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Jurisprudencia de Derecho Penal (del 1 al 15 de septiembre 2018)

Prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2018

Prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2018

El Ministerio de Justicia y el de Ciencia, Innovación y Universidades, convocan la prueba de evaluación de aptitud para el ejercicio de la profesión de Abogado, dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión y sin limitación alguna de plazas, mediante la Orden PCI/949/2018, de 14 de septiembre.

Para concurrir a la prueba, se debe cumplir los siguientes requisitos:

  • Título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente o, en su caso, de las certificaciones sustitutorias. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión homologación
  • Superar los cursos de formación para el ejercicio de la profesión de abogado y el período de prácticas externas a la fecha en que se realice la prueba.
  • Ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de Abogado.

Jurisprudencia de Derecho Mercantil (del 1 al 15 de septiembre 2018)

Jurisprudencia de Derecho Civil (del 1 al 15 de septiembre 2018)

Jurisprudencia de Derecho Administrativo (del 1 al 15 de septiembre 2018)

El valor por el suelo

El título de este artículo es premonitorio de su mensaje. El concepto de valor está por los suelos, y más si lo aplicamos al sector inmobiliario, literalmente poniendo en jaque el concepto de mercado eficiente que sirve de base a la contabilidad, y consecuentemente la endeble confianza entre los agentes económicos. La amalgama de regulaciones distintas para valorar inmuebles y la imprecisión de los métodos elegidos hacen que la valoración inmobiliaria sea tanto un problema como una oportunidad.

Tras la crisis del ladrillo si hubo algo que quedó en evidencia fue la inexistencia de un mercado inmobiliario eficiente, debido, entre otras cosas, a la baja calidad de la valoración de activos financieros y empresariales, como principalmente los activos inmobiliarios.

Sentencia sobre la trama Gurtel y RPPJ

Sentencia sobre la trama Gurtel y RPPJ

Recientemente hemos podido ver en prensa la noticia sobre la sentencia definitiva de la Audiencia Nacional en el asunto de la trama Gürtel por corrupción en el seno de uno de los partidos líderes. Aparte de las condenas personales, hay que reseñar la condena por ausencia del debido control en la gestión de riesgos penales a dicho partido político por importe de 250.000 euros. Los medios de comunicación han traducido la coletilla jurídica por la de condena a título lucrativo, lo cual es expeditivo de lo que se persigue con la responsabilidad penal corporativa. Con todo ello, lo cierto es que en los corrillos de abogados ya se rumorea que esto va a ser cosa de que paguen justos por pecadores, y que el importe de la sanción pecuniaria es ridículo en comparación con la envergadura del asunto.

No es extraño que de un tiempo a esta parte el Derecho penal acapare la mayoría de titulares de prensa, especialmente la española. Pero el caso de la trama Gürtel, como el de Nöos, tienen la singularidad de afectar a pilares institucionales del estado constitucional.

El nuevo límite de 50.000 euros para los contratos menores de investigación y desarrollo en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, Ley 6/2018, de 3 de julio, ha introducido una modificación en la LCSP que afecta a los organismos públicos de investigación. En concreto, ha añadido la disposición adicional quincuagésima cuarta (régimen aplicable a los contratos celebrados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación) con la finalidad de facilitar la adjudicación directa de estas entidades, incrementando los límites de los 15.000 euros, IVA excluido, para los servicios y suministros hasta los 50.000 euros.

El objeto de este trabajo es hacer un somero análisis de la disposición adicional quincuagésima cuarta de la LCSP. A estos efectos, y de manera previa, haremos referencia a otros supuestos recogidos en la normativa que permitirían a estos agentes públicos de investigación acudir a la adjudicación directa en su contratación, para posteriormente centrarnos en estos contratos menores. Por último, examinaremos la especialidad que presenta el artículo 83 de la LOU con relación a los límites en la adjudicación directa.

Alejandro Blázquez Lidoy
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. URJC

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Oferta de empleo público, que sumará en 2018 un total de 30.844 plazas

Oferta de empleo público que sumará en 2018 un total de 30.844 plazas