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El Ministerio de Justicia ha elaborado una guía con recomendaciones para la celebración de los juicios telemáticos que son una de las medidas implantadas a raíz de la crisis del COVID19 para garantizar la seguridad de los ciudadanos, profesionales y funcionarios públicos y evitar contagios.

En cumplimiento del Real Decreto-ley 16/2020, durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas, y en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante vía telemática. Todo ello siempre que se disponga de los medios técnicos necesarios y se garanticen los presupuestos procesales del procedimiento en cuestión.

Así, los juicios telemáticos llegaron con el estado de alarma pero, como ha manifestado recientemente el secretario general para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues "han venido para quedarse". Es por eso por lo que el Ministerio que dirige Juan Carlos Campo ha difundido un documento que analiza los elementos organizativos, técnicos y jurídicos, de aplicación en su ámbito competencial, para la celebración de actuaciones judiciales cuya realización sea viable mediante la utilización del sistema de videoconferencia corporativo y que deban ser grabadas por el sistema eFidelius.

El ministro de Justicia ha presidido el 1 de junio de 2020 la primera reunión presencial de la comisión y ha defendido el momento elegido para el inicio de los trabajos pese a la complejidad del contexto actual.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha presidido el 1 de junio la primera reunión presencial de la comisión de expertos designada para elaborar el Anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Campo ha incluido la actualización del proceso penal entre las prioridades de su mandato, comprometiéndose a presentar un texto para su aprobación por el Consejo de Ministros antes de final de año.

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento con recomendaciones para la apertura al público de las playas y zonas de baño. En las playas, los riesgos asociados al COVID 19 están relacionados con la interacción entre personas.

En aguas continentales, como pozas, remansos y cauces de agua dulce con escaso caudal, se desaconseja el baño y los usos recreativos para esta temporada 2020.

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento con recomendaciones para la apertura al público de las playas y zonas de baño. En las playas, los riesgos asociados al COVID 19 están relacionados con la interacción entre personas.

Desde el 26 de mayo, se activa la Fase 2 del Plan de desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19 establecido en el anexo II de la Orden JUS/394/2020.

El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 7 de junio a las cero horas.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha hecho un llamamiento a las fuerzas parlamentarias para que apoyen mañana la petición, que les trasladará el presidente Pedro Sánchez. Montero ha afirmado que el estado de alarma es el único instrumento jurídico que permite restringir la movilidad de la población, un factor clave para "luchar contra la pandemia del COVID-19 y salvar vidas".

En el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa: "Es imprescindible el estado de alarma hasta el final del proceso de escalada, que va a seguir estando guiado por la prudencia, la cautela y la seguridad; cada paso que demos será un paso seguro".

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha firmado el 8 de mayo la Orden JUS/394/2020, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y Plan de Desescalada en la Administración de Justicia ante el Covid-19. La nueva disposición, que prevé la puesta en marcha de la reincorporación escalonada de funcionarios judiciales al servicio a partir del 12 de mayo, ha sido consensuada en la reunión de la Comisión de Coordinación de Crisis en la Administración de Justicia -el órgano que reúne al Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas competentes en la materia y la Abogacía- en su reunión semanal.

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, por la que se procede al alzamiento de la suspensión de la realización de la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y se acuerda la convocatoria de la prueba.

Por Orden PCI/1261/2019,  que quedó suspendida por el estado de alarma y su Real Decreto 463/2020, y esta resolución, considera adecuado alzar la suspensión de la tramitación de este procedimiento y acordar la celebración de la prueba.

Con el objetivo de proporcionar el marco mínimo de referencia para todos los deportistas federados, deportistas profesionales y de alto nivel, así como para las federaciones deportivas y entidades deportivas en las que aquéllos se incardinen, de cara al reinicio de los entrenamientos y la posterior reanudación de competiciones oficiales, se ha elaborado un Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales, mediante la Resolución de 4 de mayo de 2020 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes dependiendo de las fases de la “desescalada” aprobadas.

Con el fin de garantizar una desescalada con riesgos mínimos para la ciudadanía, pero mejorando el bienestar social y económico, es necesario graduar la salida del confinamiento en base a los datos del panel de indicadores.

El desarrollo del plan será asimétrico, coordinado con las comunidades autónomas, y adaptable a los cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas, en cada territorio, en referencia a cada provincia.

Como consecuencia de la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles tras la declaración del estado de alarma se ve alterado el desarrollo del curso escolar 2019-2020, lo que hace preciso mediante esta Orden EFP/365/2020, de 22 de abril (BOE de 24 de abril), de marcar directrices que permitan adaptar a las circunstancias el desarrollo del tercer trimestre del curso; acuerdos que han sido suscritos por las mayorías de las CCAA competentes en materia educativa (todas excepto Andalucía, Castilla y León, País Vasco, la Región de Murcia y Madrid con su propias directrices).