Casos Prácticos

El presente caso trata de arrojar algo de luz acerca de la problemática nacida de una deficiente técnica legislativa a la hora de regular la cuestión objeto del caso: qué mayorías o unanimidad ha de exigirse a las comunidades de propietarios a la hora de aprobar en junta el acuerdo de prohibir en la comunidad el alquiler de pisos turísticos. La distinta interpretación de los términos «limitar», «condicionar» y «prohibir» referidos a esta actividad de arrendamiento de pisos turísticos causa inseguridad jurídica a las comunidades a la vista de las diferentes exigencias de mayorías o unanimidad por parte de los diferentes operadores jurídicos, sobre todo de notarios y registradores de la propiedad. Se consolida la tendencia de estos operadores en el sentido de que los términos «limitar o condicionar» la actividad de alquiler de índole turística de las viviendas también admiten que se establezca una «prohibición», sin que sea exigible la unanimidad en la junta para la adopción de esta.

Este supuesto nos plantea distintas cuestiones jurídicas que tienen que ver con problemas planteados, en primer lugar, con un procedimiento de deslinde puesto en marcha por un ayuntamiento; en segundo lugar, la posibilidad de transformación de un ente público institucional en otra modalidad; en tercer lugar, el ajuste a derecho de la creación de comisiones especial de asesoramiento y de la contratación de una persona, que es concejal, con la condición de laboral y, finalmente, la concurrencia de una posible causa de prohibición para contratar en la enajenación de un bien patrimonial y el ajuste a derecho de la adjudicación del bien en razón a la persona compradora.

Un empresario español y otro extranjero constituyen una sociedad limitada para realizar nuevos proyectos empresariales dedicados a la energía renovable fuera de España. Como administrador único designan al empresario extranjero, puesto que contaba con experiencia en el sector y en los países donde se pretendía invertir. En cuanto a la distribución del capital, la mayoría (más del 70 %) la ostenta una sociedad mercantil propiedad del administrador, mientras que una sociedad propiedad del inversor español se queda con una participación minoritaria (menor al 12 %). Por otro lado, casi todo el capital se destina a comprar unos terrenos en cierto país extranjero con el propósito de que fuesen utilizados para la explotación de un proyecto de energía solar. Sin embargo, según se le comunica al socio español, llegado un momento resulta imposible llevar a cabo ese proyecto ya que, según parece, existen revueltas en los terrenos adquiridos que incluso ponen en peligro la integridad física de los trabajadores y del administrador.

La excepción que prevé el art. 4 del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 -y su art.8- sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado no impide al inversor cualificado la misma posibilidad de información que tiene el minorista.
La responsabilidad del Banco se contempla por “todos los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado a los titulares de los valores adquiridos como consecuencia de las informaciones falsas o las omisiones de datos relevantes del folleto o del documento que en su caso deba elaborar el garante”, que deban producir un perjuicio patrimonial.
La falta de veracidad del folleto informativo ampara al gran inversor cualificado tanto como al minorista, cuando el defecto informativo no ha podido ser suplido por su capacidad privilegiada para, por otros medios propios, tener acceso al conocimiento de los datos relevantes para conformar la voluntad de invertir o no.

El presente caso versa sobre la prohibición de la prueba constitucionalmente ilícita y de su efecto reflejo, o indirecto, que pretende, en primer lugar, otorgar el máximo de protección a los derechos fundamentales constitucionalmente garantizados y, en segundo lugar, ejercer un efecto disuasorio de conductas anticonstitucionales en los responsables de la investigación criminal. Con carácter general la prohibición alcanza tanto a la prueba en cuya obtención se ha vulnerado un derecho fundamental como a aquellas otras que, habiéndose obtenido lícitamente, se basan, apoyan o deriven de la anterior, para asegurar que la prueba ilícita inicial no surte efecto alguno en el proceso. Esta es la síntesis de la llamada doctrina de los frutos del árbol envenenado, que se ubica en nuestra Constitución en el derecho a un juicio con todas las garantías, que impide usar medios de prueba que hayan vulnerado derechos fundamentales en su obtención.

