• Reducción proporcional de la prestación de la aseguradora al no haber declarado la agravación del riesgo el asegurado
• No cabe la aplicación retroactiva de las modificaciones de la normativa reguladora de la responsabilidad de los administradores societarios de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre
• Cesión de créditos y derechos de cesionarios sobre intereses moratorios devengados
• Datos que deben especificarse en el contrato de crédito al consumo

• No procede la custodia compartida de hijos menores cuando hay una condena por maltrato
• Derecho de reembolso de dinero privativo en la liquidación de la sociedad de gananciales
• El consentimiento del arrendador no es un requisito para que se produzca la subrogación en el contrato de arrendamiento
• No es nula la convocatoria a junta efectuada por el administrador de la propiedad horizontal en nombre del presidente

• Marco temporal de adquisición de las diligencias de investigación en el proceso penal
• La agravante de delitos contra el patrimonio artístico, histórico o cultural, no precisa la previa declaración administrativa
• Convivencia familiar y efectos en el delito de receptación para inculpar a una persona por actividades que realiza otra
• Requisitos de la legítima defensa en el proceso penal

En vigor el día 9 de mayo (momento en el que concluye el estrado de alarma que no se prorroga), se publica el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Introduce las siguientes medidas:

Medidas en comunidades en régimen de propiedad horizontal

Como medidas extraordinarias aplicables a las juntas de propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal, se establece la obligación de convocar y celebrar la junta de propietarios, la obligación de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto anual (prorrogándose el anterior así como los órganos de gobierno), quedará suspendida hasta el 31 de diciembre de 2021.

En el BOE de 24 de marzo, se publica el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, y supone la transposición de la Directiva de Servicios (incorporada en el derecho interno a través de la Ley 17/2009 y 25/2009), la ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, y la ley de sociedades profesionales. Actualiza la normativa que regula la profesión y la dota de un marco legislativo moderno y eficaz. Organizativamente se apuesta por la modernización en todos los órdenes, comenzando con el uso de las nuevas tecnologías, en un proceso de concurrencia con los avances en la digitalización de la justicia. En cuanto al modo de ejercicio de la profesión se aborda tanto en forma societaria como no societaria, con disposiciones específicas respecto de las sociedades profesionales y multidisciplinares.

El texto cuenta con 141 artículos, una disposición adicional, cuatro transitorias, una derogatoria y 4 disposiciones finales, sustituyendo al Estatuto actual, en vigor desde el año 2001.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón contra diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero (LCSP).

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Xiol Ríos, aborda como cuestión esencial determinar si la competencia estatal para dictar las bases en materia de contratación administrativa al amparo del art. 149.1.18 CE se ha ejercido, como aduce el Gobierno aragonés, en perjuicio de las competencias autonómicas de desarrollo legislativo y ejecución o de su potestad de autoorganización en los términos que ha precisado el Tribunal; o se ha traducido, en algunos casos, en el establecimiento de normas de carácter supletorio.