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• El ministro de Justicia ha señalado que "la gestión del cambio en nuestras organizaciones resultará clave para su transformación digital e inteligente".
• Campo ha indicado que el Fondo Europeo de Resiliencia será clave para contar con los fondos necesarios para llevar a cabo la transformación digital de la Justicia.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha inaugurado el 1 de marzo el Foro Legaltech: La tecnología en el ámbito legal como valor añadido para el ciudadano, un encuentro sobre la tecnología en el ámbito de la Justicia, organizado por Legálitas y el diario El Español. En su intervención, Campo ha señalado que "el hecho digital es clave en el mundo de la Justicia".

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado en el Senado que la regulación de la jurisdicción universal actual es deficitaria y necesita ser mejorada, ya que tiene una misión básica, que es la protección de los derechos humanos.

Juan Carlos Campo ha reiterado, en la Sesión de Control en el Senado, el compromiso del Gobierno para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en lo relativo a la jurisdicción universal, en respuesta a una pregunta de Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

Según Campo, "nunca existirá una regulación de jurisdicción universal que represente por completo todas las sensibilidades, pero en lo que sí estamos de acuerdo todos es que la actual es deficitaria".

Se remite a las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de infracciones para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, para establecer un régimen sancionador para los casos de morosidad en el sector del transporte de mercancías por carretera.

El tejido empresarial del sector del transporte de mercancías por carretera en España está constituido principalmente por empresas de reducido tamaño, sobre las que impactan duramente las consecuencias del incumplimiento del plazo máximo legal de pago de los servicios de transporte, afectando gravemente a su liquidez y a su competitividad y rentabilidad.

El riesgo de esta influencia negativa aumenta drásticamente en períodos de mayor riesgo económico, como el motivado por la pandemia ocasionada por la Covid-19, al hacerse más difícil la financiación, y afecta especialmente a las empresas de mediano y pequeño tamaño, puesto que comporta una grave desestabilización de su estructura financiera, que puede condicionar incluso su viabilidad en un sector que desempeña una actividad esencial.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley orgánica que regula la protección de los datos personales utilizados en las labores de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, así como en la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.

La regulación aprobada por el Gobierno conjuga el doble objetivo de favorecer la ineludible cooperación internacional policial y judicial europea en este campo con la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, en especial del derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18.4 de la Constitución.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha destacado en el Senado que en la inmensa mayoría de los casos de ocupación "no se trata de primeras ni segundas viviendas habituales".

Juan Carlos Campo, ha matizado, en la Sesión de control en el Senado, en respuesta al Grupo Parlamentario del Partido Popular (PP) sobre medidas para combatir judicialmente las ocupaciones, que "el ordenamiento jurídico ya tiene herramientas precisas para hacer frente de forma eficaz al fenómeno de la ocupación".

En su intervención, Campo ha señalado que el Derecho, en España, tiene herramientas ágiles y eficaces para hacer frente al fenómeno en tres ámbitos: el civil, el penal y el administrativo. Y ha destacado que "el desalojo de una vivienda, ocupada ilegalmente, se produce de manera inmediata. No es verdad ese falso rumor sobre que si pasan 48 horas ya nadie puede echar a las personas que han ocupado la vivienda, o que si se cambia la cerradura el propietario ya no puede denunciar".

El Ministerio de Consumo y las comunidades autónomas (CCAA) han acordado un criterio único para considerar injustificado que una entidad bancaria modifique las condiciones de un contrato de forma unilateral con el fin de cobrar comisiones, si la oferta comercial incluía las expresiones "sin gastos" o "cero comisiones".

A partir de ahora, todas las autoridades de Consumo tendrán en cuenta este criterio consensuado cuando tengan que resolver reclamaciones o iniciar expedientes sancionadores.

Consumo y comunidades autónomas han constatado que, en determinadas ocasiones, las entidades financieras ofrecen cuentas corrientes y de ahorro sin gastos de mantenimiento. La condición suele ser que el usuario cumpla algunos requisitos relacionados con un saldo mínimo o con domiciliaciones de recibos. Los bancos publicitan estos productos como libres de comisiones.

El Consejo de Ministros ha acordado la contratación del servicio de creatividad y producción de una campaña de publicidad institucional dirigida a la sensibilización y recomendación de la vacunación frente al COVID- 19. El contrato se ha adjudicado con un importe de 250.000 euros.

La Estrategia de Vacunación es fundamental para reducir el impacto de la pandemia y restablecer el normal funcionamiento de nuestra sociedad. Para llevarla a cabo es necesaria una estrategia de comunicación, que incluye la campaña de comunicación institucional.

La campaña, que corresponde a esta primera fase de la vacunación, tiene como último objetivo alcanzar altos niveles de cobertura en los grupos específicos a los que se recomienda la vacunación.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha comparecido ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para presentar su plan estratégico, Justicia 2030, para la transformación del Servicio Público de Justicia.

Campo ha explicado que se trata de un plan con un horizonte a 10 años que impulsa el Estado de Derecho y el acceso a la Justicia como palancas para la transformación del país. Basado en el diálogo, la transparencia y la cogobernanza, Justicia 2030, según ha explicado Campo, "es una estrategia para hacer el Servicio Público de Justicia más accesible y eficiente, y para contribuir al esfuerzo común de cohesión y sostenibilidad".

• El Anteproyecto se integra dentro de la estrategia Justicia 2030.
• Incluye medios adecuados de solución de controversias (MASC) que tienen como objetivo recuperar la capacidad negociadora de las partes.
• El Anteproyecto pretende, además, dar respuesta a los desafíos surgidos como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

Ha sido aprobado en el seno del Consejo de Ministros, impulsado por el Ministerio de Justicia, el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia.

El Anteproyecto constituye un nuevo instrumento integrado en la nueva arquitectura jurídica dentro de la Estrategia Justicia 2030, enmarcado y conectado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan de la Unión Europea Next Generation. Además, el Anteproyecto pretende dar respuesta a los desafíos surgidos como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, contempla la aprobación por el Gobierno de un Plan para la Igualdad en la Administración General del Estado (AGE) y en sus Organismos Públicos. En cumplimiento de esta previsión, el Consejo de Ministros adoptó los acuerdos de 28 de enero de 2011, que aprobó el I Plan, y de 20 de noviembre de 2015, que aprobó el II Plan.

Con el III Plan aprobado en diciembre de 2020, se abordarán las necesidades reales del personal al servicio de la AGE con un alcance global e integral, y que sus medidas sean referencia para el diseño e implementación de planes de igualdad en todas las organizaciones.