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La ministra de Justicia, Pilar Llop, participó en la clausura, en Bilbao, de las VIII Jornadas de las Juntas de Gobierno de la Abogacía Española, organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia. En su intervención, Llop ha anunciado que está a punto de ultimarse el Anteproyecto de Ley Orgánica del derecho a la defensa y ha destacado que "hay una comisión creada para estos efectos".

Según la ministra de Justicia, este instrumento "cerrará el círculo de garantías constitucionales para garantizar la tutela judicial efectiva". La Ley incorporará al ordenamiento jurídico y al sistema de garantías, las demandas más exigentes de la jurisprudencia de los tribunales, y recogerá en un solo cuerpo legal todos los aspectos de este derecho fundamental que se hallan dispersos en la legislación específica, incorporando las experiencias y necesidades manifestadas tanto por el Consejo General de la Abogacía Española, como por otros órganos y asociaciones representativas de los derechos e intereses de ciudadanos.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto sobre el control de la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), que sustituye al Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, que fue declarado parcialmente nulo por el Tribunal Supremo en relación con la obligación de comunicar al registro los datos de los usuarios de los servicios de VTC.

De esta forma, los titulares de VTC, antes del inicio de cada servicio concreto y por vía electrónica, deberán comunicar a la Administración los datos de los servicios contratados con el detalle establecido en la nueva normativa, que excluye los datos de los usuarios de los servicios.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Informe del Anteproyecto de Ley Crea y Crece, una norma cuyo objetivo es impulsar la creación de empresas y fomentar su expansión a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas, la lucha contra la morosidad comercial y el apoyo financiero al crecimiento empresarial.

Esta Ley es una de las reformas más importantes del Plan de Recuperación (Impulso a la pequeña y mediana empresa), destinadas a mejorar las condiciones para el desarrollo pleno de la actividad empresarial y reducir los eventuales incentivos a crear empresas en otros países.

Agilizar la creación de empresas

Con esta ley, el proceso para crear una empresa será mucho más fácil, con una reducción tanto del coste como del tiempo necesario para completarlo.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, a propuesta de los ministerios de Igualdad y Justicia, que tiene como objetivo la protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales.

La Ley contempla la adopción y puesta en práctica de políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas administraciones públicas competentes, que garanticen la prevención y la sanción de las violencias sexuales, así como el establecimiento de una respuesta integral especializada para mujeres, niñas y niños, como víctimas principales de todas las formas de violencia sexual.

La norma sitúa a las víctimas en el centro, reforzando las medidas de prevención y sensibilización, por un lado, y los mecanismos de reparación y acompañamiento por otro.

Consentimiento

Por otra parte, recoge que el consentimiento es un aspecto fundamental sobre el que se configuran los delitos contra la libertad sexual y opta por un modelo de consentimiento positivo, inspirado, en parte, en el Convenio de Estambul.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Informe del Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. La Ley consolida y garantiza derechos que suponen un gran avance para las personas trans y LGTBI. Por un lado se trata de una Ley despatologizante en la que las personas trans dejan legalmente de ser consideradas enfermas, tal y como ya ha indicado la Organización Mundial de la Salud en la actualización del CIE-11.

Asimismo, la nueva norma permite que las mujeres lesbianas, bisexuales y las mujeres sin pareja vuelvan a tener acceso a técnicas de reproducción humana asistida tras 7 años sin acceso a ese derecho en el Sistema Nacional de Salud. Igualmente, el Gobierno se ha comprometido a redactar una Orden Ministerial en el plazo de 6 meses para ampliar este derecho a las personas trans con capacidad de gestar.

Este Anteproyecto modifica el artículo 120 del Código Civil y responde a una de las demandas del colectivo LGTBI, como es la filiación de los hijos e hijas de las parejas formadas por dos mujeres sin necesidad de que estén casadas. Además, se prohíben las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad sexual o la expresión de género de las personas, con independencia de que esta haya dado su consentimiento. La norma aprobada hoy consolida derechos para las personas trans y LGTBI en el ámbito educativo y laboral.

El Gobierno comunica, dada la transcendencia pública y política de la decisión, que en su sesión de 22 de junio de 2021del Consejo de Ministros ha concedido el indulto, por razón de utilidad pública, a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carmen Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, sobre los que pesaban penas de prisión e inhabilitación por el juicio del procés catalán.

Se trata de un perdón de la pena de prisión pendiente, que varía según el caso, mientras que se mantienen íntegras las penas de inhabilitación absoluta.

Estos indultos, publicados en el BOE de 23 de junio, se condicionan a la no comisión de delito grave en un período entre 3 y 6 años, según el caso.

El ministro de Consumo Alberto Garzón, ha afirmado que, en la estrategia de defensa de los intereses de los consumidores, el ministerio apuesta "por potenciar los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos" y, en particular, el sistema arbitral de consumo.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado una inversión de 1,3 millones de euros para la modernización y digitalización de los sistemas extrajudiciales para la resolución de conflictos entre consumidores y empresas.

Durante su comparecencia en el Senado, el ministro ha explicado que su objetivo es evitar la judicialización en las relaciones de consumo. Sobre las reclamaciones de consumidores y usuarios ha indicado que, en ocasiones, "se trata de un laberinto cuyo final es la judicialización a la que casi nadie llega y supone una ventaja para el grande".

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante la sesión de control en el Senado, ha recordado que la ley establece un procedimiento claro: cuando llega una petición de indulto se solicita al Tribunal sentenciador que se pronuncie.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, intervino en el Pleno del Congreso de los Diputados, en el debate de totalidad sobre el Proyecto de Ley Orgánica de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.

En su intervención, Campo ha destacado que “la Fiscalía Europea está llamada a ser un mecanismo fundamental de protección del Estado del bienestar de todos los ciudadanos europeos, ya que, protegiendo el gasto público de la Unión de conductas como el fraude y la corrupción, se salvaguardan derechos y políticas públicas como la sanidad y la educación".

El ministro ha defendido la ley señalando que España es uno de los países más comprometidos con la creación y diseño del espacio común de libertad seguridad y Justicia. Y ha añadido que “España ha estado luchando por esta institución desde un principio".

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española, relativo a la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España.

Esta reforma supone un paso adelante en la configuración del Estado social proclamado en nuestra Constitución, centrado en el apartado dedicado a los principios rectores de la política social y económica, más concretamente, en la protección de las personas con discapacidad. Con ello se persigue intensificar la incidencia de estos principios en la realidad social sobre la que se proyectan y avanzar así en la protección social de aquellos sectores de la población que más lo precisan.

La reforma del artículo 49 de la Constitución Española se ha realizado a iniciativa del Gobierno a partir de la propuesta de la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad y ha contado con la participación del colectivo de personas con discapacidad, representado por CERMI. Se han incluido en el nuevo texto constitucional los aspectos que este colectivo considera fundamentales.