plazas y para todo el territorio español.

El programa que ha de regir la evaluación se encuentra en el Anexo de la presente convocatoria.

La solicitud de inscripción deberá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilizando Cl@ve como sistema de identificación electrónica.

En el BOE de 19 de septiembre y con entrada en vigor el día siguiente, se publica la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

La Administración de Justicia sufrió una ralentización significativa como consecuencia de la crisis del COVID-19, por lo que se hizo necesario adoptar el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que tuvo por finalidad, entre otras, procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos por la declaración del estado de alarma cuando se produjera el levantamiento de la suspensión.

• Es válida la compraventa otorgada por administradores con cargo no inscrito
• Denominaciones sociales: el concepto de identidad sustancial
• Disolución de sociedad profesional por causa legal. Posibilidad de reactivación
• Especialidades del certificado de tasación en la hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial
• Apoderamientos: transferencia o sustitución plena y subapoderamiento

• Indemnización a las víctimas de delitos en la Unión Europea
• Prueba de relación de pareja para obtener una comunicación ‘vis a vis’ en prisión
• Patinetes eléctricos y su consideración como vehículos a efectos de conducir sin licencia
• El derecho de dispensa a no declarar contra pariente no puede recobrarse al ser acusación particular

• Acción de cesación de prácticas comerciales desleales ejercitada por una autoridad pública
• Particular que no ejerce una actividad mercantil y presunción de que el centro de intereses principales es su residencia habitual
• Concepto de «coste total del crédito para el consumidor»
• Comercialización de productos sin licencia del titular exclusivo de la distribución a través de una plataforma online

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 del mes de septiembre de 2020.

• El Tribunal Supremo declara que la acción para descubrir la ficticia apariencia, ya sea por simulación absoluta o relativa, es imprescriptible
• Libertad de expresión cuando se ejercita en conexión con el derecho de defensa
• Petición de certificado de derechos sucesorios
• Causas de nulidad judicial de un Laudo arbitral
• Reclamación por la legítima titular de la indemnización percibida por los demandados derivada de la expropiación forzosa de un terreno común de la comunidad de propietarios

• Poder de representación ante órganos unipersonales
• Las limitaciones de derechos para evitar contagios deben ser proporcionales
• El Supremo matiza la doctrina jurisprudencial en materia de descategorización del suelo urbano
• La comunicación de una prohibición de entrada en territorio Schengen por otro país no determina, por sí sola, la extinción de la autorización de residencia

Mediante la Ley 2/2020, de 27 de julio, publicada el 28 del mismo mes, se modifica el plazo en el que se desarrolla la investigación judicial en un procedimiento penal (artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento criminal), que pasa de seis meses a doce desde su incoación con la posibilidad, mediante auto motivado, de prorrogarlo por otro plazo de igual duración o bien por plazos inferiores a seis meses.

Las diligencias de investigación que se ordenen, serán válidas si se han acordado en plazo, aunque se terminen después.

Publicamos la TABLA DE CORRESPONDENCIAS de los preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con los del texto refundido que se aprueba mediante el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo y que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2020.