• No es válida la cláusula limitativa de derechos del asegurado inserta en las condiciones generales no firmadas, a las que remitían las particulares
• La calificación de contingencia por litigiosidad de un crédito en un procedimiento concursal
• Inexistencia de dolo del asegurado en la “declaración de salud” al contratar un seguro de vida
• Contrato relativo a la realización de un proyecto de vivienda individual con vistas a su construcción
• Concesión de crédito en caso de descubiertos y cobro de comisiones en cuentas bancarias

• Participación en los gastos comunes de una finca en propiedad horizontal
• Apostante on-line que gana de 2.773.164 euros por un error informático en la expresión de la cuota de la casa de apuestas
• Prevalencia de la libertad de expresión frente al derecho al honor en relación a un artículo de opinión con duras críticas a un exmagistrado
• Solicitud de suspensión del sistema de guarda y custodia compartida mientras dure el estado de alarma decretado por el Covid-19

• Un juez autoriza forzar a un anciano a hacerse el test de la covid-19
• Adjudicación de contratos administrativos y ofertas con valores anormales o desproporcionados
• Incorporación al planeamiento urbanístico del informe de impacto de género
• No pueden entenderse aprobados por silencio administrativo proyectos de actuación de iniciativa particular

Mediante el Real Decreto-ley 19/2020, (BOE de 27 de Mayo), se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

Entre otras medidas, se recupera nuevamente la conservación del número de abonado en caso de cambio operador o portabilidad en el sector de las telecomunicaciones que quedó suspendida con el RD Ley 8/2020. Así mismo, los operadores de comunicaciones electrónicas deberán conceder a sus abonados, previa solicitud de estos, un fraccionamiento (seis meses u otro acordado) y, aplazamiento de la deuda en las que hayan incurrido hasta el 30 de junio durante el estado de alarma.

Así mismo, con el objetivo de favorecer la aplicación de medidas y acuerdos de aplazamiento de los pagos de créditos y préstamos con un alcance más aún más amplio que el inicialmente previsto en las moratorias legales y con carácter complementario a estas, este real decreto-ley incorpora un régimen especial para los acuerdos de moratoria alcanzados entre las entidades prestamistas y sus clientes. Cuanto mayor sea el alcance subjetivo de estos acuerdos de aplazamiento de la deuda, cuanto más numeroso sea el colectivo de personas a las que beneficia, más reducido será el impacto económico generado de forma inmediata por la pandemia.