Casos Prácticos

Respecto de la rebeldía procesal, el Tribunal Supremo ha declarado que los órganos procesales han de cumplir rigurosamente con las normas reguladoras de los actos de comunicación con las partes, porque, de lo contrario, puede verse afectado el derecho a la tutela judicial efectiva y provocar indefensión.
En la desheredación, si el legitimario niega las afirmaciones de abandono o maltrato, desplaza la carga de la prueba al heredero. El maltrato psicológico se considera comprendido dentro de la expresión “maltrato de obra” del artículo 853.2ª CC.
En el caso de la impugnación del testamento, la acción es personalísima y no se puede actuar en nombre de otro legitimario si no se ostenta la representación procesal acreditándolo.

El presente caso pone de manifiesto las divergencias que continúan sin resolverse en nuestro país, en el conflicto Catastro-Registro de la Propiedad para inseguridad jurídica de los ciudadanos. La georreferenciación obligatoria desde la reforma del año 2015 aflora una evidente controversia que solo es técnica o cartográfica, acerca de si las georreferenciaciones alternativas que se presentan se ajustan o no a la realidad. Si el Registro de la Propiedad estima que la inscripción de una georreferenciación puede suponer una perturbación de hecho, han de analizarse cada una de las aportadas como alternativas, pues, aunque los datos del Catastro se presumen exactos en la legislación catastral, ello deberá entenderse sin perjuicio de los pronunciamientos registrales que, en cualquier caso, tienen preferencia. El alta de la alteración catastral no produce ningún efecto jurídico al carecer el Catastro de la función de control de la legalidad, y basta la oposición de un colindante para destruir la presunción de exactitud catastral, ya que la certificación catastral no constituye un título de propiedad.

El caso se plantea en torno a diferentes problemas relacionados con un Ayuntamiento tales como, la negativa de la Alcaldesa de convocar un pleno ordinario afirmando que no hay temas que tratar; la grabación de un Pleno y el intento de difusión posterior por Internet; el ajuste a derecho de notificación de un acto; la compatibilidad del pago por licencia de obras y el impuesto de edificación en una calle; el ajuste a derecho de la asistencia a una Comisión Informativa de un médico nombrado miembro honorífico del Ayuntamiento que había sido concejal de la Corporación mucho tiempo y, finalmente, cuestiones derivadas de un contrato de obras (posibilidad de variantes en las ofertas; inadmisión de un recurso y la modificación del contrato acordada por la Administración con oposición del contratista).

La demandante interpone una demanda contra la comunidad de propietarios por los perjuicios que le produce la instalación de un ascensor a cota cero, en un patio interior en la comunidad al verse privada de luces y vistas desde su ventana del dormitorio, ya que el mismo ocupa una parte dejando libre una de mucho menor tamaño, así como por la falta de privacidad dentro de su domicilio al tener una panorámica de toda su habitación, así como de luz y ventilación. Manifiesta que la instalación del ascensor en el edificio de cuatro plantas le perjudica y solicita una indemnización de 10.000 euros. la. La obra fue acordada por la junta de la comunidad en la que se acordó la contribución a los gastos se hiciera por todos los copropietarios, incluso los de los pisos bajos. La vivienda se encuentra en un piso interior de una planta intermedia. La comunidad fue avisada por el propietario del piso afectado indicando que la instalación del ascensor perjudicaba su vivienda y afectaba a su privacidad ya que ofrecía una vista completa de la habitación, pero ante su negativa a indemnizarle incluso con devolución de parte de lo pagado por él como copropietario o resolver de alguna manera esos inconvenientes, decidió interponer la demanda a la comunidad.

Plantea el presente caso práctico preguntas referidas a dos cuestiones diferenciadas. Por una parte, el derecho de información de unos parlamentarios del Congreso sobre ciertos gastos de personal recogidos en los Presupuestos Generales del Estado; el órgano competente para resolver la misma; normativa aplicable y recurso contencioso interpuesto frente a la contestación, entre otras cuestiones y, por otra parte, si se vulneró el derecho a la integridad moral reconocido en el art.15 de la Constitución de una funcionaria que fue trasladada a un departamento administrativo dirigido por una persona que fue denunciada por presunto delito de falsedad documental por aquella cuando se encontraba en anterior destino, cuyo Jefe de Área era aquél y, posteriormente, se la destina al mismo Departamento, que ahora dirige el denunciado y condenado.

