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El pleno del TC por unanimidad anula la resolución del Parlament aprobada para crear la comisión de investigación sobre la monarquía

El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 298/XII, de 7 de marzo, del Parlamento de Cataluña, de creación de la Comisión de Investigación sobre la Monarquía, al considerar que tanto la comunidad autónoma como su cámara legislativa carecen de atribuciones competenciales para ello, ya que habrían conculcado los arts. 59.6 del Estatuto Autonómico de Cataluña y 67.1 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, respectivamente.

La sentencia, redactada por el Magistrado Antonio Narváez, señala que “el Parlamento de Cataluña, al adoptar su Resolución 298/XII, ha hecho uso de una potestad estatutaria en un sentido que no es conforme a la Constitución, pues ninguna competencia ostenta la Generalitat –o cualquier comunidad autónoma- para disponer cosa alguna sobre órganos de las instituciones generales del Estado”. Por tanto, dicha actuación incurriría en una “incompetencia manifiesta”.

Selección de doctrina registral (del 16 al 30 de septiembre de 2019)

Condenada a prisión permanente revisable la mujer que asesinó a un menor en Níjar (Almería)

La Audiencia de Almería ha condenado a la pena de prisión permanente revisable a la mujer que asesinó a un menor en la localidad almeriense de Níjar, según declaró probado un jurado popular. En la sentencia, notificada hoy a las partes, se la considera autora de un delito de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco. La condenada tendrá también que indemnizar a cada uno de los padres del menor con 250.000 euros.

También ha sido condenada por dos delitos de lesiones psíquicas cometidos en las personas de los padres del menor a tres años de prisión en la persona del padre, por la concurrencia de la agravante de parentesco, y a dos años y nueve meses de prisión en la persona de la madre. Y por dos delitos contra la integridad moral a un año y seis meses en la persona del padre, al concurrir la agravante de parentesco, y un año en la persona de la madre.

En concepto de responsabilidad civil, la sentencia la obliga a abonar por daños morales a los padres del menor la cantidad de 250.000 euros a cada uno de ellos. Tampoco podrá acercarse a ellos a menos de 500 metros por un periodo de 30 años. Junto a ello, tendrá que abonar los gastos ocasionados al Estado en las labores de búsqueda del menor, que ascienden a la suma de 200.203 euros.

Jurisprudencia de Derecho Civil (del 16 al 30 de septiembre de 2019)

Jurisprudencia de Derecho Administrativo (del 16 al 30 de septiembre de 2019)

Jurisprudencia de Derecho Mercantil (del 16 al 30 de septiembre de 2019)

Proyecto de Real Decreto, por el que se modifica el Real Decreto 773/2015, que modificaba preceptos del Reglamento del Real Decreto 1098/2001

El Ministerio de Hacienda ha publicado el 23 de septiembre el Proyecto de Real Decreto XX/2019, por el que se modifica el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

El proyecto está en el trámite de información pública y el Órgano proponente ha sido la Dirección General del Patrimonio del Estado.

La fecha límite para la presentación de aportaciones es el 30 de septiembre de 2019 (Tramitación de urgencia).

El Supremo declara la abusividad de un contrato de mantenimiento de ascensores y da la razón a la comunidad de propietarios

El Pleno de la Sala de lo Civil analiza en esta sentencia los criterios de nulidad de las cláusulas de duración insertas en el condicionado general de determinados contratos de mantenimiento de ascensores. En el caso resuelto, se trataba de un contrato de los calificados como «a todo riesgo», con una duración de cinco años, que se prorrogaban tácitamente por periodos iguales, salvo denuncia de alguna de las partes con noventa días de antelación. Para el caso de que alguna de las partes desistiera del contrato, se establecía una penalización del 50% de las cuotas pendientes hasta la fecha establecida para su finalización.

La sentencia recurrida había estimado la demanda de la empresa de mantenimiento y había condenado a una comunidad de propietarios a abonar la indemnización correspondiente por haber desistido unilateralmente del contrato en el tercer año de vigencia.

Selección de doctrina registral (del 1 al 15 de septiembre de 2019)

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