A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 de septiembre.

• Los vicios o defectos en la edificación deben exteriorizarse dentro del plazo de garantía del art. 18 LOE para que nazca la acción del art. 17.1.b)
• La mera ilocalización no exonera de la obligación de prestar alimentos ni impide a los tribunales determinar un mínimo
• Prescripción de la acción e interrupción por prejudicialidad penal
• Intromisión ilegítima en sus derechos al honor de vecina mencionada en el reportaje televisivo

• Suficiencia de la información sobre métodos de cálculo de los índices de referencia en el crédito hipotecario variable
• El Supremo, en aplicación de la doctrina del TJUE, desestima las acciones sobre venta de títulos del Banco Popular
• Condición de consumidores frente a las cláusulas abusivas en préstamos bancarios
• Marca figurativa tridimensional que consiste en la forma de un botella de sidra

• Prescripción del blanqueo de capitales, atendiendo a la pena señalada al tipo y no a la resultante de atenuantes
• Delito continuado de estafa, aprovechando enfermedad de menor para enriquecerse con donaciones
• Actividad laboral de "alterne" y eventualmente prostitución por cuenta propia y obligación de alta en Seguridad Social
• Delito de detención ilegal por policía

• El Constitucional entiende vulnerado el derecho fundamental a la integridad física y moral de una paciente derivada a otra Comunidad Autónoma para practicarle un aborto
• Únicamente es posible otorgar licencias tras confirmar la existencia de espacio radioeléctrico suficiente
• Instrumentos de ordenación territorial y estudio económico-financiero; informe de impacto de género y ambiental
• Concesión de estatuto de persona denunciante a funcionario por denuncia de hechos presuntamente delictivos

• La Dirección General de Derecho catalana niega los derechos de adquisición preferente de la Administración en determinadas aportaciones de negocios
• Compraventa de vivienda de protección oficial. Precio. Incorporación del visado
• El derecho de transmisión no constituye, en ningún caso, una nueva delación hereditaria o fraccionamiento del ius delationis
• La manifestación del consentimiento del acreedor en las inscripciones parciales de hipoteca
• Publicidad registral de la unipersonalidad. Certificación de la no sujeción al ITPAJD

• El Constitucional declara nula la obligación de acreditar el desconocimiento del euskera para usar el castellano en los entes locales
• El Constitucional avala todas las fórmulas de acatamiento de la Constitución usadas en el Congreso
• Interrupción de los servicios públicos de la concesión y adjudicación directa como medida
• Restablecimiento del equilibrio económico financiero de concesiones administrativas

Se publica en el BOE de 29 de junio, el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuida.

El libro primero, que entrará en vigor el 29 de julio de 2023, transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas intracomunitarias, estructurándose en cuatro títulos.

Entre los objetivos del Real Decreto-ley está establecer un marco jurídico armonizado con los socios de la UE para mejorar la transparencia en este tipo de operaciones; consolidar los derechos de socios, acreedores y trabajadores de las empresas involucradas; y obliga a publicitar este tipo de procedimientos; así como a proteger y a dar seguridad a acreedores y trabajadores antes de que se inicie el procedimiento.