Casos Prácticos

Casos prácticos de actualidad en el área civil, mercantil, administrativa y penal.

Legitimación activa del copropietario en materia de propiedad horizontal para ejercitar acciones judiciales

La única forma que el copropietario tiene de canalizar el ejercicio de las acciones judiciales en beneficio de la comunidad es a través de la junta de propietarios. Nuestros tribunales han adoptado una posición claramente restrictiva respecto de la legitimación activa de cualquier copropietario para ejercitar acciones en beneficio de la comunidad al margen de la representación que ostenta el presidente. En los casos en que se admite esta legitimación del copropietario, el asunto litigioso ha de haber sido debatido en la correspondiente junta de propietarios, y la comunidad de propietarios tendrá que haber adoptado un acuerdo que legitime la pretensión del propietario. Es igualmente necesario que no exista un acuerdo comunitario en el que se muestre una oposición expresa y formal a las pretensiones del propietario, y en el escrito de demanda interpuesta por el propietario se debe hacer constar, de forma expresa, que actúa en beneficio de la comunidad. Finalmente debe haberse aprobado en junta comunitaria que determinada actuación le es perjudicial, así como su intención de iniciar las oportunas acciones judiciales, y esta adopte una actitud meramente pasiva.

Palabras claves: propiedad horizontal; legitimación activa del propietario; acciones judiciales; junta de propietarios.

Adelaida Medrano Aranguren
Magistrada del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 41 de Madrid

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 206 (marzo 2018)

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Administración local. Personal al servicio de la corporación. Contrato administrativo de servicios. Utilización de bienes públicos

El supuesto práctico plantea diversas cuestiones jurídicas en un ayuntamiento en torno a cuatro temas fundamentalmente: cuestiones referentes al personal al servicio de la corporación, la aprobación de la oferta de empleo público sin que se efectúe la correspondiente convocatoria, un contrato administrativo de servicios y la utilización y enajenación de un bien propiedad de aquella. Respecto a la primera cuestión se plantea el ajuste a derecho de la intención del alcalde de contratar como personal eventual a dos personas, la supresión de determinados puestos de trabajo, mediante la oportuna modificación de la RPT, que estaban siendo ocupados y desempeñados por personal eventual, y la creación de otros tantos puestos de la misma naturaleza pero con distinta denominación, habiéndose aprobado aquella sin la oportuna negociación colectiva, y posibles supuestos de incompatibilidad. En cuanto a la segunda cuestión, la aprobación por el pleno de la oferta de empleo público, al no efectuarse la oportuna convocatoria se interpone recurso por inactividad de la Administración. Finalmente, sobre las últimas cuestiones, el ayuntamiento contrata con una empresa especializada la información y promoción de la actividad turística de interés del ámbito local para dar a conocer el municipio y su patrimonio artístico y cultural y su gastronomía, prestándose el servicio en un inmueble dedicado, hasta entonces, a oficina administrativa del ayuntamiento. Finalizada la ocupación del local, el ayuntamiento otorga gratuitamente la utilización del mismo, hasta que decide desafectarlo y enajenarlo.

Palabras claves: relación de puestos de trabajo; oferta de empleo público; convocatoria; personal eventual; compatibilidades; contrato administrativo de servicios.

Julio Galán Cáceres
Miembro del Cuerpo Jurídico de Defensa
Profesor del CEF.-

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 206 (marzo 2018)

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Juez ordinario, imparcial y normas de reparto

El caso plantea un problema de legalidad ordinaria que no afecta al derecho fundamental a un juez predeterminado por la ley y a un juez imparcial, y ha de entenderse que, salvo una aviesa maniobra que pretenda adjudicar el asunto a un juez distinto, de manera torticera, no existe causa que permita estimar el recurso de casación interpuesto, pues las cuestiones interpretativas de las normas procesales o de reparto son de legalidad ordinaria.
Cuando el juez del juzgado cuarto instruye no compromete ni vulnera el derecho al juez predeterminado por la ley, ni necesariamente la imparcialidad, pero sí podría verse afectada, si su actuación se hubiera traducido en una indebida admisión de diligencias de prueba, de medidas cautelares injustificadas, o de una actuación contraria al principio de igualdad y en contra del reo.

