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El Tribunal Supremo fija que los condenados a penas de inhabilitación para cargo público no son elegibles aunque la sentencia no sea firme

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido en su sentencia de 1 de abril de 2019, que no son elegibles para ningún cargo público los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, a penas de inhabilitación o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena.

La Sala estima el recurso de casación del Cabildo Insular de Fuerteventura que acordó la incompatibilidad de Domingo González Arroyo para el cargo de Consejero del Cabildo de Fuerteventura al haber sido condenado por un juzgado de lo Penal de Puerto Rosario por prevaricación continuada a 9 años de inhabilitación especial para el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal y cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implicase una participación en el Gobierno municipal durante 9 años. El Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Gran Canarias anuló la resolución administrativa al entender que la inhabilitación solo afectaba al ámbito municipal.

El juez del caso Banco Popular mantiene la responsabilidad penal del Banco Santander

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el caso del Banco Popular, ha desestimado el recurso de reforma presentado por el Banco Santander contra en la resolución en la que se acordaba dirigir el procedimiento contra esta entidad y señala que “deviene necesaria la intervención de dicha entidad en concepto de investigada, con todos los derechos propios de tal condición”.

En el auto de 20 de marzo de 2019, el magistrado, tras analizar el informe del fiscal contrario a la admisión del recurso, recuerda que se trata de una cuestión jurídica prácticamente inédita en la práctica judicial –la transmisión de la responsabilidad penal entre empresas- y que en las escasas resoluciones sobre la materia no se ha ponderado la trascendencia que tiene en el ámbito jurídico empresarial.

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