Casos Prácticos

Casos prácticos de actualidad en el área civil, mercantil, administrativa y penal.

Duración del contrato de arrendamiento: viviendas de protección oficial

En el presente caso se trae a colación el problema de la duración de los contratos de arrendamiento urbanos cuando el objeto del contrato es una vivienda de protección oficial o pública. Estamos ante una materia en que colisionan, por un lado, las razones públicas que vienen presididas por la función social de la vivienda, y que se manifiesta en la posibilidad de adoptar políticas públicas que posibiliten el uso estable de una vivienda digna a quienes se hallen en situación precaria, y, por otro, los intereses privados que nacen de la privatización de tales promociones inmobiliarias por parte de la Administración correspondiente cuando lleva a cabo la venta de las promociones a inmobiliarias privadas con objeto de obtener fondos públicos. Los contratos de arrendamiento entre las Administraciones y los inquilinos particulares no han de verse afectados por el hecho de que la vivienda sea vendida a la empresa privada, pero la realidad es que la LAU resulta ser la norma aplicable en materia de duración del contrato, y ello tiene consecuencias jurídicas inmediatas para el arrendatario que provocan su desahucio por expiración del plazo de duración del contrato.

Palabras claves: arrendamiento de viviendas; duración del contrato; viviendas de protección pública; autonomía de la voluntad.

Adelaida Medrano Aranguren
Magistrada.
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 41 de Madrid

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 217 (febrero 2019)

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Decreto de adjudicación hipotecaria: límites a la calificación registral

En una ejecución hipotecaria, la competencia para aprobar el remate y hacer la adjudicación es atribuida a los letrados de la Administración de Justicia y corresponde a este funcionario la interpretación y aplicación de las normas reguladoras de la subasta, con posibilidad de impugnación ante el juez. La competencia para revisar la conformidad a derecho del decreto de adjudicación, presentado a inscripción, corresponde exclusivamente a los juzgados competentes para conocer de los recursos que contra dicho decreto sean admisibles en el seno del procedimiento de ejecución. La posibilidad de calificar los decretos de aprobación de remate y de calificación por parte del registrador, en ningún caso puede alcanzar a la validez del acto dispositivo aprobado. El registrador solo puede objetar la inscripción si del título no resulta que hayan sido oídos todos los titulares de los derechos inscritos en el procedimiento conforme a la ley.

Palabras claves: registrador de la propiedad; calificación registral; decreto de adjudicación; letrado de la Administración de Justicia.

José Ignacio Atienza López
Letrado de la Administración de Justicia.
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 41 de Madrid

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 217 (febrero 2019)

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Administración local. Contrato administrativo de obras

El caso planteado gira en torno a diversas incidencias jurídicas y presupuestarias que se plantean en torno, en primer lugar, a la adjudicación del mismo, toda vez que se utilizó el procedimiento de licitación con negociación sin que del relato de hechos conste la concurrencia de causa para ello. En segundo lugar, son distintas las cuestiones jurídicas planteadas respecto a la ejecución del contrato. Las mismas giran en torno a: una retención de la garantía prestada por el contratista, finalizadas las obras; la pendencia por parte del contratista de deuda tributaria y la posible compensación de la misma; la prórroga del contrato, finalizado el plazo de duración del mismo; la cesión del contrato a un tercero existiendo deudas del contratista con la Administración con anterioridad a la cesión; si respecto a la existencia de crédito para contratar había que estar al presupuesto base de licitación sin tener en cuenta las posibles prórrogas del contrato. Finalmente, se plantea el ajuste a derecho del fraccionamiento del objeto de un contrato respecto a la contratación de una banda de música para varios años, excediendo el presupuesto de la cuantía de un contrato menor.

Palabras claves: contrato administrativo de obras; adjudicación; cesión del contrato; garantía definitiva; prohibición para ser contratista; fiscalización del contrato.

Julio Galán Cáceres
Miembro del Cuerpo Jurídico de Defensa
Profesor del CEF.-

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 216 (enero 2019)

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Extinción de arrendamientos de local anteriores a la ley de 1994 por jubilación

Hay una nueva causa de extinción aplicable a los arrendamientos anteriores a la entrada en vigor de la ley de 1994 (que lo fue el 1 de enero de 1995). Por tanto, parece ser retroactiva en cuanto a que afecta a contratos anteriores, pero no a las jubilaciones anteriores a la entrada en vigor de la nueva ley.
Cuando concurre en uno solo la causa de jubilación como causa de extinción del contrato arrendaticio, esa solidaridad impide la extinción porque afecta al otro que se ha jubilado antes de la entrada en vigor de la ley.
La teoría del acta nata nos indica que el plazo de prescripción se inicia cuando se tiene conocimiento del hecho causal o determinante.

