Casos Prácticos

Casos prácticos de actualidad en el área civil, mercantil, administrativa y penal.

Administración local. Tramitación de licencias urbanísticas

En el presente supuesto práctico se presentan diversas cuestiones jurídicas relacionadas con la necesidad y tramitación de licencias urbanísticas. En primer lugar, los problemas giran en torno a una licencia para edificar un solar para uso residencial colectivo. Solicitada la misma, se produce la modificación inicial del Plan General de Ordenación Urbana, planteándose los efectos de la misma sobre la licencia solicitada. Ante la falta de respuesta del ayuntamiento, se inicia la construcción de la obra por lo que una asociación ecologista presenta denuncia que no es admitida por el ayuntamiento al denegarle legitimación para ello. Constatado por aquel la veracidad de la denuncia, se procede al requerimiento de legalización urbanística por parte de la constructora. Finalmente, se construyen seis plantas, en lugar de las cuatro previstas inicialmente. Igualmente se plantea la denegación de una licencia para realizar una obra al objeto de establecer un bar, fundamentado en que no es el propietario del local. Finalmente se cuestiona sobre los requisitos para la transmisión de una licencia y el procedimiento a seguir.

Palabras claves: licencia de obra de edificación; procedimiento; cambio de planeamiento urbanístico.

Julio Galán Cáceres
Miembro del Cuerpo Jurídico de Defensa
Profesor del CEF

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚMS. 199-200 (agosto-septiembre 2017)

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Compra de vivienda y la protección al cooperativista y la cosa juzgada material

El presente caso trata de poner de manifiesto las consecuencias jurídicas que para el comprador de una vivienda en régimen de cooperativa puede tener el hecho de haber reclamado los importes abonados de forma errónea, ante la imposibilidad de construcción de su vivienda. La normativa protectora de los cooperativistas de vivienda estableció la obligatoriedad de que las cantidades dadas a cuenta se hallaran adecuadamente protegidas y aseguradas para hacer frente a la eventual contingencia de la no construcción de la vivienda; ahora bien, el cooperativista demandante ha de reclamar todo lo entregado en una sola demanda en la cual debe integrar la totalidad de lo entregado a cuenta, pues de no ser así, puede ser estimada la concurrencia de la excepción de cosa juzgada material. A efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en este, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior. Todos los hechos y fundamentos jurídicos que pudieron alegarse en el primer proceso quedan comprendidos de derecho bajo la cosa juzgada, aunque de hecho no fuesen juzgados por haber sido omitidos inconsciente o deliberadamente y no pueden ser eficaces como elementos nuevos en un proceso ulterior.

Palabras claves: cosa juzgada material; error procesal; preclusión de alegaciones.

José Ignacio Atienza López
Letrado de la Administración de Justicia.
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 41 de Madrid

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚMS. 199-200 (agosto-septiembre 2017)

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Responsabilidad de la fianza arrendaticia

El presente caso incide sobre el papel jurídico que desarrolla en nuestro ordenamiento la fianza que el arrendatario de un contrato de arrendamientos urbanos ha de prestar como parte de sus obligaciones preceptivas a la hora de la firma del contrato. Esa fianza, que con carácter general le ha de ser devuelta al propio inquilino, tiene que responder únicamente de los incumplimientos contractuales en que haya podido incurrir el propio arrendatario, pero no debe responder de cualesquiera otros conceptos ajenos a las responsabilidades contractuales. Es frecuente que el arrendador del contrato se resista a la devolución de la fianza argumentando determinados incumplimientos contractuales que realmente son ajenos a la verdadera naturaleza del arrendamiento que ha finalizado. No sirve cualquier incumplimiento contractual para dar cobertura a la conducta injustificada del propietario que se niega a devolver la fianza al amparo de motivos que no existen como tales en la norma, y cuyo cumplimiento depende de su sola voluntad. Este caso intenta mostrar cuál es la solución que nuestros tribunales dan a estas situaciones y su régimen jurídico en la actualidad.

Palabras claves: arrendamientos urbanos; arrendamiento de local; fianza arrendaticia; incumplimiento contractual.

