Artículos de Interés

Las fusiones empresariales pueden afectar negativamente a los acreedores cuando impliquen una reducción de la solvencia de la sociedad resultante o absorbente en relación con las participantes en el proceso. Tradicionalmente, este riesgo se ha mitigado en España mediante la configuración de un derecho de oposición que les permitía, hasta cierto punto, paralizar la operación hasta obtener una seguridad en el cobro sus créditos. El Real Decreto-ley 5/2023 ha supuesto una evolución del régimen de protección, eliminando definitivamente el derecho de oposición y sustituyéndolo por un derecho a obtener garantías adecuadas. A la vez, permite inequívocamente que el proyecto de fusión sea modificado por las juntas sin que sea necesario un reinicio del procedimiento. El objeto de este trabajo es estudiar la compatibilidad entre la modificabilidad del proyecto y el nuevo régimen de protección de los acreedores instaurado. Como veremos, surgen ciertas incoherencias de la redacción del real decreto-ley que devalúan varias de las novedades introducidas. Analizaremos estas cuestiones, proponiendo tanto soluciones a futuro como una interpretación de lege lata que permita garantizar un nivel de protección suficiente de los acreedores en supuestos de modificación del proyecto.

Palabras claves: protección de acreedores; modificación del proyecto de fusión; garantías adecuadas.

Este trabajo analiza el derecho del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia desde una perspectiva sistemática con el objetivo de determinar su encaje en las estructuras y categorías fundamentales del derecho público español. Se parte de la hipótesis de que el plan constituye una manifestación de un nuevo poder de gasto (spending power), que, inevitablemente, conduce a una evolución del sistema de fuentes, las estructuras organizativas, los instrumentos jurídicos y los sistemas de gestión y control del gasto. Con esta finalidad, se toman como referencia tanto el marco jurídico creado como su aplicación práctica. La investigación pretende contribuir, en última instancia, a la construcción de un derecho público de la recuperación, que va más allá del carácter coyuntural del plan.

Palabras claves: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; derecho público; organización administrativa; poder de gasto; instrumentos jurídicos.

En los artículos 31 bis y siguientes del CP se regula la responsabilidad «penal» de las personas jurídicas por los delitos cometidos por sus integrantes. Aunque en principio queda claro que estos preceptos se aplican a aquellas entidades que poseen personalidad jurídica conforme a nuestra legislación, se debe advertir que este criterio formal por el que ha optado el legislador ha sido objeto de múltiples críticas y, además, existen ciertas entidades que pueden plantear problemas interpretativos.

Palabras claves: responsabilidad penal de las personas jurídicas; delincuencia empresarial; entidades responsables; concepto de persona jurídica.

En artículos anteriores (CEFLegal, 228 [enero 2020] y CEFLegal, 269 [junio 2023]), hemos analizado la importancia del cumplimiento del efecto incentivador de las subvenciones en el marco de las distintas convocatorias (europeas, nacionales, regionales y locales) de las ayudas públicas para el fomento de la inversión de la pyme. Como un paso más en nuestro estudio, en el presente artículo, siguiendo el conocido como método del caso, analizaremos el conjunto de interpretaciones que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha venido realizando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre dicho ítem. Nuestra (humilde) pretensión es que, a través de este trabajo, puedan extraerse determinadas conclusiones que ayuden a pacificar la controversia jurídica existente al respecto.

Palabras claves: subvenciones; efecto incentivador; método del caso.

En la contratación pública el licitador adjudicatario asume, al ejecutar el contrato, un riesgo y ventura. Cuando estamos ante prestaciones de contratos en las que existe una transferencia del riesgo estamos en un contrato de concesión de servicios, de forma que aquel soporta tanto el riesgo como la ventura derivada de la evolución y éxito del mismo. Es necesario diferenciar este tipo de otros, como el servicio o la concesión demanial, así como aplicar la normativa sobre la concesión que regula la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión junto a la jurisprudencia europea.

Palabras claves: concesión; riesgo; contrato; equilibrio.

Las nuevas tecnologías han afectado al sector de los servicios financieros. Así, han transfowrmado la forma en que se prestan los «servicios financieros tradicionales», han dado lugar a la aparición de nuevos servicios de pago con un importante componente tecnológico y han propiciado la irrupción de nuevos sujetos en el mercado financiero.

El presente trabajo realiza un análisis de cómo ha sido dicha transformación y cómo las autoridades europeas han tratado de dar una respuesta satisfactoria a todas las cuestiones que han surgido.

En este sentido, se analizan detalladamente los nuevos sujetos intervinientes en el mercado financiero: terceros proveedores de índole tecnológica, plataformas digitales, grupos de actividades diversas, proveedores del servicio de iniciación de pagos o entidades prestadoras del servicio de información sobre cuentas.
Asimismo, se identifican los principales riesgos y oportunidades derivados del nuevo panorama financiero, incluidos sus efectos adversos.

Palabras claves: digitalización; proveedores de servicios tecnológicos; plataformas, BigTechs; PSIP; EPSIC; estabilidad financiera; inclusión financiera.

