Jurisprudencia

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha dictado hoy auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al considerar confirmados los indicios de presunto delito de revelación de secretos contra ambos en la instrucción desarrollada en los últimos meses.

El auto señala que, a nivel indiciario, cabe presumir que el fiscal general del Estado facilitó a un medio de comunicación el confidencial contenido de un correo electrónico, de 2 de febrero de 2024, que había remitido el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, al fiscal del caso que se seguía contra dicha persona. Un correo que le fue remitido a su vez al fiscal general por la fiscal jefe provincial de Madrid.

El magistrado instructor destaca que dicho correo contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad.

En su auto, el juez da traslado de lo actuado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.

• Redondeo hacia abajo, de la medición de los miligramos de alcohol por litro de aire espirado
• Personación en el proceso penal después de las calificaciones y adhesión a acusaciones
• Alevosía no se aplica en el delito de robo y sí y solo en el de lesiones
• Consentimiento sexual dentro de las relaciones de pareja

• Préstamo hipotecario con clausula nula y efectos en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados
• Cláusula penal introducida en un contrato de leasing desproporcionada
• Contrato de fianza y su mantenimiento en caso de novación modificativa

• Responsabilidad subsidiaria de las deudas tributarias y sanciones
• Las empresas solo tienen que esperar un mes de impago de la Administración para denunciarla
• Procedencia de intereses que se reclamen a la Administración por el pago tardío de lo adeudado

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha dado la razón a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. (EMVS) en el pleito planteado por varias personas arrendatarias de viviendas de protección pública sobre quién debía asumir los gastos de comunidad, que en los contratos de arrendamiento se estableció que correspondía a los arrendatarios.

La Audiencia Provincial de Madrid estimó las demandas de más de una veintena de inquilinos al interpretar que los gastos de comunidad, para ser a cuenta del arrendatario, debían cumplir no sólo con la exigencia de constar por escrito, como ocurría en los casos en litigio, sino que también debían cuantificar el importe anual de dichos gastos a la fecha del contrato, como señala el artículo 20 de la la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994.

El Supremo ha estimado ahora el recurso de la EMVS al recordar que la disposición adicional primera de la LAU, en su apartado 8, proclama que los arrendamientos de protección oficial de promoción pública se regirán por las normas particulares de éstas, que son las autonómicas sobre esta clase de viviendas arrendadas, aplicándose la LAU de 1994, «en lo no regulado por ellas». Y solo se aplicará íntegramente la LAU «cuando el arrendamiento deje de estar sometido a dichas disposiciones particulares».

• Sobreseimiento provisional por demencia sobrevenida del acusado
• El desistimiento de la pretensión acusatoria de la víctima en delitos semipúblicos no se equipara al perdón.
• Delitos contra el patrimonio obstaculizando el procedimiento de ejecución
• Duración máxima de la instrucción y el fundamento de su previsión legal