Jurisprudencia

Establece que esos retornos deben ajustarse a la legislación española y sus garantías y no puede basarse solo en el Acuerdo hispano-marroquí de vuelta concertada de menores. Resalta que fue además una expulsión colectiva de extranjeros prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado que la devolución de menores marroquíes desde Ceuta a Marruecos llevada a cabo por las autoridades españolas en agosto de 2021 fue ilegal por la "absoluta inobservancia" de las prescripciones de la Ley de Extranjería, que exigen un procedimiento administrativo individual, información sobre la situación de cada afectado, audiencia del mismo si tiene madurez e intervención del Ministerio Fiscal.

Asimismo, la Sala, de acuerdo con la Fiscalía, confirma que se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos, ya que ello sucede cuando se pone a una persona en serio peligro de sufrir un padecimiento corporal o psíquico, lo que no puede negarse que ocurriera en este caso, según el tribunal, cuando la Administración no hizo ponderación alguna del interés de los menores ni mucho menos una comprobación de sus circunstancias individuales.

• Un deber genérico de solidaridad no es suficiente para cometer el delito de omisión del deber de socorro
• Orden de detención europea y derecho del niño a mantener relación directa con sus padres
• Vulneración del principio acusatorio por condenar por delito imprudente no tratado en el proceso
• Utilización de conversaciones telefónicas como prueba en proceso penal

• Permuta financiera bajo la normativa MiFID y relación de asesoramiento financiero
• Reclamación de la entidad de gestión de derechos por actos de comunicación pública y tarifas equitativas
• Cesión de derechos de explotación sobre dibujos. Kukuxumusu
• Protección de los consumidores. Efectos de la declaración del carácter abusivo de una cláusula

• Medidas de apoyo a personas discapacitadas y guarda de hecho
• Libertad de expresión no contiene un derecho al insulto
• Prórroga de seis meses establecida por el Real Decreto Ley 11/2020 en arrendamientos de vivienda
• Inexistencia de un umbral mínimo para apreciar daños y perjuicios inmateriales en materia de protección de datos

• Motivación del jurado para el control de la discrecionalidad técnica en los procesos selectivos
• Caducidad del procedimiento sancionador administrativo y su apreciación de oficio
• La ley no impone que las consultas a las autoridades sean anteriores a la información pública en la evaluación de impacto ambiental
• Responsabilidad extracontractual de la Unión Europea. Asunto “Eurostat”

• Delito continuado de prevaricación y diferencias con la ilegalidad administrativa
• Delito de sexting, donde la difusión de una sola imagen satisface las exigencias del tipo
• Naturaleza jurídica y efectos de las sentencias en conformidad del proceso penal
• Ámbito de aplicación de la excusa absolutoria por parentesco

• Posición dominante por la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga
• Suspensión de facultades patrimoniales del concursado y legitimación procesal
• No existe derecho de desistimiento en contratos de leasing de un automóvil sin obligación de compra celebrados con consumidores
• Condiciones para considerar el leasing un servicio financiero

• El Supremo confirma la revocación de la asistencia jurídica gratuita por abuso de derecho a los ocupantes de un inmueble sin título
• El Constitucional avala la vacunación de los menores contra la COVID-19
• Los criterios de valoración de la prueba en procedimientos civiles
• "Dies a quo" para el ejercicio de las acciones de protección cuantitativa de la legítima

• Caducidad del plazo para formalizar la demanda en el procedimiento abreviado y rehabilitación del plazo
• Cuantía del litigio a efectos de admisibilidad del recurso de apelación contencioso administrativo
• El Constitucional elimina el procedimiento de jurisdicción voluntaria para discapacitados previsto en la Ley madrileña 1/2023
• El Constitucional aprecia la extraordinaria y urgente necesidad de las medidas para reducir la temporalidad en el empleo público

Dichas normas son contrarias al Derecho de la competencia y a la libre prestación de servicios.

Las normas de la Fédération internationale de football association (FIFA) y de la Union des associations européennes de football (UEFA) que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes, como la Superliga, y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, so pena de sanciones, son ilegales. Ello se debe a que las facultades de la FIFA y de la UEFA no están sujetas a ningún criterio que garantice su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado.

Asimismo, las normas que atribuyen a la FIFA y a la UEFA un control exclusivo sobre la explotación comercial de los derechos derivados de estas competiciones pueden restringir la competencia, habida cuenta de la importancia que estas últimas tienen para los medios de comunicación, los consumidores y los telespectadores.