Artículos de Interés

Artículos doctrinales de interés civil, mercantil, administrativo y penal.

La cobertura de los ciberataques patrocinados por Estados en el derecho de seguros español

Desde mediados del siglo XX ha existido un rechazo generalizado por parte del sector asegurador hacia la cobertura de los daños derivados de conflictos armados. Los motivos principales radican en la teórica imprevisibilidad de estos sucesos, dificultando el desarrollo de modelos actuariales precisos; además de en su aptitud para provocar daños masivos en periodos de tiempo muy concentrados, lo que puede derivar en una presión desmedida sobre la solvencia de las aseguradoras. Como consecuencia, resulta común que ciertas pólizas exceptúen de su cobertura los daños provocados por conflictos armados. En los últimos años, determinados Estados han venido promoviendo ciberataques dirigidos contra objetivos externos como parte de sus estrategias geopolíticas. Esto ha suscitado el debate sobre la consideración de estos ataques como constitutivos de conflictos armados y, consecuentemente, sobre su cobertura por las aseguradoras. A lo largo del presente trabajo pretendemos analizar el tratamiento que los ciberataques patrocinados por Estados reciben en el derecho español, en el que, según discutiremos, la exclusión de los daños producidos por conflictos armados, y otros sucesos extraordinarios, tiene rango legal.

Palabras claves: seguros; ciberataque; guerra; conflicto armado; ciberguerra.

Ignacio Sánchez Gil
Doctorando en Derecho Mercantil.
Universidad Complutense de Madrid (España)

Este trabajo ha obtenido el 1.er Premio «Estudios Financieros» 2023 en la modalidad de Derecho Civil y Mercantil.

El jurado ha estado compuesto por: don José Ramón Navarro Miranda, doña Marlen Estévez Sanz, doña Esther de Félix Parrondo, don Ramón Fernández Aceytuno Sáenz de Santamaría, doña Esther Muñiz Espada y don Pedro Portellano Díez.

Los trabajos se presentan con seudónimo y la selección se efectúa garantizando el anonimato de los autores.

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 273 (octubre 2023)

Abuso de poder y violencia de género en el trabajo: ¿Qué lección del «beso (robado) de rubiales»?

Teniendo en cuenta que la conducta se produjo a la vista del mundo entero, cuando todas las cámaras de centenares de medios y países grababan la ceremonia de entrega de premios, y atendida la extrema transcendencia de los derechos e intereses en juego (derechos fundamentales de las jugadoras, valores superiores de una sociedad y un ordenamiento, el decoro deportivo, prestigio mundial del fútbol profesional, imagen de país, etc.), podría pensarse que la realidad aquí parece clara, al margen de la posición -variable-, en cada momento -cambiante-, de cada parte (jugadoras y presidente de la RFEF). Está grabada, todo el mundo lo vio, de ahí que fuese tan inmediato el juicio social y su condena. Pero, en un Estado Constitucional de Derecho tomado en serio ¿qué es lo que el mundo entero ha visto realmente?

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén (España)

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 273 (octubre 2023)

El tratamiento jurídico de los criptoactivos: una mirada holística

El régimen jurídico de los criptoactivos ha sido objeto de debate y análisis en diferentes áreas del derecho, siendo las más relevantes: la normativa sobre blanqueo de capitales, el derecho penal, el derecho a la protección de datos personales, el derecho laboral y el derecho mercantil –referente a la regulación de su publicidad y de su estatus en el mercado financiero–. En este análisis se explorarán cada una de estas ramas para la clarificación del tratamiento jurídico de los criptoactivos.

Palabras claves: criptoactivos; blanqueo de capitales; ilícitos penales; protección de datos; regulación mercantil; tax regime, blockchain.

Norberto Miras Marín
Profesor contratado doctor de Derecho Financiero y Tributario.
Universidad de Murcia (España)

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 273 (octubre 2023)

Derechos y constitución en tiempos de crisis

Los desastres naturales y desgracias colectivas, las pandemias y las crisis económicas generan más que inquietud entre la ciudadanía y, además, provocan desafección institucional y restan credibilidad al sistema cuando la gestión pública de las situaciones críticas es defectuosa o adolece de rigor constitucional. En esta línea nuestro modelo constitucional, sin llegar a demudarse, se ha resentido por la pandemia de la covid-19. Ello se evidenció por la insuficiencia del estado de alarma al abordar dicha crisis y ante la problemática del control jurisdiccional realizado al respecto por el Tribunal Constitucional. Los desaciertos detectados en el derecho de necesidad frente a la pandemia obligan a reconsiderar sus claves jurídicas de cara a similares situaciones críticas futuras, en aras de modular la restricción de libertades o suspensiones de derechos fundamentales que eventualmente pudieran darse. De modo que se suscita una reinterpretación del derecho de excepción y el papel de las instituciones básicas del Estado. Propongo, pues, una reflexión jurídica antes de que acontezca otra desgracia colectiva y se puedan aplicar estándares constitucionales adecuados para la actuación del poder público.

