Artículos de Interés

Los desastres naturales y desgracias colectivas, las pandemias y las crisis económicas generan más que inquietud entre la ciudadanía y, además, provocan desafección institucional y restan credibilidad al sistema cuando la gestión pública de las situaciones críticas es defectuosa o adolece de rigor constitucional. En esta línea nuestro modelo constitucional, sin llegar a demudarse, se ha resentido por la pandemia de la covid-19. Ello se evidenció por la insuficiencia del estado de alarma al abordar dicha crisis y ante la problemática del control jurisdiccional realizado al respecto por el Tribunal Constitucional. Los desaciertos detectados en el derecho de necesidad frente a la pandemia obligan a reconsiderar sus claves jurídicas de cara a similares situaciones críticas futuras, en aras de modular la restricción de libertades o suspensiones de derechos fundamentales que eventualmente pudieran darse. De modo que se suscita una reinterpretación del derecho de excepción y el papel de las instituciones básicas del Estado. Propongo, pues, una reflexión jurídica antes de que acontezca otra desgracia colectiva y se puedan aplicar estándares constitucionales adecuados para la actuación del poder público.

Palabras claves: derecho constitucional, pandemia, estado de alarma, Tribunal Constitucional, derecho excepcional.

El objetivo de este estudio es comprobar que la materia abordada, relativa a la propiedad intelectual e industrial, merece una especial protección jurídica, ya que hay fundamentos suficientes para ello. Se acogen e interpretan distintas soluciones positivas que ganan proyección e incluso se separan de una construcción o aplicación más tradicional para, en materia de prevención de las infracciones y, en todo caso, en su ulterior reparación, reaccionar en derecho desplegando medidas efectivas que buscan la más completa satisfacción.
El reto es ofrecer un tratamiento conjunto y unificado, tal como entiende la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, invocando distintos preceptos que en nuestro ordenamiento se muestran separados, dando concordancia y encuadramiento en las categorías que distinguimos en este estudio. Para ello se cita, primeramente, un referente constitucional de eficacia directa, que no meramente programática; y, a continuación, se verifica la coherencia en el desarrollo del marco jurídico con una visión panorámica y la localización de recursos suficientes de aplicación a la propiedad intelectual e industrial. Se trata, en suma, de abordar la inmersión normativa, el tratamiento concordado y la interpretación extensiva para la mayor proyección, significación y tutela, ofreciendo por demás una sistemática con la que dar orden al estudio.

Palabras claves: propiedad intelectual; propiedad industrial; patentes; tutela efectiva; responsabilidad civil garantizada.

La entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (BOE núm. 132, de 3 de junio) ha supuesto una modificación sustancial del derecho de sucesiones, relativa a promover el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, y un impulso a su autonomía en la toma de sus propias decisiones. En este trabajo realizamos un comentario a las trascendentes modificaciones del Código Civil introducidas por esta ley, sobre las facilidades que el legislador da a partir de ahora a las personas con discapacidad, no solo para otorgar testamento, sino para tomar decisiones sobre su sucesión y el establecimiento de disposiciones testamentarias en plena autonomía de su voluntad, introduciendo también la posibilidad de otorgar disposiciones en beneficio de ciertos parientes cuando tuvieren derecho a sucederle ab intestato, pese a haber tenido relación de tutela, curatela o de meros cuidadores de la persona con discapacidad. Finalmente resaltamos la importancia que la nueva ley concede a la figura del notario en el aseguramiento de la voluntad fehaciente de la persona con discapacidad y hacemos mención a las posibilidades actuales tecnológicas cuya validez establece en el Código esta reforma, tales como la firma electrónica en el testamento electrónico o las peculiaridades del testamento para las personas con discapacidad visual, mediante la modificación del artículo 25 de la Ley del notariado.

Palabras claves: discapacidad; testamento; capacidad jurídica natural; medidas de apoyo; notario.

La fragmentación parlamentaria ha provocado profundos cambios en nuestro sistema político-constitucional. Uno de los ámbitos donde se observa dicha tendencia de forma más clara es en el sistema de producción normativa. Este trabajo pretende abordar los cambios que se han producido en el uso de uno de los instrumentos normativos más controvertidos en nuestro país: el real decreto-ley, en especial en su vertiente de conversión en ley regulada por el artículo 86.3 de nuestro texto constitucional. Partiendo de un análisis de su fundamentación inicial y un breve marco comparativo, se pretende analizar las singularidades del procedimiento de conversión del decreto-ley en ley en el escenario de fragmentación parlamentaria: el uso abusivo del decreto-ley, la problemática procedimental que nace en el seno de la conversión en ley y las dificultades para su control jurisdiccional.

Palabras claves: real decreto-ley; fragmentación parlamentaria; artículo 86.3 CE; conversión en ley.

