Casos Prácticos

Este supuesto versa sobre distintas cuestiones jurídicas planteadas, en primer lugar, sobre la normativa que determina la necesidad de un proyecto de obras en un contrato menor y otras cuestiones relacionadas con el mismo, así como si resulta preceptivo nombrar un instructor para tramitar el expediente de contratación en los contratos administrativos. En segundo lugar, se plantea la situación de diversos concejales respecto a la posible compatibilidad o no para realizar determinadas actividades; en concreto, el ejercicio de la abogacía, actividades docentes privadas, el ejercicio de su profesión de arquitecto en el municipio. También la de un funcionario municipal del Sub Grupo A1 para impartir clases de natación en un Club privado, con contrato laboral, A continuación se hace referencia a diversas cuestiones referentes a mociones y proposiciones planteadas por diversos concejales en un Pleno municipal. Finalmente, se plantea la posible exención del Impuesto municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obra por parte de una empresa pública de la Comunidad Autónoma.

Posible existencia de incongruencia de sentencia de incapacidad al conceder una curatela más amplia de la pedida por el Fiscal y posible vulneración de la carga de la prueba por parte del Fiscal analizando la normativa y la doctrina del Tribunal Supremo y el requisito preceptivo de la entrevista del incapacitado con el tribunal.

Demanda de un español a un ciudadano de la Unión europea por la publicación de fotografías en Facebook analizando la competencia judicial internacional y la protección de los derechos fundamentales.

Este supuesto gira en torno a un Convenio administrativo realizado entre un Ministerio y una Asociación, sin ánimo de lucro, por la que aquel concede a esta el uso de un bien demanial por un periodo de 4 años, prorrogables, sucesivamente, cada 4, previa solicitud de aquella, hasta un máximo de 28 años. Ante un incumplimiento puntual de la Asociación y la solicitud de la primera prórroga vencida ya el tiempo de la 1ª, la Administración decide resolver el Convenio. La resolución es recurrida en vía contenciosa administrativa y en vía civil. Además, ante aquella resolución, estimando que se le han ocasionado daños solicita la indemnización oportuna. Por su parte otra Asociación, también, sin ánimo de lucro, había solicitado meses antes el uso del mismo edificio, sin respuesta por la Administración. Finalmente, el Ministerio otorgó una subvención; ante el incumplimiento de su finalidad, incoa procedimiento de reintegro. Antes de los 12 meses desde su iniciación manda aviso electrónico de notificación y pasado ese plazo envía la notificación. Ante ello, el interesado entiende que se había producido la caducidad del procedimiento.

El presente caso aborda el problema jurídico que se plantea a la hora de determinar qué tipo de imprudencia ha de concurrir para que unos hechos den lugar al delito de homicidio imprudente y qué tipo de criterios han de tenerse en cuenta para delimitar la imprudencia leve que ha quedado despenalizada por nuestro legislador. Es la falta de atención la que determinará el error de cálculo que ocasionó no tomarse en serio la producción del resultado o la esperanza equivocada, lo que traslada el título de imputación al ámbito de la imprudencia. La diferencia entre la imprudencia grave y la leve, se encuentra en la importancia del deber omitido en función de las circunstancias del caso, debiendo tener en cuenta a estos efectos el valor de los bienes afectados y las posibilidades mayores o menores de que se produzca el resultado, por un lado, y por otro, la valoración social del riesgo.

Este supuesto práctico plantea cuestiones en relación, en primer lugar a un proceso selectivo de personal laboral, a través del procedimiento de concurso oposición, y en la última fase, apta, tan sólo, para los que superaran la fase de concurso, consistió, exclusivamente, en la realización de una entrevista personal sobre el “currículum” del candidato; estando valorada la misma en 50 puntos. En segundo lugar, se plantea si debe proporcionarse a un ciudadano que lo solicitó, copia de un expediente de contratación que no estaba publicado en el perfil del contratante e, igualmente, si debe accederse a facilitar a una empresa licitadora, copia íntegra del expediente hasta entonces tramitado, y a otra empresa licitadora, copia del expediente de contratación, una vez adjudicado el contrato. Finalmente. Se plantea el ajuste a derecho de una cámara de vigilancia instalada en una cafetería del Organismo Autónomo por el empresario que la gestionaba mediante un contrato de servicios.

Relaciones paternofiliales y rebeldía del progenitor demandado. interés del menor y medidas aplicables con relación a la patria potestad en exclusiva o privación de la patria potestad, régimen de visitas y pensión de alimentos y su garantía.

Los hechos versan sobre un procedimiento sancionador incoado por presunta vulneración de la normativa en materia de consumo y/o sanitaria, constituida por un Real Decreto, dictado en desarrollo de una Ley sobre la materia, que contemplaba la infracción y sanción cometida, planteándose el problema de la presunta vulneración de los principios de legalidad y tipicidad. Posteriormente se dicta nueva normativa contemplando una reducción de la cuantía de la multa impuesta cuya aplicación fue solicitada. A continuación, en relación a un recurso de alzada se plantea la validez de la resolución que fue objeto de delegación de competencias y, a su vez, de delegación de firma y la de la notificación de la misma. Finalmente, el supuesto plantea problemas derivados de un contrato de servicios en relación a: la posible transmisión del contrato; la solvencia técnica de una UTE; y dos cláusulas del Pliego; una, que fijó una causa como obligación principal a efectos de la resolución y, otra, relativa a la exigencia de un seguro de responsabilidad.

Interpuesta una demanda de separación, ninguno de los progenitores solicita la custodia compartida, ni durante la sustanciación del procedimiento ni en el acto de la vista oral; pero el juzgado la acuerda. Recurren en apelación utilizando como razonamiento esencial que no se puede acordar si ellos no lo solicitan, independientemente de que lo pida el Ministerio Fiscal –como así sucedió en la instancia–. Consideran que la ausencia de un debate contradictorio impide valorar la conveniencia de la custodia compartida. Al margen de lo anterior, se dice, en contra de la custodia compartida, que no se cumplen los requisitos para su concesión. Finalmente, se solicita por el progenitor paterno que la pensión de alimentos despliegue efectos desde que fue emplazado tras la demanda de separación, y no desde la fecha de la interposición efectiva de esta.

El presente caso aborda el problema jurídico que se plantea a la hora de determinar qué Juzgado de Instrucción es el competente desde el punto de vista de la competencia territorial, cuando estamos en los supuestos de estafas realizadas a través de internet o vía telefónica o a través de los modernos medios de pago actuales; sin haberse superado la aplicación de la doctrina de la ubicuidad (el delito se entiende cometido en cualquiera de los lugares en los que tiene lugar alguno de los elementos del tipo), la misma ha sido complementada con una novedosa doctrina jurisprudencial denominada de la eficacia en la investigación policial y judicial (la competencia corresponderá al lugar donde resida el investigado si eso facilita la investigación, al hacer que la misma sea más ágil y tener mayores posibilidades de éxito).