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El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al Congreso de los Diputados la prórroga, durante 6 meses, del estado de alarma declarado este pasado domingo por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y el 29 ha sido aprobado por el congreso.

La portavoz del Gobierno ha explicado que la solicitud plantea suprimir la vigencia actual de las limitaciones de movilidad entre las 23 horas y las 6 de la mañana, de forma que sea el presidente de cada comunidad autónoma, como autoridad competente, la que establezca estas restricciones horarias, u otras, en función de la evolución de la pandemia en su territorio.

El texto tiene como objetivo permitir a cada comunidad autónoma evaluar el riesgo, establecer un nivel de alerta y adoptar medidas proporcionales, adaptables a la situación y al contexto de cada territorio.

Este Acuerdo, adoptado en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, es un marco de criterios comunes para la interpretación de los indicadores epidemiológicos, acordado técnicamente por todas las comunidades autónomas (CCAA). Está dirigido a garantizar la coordinación suficiente entre territorios, posibilitando que las comunidades autónomas tomen las medidas complementarias que consideren oportunas.

El Consejo de Ministros ha autorizado la adquisición de 31.555.469 dosis de vacunas desarrolladas por AstraZeneca contra la COVID-19. De esta manera, el Ministerio de Sanidad concretará para España los términos del acuerdo formal de compra, suscrito el pasado 27 agosto, entre la Comisión Europea, en representación de los Estados miembros, y esta empresa. Dicho acuerdo establecía la adquisición para Europa de 300 millones de dosis por un coste total de 870 millones de euros, con un pago adelantado por la Comisión Europea de 336 millones de euros. El precio total de cada dosis sería, por tanto, de 2,90 euros, de los que 1,12 serán pagados por la Comisión y 1,78 por los países, importe este último que puede incrementarse un 20% dependiente de que pueda haber costes adicionales justificados.

Cabe destacar que esta vacuna requiere dos dosis por inmunización, por lo que el número de inmunizaciones es la mitad de las dosis y el coste total por inmunización es de 5,80 euros, de los que 3,56 euros le corresponderán a cada estado miembro.

Aparte de la recomendación explícita de evitar todo movimiento o desplazamiento innecesario en los municipios afectados, se obliga a las comunidades autónomas por, Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Sanidad, publicada en el BOE de 1 de octubre, a adoptar, las medidas en los municipios de más de 100.000 habitantes, cuando concurran las tres circunstancias siguientes:

a) 500 casos o más por 100.000 habitantes en 14 días (medida hasta 5 días antes de la fecha de valoración).
Este criterio no será de aplicación si al menos el 90% de los casos detectados en el municipio se corresponden con brotes no familiares controlados, y comunicados al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad.
b) Positividad en las pruebas diagnósticas de infección por COVID-19 realizadas en las dos semanas previas superior al 10%.
c) La comunidad autónoma a la que pertenezca el municipio presente una ocupación de camas por pacientes COVID-19 en UCIS superior al 35% de la dotación habitual.

Con la Orden PCM/864/2020, de 18 de septiembre, se convoca la segunda prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de la Abogacía, sin limitación del número de plazas y para todo el territorio español.

El programa que ha de regir la evaluación se encuentra en el Anexo de la presente convocatoria.

La solicitud de inscripción deberá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilizando Cl@ve como sistema de identificación electrónica.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Un texto con 66 artículos que se agrupan en 5 títulos, estructurados en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, así como a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Título preliminar, objetivo y finalidad

El objeto de esta Ley es el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. Se trata de promover su reparación moral y recuperar su memoria e incluye el repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura.

El Ministerio de Consumo ha abierto a consulta pública la modificación de la actual Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) con el objetivo de desarrollar la figura del consumidor vulnerable.

Con ello, el Gobierno pretende avanzar hacia el reconocimiento de la vulnerabilidad en las relaciones de consumo para aquellas personas, familias y colectivos con dificultades.

Así lo ha anunciado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante su intervención en un acto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Garzón ha dicho que esta medida formará parte de una reforma de la actual ley en la que también se incorpora la ya anunciada prohibición de los números telefónicos 902 para los servicios de atención al cliente.

El Ministerio de Consumo plantea modificar el artículo 3 de la LGDCU para incluir una definición de persona consumidora vulnerable que suponga un marco general para atajar reglamentariamente situaciones concretas de vulnerabilidad. Para ello, Consumo ha abierto un periodo de consulta pública en el que la sociedad civil y las asociaciones en defensa de los derechos de consumidores puedan hacer sus aportaciones.

El Consejo de Ministros ha aprobado previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado 2020.

El Plan recoge un total de 171 propuestas: un proyecto de reforma constitucional, 3 leyes orgánicas, 58 leyes ordinarias y 119 reales decretos. Un total de 50 incorporan a nuestro ordenamiento directivas u otras disposiciones europeas.

Una planificación que se ha visto alterada por la situación de crisis sanitaria, económica y social provocada por el COVID-19, y que recoge las previsiones legales enmarcadas en aquellas políticas del Gobierno que trascienden de la actuación llevada a cabo para controlar y superar la pandemia.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, han firmado un acuerdo de colaboración para incentivar el consumo en el comercio de proximidad, uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria y por las disposiciones normativas que han obligado a la reducción de su actividad.

Ambas instituciones pondrán en marcha una campaña de publicidad que se desarrollará hasta final de año y cuyo objetivo reactivar el consumo en el comercio, resaltando sus cualidades -cercanía, confianza y calidad-, y las medidas sanitarias adoptadas por el comercio para favorecer una compra segura.

El ministro participa junto a López-Yuste en una videoconferencia en la que ambos han agradecido el trabajo realizado durante la pandemia y el esfuerzo actual para normalizar ya la actividad.

El Ministerio de Justicia, a través de la directora general para el Servicio Público de Justicia, Concepción López-Yuste, ha trasladado esta tarde a los gerentes territoriales su felicitación por haber logrado poner en marcha en tiempo récord el sistema de gestión de citas previas que permite retomar la posibilidad de realizar ya trámites administrativos vía presencial, pero de una manera ordenada teniendo en cuenta las medidas de prevención para evitar contagios.