Casos Prácticos

El presente caso aborda el problema jurídico de la falta de legitimación ad causam de las asociaciones de consumidores cuando es cuestionable que presenten demandas en nombre de su asociado, si el mismo ostenta el carácter de no consumidor, cuando realmente no son estas asociaciones las que contratan y firman los productos bancarios ni las directamente afectadas por las consecuencias de las decisiones judiciales que se adopten. Resulta imprescindible para valorar la concurrencia de esta legitimación, el análisis de cuál es el concepto legal de consumidor en relación con la precitada legitimación activa, en los casos como el de un agente comercial y que ejerce su profesión tanto como autónomo, como en su calidad de administrador único de su empresa, reconociendo que solicitó un préstamo a una entidad bancaria para la compra de un local en el cual ejerce su actividad empresarial. La vinculación entre el consumidor y si el contrato que firmó con la entidad financiera, lo fue con un propósito ajeno a su actividad profesional.

En este supuesto práctico se plantean diversas cuestiones referentes a la aprobación de una Ordenanza municipal tales como la omisión del trámite de información pública con carácter previo; del informe de calidad normativa y de los informes de la Administración del Estado ni de la Comunidad Autónoma respectiva o la realización de alegaciones por concejales en el trámite de información pública. Tras la aprobación, previo empate en la primera y renuncia del voto de calidad del Alcalde en la segunda, y remisión del acuerdo a la Comunidad Autónoma, éste hizo un requerimiento para ampliación de información que no fue contestado; finalmente, se plantearon dos recursos contenciosos administrativos por una asociación de transportistas y por el Estado y la referida Comunidad Autónoma contra diversos preceptos de la Ordenanza al considerarse contrarios al Ordenamiento Jurídico, planteándose en el mismo la legitimación de los recurrentes y la extemporaneidad o no de los recursos.

Registro de morosos y su utilización cuando la deuda es menor de la que se reclama, a efectos de considerarse cierta, líquida y exigible y si es preciso el requerimiento previo de pago, analizando la prueba de dicho requerimiento para que sea tenida en cuanta en juicio.

El presente supuesto plantea distintas cuestiones jurídicas derivadas de un expediente disciplinario incoado al Presidente de una Comunidad Autónoma por presunta infracción de la Ley Orgánica General Electoral cometida, tras la disolución del Congreso de los Diputados, al remitir una carta, en su condición de Presidente, a través de un medio oficial, solicitando el voto para su partido lo cual suponía una presunta vulneración del principio de neutralidad política de los Poderes Públicos.
Las vicisitudes jurídicas a las que se responde son derivadas del procedimiento incoado tales, como la recusación de miembros de la JEC, la competencia de esta para sancionar, la libertad de expresión, la vulneración del principio de igualdad del art.14 CE o la desproporción en la sanción impuesta, entre otras.

D. Federico, un joven empresario que recientemente ha contraído matrimonio en régimen de separación de bienes, ante la buena marcha de sus negocios, decide comprar un inmueble destinado a su vivienda habitual. En concreto, se trata de un chalé situado en el barrio El Brillante de Córdoba que, tras su adquisición, constituiría su domicilio familiar. Para financiar la adquisición, cuyo precio asciende a 400.000 euros, contrata un préstamo con garantía hipotecaria con la entidad bancaria Banco Credit Finance, SA en fecha de 4 de mayo de 2007.

La demandante, ciudadana de nacionalidad peruana, insta ante un juzgado de familia de la localidad de Madrid, la regulación de las relaciones paternofiliales con su pareja, varón de nacionalidad colombiana, con el que convivió durante dos años y que, como consecuencia de esa relación, nació una niña de cinco años de edad. El demandado lleva desde que se fue sin ver a la niña, ni comunicarse con la madre ni atender a las necesidades de su hija menor.

El presente caso pone de manifiesto hasta qué punto los Tribunales de Justicia (en concreto la Sala 1ª del TS), pueden erigirse en auténticos legisladores negativos capaces de vaciar de contenido un requisito legal en materia concursal, como es la obligación por parte del deudor de acreditar haber intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, para poder pretender el acceso al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, en el caso de los deudores personas físicas no comerciantes; el principio de legalidad no puede quedar sacrificado en su integridad por las interpretaciones judiciales derogatorias de la norma (que entendemos contra legem), si el requisito no tiene margen de interpretación posible. De conformidad con la nueva doctrina: los deudores personas físicas no comerciantes que hubiesen optado directamente por el concurso de acreedores, no han de acreditar como requisito legal el haber intentado celebrar el acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, quedando reservada esta exigencia para los deudores comerciantes.

Dos son los supuestos en torno a los cuales giran las vicisitudes jurídicas de este caso. En primer lugar, sobre la anulación judicial de un contrato de gestión de servicios y sus efectos y un posterior contrato de concesión de servicios, con el mismo objeto, imponiendo al contratista en el Pliego la obligación del futuro adjudicatario de abonar al Ayuntamiento de un canon o aportación inicial que tendrá carácter de ingreso afectado en la contabilidad pública para hacer frente a operaciones de capital, por un importe equivalente al valor de los activos que están pendientes de amortizar del anterior contrato. En segundo lugar, declarada la inconstitucionalidad de ciertos artículos del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, regulado en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 2004, produciendo dos efectos: uno, la reclamación al Ayuntamiento de los sujetos pasivos que pagaron el Impuesto y, dos, la reclamación del Ayuntamiento al Estado de aquellas cantidades. Las reclamaciones se fundamentan en la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, la primera y, en la del Estado-Legislador, la segunda.

Respecto de la rebeldía procesal, el Tribunal Supremo ha declarado que los órganos procesales han de cumplir rigurosamente con las normas reguladoras de los actos de comunicación con las partes, porque, de lo contrario, puede verse afectado el derecho a la tutela judicial efectiva y provocar indefensión.
En la desheredación, si el legitimario niega las afirmaciones de abandono o maltrato, desplaza la carga de la prueba al heredero. El maltrato psicológico se considera comprendido dentro de la expresión “maltrato de obra” del artículo 853.2ª CC.
En el caso de la impugnación del testamento, la acción es personalísima y no se puede actuar en nombre de otro legitimario si no se ostenta la representación procesal acreditándolo.

El presente caso pone de manifiesto las divergencias que continúan sin resolverse en nuestro país, en el conflicto Catastro-Registro de la Propiedad para inseguridad jurídica de los ciudadanos. La georreferenciación obligatoria desde la reforma del año 2015 aflora una evidente controversia que solo es técnica o cartográfica, acerca de si las georreferenciaciones alternativas que se presentan se ajustan o no a la realidad. Si el Registro de la Propiedad estima que la inscripción de una georreferenciación puede suponer una perturbación de hecho, han de analizarse cada una de las aportadas como alternativas, pues, aunque los datos del Catastro se presumen exactos en la legislación catastral, ello deberá entenderse sin perjuicio de los pronunciamientos registrales que, en cualquier caso, tienen preferencia. El alta de la alteración catastral no produce ningún efecto jurídico al carecer el Catastro de la función de control de la legalidad, y basta la oposición de un colindante para destruir la presunción de exactitud catastral, ya que la certificación catastral no constituye un título de propiedad.