Artículos de Interés

Artículos doctrinales de interés civil, mercantil, administrativo y penal.

La figura del letrado de la Administración de Justicia y su proyección al derecho a la tutela judicial efectiva. (Reflexiones críticas y propuestas de futuro a partir de un conflicto laboral)

Que a lo largo las primeras semanas de 2023 se haya desarrollado una huelga indefinida por parte de los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia colocó en el centro de la atención pública a estos operadores jurídicos. El conflicto laboral en sí resulta, como es lógico, mayormente indiferente a la sociedad. Pero sus consecuencias, no. Se paralizaron centenares de miles de actuaciones judiciales de toda índole, añadiendo más retraso si cabe a la prestación del derecho a la tutela judicial efectiva que ya, per se, se produce casi de manera estructural. Bien, ¿tan importante es entonces este funcionario? ¿Por qué el ejercicio de huelga de uno de los elementos humanos integrados en la Administración de Justicia causa tan graves efectos en la garantía judicial de los derechos subjetivos? Se pretende aquí estudiar esa figura, sus funciones y marco normativo en orden a su proyección a tal garantía que, no se olvide, se halla constitucionalizada a plenos efectos; y extraer de ello consecuencias que quizá demuestren fallos legislativos sistémicos en la conceptuación estructural y desarrollo del itinerario normativo insertado para la consecución de esa tutela judicial efectiva.

Palabras claves: letrado; justicia; tutela judicial efectiva; huelga; funciones.

Eduardo Sánchez Álvarez
Profesor asociado (acreditado a profesor contratado doctor).
Universidad de Oviedo (España)

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 279 (abril 2024)

La peregrinación jurisdiccional de las víctimas para interponer una reclamación contra los eventuales responsables del daño. Una propuesta de lege ferenda

El conflicto de jurisdicciones no es un conflicto menor. En función de la jurisdicción ante la que se plantee la demanda las consecuencias serán diferentes, pues los tribunales no resuelven con arreglo a los mismos criterios. El problema se agrava cuando dos órdenes jurisdiccionales diferentes pretenden atraer hacia sí la competencia para resolver determinados asuntos, o cuando, de hecho, ambos asumen directamente su competencia. La división entre órdenes de la jurisdicción y su especialización únicamente tendrá sentido si las normas de atribución garantizan la exclusividad en una determinada materia y que a la vez goce de una unidad en sí misma, la cual a su vez genere el suficiente volumen de asuntos que justifique el establecimiento de tribunales especializados para resolver todos los pleitos que se originen.

Palabras claves: jurisdicción; competencia; responsabilidad; daño; víctima.

Juan Panisello Martínez
Doctor en Derecho (España)

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 279 (abril 2024)

Sostenibilidad corporativa: ¿un nuevo paradigma en el gobierno de las sociedades mercantiles?

Cada vez son más los operadores jurídicos que, impulsados por la presión social promovida por los consumidores y usuarios, agentes sociales e incluso inversores, adoptan y adaptan sus normativas internas a las exigencias propias de la sostenibilidad. La pasividad y, ocasionalmente, indiferencia o desinterés empresarial ha provocado un impacto igual de severo en el medio ambiente (en los océanos, en la biodiversidad y en la concentración de gases de efecto invernadero) que en el medio humano (sea por ser este el receptor directo de los referidos efectos, o por la decadencia o falta de mejora de los derechos humanos en ciertos sectores económicos).
El presente estudio trata de analizar los retos implícitos de la sostenibilidad corporativa bajo los parámetros adoptados por la Unión Europea en su reciente propuesta de directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.
Para situar al lector, el estudio se inicia con la necesaria delimitación del concepto de responsabilidad social y sus rasgos más característicos. El mismo proceder se seguirá con el denominado (buen) gobierno corporativo. Sentados ambos conceptos, el principal punto tratará de conjugar ambos elementos, habida cuenta de su inevitable interrelación. El resultado final del estudio no solo mostrará el estado de la cuestión desde un punto de vista jurídico-material, sino también su –aún tímido e incipiente– estado legislativo comunitario y nacional.