Palabras claves: derecho constitucional, pandemia, estado de alarma, Tribunal Constitucional, derecho excepcional.

José Ángel Marín Gámez
Profesor titular de Derecho Constitucional.
Universidad de Jaén (España)

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚMS. 271-272 (agosto-septiembre 2023)

Tratamiento conjunto y concordado de la propiedad intelectual e industrial. Mecanismos de protección para su mayor significación y proyección práctica

El objetivo de este estudio es comprobar que la materia abordada, relativa a la propiedad intelectual e industrial, merece una especial protección jurídica, ya que hay fundamentos suficientes para ello. Se acogen e interpretan distintas soluciones positivas que ganan proyección e incluso se separan de una construcción o aplicación más tradicional para, en materia de prevención de las infracciones y, en todo caso, en su ulterior reparación, reaccionar en derecho desplegando medidas efectivas que buscan la más completa satisfacción.
El reto es ofrecer un tratamiento conjunto y unificado, tal como entiende la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, invocando distintos preceptos que en nuestro ordenamiento se muestran separados, dando concordancia y encuadramiento en las categorías que distinguimos en este estudio. Para ello se cita, primeramente, un referente constitucional de eficacia directa, que no meramente programática; y, a continuación, se verifica la coherencia en el desarrollo del marco jurídico con una visión panorámica y la localización de recursos suficientes de aplicación a la propiedad intelectual e industrial. Se trata, en suma, de abordar la inmersión normativa, el tratamiento concordado y la interpretación extensiva para la mayor proyección, significación y tutela, ofreciendo por demás una sistemática con la que dar orden al estudio.

Palabras claves: propiedad intelectual; propiedad industrial; patentes; tutela efectiva; responsabilidad civil garantizada.

Francisco de la Torre Olid
Profesor adjunto de Derecho Privado.
Universidad Internacional de Valencia (VIU) (España)

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚMS. 271-272 (agosto-septiembre 2023)

El notario como medida de apoyo atípica en el testamento de las personas con discapacidad

La entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (BOE núm. 132, de 3 de junio) ha supuesto una modificación sustancial del derecho de sucesiones, relativa a promover el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, y un impulso a su autonomía en la toma de sus propias decisiones. En este trabajo realizamos un comentario a las trascendentes modificaciones del Código Civil introducidas por esta ley, sobre las facilidades que el legislador da a partir de ahora a las personas con discapacidad, no solo para otorgar testamento, sino para tomar decisiones sobre su sucesión y el establecimiento de disposiciones testamentarias en plena autonomía de su voluntad, introduciendo también la posibilidad de otorgar disposiciones en beneficio de ciertos parientes cuando tuvieren derecho a sucederle ab intestato, pese a haber tenido relación de tutela, curatela o de meros cuidadores de la persona con discapacidad. Finalmente resaltamos la importancia que la nueva ley concede a la figura del notario en el aseguramiento de la voluntad fehaciente de la persona con discapacidad y hacemos mención a las posibilidades actuales tecnológicas cuya validez establece en el Código esta reforma, tales como la firma electrónica en el testamento electrónico o las peculiaridades del testamento para las personas con discapacidad visual, mediante la modificación del artículo 25 de la Ley del notariado.

Palabras claves: discapacidad; testamento; capacidad jurídica natural; medidas de apoyo; notario.

Luis Corpas Pastor
Profesor de Derecho Civil.
Universidad de Málaga (España)

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚMS. 271-272 (agosto-septiembre 2023)

¿Una nueva era del procedimiento de conversión de los decretos-leyes en ley? De su fundamentación inicial a su auge actual bajo la fragmentación parlamentaria

La fragmentación parlamentaria ha provocado profundos cambios en nuestro sistema político-constitucional. Uno de los ámbitos donde se observa dicha tendencia de forma más clara es en el sistema de producción normativa. Este trabajo pretende abordar los cambios que se han producido en el uso de uno de los instrumentos normativos más controvertidos en nuestro país: el real decreto-ley, en especial en su vertiente de conversión en ley regulada por el artículo 86.3 de nuestro texto constitucional. Partiendo de un análisis de su fundamentación inicial y un breve marco comparativo, se pretende analizar las singularidades del procedimiento de conversión del decreto-ley en ley en el escenario de fragmentación parlamentaria: el uso abusivo del decreto-ley, la problemática procedimental que nace en el seno de la conversión en ley y las dificultades para su control jurisdiccional.

