Casos Prácticos

Protección y derecho al honor de una persona fallecida. Personas legitimadas y colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión o información.

En el desahucio por precario que ha sido promovido contra los ignorados ocupantes de la vivienda, previamente adjudicada a la entidad financiera demandante y acreedora en un procedimiento de ejecución hipotecaria, que continúa ocupada por los cónyuges deudores hipotecarios, dichos cónyuges han de ser demandados. De no estimarse concurrente la situación litisconsorcial, los cónyuges pierden la oportunidad de haber sido oídos en el procedimiento, porque la demanda no se dirigió contra ellos, como era preceptivo. La entidad demandante, cesionaria del remate en el procedimiento de ejecución hipotecaria y participada íntegramente por la acreedora adjudicataria de la vivienda en dicho procedimiento, conocía o debía conocer por su participación en aquel procedimiento quiénes eran los deudores hipotecarios, que además han venido pagando las cuotas de comunidad de la vivienda que han seguido ocupando. La demandante no podía ignorar razonablemente estos datos aplicando una mínima diligencia. Deben retrotraerse las actuaciones hasta el preceptivo emplazamiento de uno de los ocupantes de la vivienda, que era perfectamente conocido del demandante y no fue demandado.

En este caso se plantea la situación de un ciudadano ecuatoriano que tenía una autorización inicial de residencia y trabajo temporal en España pero que, antes de su extinción temporal, es condenado por un delito de robo, acordándose, entonces, la extinción de aquella. Con ocasión de que, posteriormente, el letrado de la Administración de Justicia emitió un certificado señalando que el condenado había pagado la multa impuesta con carácter sustitutivo y que, por ello, quedaba exento de responsabilidad penal, el interesado solicita, de nuevo, renovación de su autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta propia por el periodo legal de dos años.

El presente caso trata de delimitar los parámetros que nuestra jurisprudencia ha fijado tras la reforma de 2019 en relación con los conceptos de imprudencia menos grave e imprudencia leve, aplicados a la seguridad vial, para determinar cuándo estamos ante conductas penalmente atípicas o cuándo las mismas han de ser estudiadas ya solo desde la perspectiva de la jurisdicción civil. Examen detallado del concepto de “conducción negligente” (letra m del artículo 76 de la Ley de seguridad vial), a estos efectos. Imposibilidad legal de fijar una relación de criterios determinantes, al ser el juzgador quien ha de valorar en cada supuesto sin perder de vista los parámetros legales que solo son orientativos. La remisión al artículo 76 de la LSV no limita el concepto de imprudencia menos grave a los supuestos contenidos en el precepto, ya que esta puede ser apreciada al margen de que concurra o no alguna de las conductas recogidas en el precepto, dada la necesaria valoración de la magnitud del hecho.

Caso donde se plantean diferentes cuestiones jurídicas relacionadas con la vida local. En concreto y, en primer lugar, la legalidad de dos Ordenanzas municipales que son recurridas por una asociación vecinal cuestionando su legalidad por la falta del trámite de información pública y por su entrada en vigor con carácter retroactivo. En segundo lugar, la posibilidad y procedimiento para el ascenso, por promoción interna vertical, de dos funcionarios de la Administración Especial. A continuación, la legalidad del Acuerdo del Alcalde ordenando publicar en Internet la actas de los Plenos municipales y, finalmente, el ajuste a derecho de la aprobación de unas Bases aprobadas por el Alcalde y archivo de una solicitud al no aportar una empresa la documentación requerida.

Validez de actividad procesal por edictos desplegada en un Juzgado desde el Decreto de admisión de la demanda hasta la sentencia por defectos de notificación. Nulidad o no de la falta de intervención del Ministerio Fiscal en juicios donde se precisa y posible indefensión y  nulidad,  por la ausencia de grabación de la vista, sin más soporte que el acta sucinta.

Conflicto entre libertad de expresión y el derecho al honor en un ámbito de actuación en el ejercicio de la actividad profesional de abogado.

El presente caso trata de explicar la incompatibilidad procesal entre un desahucio interpuesto por el arrendador por falta de pago de la renta, con otra demanda de la arrendataria interpuesta para la determinación de la renta formulada en solicitud de aplicación de la cláusula rebus sic stantibus como consecuencia de la suspensión de actividad, o la brusca caída en la facturación de la actividad desarrollada en los locales arrendados, a consecuencia de la declaración del estado de alarma para contener la propagación del virus. La parte arrendataria debe solicitar la suspensión del proceso de desahucio por prejudicialidad civil, pues para decidir sobre el objeto del juicio de desahucio es necesario que haya quedado resuelta previamente la demanda de determinación de la renta formulada por la arrendataria, en aplicación de la cláusula "rebus sic stantibus". Ahora bien, estas situaciones, pueden dar lugar a abusos por la arrendataria y para evitarlos deben imponerse a la inquilina determinadas obligaciones, entre otras, acreditar el pago o la consignación a disposición de la arrendadora, en concepto de renta mínima, de la cantidad de, al menos, un 50% de la renta contractual pactada; o de la cantidad que en concepto de renta se determine, en auto de medidas cautelares o en sentencia, en el proceso promovido para la determinación de la renta.

Este supuesto práctico versa sobre distintas vicisitudes jurídicas que giran, en primer lugar, sobre las consecuencias de dos expropiaciones forzosas sobre la misma finca llevadas a cabo por una comunidad autónoma para la construcción de un colegio público para impartir el bachillerato, toda vez que, en la primera, no se procedió a extender el acta de ocupación y pago ni su inscripción en el Registro de la Propiedad hasta bastante tiempo después, lo que dio lugar a que la primera expropiada vendiera la finca a un tercero de buena fe. En las mismas, una entidad local reivindica la competencia para ello. En segundo lugar, sobre un contrato administrativo de obras donde se plantea la posibilidad de delegación de esta competencia, la posibilidad de realizar la obra la propia Administración y una reclamación en concepto de responsabilidad patrimonial por daños causados en la ejecución de la misma. Finalmente, se plantea la incompatibilidad o no entre la titular de una jefatura de servicios y una jefatura de sección ocupada por su cónyuge.

Palabras claves: expropiación forzosa; contrato administrativo de obras; autonomía local; responsabilidad patrimonial de la Administración.

En el presente supuesto, la cuestión jurídica que se nos plantea es la de si tiene derecho a una indemnización con cargo al seguro obligatorio de viajeros (SOV) un pasajero que tiene un siniestro dentro del medio de transporte, con lesiones personales, si no existió responsabilidad por daños personales derivados de la conducción del vehículo, al haberse demostrado que la actuación del conductor no ha sido la causante del accidente. En el régimen de responsabilidad del seguro obligatorio de viajeros, para ser acreedor de la indemnización con cargo al SOV bastará acreditar la condición de viajero con el correspondiente título de viaje y que los daños corporales deriven de alguna de las causas previstas legalmente, con independencia de la culpa o negligencia del conductor. Deben considerarse incluidos en los riesgos cubiertos las caídas de los pasajeros por pérdida de equilibrio como efecto de una reducción de velocidad del vehículo. El hecho de haber curado de las lesiones sin secuelas no excluye el derecho a percibir indemnización con cargo al SOV.

Palabras claves: seguro obligatorio de viajeros; indemnización; daños personales.