El Pleno de la Sala de lo Civil analiza en esta sentencia los criterios de nulidad de las cláusulas de duración insertas en el condicionado general de determinados contratos de mantenimiento de ascensores. En el caso resuelto, se trataba de un contrato de los calificados como «a todo riesgo», con una duración de cinco años, que se prorrogaban tácitamente por periodos iguales, salvo denuncia de alguna de las partes con noventa días de antelación. Para el caso de que alguna de las partes desistiera del contrato, se establecía una penalización del 50% de las cuotas pendientes hasta la fecha establecida para su finalización.

La sentencia recurrida había estimado la demanda de la empresa de mantenimiento y había condenado a una comunidad de propietarios a abonar la indemnización correspondiente por haber desistido unilateralmente del contrato en el tercer año de vigencia.

• El régimen de transitoriedad de los libros legalizados en blanco antes de la entrada en vigor de la Ley 14/2013
• Inviabilidad de la denominación social tras la adopción de un acuerdo modificando el objeto de la sociedad
• Verificación del balance por auditor en reducciones de capital parte de operaciones acordeón
• El análisis geométrico espacial de la delimitación georreferenciada de la finca por el registrador. La oposición de los colindantes
• Determinación del procedimiento de ejecución en una hipoteca de máximo en garantía de un crédito entre particulares

• Delito de blanqueo de capitales cometido por imprudencia grave
• Plazo que hay que tener en cuenta para el cómputo de la prescripción de delitos
• La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: su régimen de aplicación según el artículo 49 CP

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 del mes de septiembre de 2019.

• Clasificación como ganancial del plan de pensiones del marido en la liquidación de la sociedad de gananciales
• Impugnación judicial de la calificación negativa del registrador de la propiedad al suspender la inscripción de la venta de un activo de una sociedad en fase de liquidación
• Indignidad para suceder y diferencias con las causas de desheredación.
• No procede el retracto de colindantes cuando el adquirente ha comprado, junto con la finca objeto de retracto, otra colindante con ésta.

• Reclamación del cónyuge del asegurado cubierto por un seguro de defensa jurídica respecto de la libre elección del abogado
• Convocatoria de junta general por solo parte de los administradores mancomunados
• Los gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación de acreedores en interés de la masa no comprende la acusación particular penal
• Requisitos de información de los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento
• Efectos de la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado tras las sentencias y autos del TJUE

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha decidido en esta sentencia del Pleno, por unanimidad, acerca de los efectos derivados de la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado de préstamos hipotecarios, en línea con lo planteado en su día al TJUE y lo resuelto por este.

En aplicación de los criterios facilitados por el TJUE para determinar si es posible la subsistencia del contrato, la Sala entiende que el préstamo hipotecario es un negocio jurídico complejo, cuyo fundamento común para las partes es la obtención de un crédito más barato (consumidor) a cambio de una garantía eficaz en caso de impago (banco). De este modo, no puede subsistir un contrato de préstamo hipotecario de larga duración si la ejecución de la garantía resulta ilusoria, por lo que, en principio, la supresión de la cláusula que sustenta esa garantía causaría la nulidad total del contrato.

El 10 de septiembre, de 2019 el abogado general de la UE Sr. Maciej Szpunar, ha publicado sus conclusiones en el Asunto C-125/18, de la Petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 38 de Barcelona contra Bankia S.A. en los contrato de préstamo hipotecario, referenciados al llamado IRPH (índice de referencia de préstamos hipotecarios), que es un índice oficial, elaborado por el Banco de España (con los datos aportados por las entidades bancarias), y que se calcula según la media de los tipos de interés de los créditos de las hipotecas que conceden los banco o antiguas Cajas de ahorros.

Lo que se discute en la cuestión prejudicial será el control de transparencia por el órgano jurisdiccional nacional y en nivel de información exigido del banco de la cláusula controvertida de los préstamos hipotecarios (referencia IRPH), brindando al Tribunal de Justicia la posibilidad de precisar su jurisprudencia relativa, en particular, por una parte, al alcance de la excepción prevista en el artículo 1.2¹, de la Directiva 93/13 y, por otra parte, al alcance y al contenido del control de transparencia de la cláusula controvertida, con arreglo al artículo 4.2², y al artículo 5³, de dicha Directiva.

El partido socialista ha presentado a Unidas Podemos un acuerdo de programa y gobernanza, vertebrado en torno a la presentación de 370 propuestas. Dentro de las cuales, especifica el modelo de convivencia territorial en España, señalando que se estructura a partir de la Constitución y los Estatutos de Autonomía y añadiendo al final de la medida 350, que en ese modelo no tiene cabida un referéndum de autodeterminación que el TC ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad.

Se publica en el BOE de 4 de septiembre de 2019, la Instrucción de 30 de agosto de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, modifico entre otras normas, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en materia de sujetos obligados, con el fin de incorporar la Directiva 2015/849, que establece obligaciones adicionales a las de la ley española en materia de licencia o registro de los prestadores de servicios a sociedades.