Se analiza, con una visión crítica, el catálogo de sanciones previsto en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. A propósito de este estudio, se pone de manifiesto que algunas de las sanciones accesorias previstas en esta ley parecen más enfocadas a garantizar la seguridad ciudadana que a castigar al sujeto infractor. Igualmente, se sugiere la posibilidad de que el legislador prevea algunas sanciones no pecuniarias, sobre todo cuando se trata de reprimir conductas de menores de edad o sujetos insolventes. A la vez que se realiza este estudio, se lleva a cabo una comparación con el ordenamiento jurídico italiano, donde se apuesta mucho más por la prevención y limitación que por la sanción, también en el ámbito de la seguridad ciudadana. En último lugar, se analizan algunas medidas limitativas previstas en las leyes italianas para evitar perturbaciones del orden público y se plantea su viabilidad en el ordenamiento español.

Palabras claves: seguridad ciudadana; sanciones administrativas; medidas de restablecimiento de la legalidad; DASPO urbano.

Análisis del nuevo concepto que se introduce en la nueva Ley de vivienda acerca del «sinhogarismo» para definir en la nueva ley la situación en la que algunas personas carecen de vivienda y cómo se afronta en la ley esta situación, pero con la necesidad de que sea la Administración pública la que deba dar respuesta al problema de las personas sin hogar, y no tenga que ser soportada esta situación por los particulares a costa de tener que soportar que les retiren su posesión por el fenómeno de la ocupación, de ahí que se proponga en estas líneas el concepto de «sinposesión» para referirnos al particular a quien privan ilegalmente de su posesión por la ocupación.

Palabras claves: vivienda; vulnerabilidad; función social de la propiedad; sinhogarismo; sinposesión; ocupación de inmuebles.

El 16 de febrero de 2023, el Congreso aprobó la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que entró en vigor el 13 de marzo. Esta ley de protección de denunciantes de corrupción española procede de una trasposición de la Directiva (UE) 2019/1937 de la Unión Europea (Directiva Whistleblowing), por la que se adapta la normativa europea al territorio español.

La Directiva (UE) 2019/1937 fue aprobada en 2019 por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, siendo su objetivo regular la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión. El plazo para transponer esta directiva al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro finalizó el 21 de diciembre de 2021. Esta normativa deja la puerta abierta a que cada legislador pueda ampliar algunos de sus aspectos con base en sus propias leyes.

Obliga a las empresas y entidades públicas y privadas a habilitar un sistema interno de información o «canal de denuncias», para que los empleados o cualquier tercero que colabore con ellas puedan formular sus denuncias, de forma anónima, ante posibles prácticas irregulares e informar a la empresa sobre ciertos comportamientos alejados de la ética o presuntamente ilegales. Se pretende proteger, pues, a las personas que, en un contexto laboral o profesional, detecten acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penales o administrativas, graves o muy graves, y las comunique mediante los mecanismos regulados en la misma.

Esta nueva ley introduce nuevos términos: el «informante», para los denunciantes de infracciones; las «comunicaciones», para las denuncias (puesto que estrictamente no se puede hablar de denuncias, ya que estas implican la identificación del denunciante); y el «sistema interno de información», para referirse al canal de denuncias interno.

El fútbol como industria ha suscitado intereses económicos desde diferentes puntos de vista. La ingeniería jurídico-económica se ha adentrado en el mundo deportivo creando nuevos modelos de negocio y las nuevas tecnologías han contribuido a este desarrollo. Así, la era digital también se ha adueñado del deporte. Empresas como Sorare, Socios, Bitci, Crypto o Dapper Labs representan el futuro inmediato en materia de rendimientos vinculados con el fútbol.
El proceso de «tokenización» de activos, que consiste en atribuir de forma abstracta un valor a un objeto o derecho, ha permitido nuevas formas de monetizar el fútbol. ¿Cuál será el alcance de la fiebre de la digitalización en el fútbol?
Desde la imagen del jugador, hasta la compraventa de derechos federativos, todo es susceptible de convertirse en token.
Este estudio tiene como objetivo, a través del análisis de la tokenización de algunos activos, entender mejor las consecuencias prácticas y jurídicas que se derivan de la aplicación de las nuevas tecnologías al mundo del fútbol y considerar en qué medida contribuyen a la mercantilización del deporte rey y sus jugadores.

Palabras claves: fútbol; digitalización; tokenización de activos.

El efecto incentivador de la inversión motivado por la ayuda pública o, de otra manera, el efecto incentivador de la ayuda pública en la inversión a realizar por parte de las empresas, en general, y las pymes, en particular, se ha configurado en los últimos años como el elemento más decisivo y controversial (sobre todo, a nivel jurídico) en el amplio conjunto de requisitos a cumplir por las empresas para la consecución y disfrute de las subvenciones a la inversión regladas por los distintas Administraciones públicas. A la luz del periodo de programación 2014-2020, desde el presente artículo, y tomando como referencia lo aprendido al respecto en los últimos años, se intentará efectuar un análisis prospectivo de la futura determinación del mencionado efecto incentivador en las próximas convocatorias de ayudas, a la luz de los nuevos requerimientos normativos establecidos.

Palabras claves: efecto incentivador; inversión de las pymes; ayuda pública.

En el presente artículo, con base en un detenido análisis de las resoluciones dictadas por nuestros tribunales, se da respuesta a los problemas prácticos que plantean los denominados procedimientos de juras de cuentas.

Palabras claves: jura de cuentas; prescripción; partidas indebidas; honorarios excesivos; cláusulas abusivas.