Adelaida Medrano Aranguren
Magistrada del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 41 de Madrid

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚMS. 199-200 (agosto-septiembre 2017)

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La renuncia a la acción penal y el perdón de las personas ofendidas en delitos semipúblicos

Necesidad de denuncia de persona agraviada en los llamados delitos semipúblicos para su persecución, teniendo en cuenta que cuando hay una pluralidad de personas agraviadas, pero no están identificadas, el interés general hace decaer el particular, y el Estado decide perseguir de oficio el delito cometido con los efectos disuasorios de la pena. Supuestos en los que no se ha vulnerado la intimidad de cada una de las personas directamente afectadas sino la de la colectividad por la pluralidad. Así es como se defiende el interés público de la sociedad y, a través de él, el privado de los directamente perjudicados.

Palabras claves: delito contra la intimidad, trastorno de conducta, perdón y pluralidad de personas.

José Ignacio Esquivias Jaramillo
Fiscal. Fiscalía Provincial de Madrid

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 198 (julio 2017)

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Concesión administrativa de la Ley de costas y el derecho de preferencia para su otorgamiento

El presente supuesto práctico gira en torno a un recurso contencioso-administrativo planteado por una persona, que se encontraba en lista de espera para ser adjudicataria de un chiringuito al lado del mar, contra la disposición transitoria vigesimosexta del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. En dicha disposición se estableció un régimen preferente para las ocupaciones procedentes de títulos extinguidos o en tramitación. Fundamenta su recurso en que, esta preferencia, vulnera los principios informadores de la contratación administrativa; supone la concesión de una prórroga no ajustada a derecho vulnerándose con ello diversos artículos de la Ley de Costas y la vulneración de principios constitucionales. Iniciado el proceso contencioso-administrativo se plantean cuestiones jurídicas sobre: el inicio del mismo por demanda directamente; la legitimación para intervenir en el mismo; la cuantía de dicho proceso y el ajuste a derecho de adoptar la medida provisional solicitada por la demandante consistente en la suspensión de dicha disposición transitoria recurrida, mientras se tramita el referido proceso contencioso-administrativo.

Palabras claves: dominio público marítimo-terrestre, concesión administrativa, derecho de preferencia para su otorgamiento, principio de jerarquía normativa y principio de igualdad.

Julio Galán Cáceres
Miembro del Cuerpo Jurídico de Defensa
Profesor del CEF

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 198 (julio 2017)

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La no comunicación del siniestro a la aseguradora: consecuencias jurídicas

El presente caso trata de poner de manifiesto las consecuencias jurídicas de la omisión de toda información a la compañía aseguradora acerca del siniestro, ya que ello supone una actitud que impide a esta las opciones de desarrollar su línea de defensa legítima, encontrándose ante unos hechos consumados y finiquitados, pretendiendo que ni siquiera sean discutidos, pese a la culpa grave cometida por el tomador en su obligación asumida contractualmente. No puede pretender el asegurado el cumplimiento contractual de la aseguradora si ha sido el tomador quien primero ha vulnerado sus obligaciones legales y pactadas, no haciéndose acreedor al derecho a la indemnización. La culpa grave referida en el artículo 16 de la LCS se hace patente a través de una conducta omisiva del asegurado respecto de su aseguradora, la cual se ve privada de poder conocer cualquier noticia acerca de un siniestro y unas actuaciones penales que podían afectarle solo si las hubiera conocido; la jurisprudencia en esta materia a la hora de entender el contenido de la culpa grave del artículo 16 de la LCS es clara en el sentido de que haber ocultado durante años a la aseguradora la existencia del siniestro acaecido ha de tener unas consecuencias jurídicas, que no pueden ser otras que la pérdida del derecho a ser indemnizado por la aseguradora.

Palabras claves: contrato de seguro, comunicación del siniestro y efectos de la no comunicación.

Adelaida Medrano Aranguren
Magistrada del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 41 de Madrid

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 198 (julio 2017)

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Modificación de la capacidad de obrar por deterioro cognitivo. Tutela o curatela: criterios para su determinación. La persona idónea para el cargo

La Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2008 configura un sistema dirigido a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad y así promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Por tanto, con el fin de hacer efectivo este objetivo, los Estados deben asegurar que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos. En particular, las salvaguardias deben ser proporcionadas al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. La modificación de la capacidad de obrar de cualquier persona ha de ir necesariamente unida a la determinación de las habilidades que tenga, de manera que puedan concretarse aquellos aspectos respecto de los que necesita asistencia, ayuda o representación, y establecer un «traje a medida» adaptado a las peculiaridades de cada persona afectada, y poder determinar el mecanismo de protección correspondiente, ya sea tutela ya curatela, a través del procedimiento de modificación de la capacidad regulado, que no son contrarios a la Convención, como ha declarado la jurisprudencia.

