Artículos de Interés

En el presente artículo, con base en un detenido análisis de las resoluciones dictadas por nuestros tribunales, se da respuesta a los problemas prácticos que plantean los denominados procedimientos de juras de cuentas.

Palabras claves: jura de cuentas; prescripción; partidas indebidas; honorarios excesivos; cláusulas abusivas.

La entrada en vigor de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales supuso un avance cualitativo en la regulación de una categoría jurídica que, cuando menos, resulta conflictiva, al establecer un régimen completo de protección, supliendo de este modo la imposibilidad de que sean registrados. No obstante, el legislador decidió introducir en esta ley un novísimo capítulo, el tercero, dedicado al secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad, proclamando como principio general de esta materia la libre transmisibilidad. Empero, a pesar de establecer tal principio, la regulación que propuso destaca por su parquedad, sin presentar un régimen completo de los negocios jurídicos que puedan tener como objeto un secreto empresarial, como sería la compraventa de secretos empresariales, en la que se centra este artículo. Así, ante la referida ausencia, se debe analizar la naturaleza de este negocio e intentar dotarle de un régimen completo, unitario e integrado en nuestro ordenamiento jurídico.

Palabras claves: secretos empresariales; compraventa; titularidad; cotitularidad; regulación.

En el ordenamiento jurídico español el tipo básico penal de la lucha contra la corrupción es el delito de prevaricación, si bien no es tan importante a efectos de punición como otros tipos penales que le acompañan, en especial el delito de malversación, el fraude o el cohecho, a diferencia de otros ordenamientos en los que existe un tipo genérico de delito de corrupción. Esta diversidad de tipos no ayuda a una lucha eficaz contra el fenómeno endémico de la corrupción, no tanto por la dificultad de insertar hechos punibles en tipos, sino sobre todo por la falta de una prevención general real y la dificultad de restituir los efectos económicos del delito, existiendo en la sociedad española no solo la percepción de que la corrupción existe en todos los estamentos, sino que las conductas corruptas salen a cuenta por no ser adecuadamente sancionadas. España tiene el reto de mejorar sus normas penales y la aplicación de las mismas para que tales percepciones cambien sustancialmente en los próximos años. Para ello el presente artículo analiza la configuración actual del delito de malversación, la problemática en su aplicación por los tribunales, descendiendo a la práctica forense reciente, y propone modificaciones de lege ferenda que permitan terminar con esta lacra.

Palabras claves: malversación; corrupción; fraude; decomiso; prevaricación; Administración.

La posibilidad de plantear como obligatoria la vacunación frente a la covid-19 suscita en la actualidad una importante polémica social y jurídica que los medios de comunicación explotan candentemente. La respuesta a tal cuestión debe ofrecerse de forma técnica y clara, de la mano del derecho y especialmente de los principios que conforman nuestro ordenamiento jurídico, lo que requiere un análisis del marco normativo aplicable, de las peculiaridades científico-sanitarias intrínsecas tanto al virus como a la vacunación y, en última instancia, de los riesgos-beneficios desde la óptica del interés general y la salud pública. Todo ello nos conduce inexcusablemente al estudio del principio de legalidad y del principio de proporcionalidad (con sus exigencias), tomando en consideración su aplicación práctica y las potenciales consecuencias que tendría la implementación de la vacunación obligatoria ante la actitud renuente de los ciudadanos y la posibilidad de que podamos encontrarnos ante un cambio de paradigma.

Palabras claves: covid-19; vacunación; legalidad; proporcionalidad; coerción.

El mes de julio de 2021 se presentó la Carta de Derechos Digitales en España, un documento que trata de dar respuesta a las inquietudes que han surgido en estos últimos tiempos ante el vertiginoso desarrollo tecnológico, que junto con sus innegables ventajas y oportunidades, en ocasiones presenta peligros y amenazas para los derechos fundamentales de los ciudadanos y los valores democráticos de nuestra sociedad. Con este trascendental hito nuestro país está alineado con la Unión Europea, que en enero del pasado año 2022 ha presentado su propia Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital. Esta declaración sigue la estela de recientes propuestas de reglamentos en el ámbito de los servicios digitales, los mercados digitales, la gobernanza de los datos y la inteligencia artificial, que serán igualmente analizados en estas páginas. Nuestra conclusión es que estamos en un cierto proceso de «constitucionalismo digital» que plantea la creación de nuevos derechos para hacer frente a estas nuevas realidades en que vivimos, nos relacionamos, trabajamos y nos entretenemos.

Palabras claves: Carta de Derechos de Digitales; DMA; DSA, IA; constitucionalismo digital.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) constituyen la hoja de ruta avanzada en Europa de la sostenibilidad. La Unión Europea dirige las líneas maestras de su implementación, y el transcurso del tiempo evidencia el peligro de incurrir en una retórica huera sobre las exigencias inevitables de esta «sostenibilidad» en parcelas tan importantes que afectan a los consumidores o usuarios. Parece imprescindible un mayor esfuerzo para explicar con mayor rigor sus objetivos y los previsibles cambios en la profusa reglamentación, normativa y los trabajos preparatorios en curso que inciden sobre la vida útil de los bienes o productos de consumo, que exigen medidas claras y precisas en la lucha efectiva contra la obsolescencia técnica o programada de miles de productos (contexto del ODS 12). Dentro de la copiosa y dispersa legislación nacional y europea vigentes, un análisis jurídico transversal del ciclo de vida útil mínima de los bienes de consumo nos permitirá identificar los problemas clave y vislumbrar soluciones a muchas disfuncionalidades actuales en la cadena de distribución entre productores, empresarios y consumidores, y ello en el contexto de esta materia gris que denominamos «derecho de consumo», indefectiblemente unida al derecho privado, elemento vertebrador indispensable. No cabe duda de que el principio de sostenibilidad de los bienes de consumo debe conjugarse necesariamente con la protección real y precisa de los derechos de los consumidores, en medio de una economía circular colaborativa más competitiva que facilite la lucha efectiva y real contra la obsolescencia técnica o programada.

