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El 16 de enero el Pleno ha tomado en consideración la proposición de los grupos Popular y Socialista, y ha acordado su tramitación en lectura única.

La modificación del artículo propone sustituir en la Constitución los términos de "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos" por el de "personas con discapacidad" 

El Pleno del Congreso de los Diputados, en sesión extraordinaria celebrada en el Senado, debatirá en lectura única el próximo jueves la Proposición de Reforma del artículo 49 de la Constitución, promovida por los grupos parlamentarios Popular y Socialista, y que tiene por objeto la "actualización en lenguaje y contenido", del artículo dedicado a los derechos y a la protección de las personas con discapacidad, se explica en la exposición de motivos. Con esta reforma se eliminarán de la Constitución los conceptos de "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos".

El texto ha sido aprobado con 9 votos a favor, 5 en contra y uno en blanco.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, reunido hoy en sesión extraordinaria, ha aprobado la siguiente declaración institucional:

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El Consejo General del Poder Judicial ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios acaecidos el 1 de octubre de 2017, así como los también cometidos con anterioridad para su preparación, incluidos delitos de corrupción, y los que también se cometieron con posterioridad para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia y restablecer el orden público y constitucional alterado.

El examen se celebrará por séptima vez de manera on line de manera síncrona a través de la plataforma AvEX de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Será una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con respuestas múltiples para contestar a un total de 75 preguntas, divididas en dos partes.

El 23 de junio de 2023, tiene lugar la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía correspondiente al año 2023, que servirá para comprobar que los aspirantes cuentan con la formación práctica suficiente, al tiempo que conocen debidamente la normas deontológicas y profesionales.

El Consejo de Ministros ha aprobado, en segunda vuelta, para su remisión al Congreso el proyecto de Ley orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión, para garantizar la paridad en la política, la administración y las empresas, ampliando su alcance a los órganos constitucionales y de relevancia constitucional.

La norma tiene como meta cumplir con el objetivo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, basado en garantizar a las mujeres y niñas "las mismas oportunidades que los hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles".

El Consejo de Ministros ha acordado abrir a audiencia pública el texto del anteproyecto de ley por el que se regula el marco de información corporativa sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza.

Se reforman cuatro normas: el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital, la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, y su reglamento de desarrollo.

La información obligatoria incluye cuestiones medioambientales, sociales, de derechos humanos y de gobernanza, así como información sobre la forma en que la actividad de la empresa se asocia a actividades económicas que se consideren medioambientalmente sostenibles.

Será obligatoria, entre otras cuestiones, información sobre el modelo de negocio y estrategia, objetivos, órganos de administración, políticas, procedimientos de diligencia debida, cadena de valor, principales riesgos e indicadores.

El Pleno Gubernativo del Tribunal Constitucional, en su reunión de 15 de marzo de 2023 (BOE de 23 de marzo), en ejercicio de la competencia, adoptó el siguiente acuerdo que entró en vigor el 12 de abril de 2023:

Debido a que la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, introdujo la exigencia, como requisito de admisibilidad, de que el recurso de amparo presente «especial trascendencia constitucional» (art. 50.1 LOTC) e impuso a los recurrentes la carga de justificar dicha trascendencia (art. 49.1 LOTC), el cumplimiento de este requisito se ha revelado como un obstáculo para la admisión de un elevado porcentaje de demandas y con el fin de facilitar a los solicitantes de amparo el cumplimiento de los requisitos legales, el presente acuerdo regula la presentación de la demanda a través de la sede electrónica del Tribunal mediante la cumplimentación de un formulario que permita a los recurrentes exponer con claridad y precisión las lesiones de derechos fundamentales, la especial trascendencia constitucional del recurso y el modo en que se ha producido el agotamiento de la vía judicial previa. El formulario no sustituye a la demanda, cuya extensión no obstante debe acotarse (máximo 50.000 caracteres), persiguiéndose así dos fines: facilitar que los recurrentes no incurran en defectos de construcción de la demanda y ayudar al Tribunal a identificar los aspectos esenciales del recurso.

La nueva norma tiene por objeto desarrollar este derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución Española.

La ministra de Justicia ha destacado que, con esta ley, “la ciudadanía tendrá mayores garantías de que su derecho de defensa sea interpretado correctamente, democratizando y modernizando más nuestros derechos".

En la mañana del 28 de marzo el comité de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia y el ministerio de Justicia han firmado el acuerdo, ratificado mayoritariamente en las asambleas de Letrados Judiciales celebradas el  lunes 27 de marzo, dando fin a la huelga indefinida de LAJs que comenzó el pasado 24 de enero, con el objetivo de fomentar la participación de estos en la implantación de los proyectos de transformación de la Justicia.

Las asociaciones firmantes han desconvocado la huelga y se han comprometido a desistir del recurso interpuesto frente al acuerdo sindical del 15 de diciembre de 2021 y del recurso interpuesto frente a la instrucción 1/2023, del SG de la Administración de Justicia.

Orden PCM/270/2023 (PDF1) de 21 de marzo, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía para el año 2023.

La experiencia adquirida con respecto a la planificación e implantación de la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el acceso a la Abogacía on line en las convocatorias de los años 2020, 2021 y 2022, así como el alto grado de satisfacción obtenido en cuanto a la ejecución y desarrollo de las mismas, aconsejan que las pruebas de acceso a la profesión de la Abogacía se realicen nuevamente on line de manera simultánea en este año 2023 y no contiene limitación alguna en el número de plazas.

La prueba es única e idéntica para todo el territorio español (eligiendo el idioma castellano o lengua cooficial), gratuita y como requisitos se exige estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Grado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, o en su caso de las certificaciones sustitutorias (como la convalidación u homologación de títulos extranjeros) con anterioridad a la admisión al curso de formación.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión, que tiene como meta cumplir con el objetivo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas basado en garantizar a las mujeres y niñas las mismas oportunidades que los hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles.

Esta iniciativa continúa la senda trazada por la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que incorporó el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres. Y traspone la Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022 relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas y medidas conexas, con lo que España asume una posición de liderazgo a la hora de incorporar a su ordenamiento las normas y recomendaciones internacionales relativas a la igualdad de género.

La nueva norma busca garantizar la representación efectiva de las