Palabras claves: sostenibilidad; buen gobierno corporativo; ESG.

Ana María Vaduva
Asesora jurídica y experta en cumplimiento normativo (España)

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 279 (abril 2024)

Mercados financieros sostenibles (II). Aproximación desde el abuso de mercado, la administración desleal y la estafa de inversión de capital y de crédito

Este artículo estudia de forma crítica el concepto de mercados financieros sostenibles desde la directiva y el Reglamento de abuso de mercado, relacionados con el Reglamento de índices de referencia y el Reglamento sobre índices de referencia climáticos, el MiFID verde, la Directiva de taxonomía, el Reglamento de divulgación de información sobre sostenibilidad y la Directiva de información de sostenibilidad corporativa.

Palabras claves: abuso de mercado; administración desleal; ASG; doble materialidad; estabilidad financiera; estafa de inversión de capital; finanzas sostenibles; integridad de mercado; inversor razonable.

Mariano Castillo García
Castillo&García. Abogados penalistas.
Especialistas en derecho penal económico y de la empresa (España)

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 278 (marzo 2024)

La Administración pública sanitaria en España: análisis actualizado del informe anual del SNS desde una perspectiva administrativo-financiera

El presente documento busca aportar una aproximación detallada al Sistema Nacional de Salud desde una perspectiva jurídico-financiera, abordando aspectos como la financiación, la distribución del gasto o la respuesta ante la pandemia de la covid-19. Para ello, se analizan datos específicos recogidos en el más actual informe anual del Ministerio de Sanidad, reflexionando sobre los presupuestos asignados, la inversión per cápita, la distribución de profesionales de la salud, etc.; proporcionando, así, una visión integral de la situación actual del sistema sanitario español.

Palabras claves: Administración pública sanitaria; Sistema Nacional de Salud; derecho administrativo sanitario; derecho a la protección de la salud; organización sanitaria.

David López Santos
Jurista
Funcionario del Sistema Nacional de Salud (España)

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 278 (marzo 2024)

Las controversias inversor-Estado receptor en América Latina

En los últimos años, el arbitraje internacional sobre inversiones (AII) ha sido el método más utilizado para solucionar controversias surgidas entre un Estado e inversores extranjeros. La opción del arbitraje internacional se encuentra estipulada en la mayor parte de cuerpos legales internacionales referidos a la solución de controversias entre inversores y Estados y suelen formar parte integrante de diversos acuerdos internacionales de inversiones contemporáneos.
Suele ser frecuente que los Estados receptores que desean atraer y promover la inversión extranjera ofrezcan previsibilidad jurídica a los inversores extranjeros mediante la promoción del arbitraje internacional como medio para abordar controversias. En contraparte, los inversores extranjeros tienen predilección por el arbitraje internacional frente a otras alternativas de solución de controversias, al considerarlo como un procedimiento rápido, con foro neutro, eficaz y flexible.
En el presente trabajo se analizan las controversias inversor-Estado en el contexto de América Latina. En concreto, partiendo de la información que provee la base de datos del CIADI, se estudian diversos aspectos de los procesos de arbitraje que tienen como parte involucrada a algún país de la región.

Palabras claves: arbitraje; CIADI; inversión; América Latina.

Sarela Enríquez Perales
Doctoranda en Economía.
Universidad de Valladolid (España)

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 278 (marzo 2024)

Mercados financieros sostenibles (I). Aproximación desde el abuso de mercado, la administración desleal y la estafa de inversión de capital y de crédito

Este artículo estudia de forma crítica el concepto de mercados financieros sostenibles desde la directiva y el Reglamento de abuso de mercado, relacionados con el Reglamento de índices de referencia y el Reglamento sobre índices de referencia climáticos, el MiFID verde, la Directiva de taxonomía, el Reglamento de divulgación de información sobre sostenibilidad y la Directiva de información de sostenibilidad corporativa.

Palabras claves: abuso de mercado; administración desleal; ASG; doble materialidad; estabilidad financiera; estafa de inversión de capital; finanzas sostenibles; integridad de mercado; inversor razonable.

