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El Pleno del Tribunal Constitucional, en una decisión adoptada hoy, ha acordado admitir a trámite el recurso de amparo planteado por diputados del grupo parlamentario Popular en el Congreso, con referencia a dos enmiendas que introducían reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativas a la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, incorporadas a la Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de la nueva Ley de Industria que refuerza el papel de la industria en la estructura económica y social de España y su contribución a la doble transición verde y digital, fortalece la soberanía estratégica industrial y adopta los instrumentos de política industrial para mejorar la competitividad de la industria española en la esfera internacional. Se trata de una reforma contemplada en el Plan de Recuperación y moderniza el marco jurídico industrial al sustituir a la actual ley, que data de 1992.

Este anteproyecto de Industria es un compromiso del Gobierno que impulsa una política industrial alineada con la digitalización, la sostenibilidad medioambiental y la economía circular y potencia la autonomía industrial de nuestro país, de forma que contribuye a incrementar el peso de las actividades industriales en nuestra estructura económica y social y a obtener para nuestro país un crecimiento más sostenible y digital y una mayor resiliencia ante los retos derivados de la pandemia y la guerra en Ucrania.

El nuevop anteproyecto involucra al conjunto de administraciones públicas, a los agentes económicos y sociales y a las fuerzas políticas ante la urgente necesidad de potenciar la industria de nuestro país con un doble objetivo: en primer lugar, la necesaria reactivación económica y social tras la pandemia y la guerra, en segundo lugar, la modernización de nuestro modelo productivo para abordar con éxito la doble transición digital y ecológica y lograr una mayor cohesión social y territorial", ha señalado la ministra.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Se trata de un texto fruto de consenso interdepartamental, que acaba con la dispersión normativa actualmente existente en nuestro país y sigue las recomendaciones que se han ido aprobando a nivel internacional.

Atendiendo a las recomendaciones internacionales derivadas del Protocolo de Palermo, el Convenio de Varsovia, de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del Protocolo de la Organización Internacional del Trabajo, o del Grupo de Expertos contra el Tráfico de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA), este anteproyecto aborda de manera integral todas las formas de trata que suponen la vulneración más grave de los derechos fundamentales de un ser humano, desde la explotación sexual, pasando por la mendicidad y el tráfico de órganos, hasta la explotación laboral.

La ministra de Justicia ha participado el día 11 de noviembre en la jornada de presentación de los proyectos piloto de la Oficina de Justicia en los municipios, coorganizado por el Ministerio de Justicia y la Federación Española de Municipios y Provincias.

La jornada tiene entre sus objetivos intercambiar visiones, experiencias y propuestas de futuro sobre lo que va a suponer la implantación de esta nueva figura.

Llop ha destacado que estas oficinas van a permitir a cualquier ciudadano “acceder a un recurso de Justicia en igualdad de condiciones, en cualquier lugar del territorio en el que se halle".

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha participado el día 11 de noviembre en Madrid, junto al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, y su secretario general, Carlos Daniel Casares, en la jornada de presentación de los proyectos piloto de las Oficinas de Justicia en los municipios (OJM), que han coorganizado el Ministerio de Justicia y la FEMP. ​

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional y, en consecuencia, que contribuyan a la lucha contra la corrupción con el objeto de transponer la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea (UE).

El objeto de la directiva es proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno, mediante el establecimiento de canales protegidos de información y la prohibición de cualquier represalia contra ellas.

Esta ley también persigue ayudar a concienciar y aumentar las informaciones por corrupción al crear un clima de confianza entre el informante y la Administración.

La Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que aparece publicada en el BOE de 6 de septiembre, modifica (mediante su disposición final cuarta) la disposición transitoria segunda de la Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, con objeto de aplazar al curso académico 2022-2023 la puesta en marcha del nuevo máster de acceso a la abogacía y procura al ser necesaria la adaptación del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, a las previsiones de esa Ley con carácter previo a su impartición.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, cuyo objetivo fundamental es dar cobertura jurídica y regular la transformación digital del servicio público de Justicia.

Este proyecto establece un marco jurídico de vanguardia para promover y facilitar el avance en la transformación digital de la Justicia, regulando los servicios digitales accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital, impulsando su eficiencia y orientando al dato los sistemas de Justicia.

ACCEDA-JUSTICIA amplia y mejora los servicios digitales de operadores jurídicos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado que se relacionan con la Administración de Justicia a través de LexNET.

Ya se han remitido más de 4.300 envíos a través de este sistema, alcanzándose un tamaño de 4 GB. Cada mes se aumenta en un 20% su uso, llegando a casi 1.000 envíos en el mes de junio.

El Consejo de Ministros ha aprobado el 28 de junio de 2022, el Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

El desarrollo de esta ley es una reparación histórica para un colectivo históricamente discriminado, como es el LGTBI, y específicamente para el colectivo trans, uno de los más vulnerados y estigmatizados. Se trata de un compromiso plasmado en el pacto de coalición de gobierno y defendido públicamente por el propio Presidente del Gobierno.

El Consejo de Ministros ha aprobado el 28 de junio de 2022, el proyecto de reforma de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión para su remisión a la Cortes Generales.

La norma tiene como objetivo la modernización de los mercados de valores con el fin de mejorar y potenciar su capacidad de financiación de la economía de forma transparente y eficiente, fortalecer el régimen de supervisión aplicable a las empresas de servicios de inversión y mantener un elevado nivel de protección de los clientes de servicios financieros y de los ahorradores.

Esta nueva norma constituye una ley marco que sustituye a la normativa vigente de 2015 y funde en un solo texto directivas europeas y reglamentos que han venido desarrollando esta materia para proporcionar seguridad jurídica a empresas e inversores.