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El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley Crea y Crece, que será remitido a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. La norma es una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dirigida a impulsar la creación de empresas y facilitar su crecimiento y expansión.

La mejora en el proceso de crecimiento empresarial es esencial, según la evidencia reciente, para aumentar la productividad, la calidad del empleo y la internacionalización.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha presentado el Kit Digital, el programa de ayudas del Plan de Recuperación impulsado por el Gobierno para promover la digitalización de pymes y autónomos, que contribuirá a modernizar el tejido productivo español.

El programa está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU y tiene el objetivo de digitalizar a de pymes y autónomos en todo el territorio nacional.

El Kit Digital nace para apoyar la transformación digital de pequeñas empresas, microempresas y autónomos y acompañarles en la adopción de soluciones digitales que aumenten su nivel de madurez digital. Un programa enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y del Plan de Digitalización de Pymes.

"El futuro de nuestras pymes y autónomos se escribe en clave digital. El objetivo es claro: aprovechar la oportunidad del Plan de Recuperación para dotar a nuestras pymes y autónomos de las herramientas digitales que necesitan para aumentar su escala, acceder a nuevos mercados y desarrollar todo su potencial", ha señalado la vicepresidenta primera.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la redacción del anteproyecto de Ley con el que el Ministerio de Consumo regula los servicios de atención al cliente. Entre otras cuestiones, la norma pondrá límites al uso de contestadores automáticos con los que las empresas se relacionan con los consumidores, garantizará la atención a personas vulnerables y hará pública la evaluación de los clientes de la atención recibida. El texto, que comienza ahora su tramitación, mejora las comunicaciones entre consumidores y empresas y establece obligaciones en la forma de facilitar información, atender incidencias y resolver quejas y reclamaciones.

Con esta prueba, que se celebrará el miércoles, 10 de noviembre, será la cuarta ocasión, desde el inicio de la pandemia, en que el examen se realiza online, de manera sincronizada, a través de la plataforma AvEX de la UNED.

La segunda prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado del año 2021, a la que han sido convocados un total de 1.257 aspirantes, se celebra el miércoles 10 de noviembre, de manera online.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley por la que se modifican la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la trasposición de directivas en materia en materia de lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo, así como el establecimiento de penas aplicable al abuso de mercado.

El objeto de estas modificaciones es cumplir con los compromisos normativos adquiridos con la Unión Europea (UE), adaptar la regulación a las nuevas formas de delincuencia y contribuir a la armonización de los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados de la UE.

El Consejo de Ministros ha tomado en consideración en primera lectura el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda.

Se trata de una norma pionera en la actual etapa democrática, que refuerza el ejercicio del derecho constitucional ofreciendo instrumentos efectivos a las Administraciones territoriales competentes para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, respondiendo de un modo especial a aquellas personas y hogares que tienen más dificultades de acceso, con un particular enfoque en aquellos ámbitos en los que existe una mayor tensión en el mercado.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia que, junto a la Ley de eficiencia procesal y la Ley de eficiencia organizativa -que ya están en tramitación-, constituyen la base legislativa del Plan Justicia 2030 para transformar el servicio público de Justicia y hacerlo más eficiente.

Impulsada por el Ministerio de Justicia, la ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización, regulando los servicios digitales accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de Justicia.

El Gobierno ha estudiado en primera vuelta el Anteproyecto de Ley que introduce modificaciones en la Ley de Marcas, la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial y la Ley de Patentes, con el triple objetivo de adaptarlas a la realidad actual, agilizar su tramitación parlamentaria y dotar de una mayor claridad y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, participó en la clausura, en Bilbao, de las VIII Jornadas de las Juntas de Gobierno de la Abogacía Española, organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia. En su intervención, Llop ha anunciado que está a punto de ultimarse el Anteproyecto de Ley Orgánica del derecho a la defensa y ha destacado que "hay una comisión creada para estos efectos".

Según la ministra de Justicia, este instrumento "cerrará el círculo de garantías constitucionales para garantizar la tutela judicial efectiva". La Ley incorporará al ordenamiento jurídico y al sistema de garantías, las demandas más exigentes de la jurisprudencia de los tribunales, y recogerá en un solo cuerpo legal todos los aspectos de este derecho fundamental que se hallan dispersos en la legislación específica, incorporando las experiencias y necesidades manifestadas tanto por el Consejo General de la Abogacía Española, como por otros órganos y asociaciones representativas de los derechos e intereses de ciudadanos.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto sobre el control de la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), que sustituye al Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, que fue declarado parcialmente nulo por el Tribunal Supremo en relación con la obligación de comunicar al registro los datos de los usuarios de los servicios de VTC.

De esta forma, los titulares de VTC, antes del inicio de cada servicio concreto y por vía electrónica, deberán comunicar a la Administración los datos de los servicios contratados con el detalle establecido en la nueva normativa, que excluye los datos de los usuarios de los servicios.