Palabras claves: juez ordinario; juez imparcial; normas de reparto; competencia.

José Ignacio Esquivias Jaramillo
Fiscal. Fiscalía Provincial de Madrid

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 205 (febrero 2018)

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Procedimiento de elaboración de disposición de carácter general

Gira el presente supuesto sobre una disposición general, real decreto del Consejo de Ministros, que modificó el Reglamento General de Circulación. En torno a esta modificación, una asociación afectada presenta recurso contencioso-administrativo al entender que contiene diversos vicios que afectan a la legalidad y validez del mismo. Estos vicios, cuya trascendencia jurídica se analizan pormenorizadamente, consisten en: la omisión de informes preceptivos del Consejo de Estado y de órganos administrativos que se ven afectados por la disposición general, así como del Consejo General del Poder Judicial; falta de publicación total del texto normativo en el BOE; la omisión del trámite de audiencia; la omisión de plan normativo al respecto y la infracción del principio de jerarquía normativa. Igualmente, solicita, como medida cautelar, la suspensión de eficacia de la referida disposición. Frente a estos argumentos, la Abogacía del Estado, en trámite oportuno, después de solicitar la no admisión del recurso por falta de legitimación activa de la recurrente y por carencia sobrevenida del objeto del procedimiento, se opone a la adopción de la medida cautelar de suspensión de la disposición impugnada y, a continuación, rebate uno por uno los argumentos utilizados por la parte recurrente oponiéndose a todos ellos y solicitando que se dicte sentencia desestimatoria de las pretensiones de la asociación recurrente.

Palabras claves: procedimiento de elaboración; omisión de informes preceptivos; trámite de audiencia; principio de jerarquía normativa; plan normativo; falta de publicación.

Julio Galán Cáceres
Miembro del Cuerpo Jurídico de Defensa
Profesor del CEF.-

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 205 (febrero 2018)

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Alcance del control judicial sobre el convenio arbitral

El arbitraje resulta ser un instrumento legítimo para la solución de conflictos al margen del poder judicial como sistema establecido por el Estado, y es fruto de la autonomía de la voluntad de las partes. Ahora bien, se hace necesario examinar si el convenio arbitral pactado por las partes en un documento como forma de resolver sus discrepancias en la ejecución de lo pactado impide que una de ellas o ambas puedan acudir ante los tribunales de justicia para solventar sus desavenencias, y, sobre todo, se hace imprescindible conocer cuál es el papel de tales tribunales a la hora de interpretar en qué medida y con qué extensión pueden cuestionar la aplicabilidad al caso concreto de este convenio arbitral cuando una de las partes acude al Poder Judicial del Estado contra la voluntad de la contraria, que exige la vigencia del pacto arbitral. ¿Puede verse afectado el derecho a la tutela judicial de una parte por la intención de la contraria de que se ejecute la solución arbitral?

Palabras claves: arbitraje; convenio arbitral; control judicial del convenio; tutela judicial efectiva.

José Ignacio Atienza López
Letrado de la Administración de Justicia.
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 41 de Madrid

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 205 (febrero 2018)

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Nulidad de la cláusula de gastos hipotecarios en préstamos hipotecarios

Asistimos en nuestro tiempo a un fenómeno jurídico de protección al consumidor por parte de los tribunales de justicia frente al proceder de las entidades bancarias. Una de estas manifestaciones está siendo, recientemente, la reclamación por los particulares prestatarios a la entidad bancaria de los gastos que tuvieron en su día que abonar referidos a notario, registro de la propiedad, tasación pericial de la finca hipotecada, gastos de estudio de la operación y, finalmente, los impuestos y tributos que la operación conllevase. La reclamación ha de articularse necesariamente por la declaración judicial de nulidad de las condiciones generales de la contratación y aplicando la doctrina de la abusividad de las cláusulas contractuales. En este caso, se trata de proporcionar los argumentos jurídicos que nos puedan ayudar a entender las soluciones que nuestros tribunales dan a este tipo de reclamaciones, aun a sabiendas de que no existe uniformidad por ahora en esta materia.

Palabras claves: préstamo hipotecario; cláusulas abusivas; gastos hipotecarios; consumidor.

