• Préstamo hipotecario. Registro especial de la Ley 2/2009. Seguro o aval del prestamista
• Embargo de vehículo. Baja provisional en el registro administrativo de tráfico por transmisión
• La declaración de suelos contaminados por el propietario del bien adjudicado en una ejecución hipotecaria

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 de julio.

• Delitos de atentado, lesiones y coacciones por agresión a una doctora para obligarla a expedir recetas
• La sentencia en conformidad no queda afectada por una posterior nulidad de las intervenciones telefónicas
• Delitos sexuales sobre menores. Juicio de credibilidad o de fiabilidad
• Delito de desobediencia en pandemia por covid, y efectos de la incostitucionalidad parcial del estado de alarma

• Derechos de autor. Remuneración mínima
• Infracción de derechos de propiedad intelectual del propietario físico de las obras de arte, al reproducir, transformar y comunicar sin permiso
• No puede excluirse del seguro de vida a un hombre que mató a la asegurada, con alteración psíquica

• Negativa a abandonar el inmueble tras intentarse el desahucio. Indemnización. Residencia en distinto Estado miembro
• Contrato de seguro y jurisdicción de los tribunales civiles cuando se acudió a la reclamación administrativa previa
• Pensión alimenticia y requisitos de los gastos de educación

• Presentación de ofertas por vía telemática en contratos públicos
• Oposición excepciones caducidad y prescripción del título ejecutivo en sede de ejecución forzosa de la resolución administrativa
• Aplicación del principio de proporcionalidad contemplado en la ley en las sanciones administrativas

• Inconstitucionalidad y nulidad del art. 65 d) de la Ley de Madrid 3/2016
• Eliminación de la exigencia de determinado nivel de catalán para acceder a puestos en el Servicio de Salud balear
• Indemnización de 73.688,8 euros a una ciclista que sufrió una caída cuando circulaba por la carretera
• Protección marcaria de las denominaciones de origen e incidencia de la polisemia de las marcas

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados y 50 senadores del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (LOANCat).

La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta del Tribunal, Inmaculada Montalbán Huertas, avala la legitimidad constitucional de la amnistía otorgada por las Cortes Generales salvo en los tres siguientes aspectos:

1. Se declara la inconstitucionalidad por omisión del art. 1.1 por ser contrario al principio de igualdad (art. 14 CE) al no otorgar la amnistía a aquellas conductas dirigidas a rechazar el “procés”.
2. Se declara que el segundo párrafo del art. 1.3 es inconstitucional y nulo porque permite amnistiar conductas posteriores a la aprobación de la LOANCat, vulnerando el art. 14 CE.
3. Se declara que los apartados 2 y 3 del art. 13 no son inconstitucionales siempre que permitan la audiencia de todas las partes personadas en el proceso ante el Tribunal de Cuentas en el tramite procesal referido a la aplicación de la LOANCat.

La Sala recuerda que no cabe una solución unívoca sobre la validez o invalidez de la cláusula que establece la comisión de apertura, puesto que dependerá del examen individualizado de cada caso.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha examinado dos cláusulas de comisión de apertura contenidas en sendas escrituras públicas de préstamo hipotecario y declara que son transparentes y no abusivas.

Para apreciar su validez, aplica las pautas de examen expresadas en la sentencia 816/2023, de 29 de mayo, que fueron refrendadas por las sentencias del TJUE de 30 de abril de 2025 (asuntos C-699/23 y C-39/2024). Estas sentencias indicaron de manera expresa que la jurisprudencia española en materia de comisión de apertura es plenamente concorde con la Directiva 93/13, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores.