A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 del mes de julio de 2019.
El que tenga alguna duda sobre la importancia de la protección de datos debe saber que la multimillonaria multa que acaba de recibir British Airways por la sustracción de datos de sus clientes asciende a 205 millones de euros.
El delegado de protección de datos (DPD), o, en inglés, data protection officer (DPO), se convierte, por lo tanto, en una figura clave dentro de las organizaciones, ya que la seguridad y protección de los datos cobra tal magnitud que puede afectar incluso a la supervivencia de la empresa.
Esta nueva figura, especializada en la protección de datos, nace con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) aprobado por el Parlamento Europeo y su trasposición al Derecho español. Esta normativa exige que dicho delegado cumpla determinados requisitos de capacidad, siendo responsabilidad de la empresa en la que preste sus servicios el asegurarse que así sea.
En su sentencia de 20 de junio de 2019, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera que el bitcoin no es dinero, ni puede tener esa consideración legal, a los efectos de responsabilidad civil al considerar que se trata de un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten.
En su primera sentencia por una estafa en esta criptomoneda, el tribunal confirma una condena de dos años de prisión al administrador único de la empresa Cloudtd Trading&DEVS LTD que firmó contratos de gestión con cinco personas que le entregaron los bitcoins en depósito para que, a cambio de una comisión, reinvirtiera los dividendos y entregara las ganancias obtenidas. Sin embargo, según los hechos probados, cuando se firmaron dichos contratos el condenado tenía intención de apoderarse de los bitcoins recibidos sin ánimo de cumplir con sus obligaciones.
Además de la pena de prisión, la Audiencia Provincial de Madrid impuso al acusado el pago a las víctimas de la estafa de una indemnización en el valor de la cotización de los bitcoins en el momento de la finalización de cada uno de sus respectivos contratos, que se determinaría en ejecución de sentencia, y declaró, además, la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa.
A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 16 al 30 del mes de junio de 2019.
El Tribunal Supremo, tras la vista pública celebrada en el día 21 de junio de 2019, ha acordado estimar los recursos de casación interpuestos por las acusaciones y condenar a los acusados J.A.P.M., A.B.F., J.E.D.M., A.M.G.E. y A.J.C.E como autores de un delito continuado de violación de los arts. 178 y 179 del Código Penal, con las agravaciones específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas, a las penas de 15 años de prisión, para cada uno de ellos.
La sentencia considera que, antes de la reforma del Código Penal de 2015, la conducta de enlazar a otras webs con contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual, no estaba sancionada penalmente. La resolución hace un análisis completo e individualizado de toda la jurisprudencia que “no ha sido pacífica en esta materia sino altamente controvertida”.
La titular del juzgado de lo Penal número 4 de Murcia, Isabel María Carrillo Sáez, en sentencia de 21 de junio de 2019, absuelve de un delito contra la propiedad intelectual a los que fueran administradores de las páginas webs “películasyonkis.es”, “seriesyonkis.es” y “videosyonkis.es” de los años 2008 a 2014.