Frente a un periodo quizá excesivamente largo de anquilosamiento y falta de novedad en derecho societario, de un tiempo a esta parte esta disciplina parece afortunadamente haber resurgido. El legislador, consciente de las necesidades prácticas y del constante cambio y transformación de nuestra sociedad, ha avanzado en pocos años a pasos agigantados en dicha materia. En este sentido, las diversas reformas legislativas operadas en materia mercantil no hacen más que corroborar esta nueva tendencia, proclive a la simplificación y adecuación a las necesidades que reclama la práctica societaria y asimilación a las tendencias imperantes en derecho comparado.

En este sentido, merece especial atención la inédita reforma a la Ley de sociedades de capital operada por la Ley de creación y crecimiento de empresas, resquebrajando instituciones, hasta ahora, inamovibles, como el capital social mínimo o las inclusiones en torno al PAE y al CIRCE, que tratan de ser un instrumento eficaz en ahorro de tiempo y trámites. En esta senda, se han producido otras reformas e inclusiones destacables, como la Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, cuyo fin trata de aplacar los obstáculos a los que se enfrentan las startup, o las múltiples inclusiones legislativas referidas a la digitalización y potenciadas a causa de la irrupción de la covid-19.

A pesar del acierto o desacierto, de la conveniencia o no conveniencia, o incluso de la repercusión práctica o falta de la misma de algunos textos normativos, de lo que no cabe duda es de que nuestro derecho mercantil está creciendo, está intentando adecuarse a la realidad práctica de nuestros días e incluso está siendo pionero en materias hace años totalmente ajenas a nuestro ordenamiento.

Palabras claves: flexibilidad societaria; simplificación societaria; startup; PAE; CIRCE; digitalización societaria.

La Ley 5/2021, de 12 de abril de 2021, reguló por primera vez en España las acciones de lealtad. Tras el primer apartado, que analiza la incorporación de la figura, en el segundo y tercer apartados se realiza el análisis del tratamiento mercantil realizado anteriormente en Francia e Italia, mientras que el cuarto se centra en el establecido en España. El apartado quinto desarrolla las motivaciones expresadas por las tres legislaciones para introducir esta figura. El sexto y séptimo apartados analizan, respectivamente, las ventajas y desventajas de la figura para emisores, inversores y sociedad en general. El apartado octavo incluye propuestas de mejora legislativa de la figura consecuencia del estudio realizado a lo largo del trabajo.

Palabras claves: acciones de lealtad; voto doble; dividendo de lealtad.

Con la era de internet han aparecido nuevos bienes y servicios digitales y otros, que antes tenían soporte físico, se han digitalizado. A su vez, se ha instaurado una estructura telemática en las comunicaciones y, con la expansión digital de las redes sociales, ha surgido una nueva manifestación de la personalidad: la identidad digital. Ante este escenario, surge el interrogante sobre cuál debe ser el destino de todos estos bienes, productos y contenidos digitales tras la muerte de su titular. Este artículo pretende ofrecer una solución holística sobre esta materia. Para ello, se articulan diferentes mecanismos sucesorios atendiendo a la distinta naturaleza de los bienes digitales y se analiza el marco normativo aplicable para cada tipo de sistema hereditario. Se estudian los conceptos de la «herencia digital» y del «derecho al testamento digital» y se aborda un estudio crítico de la legislación vigente al respecto. Todo ello desde una perspectiva doctrinal. Finalmente, se pone de manifiesto la necesidad de velar por la memoria defuncti y de respetar el derecho a la intimidad pretérita del difunto.

Palabras claves: herencia digital; testamento digital; testamento online; patrimonio digital; personalidad virtual; propiedad intelectual online, personalidad digital; memoria defuncti; intimidad pretérita.

La reforma del artículo 487 del texto refundido de la Ley concursal, introducida por la Ley 16/2022, ha supuesto un cambio significativo en los requisitos que deben cumplir los deudores en situación de concurso para poder acogerse al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Con la nueva regulación se impide la exoneración de aquellos deudores que hubieran sido sancionados en vía administrativa por la comisión de determinadas infracciones tributarias o del orden social, así como la de aquellos que hubieran sido objeto de un acuerdo de derivación de responsabilidad durante los 10 años anteriores a la fecha de la solicitud de exoneración.
Las consecuencias derivadas de la nueva regulación son diversas: se impide al deudor la exoneración de la totalidad de sus deudas y no únicamente de las que traen causa en las citadas resoluciones administrativas, no se considera la naturaleza de las infracciones o de los acuerdos de derivación (cuya casuística es inmensa), se omite toda referencia a la eventual prescripción de dichas deudas... De facto, también se altera el orden de prelación de los créditos concursales, pues los derivados de las sanciones administrativas que deben abonarse para acceder a la exoneración, que tienen el carácter de créditos subordinados, se abonarán antes que los restantes créditos y en perjuicio de los restantes acreedores. Por último, la nueva redacción del artículo constituye una vulneración de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, cuya finalidad es facilitar el acceso a la exoneración de los deudores, permitiendo condicionar dicha exoneración a un reembolso parcial de la deuda, pero considerando la situación individual del empresario. La prohibición sistemática de la exoneración por la comisión de una infracción o el hecho de haber sido objeto de un acuerdo de derivación de responsabilidad resulta contraria a la finalidad perseguida por la directiva.

Palabras claves: concurso de acreedores; insolvencia; pasivo insatisfecho; exoneración; derivación de responsabilidad; sanción administrativa; crédito concursal; Directiva 2019/1023.