Adelaida Medrano Aranguren
Magistrada del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 41 de Madrid

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 205 (febrero 2018)

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Reclamación por infección nosocomial en hospital público

Analizamos en el presente trabajo un supuesto práctico consistente en infección nosocomial sufrida por una paciente que estuvo ingresada en un hospital público, en la unidad de Medicina Interna, y durante su ingreso recibió fluidoterapia y medicación intravenosa, realizándose también colonoscopia. La paciente es una de las afectadas en el brote nosocomial de hepatitis C ocurrido en el hospital, en las fechas en que la misma estuvo ingresada.

Palabras claves: responsabilidad médica; infección nosocomial; mala praxis; lex artis.

Miguel Ángel Toledano Jiménez
Socio director de Curia Legis Abogados
Profesor del Área Jurídica. CEF.- UDIMA

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 205 (febrero 2018)

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Responsabilidad civil y el cálculo de las indemnizaciones con el baremo de tráfico

La Ley 35/2015 ha modificado el sistema de valoración de los daños corporales derivados de los accidentes de circulación, el conocido como «baremo de tráfico» (baremo utilizado con carácter orientativo a la hora de cuantificar las indemnizaciones en campos ajenos a la circulación vial). Esta modificación se fundamenta en dos principios fundamentales: la reparación íntegra del daño y su reparación vertebrada.

Palabras claves: baremo; indemnización; fallecimiento.

Ángel Muñoz Marín
Fiscal. Fiscalía General del Estado

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 205 (febrero 2018)

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El orden de los apellidos en los procedimientos de filiación y el interés superior del menor

En los procedimientos de reclamación o determinación de la filiación puede suceder que sin estar discutido el fondo del asunto, y por tanto sin mediar controversia sobre la realidad biológica, de manera que ambas partes se muestran conformes con la determinación de la filiación solicitada, no obstante la necesidad de la realización de prueba por no proceder el allanamiento, sí puede aparecer discrepancia en relación con el orden de los apellidos que ha de llevar el menor afectado por dicha resolución. Así el padre puede solicitar que el primer apellido que figure sea el paterno y la madre interese que el primero sea el materno. No obstante, debiendo tenerse en cuenta la situación preexistente, cualquier cambio que se quiera introducir por cualquier progenitor debe realizarse atendiendo al interés superior del menor, que prevalece frente a cualquier otro interés y, por tanto, al margen de los intereses de los progenitores, y sin que deba otorgarse prioridad al apellido paterno sobre el materno.

Palabras claves: procedimientos de filiación; Registro Civil; orden de apellidos.

Casto Páramo de Santiago
Fiscal. Fiscalía Provincial de Madrid

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 205 (febrero 2018)

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Cuestión de inconstitucionalidad. Fusión voluntaria de municipios y alteración de términos municipales

El presente caso gira en torno a la fusión voluntaria de los municipios pertenecientes a la comunidad autónoma de Galicia acordada por la Xunta de Galicia. Un concejal de uno de los municipios que votó en contra de la fusión planteó recurso contencioso-administrativo por incumplimiento del régimen de mayorías que establecía la legislación autonómica gallega, afirmando que si el ayuntamiento tenía once concejales, las dos terceras partes exigidas por la normativa hubiesen requerido el voto favorable de al menos ocho concejales, cosa que no había ocurrido. Ante ello, el Tribunal Superior de Justicia, en el término dado para dictar sentencia, y tras oír a las diversas partes intervinientes en el proceso y afectadas por la decisión, planteó la oportuna cuestión de inconstitucionalidad identificando el precepto cuestionado, que reproduce, y el precepto constitucional de contraste, que igualmente transcribe, así como el precepto estatal que concreta la supuesta vulneración constitucional, el artículo 47.2 a) de la LBRL. Al amparo de ello, el supuesto plantea las partes legitimadas en la cuestión de inconstitucionalidad, los efectos sobre el proceso donde se habían planteado, en qué medida afectaba a procesos anteriores y, finalmente, que ocurriría si el órgano de la jurisdicción ordinaria impidiera la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional.

Palabras claves: fusión voluntaria de municipios; partes legitimadas; cuestión de inconstitucionalidad; incumplimiento de sentencia.

Julio Galán Cáceres
Miembro del Cuerpo Jurídico de Defensa
Profesor del CEF.-

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 204 (enero 2018)

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