Palabras claves: arrendamiento de local; extinción; jubilación; prescripción.

José Ignacio Esquivias Jaramillo
Fiscal. Fiscalía Provincial de Madrid

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 216 (enero 2019)

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Efectos propios de la nulidad contractual y cosa juzgada

El supuesto que se presenta versa sobre la imposibilidad de escindir, en dos pretensiones diferentes, la acción declarativa y la acción de condena que dimanan del artículo 1.303 del CC cuando ambas nacen del mismo contrato y por lo tanto de la misma causa petendi (causa de pedir), dando lugar con ello a dos procedimientos diferentes. En esta imposibilidad que se analiza, juega un papel fundamental el instituto de la cosa juzgada, ya que necesariamente el segundo proceso que se intenta para hacer efectiva la acción de condena se ve directamente condicionado por el primero que ejerció la declarativa, siendo así que ambas deberían haber sido examinadas en uno solo de forma conjunta, al ser ello una consecuencia propia del artículo 1.303 del CC. No puede dejarse para un proceso posterior la pretensión que debería haberse ejercitado en el anterior y no se hizo.

Palabras claves: efectos de la nulidad contractual; cosa juzgada; causa de pedir.

José Ignacio Atienza López
Letrado de la Administración de Justicia.
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 41 de Madrid

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 216 (enero 2019)

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Reclamación judicial solicitando la devolución de los alimentos satisfechos

Los procedimientos de reclamación de cantidad solicitando la devolución de los alimentos satisfechos a la madre en favor del hijo deben cumplir el plazo de prescripción legal de acuerdo con la acción que se ejercite. Por otro lado, la devolución de los alimentos satisfechos por el progenitor debe denegarse siguiendo la doctrina jurisprudencial que manifiesta que los alimentos no tienen efectos retroactivos, «de suerte que no puede obligarse a devolver, ni en parte, las pensiones percibidas, por supuesto consumidas en necesidades perentorias de la vida». El pago de los alimentos se hizo como consecuencia de una obligación legalmente impuesta entre quien pagaba y quien se beneficiaba de dicha prestación, y es efectiva hasta que se destruye esta realidad biológica mediante sentencia dictada en proceso de impugnación de la filiación matrimonial. Respecto del daño moral no se considera indemnizable mediante el ejercicio de las acciones propias de la responsabilidad civil, contractual o extracontractual, a partir de un juicio de moralidad indudablemente complejo y de consecuencias indudablemente negativas para el grupo familiar. Se acota el daño indemnizable a supuestos que, en el marco de la relación de matrimonio rota por el divorcio, no tienen su origen en el incumplimiento de los deberes propios del matrimonio, como es el deber de fidelidad del artículo 68 del Código Civil, sino en la condición de persona afectada por la acción culposa o negligente de quien lo causa.

Palabras claves: matrimonio; deber de fidelidad; divorcio; alimentos.

Casto Páramo de Santiago
Fiscal. Fiscalía Provincial de Madrid

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 216 (enero 2019)

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Intermediación inmobiliaria y autonomía de la voluntad

El presente caso versa sobre los problemas nacidos de la inclusión en los contratos de intermediación inmobiliaria, de determinadas cláusulas que, aun habiendo sido integradas en el contrato por la autonomía de la voluntad de las partes, pueden verse las mismas afectadas por la doctrina vigente en materia de cláusulas abusivas, en los casos en que una de las partes (normalmente la parte que acude a la mediación como propietaria de los inmuebles) cuestiona su validez y rechaza su cumplimiento. El doble control de abusividad actualmente vigente no puede convertirse por sistema en un mecanismo impeditivo para la autonomía de la voluntad de las partes si estas manifestaron su deseo de incluir dentro del contrato determinados contenidos, pues de lo contrario dicha autonomía quedaría anulada sistemáticamente como principio esencial de las obligaciones y contratos. La voluntad de las partes, manifestada contractualmente, vincula a quienes negociaron un texto, no pudiendo negar ahora lo que antes reconocieron por pura conveniencia bajo la cobertura de una doctrina sobre cláusulas abusivas que no les era aplicable.