Palabras claves: tutela o curatela y capacidad de obrar.

Casto Páramo de Santiago
Fiscal. Fiscalía Provincial de Madrid

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 198 (julio 2017)

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El reembargo de la pensión: embargos sucesivos o simultáneos

El presente caso trata de poner de manifiesto los problemas prácticos que en nuestros días se originan en el supuesto de pensionistas o asalariados que tienen unos ingresos regulares elevados como pensión de jubilación, y que tienen varios acreedores en diferentes juzgados con pretensiones de cobrar de la misma pensión. La doctrina sobre la aplicabilidad del mínimo legal de subsistencia previsto en la ley, para los casos de varios embargos decretados sobre la misma pensión, determina dos posiciones defendibles: la de que ambos embargos deben hacerse efectivos de forma simultánea reduciendo doblemente la pensión, dada su elevada cuantía, y la de que ambas deudas deben cobrarse de forma sucesiva, y finalizado el cobro de un crédito, iniciar la retención por el siguiente, para respetar el mínimo legal de subsistencia al que hemos aludido. Igualmente se expone la doctrina jurisprudencial más consolidada en esta materia.

Palabras claves: pensión de jubilación y embargos sucesivos o simultáneos.

José Ignacio Atienza López
Letrado de la Administración de Justicia.
Juzgado de 1.ª Instancia de Madrid

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 198 (julio 2017)

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Tramitación y resolución del recurso de amparo

El supuesto plantea la controversia originada como consecuencia de que dos hermanos tributaron un determinado porcentaje en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y, con posterioridad, solicitaron la devolución de ingresos indebidos porque, en su opinión, debieron tributar a un tipo menor toda vez que se trataba de familia numerosa y habían adquirido la vivienda para residencia habitual. La Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid denegó dicha solicitud basándose en que no se había acreditado con el documento oportuno y exigido por la ley la condición de familia numerosa. Recurrida en vía económico-administrativa, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid dio la razón a los recurrentes estimando que se había vulnerado el principio de igualdad toda vez que lo esencial era que se trataba de familia numerosa aunque no lo hubiesen acreditado con el documento exigido. La Administración autonómica recurre en vía contencioso-administrativa y obtiene sentencia estimatoria porque no había vulneración del principio de igualdad toda vez que se trataba de situaciones diferentes entre los que demostraron con el documento exigido tal requisito y los que no lo cumplimentaron. Planteado frente a esta decisión incidente de nulidad ante la misma sala, se resolvió en sentido desestimatorio. Por ello, finalmente, plantean recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la vulneración del principio de igualdad, planteándose cuestiones formales, especialmente, respecto a la extemporaneidad o no del recurso y si se acreditó la especial trascendencia constitucional, y el fondo del asunto, respecto a si se vulneró o no el derecho fundamental del artículo 14 de la Constitución a la igualdad.

Palabras claves: recurso de amparo, plazo de interposición y principio de igualdad.

Julio Galán Cáceres
Miembro del Cuerpo Jurídico de Defensa
Profesor del CEF

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 197 (junio 2017)

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Extinción del derecho del arrendador en la ejecución hipotecaria de la finca arrendada

El presente caso trata de poner de manifiesto los efectos jurídicos derivados de la falta de inscripción del arrendamiento en el Registro de la propiedad. Inscripción del decreto de adjudicación de la finca ocupada por terceras personas en una ejecución hipotecaria. Del auto de adjudicación resulta que la finca está ocupada sin que esté determinado si la ocupación se apoya en un contrato de arrendamiento o en algún otro título, si lo hubiere. Y en cualquier caso, en el supuesto de que exista un arrendamiento no consta inscrito en el Registro de la Propiedad. En consecuencia, enajenada judicialmente la finca, el derecho del arrendador queda extinguido y con él el contrato de arrendamiento y sus accesorios como el derecho de retracto, y deviene innecesaria la notificación al arrendatario en forma fehaciente de la decisión de vender la finca arrendada, prevista en el artículo 25 de la LAU. No puede pretenderse por el registrador denegar la inscripción del decreto de adjudicación si el arrendamiento no estaba inscrito en el Registro de la propiedad a su cargo.

Palabras claves: decreto de adjudicación hipotecaria, arrendamiento urbano, inscripción registral y derecho del arrendador: extinción.

José Ignacio Atienza López
Letrado de la Administración de Justicia.
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 41 de Madrid

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 197 (junio 2017)

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