Palabras claves: sostenibilidad; obsolescencia; bienes de consumo; durabilidad-reparabilidad; garantías; piezas de recambio; servicios posventa; ecodiseño de productos; mercado único europeo.

La Administración pública ocupa un papel determinante en el mercado del arte, en calidad de delimitador de la exportación, pues el régimen de exportación de bienes culturales está constreñido por autorizaciones administrativas en aras de conservar el patrimonio histórico español. Dicho patrimonio está, por tanto, sujeto a límites que imposibilitan su libre disposición, lo mismo por parte de particulares que por parte de entidades, tanto públicas como privadas. Asimismo, los propietarios de bienes culturales están vinculados por una serie de obligaciones con respecto de los bienes de los que son titulares.
A través de un análisis normativo y jurisprudencial, el presente trabajo examina la regulación que supedita la exportación en el mercado del arte al control administrativo, así como las disyuntivas manifestadas en virtud de dicha supeditación. Para una mayor claridad, se abordan dichas cuestiones a través del análisis del caso de las cartas de Colón, que además proporciona las ideas clave en torno a las que gira la problemática: la quizá excesiva discrecionalidad de la Administración a la hora de conceder o denegar permisos de exportación, la posible vulneración del derecho a la propiedad privada, consecuencia de la denegación del permiso de exportación, y el perjuicio económico que esto supone para propietarios de bienes culturales.

Palabras claves: exportación; patrimonio cultural; intervención administrativa; bienes culturales.

La mayoría de los estudios relativos a las acciones del acreedor frente al administrador de la sociedad de capital se ciñen al supuesto de responsabilidad previsto en el artículo 367 de la Ley de sociedades de capital (LSC), referido al administrador que asume obligaciones en nombre de la sociedad habiendo incumplido el deber de promover la disolución o el concurso de acreedores de la compañía. Pero existen otros supuestos en los que el impago obedece a comportamientos antijurídicos y culpables del administrador distintos al contemplado en el citado precepto. Piénsese, por ejemplo, en el administrador que contrae una deuda cuando la sociedad es solvente, pero a sabiendas de que no podrá abonarla a su vencimiento; o cuando, aun siendo imprevisible la posterior insolvencia, esta hubiera sido provocada por su negligente actuación. También cabe pensar en el administrador que incumple, injustificadamente, la obligación de gestionar el pago de una deuda líquida, vencida y exigible, cuando la sociedad es solvente, sobre todo si, con posterioridad, dicha sociedad deviene en estado de insolvencia eliminando las expectativas de cobro del acreedor. Tales supuestos son objeto de estudio en este artículo, que propone fundamentar la reclamación frente al administrador en el régimen general de responsabilidad previsto en el artículo 236 de la LSC.
Esta propuesta no es ajena a la reticencia que se advierte en el ámbito forense a declarar la responsabilidad del administrador por deudas de la sociedad en supuestos distintos al contenido en el artículo 367 de la LSC, por lo que el trabajo contiene un análisis crítico de alguno de los argumentos que de manera recurrente esgrimen las resoluciones judiciales para eximir de culpa al administrador.

Palabras claves: sociedad de capital; responsabilidad del administrador; impago de la deuda social; deber de diligencia del administrador; artículo 236 de la LSC; artículo 367 de la LSC.

La palabra «metaverso» es, sin duda alguna, la palabra de moda. Pero ¿qué es el metaverso? ¿Existe ya o está en construcción? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Por qué ha cobrado tanta importancia en los últimos tiempos? ¿Cuáles son los principales retos jurídicos que va a conllevar su paulatina implantación?
Así las cosas, el propósito de este artículo es analizar, de una parte, en qué consiste el metaverso, sus antecedentes históricos, sus principales características, las tecnologías que convergen en el mismo, los casos de uso que se desarrollarán; y, de otra parte, el impacto que puede tener el metaverso en el Derecho y cómo este puede afrontar los numerosos riesgos y conflictos jurídicos que, sin duda, surgirán a raíz de la implantación del mismo.

Palabras claves: metaverso; derecho del metaverso; realidad virtual.

La doctrina ha señalado como una de las patologías de nuestro sistema normativo escrito la incesante proliferación de normas que se suceden, casi sin solución de continuidad, a un ritmo frenético, fenómeno que se ha llegado a calificar como de explosión, marea, avalancha, inflación e hipertrofia de la legislación. Este escenario proyecta incertidumbre sobre los aplicadores del derecho e inseguridad jurídica sobre los ciudadanos, a las que prometen contribuir los requerimientos de nuevas normas para afrontar las recientes crisis económicas, sanitarias, energéticas y medioambientales.
El presente trabajo aborda la problemática de la evaluación de la inflación normativa, tomando como referente la labor desarrollada a este respecto en Francia y procurando extraer de ella conclusiones que contribuyan a estudiar un eventual sobredimensionamiento de nuestro ordenamiento jurídico y, en su caso, a concretar soluciones para su corrección. Para ello, se procede a definir el concepto de inflación normativa, se examina la problemática que plantea su cuantificación, se exponen las iniciativas adoptadas en Francia, ahondando en los trabajos del Conseil d’État, y se exponen algunas de las soluciones alumbradas en España, efectuando, en sede conclusiva, varias propuestas de mejora.

Palabras claves: inflación normativa; legística; Conseil d’État; órganos consultivos.