Mariano Castillo García
Castillo&García. Abogados penalistas.
Especialistas en derecho penal económico y de la empresa (España)

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 277 (febrero 2024)

El impacto de la covid-19 sobre el orden constitucional español

La fuerte conmoción sufrida en los regímenes constitucionales de nuestro entorno por la pandemia del coronavirus se ha visto reflejada, principalmente, en la generación de estados de emergencia o excepción (formales o de facto), la atenuación de los controles parlamentarios sobre las medidas adoptadas por los gobiernos (que han supuesto la privación o limitación de los derechos fundamentales y las libertades públicas) e, incluso, la revisión de algunos de los supuestos ideológicos del constitucionalismo (por ejemplo, el modo de concebir la intervención del Estado sobre la sociedad o los controles y equilibrios entre poderes). Por lo que se refiere a España, los problemas más relevantes y controvertidos que, desde la perspectiva del derecho constitucional, ha traído consigo la pandemia del coronavirus han sido la preterición del Parlamento, del que la suspensión de su actividad al inicio de la crisis y el uso excesivo y arbitrario del decreto-ley son sus muestras más significativas, y el relativo a la conformidad con la Constitución de las medidas restrictivas de derechos adoptadas para afrontar la emergencia de salud pública provocada por la covid-19, que no solo ha sido cuestionada por diferentes resoluciones judiciales y parte de la academia, sino por el mismo Tribunal Constitucional, que ha llegado a desautorizar las decisiones más significativas de los titulares del poder de excepción.

Palabras claves: covid-19; Constitución; derechos fundamentales; régimen parlamentario.

David Parra Gómez
Profesor contratado doctor de Derecho Constitucional.
Universidad de Murcia (España)

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 277 (febrero 2024)

Las personas vulnerables. Análisis global de su definición y protección jurídica

En el presente artículo se pretende desgranar la concepción actual del concepto de vulnerabilidad y de los distintos grupos de personas vulnerables, tras la evolución experimentada en los últimos años, en concreto desde la crisis económica del año 2008, que conllevó un notable incremento de las situaciones de precariedad social, laboral y económica de determinadas personas. La vulnerabilidad, así entendida, integra como elementos esenciales la virtualidad de sufrir un daño y la capacidad de evitar, reducir o combatir el resultado lesivo. En este artículo, dado los distintos grupos de personas directamente afectados por la precariedad laboral, la crisis económica, la inestabilidad laboral o la gravedad de sus situaciones familiares o sociales, se catalogan los distintos grupos de personas que se definen como vulnerables por las causas anteriormente indicadas.

Palabras claves: España; 2008-2023; vulnerabilidad; crisis económica; precariedad laboral; desigualdad; violencia de género; menores de edad; discapacitados.

Ramón Tinao Llerandi
Abogado
Doctorando en Derecho y Sociedad por la UDIMA (España)

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 277 (febrero 2024)

Una reflexión sobre los principios de efectividad y equivalencia en la jurisprudencia del TJUE a propósito del asunto C-278/20, Comisión c. España

En el asunto C-278/20, Comisión c. España, el TJUE ha declarado que España incumplió las obligaciones que le incumben en virtud del principio de efectividad al adoptar los artículos 32, aps. 3 a 6, y 34, ap. 1, de la Ley 40/2015, y el artículo 67, ap. 1, de la Ley 39/2015. En cambio, el TJ ha constatado que el sistema español de responsabilidad patrimonial del Estado legislador en caso de infracción de derecho de la Unión no vulnera el principio de equivalencia. Esta sentencia ha venido a unirse a la jurisprudencia previa del TJ sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento del derecho de la Unión. En esta contribución se analiza la posición del tribunal, valorando si ha seguido una línea coherente con sus pronunciamientos anteriores sobre la cuestión.

Palabras claves: principio de efectividad; principio de equivalencia; responsabilidad patrimonial por actos legislativos contrarios al derecho de la UE.

Beatriz Vázquez Rodríguez
Profesora contratada doctora de Derecho Internacional Público.
Universidad de Oviedo (España)

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 276 (enero 2024)

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