Palabras claves: real decreto-ley; fragmentación parlamentaria; artículo 86.3 CE; conversión en ley.

Carles López Picó
Investigador predoctoral.
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 270 (julio 2023)

Las sanciones administrativas de la Ley de seguridad ciudadana y otras consecuencias no sancionadoras. Una mirada al ordenamiento italiano

Se analiza, con una visión crítica, el catálogo de sanciones previsto en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. A propósito de este estudio, se pone de manifiesto que algunas de las sanciones accesorias previstas en esta ley parecen más enfocadas a garantizar la seguridad ciudadana que a castigar al sujeto infractor. Igualmente, se sugiere la posibilidad de que el legislador prevea algunas sanciones no pecuniarias, sobre todo cuando se trata de reprimir conductas de menores de edad o sujetos insolventes. A la vez que se realiza este estudio, se lleva a cabo una comparación con el ordenamiento jurídico italiano, donde se apuesta mucho más por la prevención y limitación que por la sanción, también en el ámbito de la seguridad ciudadana. En último lugar, se analizan algunas medidas limitativas previstas en las leyes italianas para evitar perturbaciones del orden público y se plantea su viabilidad en el ordenamiento español.

Palabras claves: seguridad ciudadana; sanciones administrativas; medidas de restablecimiento de la legalidad; DASPO urbano.

Carmen Martín Fernández
Doctora en Derecho
Profesora de Derecho Administrativo.
Universidad de Córdoba

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 270 (julio 2023)

El nuevo concepto de «sinhogarismo» en la Ley de vivienda frente al concepto de la «sinposesión» del propietario ante viviendas okupadas

Análisis del nuevo concepto que se introduce en la nueva Ley de vivienda acerca del «sinhogarismo» para definir en la nueva ley la situación en la que algunas personas carecen de vivienda y cómo se afronta en la ley esta situación, pero con la necesidad de que sea la Administración pública la que deba dar respuesta al problema de las personas sin hogar, y no tenga que ser soportada esta situación por los particulares a costa de tener que soportar que les retiren su posesión por el fenómeno de la ocupación, de ahí que se proponga en estas líneas el concepto de «sinposesión» para referirnos al particular a quien privan ilegalmente de su posesión por la ocupación.

Palabras claves: vivienda; vulnerabilidad; función social de la propiedad; sinhogarismo; sinposesión; ocupación de inmuebles.

Vicente Magro Servet
Doctor en Derecho
Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (España)

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 270 (julio 2023)

Reflexiones sobre los sistemas internos de información (el conocido como canal de denuncias)

Reflexiones sobre los sistemas internos de información (el conocido como canal de denuncias). Imagen de unos sobres de colores sobre una madera

El 16 de febrero de 2023, el Congreso aprobó la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que entró en vigor el 13 de marzo. Esta ley de protección de denunciantes de corrupción española procede de una trasposición de la Directiva (UE) 2019/1937 de la Unión Europea (Directiva Whistleblowing), por la que se adapta la normativa europea al territorio español.

La Directiva (UE) 2019/1937 fue aprobada en 2019 por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, siendo su objetivo regular la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión. El plazo para transponer esta directiva al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro finalizó el 21 de diciembre de 2021. Esta normativa deja la puerta abierta a que cada legislador pueda ampliar algunos de sus aspectos con base en sus propias leyes.

Obliga a las empresas y entidades públicas y privadas a habilitar un sistema interno de información o «canal de denuncias», para que los empleados o cualquier tercero que colabore con ellas puedan formular sus denuncias, de forma anónima, ante posibles prácticas irregulares e informar a la empresa sobre ciertos comportamientos alejados de la ética o presuntamente ilegales. Se pretende proteger, pues, a las personas que, en un contexto laboral o profesional, detecten acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penales o administrativas, graves o muy graves, y las comunique mediante los mecanismos regulados en la misma.

Esta nueva ley introduce nuevos términos: el «informante», para los denunciantes de infracciones; las «comunicaciones», para las denuncias (puesto que estrictamente no se puede hablar de denuncias, ya que estas implican la identificación del denunciante); y el «sistema interno de información», para referirse al canal de denuncias interno.

Pedro-Bautista Martín Molina (Grupo Martín Molina)
Abogado, economista y auditor. Doctor y profesor titular. UNED

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