Noticias

El 1 de septiembre entrará en vigor una importante modificación del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, publicada el 12 de agosto en el Diario Oficial de la Unión Europea (Reglamento (UE, Euratom) 2024/2019) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se modifica el Protocolo n.° 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea].  Esta modificación prevé, entre otros extremos, una transferencia parcial de la competencia prejudicial del Tribunal de Justicia al Tribunal General, que será aplicable a partir del 1 de octubre de 2024. Esta transferencia afecta a seis materias específicas: el sistema común del IVA, los impuestos especiales, el código aduanero, la clasificación arancelaria de las mercancías, la compensación y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de embarque o de retraso o cancelación de los servicios de transporte, y el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. La modificación del Estatuto contempla asimismo una ampliación del mecanismo de previa admisión a trámite de los recursos de casación a partir del 1 de septiembre de 2024.

El BOE del martes 22 de agosto publica la Orden PJC/878/2024, de 16 de agosto, por la que se convoca la segunda prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía para el año 2024.

Conforme señala esta disposición, la experiencia adquirida con respecto a la planificación e implantación de la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el acceso a la Abogacía on line en las convocatorias de los años 2020, 2021, 2022 y 2023, así como el alto grado de satisfacción obtenido en cuanto a la ejecución y desarrollo de estas, aconsejan que las pruebas de acceso a la profesión de la Abogacía se realicen nuevamente online de manera simultánea en este año 2024.

El Consejo de ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que establece un marco integral para proteger la salud de los menores y promover un consumo responsable de alcohol en la sociedad. Este anteproyecto de ley se centra en los menores de edad, ya que el consumo precoz de alcohol aumenta el riesgo de desarrollar adicción y afecta negativamente al desarrollo cerebral. El objetivo es prevenir el consumo de alcohol, retrasando la edad de inicio, proteger las consecuencias del consumo y reducir los episodios de consumo intensivo en este grupo vulnerable.

Datos de consumo

Según la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), el alcohol es la sustancia psicoactiva de consumo más generalizado entre estudiantes de 14 a 18 años. En 2023, el 75,9% dice haberlo consumido alguna vez en su vida, el 73,6%, en el último año, y el 56,6%, en el último mes. Esta encuesta refleja que la edad media de inicio del consumo es demasiado precoz, tanto para el consumo ocasional (14 años en hombres y mujeres), como para el semanal (15 años).

El Consejo de Ministros ha aprobado el 16 de julio, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el proyecto de ley de Función Pública de la Administración General del Estado, un texto sobre el que se construye la transformación de la Administración poniendo el foco en el capital humano y en los procesos y procedimientos internos encargados de su gestión, y recuperando todos aquellos elementos de la ley que decayeron en su trámite parlamentario como consecuencia de las convocatorias electorales.

Este proyecto desarrolla las disposiciones contempladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en lo que a la Administración del Estado se refiere, y permite, junto a la aprobación del RDL 6/2023, diseñar un marco jurídico transformador por fases que pueda, por un lado, desarrollar todo el potencial innovador del texto refundido de la Ley del EBEP y, por otro, terminar con un marco jurídico obsoleto y fragmentario.

• Decisión del Tribunal Constitucional: El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de amparo de José Antonio Griñán, ex Presidente de la Junta de Andalucía, por vulneración de sus derechos a la legalidad penal y a la presunción de inocencia en el caso de los ERE de Andalucía.
• Motivos de la Decisión: El Tribunal considera que las sentencias previas realizaron una interpretación imprevisible del delito de prevaricación y malversación, lo que vulnera el derecho a la legalidad penal. Además, no se probó suficientemente que Griñán cometiera los hechos imputados, vulnerando su derecho a la presunción de inocencia.
• Retroacción de Actuaciones: Se ordena retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos.
• Votos Particulares: La sentencia cuenta con los votos particulares de cuatro magistrados, quienes discrepan de la decisión mayoritaria.

La Sala considera que puede resultar discriminatoria por, entre otros motivos, vulnerar el derecho a la igualdad ante la Ley

Introducción

Analizamos la reciente decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de España respecto a la inclusión de ciertos delitos en la Ley de Amnistía y las posibles implicaciones de plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Este análisis se enfoca en los aspectos jurídicos clave y las implicaciones constitucionales que surgen de esta resolución.

El Consejo de Ministros de 9 de julio ha acordado ampliar en un año el plazo para ejercer el derecho de optar a la nacionalidad española recogido en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Esta decisión posibilita la prórroga a un tercer año del plazo de dos años previsto inicialmente.

Decisión del Consejo de Ministros sobre la Nacionalidad Española

La aplicación de esta disposición adicional implica a las Oficinas del Registro Civil, con una incidencia muy importante sobre los Registros Civiles Consulares. A pesar de los esfuerzos para dotarlas de medios adicionales, en algunas Oficinas Consulares el plazo de dos años no ha sido suficiente para absorber la demanda de citas.

El Juez Llarena del Tribunal Supremo declara no aplicable la amnistía a Puigdemont, Comín y Puig por el delito de malversación y mantiene las órdenes nacionales de detención contra ellos.

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo ha dictado el 1 de julio un auto en el que declara no aplicable la amnistía al delito de malversación que se imputa en la causa del procés al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, y a los exconsellers Antonio Comín y Lluis Puig. En la misma resolución, el juez acuerda mantener contra ellos las órdenes nacionales de detención por su presunta responsabilidad como autores de un delito de malversación.

El instructor argumenta que los comportamientos atribuidos en la causa a los tres procesados incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la Ley para amnistiar delitos de malversación, que son que se hayan realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.

El BOE del sábado 22 de junio publica la Orden PJC/621/2024, de 19 de junio, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la Procura para el año 2024.

La convocatoria se rige por el derogado Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, de conformidad con la disposición transitoria segunda del Real Decreto 64/2023, de 8 de febrero, según la cual, las pruebas de evaluación ya convocadas y las correspondientes a los cursos académicos 2022-2023 se celebrarán con arreglo al referido Real Decreto 775/2011.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha resuelto hasta el pasado 30 de marzo un total de 679 recursos de empresas que reclamaban la responsabilidad patrimonial del Estado por el perjuicio causado por el cierre de sus negocios durante la pandemia de coronavirus COVID-19.

Hasta la fecha, todos los pronunciamientos del alto tribunal han sido desestimatorios, con argumentos comunes que la Sala fijó en la primera sentencia en la que se rechazó el recurso del hotel Alhambra Palace. Este establecimiento solicitaba una indemnización de 417.000 euros por el perjuicio económico provocado por el cierre desde el inicio del confinamiento hasta el mes de junio de 2020.