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El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley por el que se regula el procedimiento de evaluación de la edad.

El objetivo de la nueva norma es determinar la mayoría o minoría de edad, con pleno respeto a los derechos de la infancia y adolescencia, y con todas las garantías legales, cuando por carecer de documentación o no ser posible establecer la edad con seguridad, tenga que ser la autoridad judicial quien la determine, tras escuchar las alegaciones de las partes y realizar una valoración ponderada de la prueba que se ha hecho a la persona.

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de eficiencia organizativa del servicio público de justicia y el proyecto de ley de eficiencia procesal del servicio público de justicia.

Estas normas, junto a la ley de eficiencia digital, constituyen la base legislativa del plan Justicia 2030, el proyecto del Ministerio de Justicia que sienta las bases de la Justicia del futuro inminente.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica que regula el acceso y uso por parte de las autoridades competentes de información financiera y de otro tipo de utilidad para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de las infracciones penales.

La norma regula el acceso directo e inmediato a los datos de los registros centralizados de cuentas bancarias y de pagos, que en España se denomina el Fichero de Titularidades Financieras, y establece medidas destinadas a facilitar el acceso a la información financiera y a los análisis financieros de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), que en España elabora el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El Consejo de Ministros ha aprobado, en primera vuelta, el anteproyecto de Ley de creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, con el doble objetivo de reforzar el sistema de resolución extrajudicial de reclamaciones entre las entidades y los clientes de productos bancarios, valores y seguros e impulsar la educación e inclusión financiera.

El anteproyecto de Ley saldrá mañana a audiencia pública para recibir las aportaciones de los operadores y clientes.

La creación de esta autoridad complementa el sistema institucional de resolución de reclamaciones en el ámbito financiero, que está articulado actualmente en tres niveles: en primer lugar, los servicios de atención al cliente de las propias entidades financieras; en un segundo estadio, los servicios de reclamaciones de los organismos supervisores; y, por último, los órganos judiciales.

Por Orden PCM/219/2022, de 21 de marzo, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía para el año 2022.

La prueba es única e idéntica para todo el territorio español (eligiendo el idioma castellano o lengua cooficial), gratuita y como requisitos se exige estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Grado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, o en su caso de las certificaciones sustitutorias (como la convalidación u homologación de títulos extranjeros) con anterioridad a la admisión al curso de formación.

También se exige ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de la Abogacía y haber superado los cursos de formación y prácticas tuteladas.

El Consejo de Ministros ha aprobado el 1 de marzo, en primera lectura, el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible para iniciar la tramitación del texto articulado con la apertura del trámite de audiencia e información pública.

El anteproyecto de ley se publicará en la página web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que los ciudadanos y agentes interesados puedan consultarla y, en su caso, realizar aportaciones.

Disponibles desde el pasado 17 de enero para cancelación de antecedentes penales, obtención de certificado de delitos penales o de naturaleza sexual para personas jurídicas y devolución de ingresos indebidos de tasas.

Los nuevos trámites telemáticos puestos a disposición de los usuarios en la sede electrónica del Ministerio de Justicia, desde el pasado 17 de enero, han superado la cifra de 2.200 expedientes en tan solo un mes de funcionamiento. Esto supone un avance en la consecución de una Justicia más accesible y cercana a los usuarios, que pueden acceder a los servicios públicos de justicia durante las 24 horas de los 7 días de la semana.

El Consejo de Ministros del 18 de febrero, ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código penal, en materia de maltrato animal.

Ante la necesidad de reforzar la protección penal de los animales y con el ánimo de ofrecer herramientas de lucha más adecuadas contra el maltrato y abandono animal, se modifica el articulado relacionado con la protección de los animales de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

El delito de abandono de animales fue incluido en el Código Penal en 1995 y modificado posteriormente en el año 2003, pese a ello, se entiende necesario modificar y proporcionar las penas del mismo con la finalidad de que suponga una medida que impida su reincidencia y garantizando la inhabilitación para la tenencia de animales.

La modificación del Código Penal en lo relacionado con los delitos contra los animales que recoge este anteproyecto de ley supone la actualización de la norma penal a la reclamación justificada por la sociedad actual, que exige a la administración una adecuada respuesta ante delitos de especial rechazo social y que sitúan a nuestro país en la media de los países de nuestro entorno en lo referente a los delitos contra seres dotados de sensibilidad como son los animales.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha clausurado el I Congreso Interasociativo de la judicatura, que se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia de Albacete.

En su intervención, Llop ha destacado los proyectos que su Ministerio está llevando a cabo, dentro del plan Justicia 2030, para mejorar la eficacia y la organización del sistema judicial.

No solo las grandes empresas, entidades financieras y organismos públicos son susceptibles de ser objetivos de los hackers, cada vez son más frecuentes los ciberataques a pymes y a particulares, de hecho, más de la mitad de las pymes reconocen haber sufrido algún ciberataque.

Para sus ataques, los hackers utilizan todo tipo de técnicas para hacerse con información confidencial, destruirla o encriptarla. Para encriptar la información utilizan virus del tipo ransomware (bloqueador de sistemas), que se introducen de forma ilegal en el sistema operativo del usuario a través de mensajes de correo electrónico infectados o descargas, para exigir después el pago de un rescate para desencriptarlos.