Fecha que ha de tomarse en consideración para que la póliza de un contrato de seguro cubra un posible siniestro y los criterios que se siguen para interpretar los datos que lleva o no a la indemnización. También se analiza cómo debe satisfacerse el importe del seguro y a quién la cantidad asegurada, según el orden de beneficiarios y la naturaleza del contrato de seguro asociado al préstamo hipotecario, así como quién puede reclamar o está legitimado para ello. Posibles modificaciones contractuales del contrato de seguro y como deben formalizarse la mismas.

Por último, suponiendo que el accidente confiera el derecho a la indemnización por accidente, además de la que le correspondería por ese accidente, en su caso, posibilidad de reclamar la indemnización complementaria.

Los copropietarios de una vivienda que son titulares del 50 % de la misma, tienen legitimación activa para iniciar con una demanda la acción de precario en nombre de la comunidad de propietarios, cuando conste la voluntad contraria del copropietario que es titular del otro 50 %; el uso de la vivienda por la parte demandada de dicho acción judicial, se apoya en la sola voluntad de una copropietaria que no tiene el poder de disposición en exclusiva del derecho de uso de la vivienda, al ser titular solo de una mitad indivisa, no ostentando por lo tanto, la mayoría. No existe causa ni justificación en la pretensión de los demandados, intentando mantener el uso de la vivienda que les fue cedida en precario por una copropietaria, en claro perjuicio de los restantes copropietarios. Derecho de los demandantes a vender la vivienda libre y sin ocupantes.

Este supuesto plantea diversas cuestiones, en primer lugar, relativas a un procedimiento sancionador, en concreto, respecto a si el denunciante puede ser interesado y sobre si se produjo la caducidad o no del procedimiento y, en segundo lugar, en relación a un contrato de servicios docentes planteándose, entre otras, interrogantes respecto a su naturaleza, requisitos para ser contratista, modificación, subcontratación, publicidad, aplicación del resto de normas relativas a los contratos administrativos, si es preciso nombrar a un responsable del contrato, si debe expedir factura quien imparte el curso o si se aplican las reglas sobre incompatibilidad.

Tras obtener el demandante la estimación de la demanda a través de la que solicitó que se le reconociera la vulneración del derecho al honor por haber sido dado de alta en un archivo de insolvencia patrimonial sin cumplir los requisitos legalmente establecidos, la sentencia del juzgado de primera instancia y, posteriormente, la Audiencia Provincial estimaron la petición y se dictaron las sentencias estimando la demanda por entender que la entidad demandada había vulnerado el derecho fundamental al honor por la inscripción sin cumplir los requisitos legalmente establecidos en la legislación de protección de datos. Posteriormente, la representación procesal del actor presentó demanda pidiendo la indemnización de 10.000 euros con base en las sentencias dictadas.

El presente caso trata de arrojar algo de luz acerca de la problemática nacida de una deficiente técnica legislativa a la hora de regular la cuestión objeto del caso: qué mayorías o unanimidad ha de exigirse a las comunidades de propietarios a la hora de aprobar en junta el acuerdo de prohibir en la comunidad el alquiler de pisos turísticos. La distinta interpretación de los términos «limitar», «condicionar» y «prohibir» referidos a esta actividad de arrendamiento de pisos turísticos causa inseguridad jurídica a las comunidades a la vista de las diferentes exigencias de mayorías o unanimidad por parte de los diferentes operadores jurídicos, sobre todo de notarios y registradores de la propiedad. Se consolida la tendencia de estos operadores en el sentido de que los términos «limitar o condicionar» la actividad de alquiler de índole turística de las viviendas también admiten que se establezca una «prohibición», sin que sea exigible la unanimidad en la junta para la adopción de esta.