El presente supuesto práctico gira en torno a cuestiones jurídicas derivadas, en primer lugar, del ajuste a derecho de la decisión de una alcaldesa de un ayuntamiento para realizar dos contratos menores de obras consistente en perforación y sondeos en diferentes partes de un mismo parque público y con igual finalidad, por un valor estimado de 39.999 €, respectivamente. En segundo lugar, se plantea si la ayuda prestada por la comunidad autónoma a ese ayuntamiento tiene la naturaleza jurídica de subvención sujeta a las prescripciones de la Ley 38/2008, General de Subvenciones y, si es así, el posible incumplimiento por parte de la corporación respecto a las obligaciones a que se comprometió. Finalmente, en tercer lugar, la alcaldesa solicita informe al secretario de la corporación sobre si es posible por parte del ayuntamiento minorar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las personas físicas empadronadas en el municipio articulándose mediante un sistema de subvenciones.

La adquisición de la nacionalidad española exige unos requisitos que han de cumplirse necesariamente para su adquisición, lo que sucede con los sefardíes de origen español que fueron expulsados de España. La regulación de la Ley 12/2015 especifica los requisitos y el procedimiento, y que es desarrollada por la Instrucción de 2015 y la Circular de 2019 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. El hecho de que sea necesaria que por notario se realice un acta de notoriedad cuya estimación no puede determinar en ningún caso una decisión favorable por la Dirección General, sino que podrá denegarla si considera que no se cumplen los requisitos. Contra esa decisión cabe recurso de alzada y caso de que se emita una decisión negativa o no se resuelva en el período legalmente exigido ante el silencio administrativo podrá interponerse una demanda ante los juzgados de primera instancia de conformidad el procedimiento regulado en el art. 781 bis de la LEC y en el que es parte la Dirección General y el Ministerio Fiscal, y que decidirá finalmente si procede o no la adquisición de la nacionalidad por sefardí de origen español, contra cuya resolución podría interponerse recurso de apelación tanto por el demandante como por la Dirección General.

El presente caso aborda la problemática que surge acerca la naturaleza del contrato que vincula a las agencias inmobiliarias como mediadoras entre comprador y vendedor y, sobre todo, el alcance de la obligación que tiene la agencia a la hora de informarse sobre las posibilidades del piso vendido. Responsabilidad de la agencia inmobiliaria que resulta condenada a indemnizar a los compradores que no pudieron conseguir la obtención de la licencia de segunda ocupación, lo que imposibilitaba la habitabilidad de la vivienda mientras no se subsanasen las deficiencias apreciadas. Naturaleza de las obligaciones de la inmobiliaria de informarse sobre las características del inmueble vendido. Imposibilidad de que la agencia pueda ampararse en su desconocimiento de la realidad física de la vivienda en el momento de la adquisición por la primera propietaria y las obras que ésta pudo llevar a cabo en el inmueble durante el periodo en que era la propietaria.

Este supuesto versa sobre varias cuestiones relacionadas, fundamentalmente, con un proceso contencioso-administrativo y, finalmente, una consulta sobre el ejercicio de derecho de representación sindical. Así, por una parte, los recursos presentados contra la aprobación provisional de un plan general de ordenación urbana, en concreto la legitimación y la procedencia del recurso, y, por otra parte, la aprobación definitiva del mismo con las incidencias surgidas en el procedimiento contencioso tramitado que se exponen en el relato de hechos. Para finalizar, se plantea la posibilidad de que un funcionario, que es miembro de la junta de personal, en situación de incapacidad laboral transitoria, pueda seguir ejerciendo sus funciones de representación y varias cuestiones sobre un contrato privado de la Administración y un contrato administrativo.

El domicilio reviste una gran trascendencia jurídica en relación con una pluralidad de supuestos de hecho dispersos por nuestro ordenamiento, especialmente en los órdenes fiscal, sanitario, electoral y, en general, en el ámbito administrativo.
No es suficiente con una mera vulneración formal para que pueda considerarse que ha existido una indefensión con relevancia constitucional, sino que es preciso que tal infracción formal origine un efecto material de indefensión.
Atendiendo al sentido de los artículos 124.1 de la Constitución española, 435 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1 y 3.6.7.º del Estatuto del Ministerio Fiscal, se puede colegir que “el fiscal es informante y garante del interés público en juicio, y no actúa como una verdadera parte, sin causarse indefensión al estar representadas y defendidas las demás partes procesales”.