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Mediante Resolución de 10 de marzo de 2020, la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, suspende la celebración de la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado, que había sido convocada para el día 28 de marzo de 2020.

El Ministerio de Justicia ha convocado para el próximo día 28 de marzo la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía, correspondiente a la primera convocatoria de 2020. La cifra de aspirantes es de 6.780, según consta en la resolución de 28 de febrero de 2020 de la directora general para el Servicio Público de Justicia por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos y se determina el lugar, la fecha y hora para la realización de la prueba.

El Consejo de Ministros ha iniciado la tramitación del Anteproyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. La norma transpone la Directiva 828/2017/UE. La norma europea está dirigida a mejorar el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en la Unión Europea y de esa forma aumentar sus posibilidades de financiación a largo plazo y sostenibilidad.

El Consejo de Ministros ha aprobado el inicio de la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual. Esta Ley, que recoge muchas de las demandas del movimiento feminista, significará la protección integral del derecho a la libertad sexual de todas las personas, así como la erradicación de todas las violencias sexuales, reconociendo que afectan a las mujeres de manera desproporcionada.

Su ámbito de aplicación comprende, sin perjuicio de lo previsto en el Código Penal, las violencias sexuales entendidas como cualquier acto de naturaleza sexual no consentido, o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado. Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto.

El Consejo de Ministros de 18 de febrero, ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, por el que adapta el ordenamiento jurídico nacional al reglamento comunitario. Se refuerza así la seguridad jurídica y se da un paso más en la ordenación del proceso de digitalización de la economía y la sociedad, en beneficio de los ciudadanos.

El Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2020, ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley para la creación de un "sandbox", o espacio controlado de pruebas, para acompañar la transformación digital del sistema financiero. El Proyecto, que se remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria, establece un entorno jurídico adecuado para garantizar que el proceso innovador en el ámbito financiero se desarrolla de forma eficaz y segura para los usuarios.

El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha declarado inconstitucional y nulas las disposiciones adicionales primera (movilización de suelo público para promover vivienda en alquiler social) y tercera ( relativa a los convenios para construir infraestructuras) del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler; por ello, el Tribunal ha estimado en parte el recurso de inconstitucionalidad presentado por 102 diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso contra la citada disposición legal.

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Ricardo Enríquez, explica que, aunque no exista una reserva reglamentaria, en la disposición adicional primera referida a las Medidas para promover la oferta de vivienda en alquiler el Gobierno no ha justificado la necesidad de acudir a un real decreto-ley para la adopción de unas medidas para cuya puesta en práctica, en principio, no se aprecia la exigencia de contar con la habilitación de una norma con rango de ley.

Respecto a la impugnación de la disposición adicional tercera "Convenios en materia de infraestructuras", la sentencia apunta que se trata de una justificación deslizada ya en la memoria del análisis del impacto normativo, pero que "no es directamente perceptible ni, desde luego, instantánea o inmediata, de modo que no se justifica el desplazamiento de la potestad legislativa de las Cortes Generales (art. 66.2 CE) al no guardar la necesaria relación de conexión de sentido con la situación de extraordinaria y urgente necesidad previamente definida".

Desde el 14 de enero de 2020, los ciudadanos (persona física o jurídica) que necesiten solicitar un duplicado del permiso de circulación no tendrán que solicitar cita previa ni trasladarse a la Jefatura de Tráfico de su provincia, sino que podrán hacerlo on line a través de la Sede Electrónica del Organismo.
Para realizar dicho trámite a través de Internet, es necesario disponer del DNI electrónico, certificado Digital o Cl@ve y consignar el número de tasa, con posibilidad de adquirirla y abonarla telemáticamente dentro del propio proceso de solicitud de dicho permiso de circulación.

Con el objetivo de minimizar las posibles incidencias que pudieran impedir la expedición del duplicado, como por ejemplo precintos, incidencias denegatorias, vehículos en situación de baja..., se recomienda consultar la situación del vehículo en la sede electrónica previamente al envío de la solicitud por parte del interesado.

La Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado por Auto de 10 de enero de 2020, la suspensión cautelarísima del acuerdo de la Junta Electoral Central que dejó sin efecto la credencial de diputado autonómico del Parlamento de Cataluña del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, por causa de incompatibilidad derivada de la sentencia no firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó por delito de desobediencia.

El alto tribunal rechaza la petición de medida cautelarísima solicitada por Torra al no apreciar las razones de especial urgencia que se requieren para una suspensión de ese tipo, que se hace sin escuchar a la administración cuyo acuerdo se recurre, en este caso la Junta Electoral Central, ni al Ministerio Fiscal.

Los magistrados concluyen, por unanimidad, que la existencia de una sentencia firme determina que no se pueda dar lugar a la petición del recurrente.

La Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado por auto de 9 de enero de 2020, la petición del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras de suspensión cautelarísima del acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado 3 de enero, que declaró la pérdida de la condición de diputado del Parlamento Europeo de dicha persona al concurrir en él la causa de ineligibilidad sobrevenida del artículo 6.2.a) de la LOREG como consecuencia de su condena a 13 años de pena de privación de libertad en la causa del procés. La Sala tramitará ahora el incidente como medida cautelar ordinaria de suspensión, en la que se da traslado de alegaciones por cinco días a la Junta Electoral Central antes de decidir.

Se publica en el BOE de 19 de diciembre, la Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se convocan pruebas de aptitud para acceder al ejercicio de la profesión de Abogado en España por parte de ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Tiene por objeto establecer las normas para permitir el acceso y ejercicio de una profesión regulada en España, mediante el reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas en otro u otros Estados miembros de la Unión Europea y que permitan a su titular ejercer en él la misma profesión. Se establece que a la autoridad competente española le corresponderá prescribir, cuando no se haya completado un período de prácticas de 3 años, una prueba de aptitud en aquellas profesiones cuyo ejercicio exija un conocimiento preciso del derecho positivo español.