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Orden PJC/233/2025, de 7 de marzo, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía para el año 2025, publicada en el BOE de 12 de marzo.

Esta convocatoria, no contiene limitación del número de plazas y la prueba es gratuita y será única e idéntica para todo el territorio español. El programa que rige la evaluación es el que figura en el anexo de la Orden mencionada.

Como requisitos para poder realizar la prueba, se precisa, estar en posesión del título de Licenciado/a en Derecho, Grado en Derecho o de otro título universitario de grado equivalente, con anterioridad a la admisión al curso de formación especializada para el acceso a la profesión de la Abogacía. Se debe haber superado los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de la Abogacía, y el período de prácticas externas tuteladas, ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión a la fecha en que se realice la prueba.

El Consejo de Ministros  de 4 de marzo, ha aprobado el Proyecto de Ley de administradores y compradores de créditos, por el que se transpone la Directiva europea sobre la materia y se modifica la Ley de contratos de crédito al consumo (Ley 16/2011/ y la Ley de contratos de crédito inmobiliario /Ley 5/2019). El proyecto una vez aprobado por el Gobierno será remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

El proyecto normativo refuerza la protección de los consumidores financieros, especialmente de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica garantizando que se respetan sus derechos, y se les ofrecen soluciones para afrontar sus deudas. Asimismo, se favorece la estabilidad financiera, facilitando que las entidades financieras puedan vender sus carteras de créditos, permitiéndoles sanear sus balances y mejorar su solvencia.

El Anteproyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal aprobado por el Consejo de Ministros tiene como objetivo adecuar la Administración de Justicia y la labor de sus profesionales a la nueva realidad de este servicio público y a las demandas sociales emergentes.

Se trata de la mayor reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, y afianza la gran transformación de la Justicia que está llevando a cabo este Gobierno basada en los principios de digitalización, modernización y vocación social.

Los ejes fundamentales de la actualización de esta ley son: promover la igualdad de oportunidades en el acceso de los profesionales del sistema judicial; buscar la excelencia y diversidad de los miembros de la Administración de Justicia; mejorar su carrera profesional; e impulsar la pluralidad y la transparencia de sus estructuras.

El Consejo de Ministros de 17 de diciembre, ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación cuyo objetivo es actualizar la vigente Ley Orgánica 2/1984 para garantizar este derecho instrumental en el contexto actual de las nuevas tecnologías de la información permitiendo corregir públicamente informaciones falsas o inexactas que causan un perjuicio a los particulares. A continuación, analizamos los puntos clave de esta norma, destacando su impacto en medios de comunicación, plataformas digitales y usuarios de especial relevancia.

Principales innovaciones del Derecho de Rectificación

1. Adaptación a nuevos entornos digitales
   La nueva ley contempla, por primera vez, la regulación del Derecho de Rectificación en medios digitales, plataformas en línea y redes sociales. Según el ministro Bolaños, estas plataformas tienen un alcance que, en muchos casos, supera al de los medios de comunicación tradicionales.
   Además, se introducen medidas específicas para entornos digitales, como la obligación de incluir un aviso destacado que informe de que una noticia falsa o inexacta ha sido rectificada, y un enlace directo a la rectificación íntegra, accesible al público afectado.

El Consejo de Ministros ha aprobado el 29 de octubre, el proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad para su remisión a las Cortes, por el que se modifican el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas. Asimismo, se ha informado, en primera vuelta del anteproyecto de Ley por el que se modifican los criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas a efectos de información corporativa.

Con ello se trasponen dos directivas europeas que mejoran el marco de presentación y verificación de la información sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, y racionalizan las obligaciones de presentación de información corporativa para las empresas.

La Sala de lo Penal ha acordado por unanimidad abrir una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra un particular.

El tribunal también ha declarado su competencia para investigar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la citada nota. Aunque no tiene la condición de aforada, el auto explica que ambos comportamientos -el del fiscal general y el de ella- guardan una conexión inescindible que impide la incoación de causas separadas.

El Consejo de Ministros de 8 de octubre, ha autorizado la tramitación administrativa urgente prevista en la Ley del Gobierno para el Proyecto de Real Decreto por el que se crea la Ventanilla Digital Única de Arrendamientos y se regula la recogida e intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler y alojamientos de corta duración.

El objeto del real decreto es introducir en el ordenamiento jurídico español el Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, a fin de establecer una serie de obligaciones y regulaciones en materia de información que se aplican a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración estableciendo los procedimientos de registro para las unidades situadas en el territorio.

El tribunal de la causa del procés ha rechazado los recursos de súplica planteados por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y varios procesados en la causa del procés contra el auto en el que concluyó que el delito de malversación por el que fueron condenados estos últimos estaba excluido de la Ley de Amnistía. La Sala reitera que dichas personas cometieron una malversación en la que medió beneficio personal de carácter patrimonial, que el legislador ha excluido expresamente del ámbito de la amnistía.

La Sala que ha dictado el auto está formada por los magistrados Manuel Marchena (presidente y ponente), Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer. Esta última ha emitido un voto particular discrepante con la decisión. Los condenados cuyos recursos de súplica se rechazan fueron presentados por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, y los exconsejeros Raul Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull.

Asimismo, el auto rechaza el recurso de súplica de la acusación popular en nombre del partido político VOX que consideraba que el delito de desobediencia también estaba excluido de la amnistía.

El auto dictado por la Sala da respuesta a la petición de las defensas de que la Sala se limite a cumplir la inequívoca voluntad legislativa de amnistiar los hechos por los que los recurrentes fueron condenados.

El Consejo de Ministros ha aprobado el 17 de septiembre de 2024, el Plan de Acción por la Democracia, una hoja de ruta para fortalecer los principales elementos de nuestro Estado de Derecho, combatir los riesgos de sufren las democracias -como la desinformación- y dar más herramientas y poder a la sociedad española para evaluar la acción de los poderes públicos.

Este plan toma el nombre y los objetivos de la iniciativa aprobada por la Comisión Europea, el Plan de Acción para la Democracia Europea (Democracy Action Plan) y cuyos objetivos también comparte.

El Plan se desarrolla sobre tres ejes de actuación: (1) poder ejecutivo y gobierno abierto; (2) medios de comunicación y garantía del derecho de los ciudadanos a una información veraz; y (3) poder legislativo, que a su vez se materializan en once líneas de actuación y 31 medidas, en un ejercicio de transversalidad y con la intención de apuntalar las instituciones clave del Estado de Derecho.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal de la Comunidad considera, entre otros razonamientos jurídicos, que se da una “patente insuficiencia del informe de impacto económico” de las medidas adoptadas en la Ordenanza municipal

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, en sentencia de 17 de septiembre de 2024, ha anulado diversos preceptos de la Ordenanza 10/2021, de 13 de septiembre, por la que  se modifica la Ordenanza de  Movilidad  Sostenible,  de  5  de  octubre  de  2018 del Ayuntamiento de Madrid. La sentencia anula concretamente aquellas partes de la Ordenanza por las que se definen el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el municipio de Madrid; y las que establecen las dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE) de “Distrito Centro” y “Plaza Elíptica”, dejando subsistentes todo el resto del articulado, incluso aquellos artículos que, con carácter general o por mera referencia, se refieran a las ZBE y ZBEDPE que puedan establecerse en un futuro.