Palabras claves: intermediación inmobiliaria; autonomía de la voluntad; cláusulas abusivas; contratos de adhesión.

Adelaida Medrano Aranguren
Magistrada del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 41 de Madrid

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Proceso selectivo de funcionario público y derecho de libertad religiosa

Gira el presente supuesto sobre una aspirante, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, extremo que había hecho constar en la solicitud de admisión, a ingresar en el Cuerpo de Profesores, en la especialidad de Educación Infantil, y al percatarse de que una prueba de ese proceso se convocó para un sábado, día de precepto religioso para ella, solicitó, por escrito de la Administración, el cambio de fecha para el ejercicio, invocando el artículo 12.3 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. La Administración desestima su pretensión y, al no realizar la referida prueba, fue excluida del proceso selectivo. Interpuesto recurso contencioso-administrativo se resolvió en sentido desestimatorio a su pretensión, por lo que finaliza su peregrinar procesal interponiendo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En torno a estos hechos se plantean una serie de cuestiones jurídicas tales como qué recursos debió plantear, si está planteado en plazo, quiénes deben y pueden intervenir en este proceso, derechos fundamentales que podrían invocarse como vulnerados, consecuencias de no referir en el recurso la especial trascendencia constitucional, qué podría aducirse para justificar aquella, incidencia de la querella criminal interpuesta contra la autoridad administrativa que desestimó su pretensión, posible extensión de efectos de la sentencia de amparo si fuera estimatoria y, finalmente, efectos posibles si se tramita el recurso de amparo siendo una ley la que prohíbe el aplazamiento de ejercicios en pruebas selectivas en situaciones como la que le ocurrió a la recurrente.

Palabras claves: proceso selectivo de funcionario público; derecho de libertad religiosa; educación; recurso contencioso-administrativo; recurso de amparo.

Julio Galán Cáceres
Miembro del Cuerpo Jurídico de Defensa
Profesor del CEF.-

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 215 (diciembre 2018)

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Jurisdicciones sucesivas y falta de acción

El supuesto planteado versa sobre la problemática del planteamiento de unos mismos hechos pero en dos jurisdicciones distintas que se usan de forma sucesiva, reclamando pretensiones distintas en cada una de ellas pero a partir de unos mismos hechos. En estos supuestos no siempre nos encontraremos con que la excepción de la cosa juzgada será la que pueda impedir que ello suceda, pues en ocasiones las mismas personas que plantean las cuestiones presentando dos demandas pueden carecer de legitimación activa para realizarlo en la segunda. Esta falta de acción ha sido estudiada por la jurisprudencia de nuestros tribunales, y las soluciones no siempre han sido uniformes. Quien a partir de unos mismos hechos entienda que puede demandar a dos demandados distintos no puede iniciar la acción solo contra uno de ellos en un orden jurisdiccional, y una vez terminado el proceso ante este, emprender la acción contra el segundo en el otro orden pero reclamando cosas distintas, si pudo demandar a los dos en el primer orden. En el caso de que así obre, carecerá de legitimación activa ante el segundo orden.

Palabras claves: legitimación activa; falta de acción; órdenes sucesivos.

Adelaida Medrano Aranguren
Magistrada del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 41 de Madrid

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 215 (diciembre 2018)

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La responsabilidad civil de los asesores fiscales y laborales

Los asesores fiscales, y en menor medida los laborales, constituyen una profesión carente de regulación específica y estatutaria en nuestro país, de modo que ninguna norma exige que hayan de tener una determinada titulación o tengan que estar colegiados en este o aquel colegio profesional. Ahora bien, este hecho no exime a estos profesionales de ser objeto de una reclamación en materia de responsabilidad civil, y si bien existen muchas similitudes con los supuestos de responsabilidad civil de los abogados, la realidad es que tienen también sus propias peculiaridades en la materia que este caso se intenta abordar. Sobre todo debe prestarse atención a la dificultad de delimitar el campo objetivo de conocimientos de los cuales deberá responder un asesor fiscal.

Palabras claves: responsabilidad civil contractual; responsabilidad civil de los asesores fiscales y laborales.

José Ignacio Atienza López
Letrado de la Administración de Justicia.
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 41 de Madrid

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 215 (diciembre 2018)

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