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Desde el 14 de enero de 2020, los ciudadanos (persona física o jurídica) que necesiten solicitar un duplicado del permiso de circulación no tendrán que solicitar cita previa ni trasladarse a la Jefatura de Tráfico de su provincia, sino que podrán hacerlo on line a través de la Sede Electrónica del Organismo.
Para realizar dicho trámite a través de Internet, es necesario disponer del DNI electrónico, certificado Digital o Cl@ve y consignar el número de tasa, con posibilidad de adquirirla y abonarla telemáticamente dentro del propio proceso de solicitud de dicho permiso de circulación.

Con el objetivo de minimizar las posibles incidencias que pudieran impedir la expedición del duplicado, como por ejemplo precintos, incidencias denegatorias, vehículos en situación de baja..., se recomienda consultar la situación del vehículo en la sede electrónica previamente al envío de la solicitud por parte del interesado.

La Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado por Auto de 10 de enero de 2020, la suspensión cautelarísima del acuerdo de la Junta Electoral Central que dejó sin efecto la credencial de diputado autonómico del Parlamento de Cataluña del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, por causa de incompatibilidad derivada de la sentencia no firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó por delito de desobediencia.

El alto tribunal rechaza la petición de medida cautelarísima solicitada por Torra al no apreciar las razones de especial urgencia que se requieren para una suspensión de ese tipo, que se hace sin escuchar a la administración cuyo acuerdo se recurre, en este caso la Junta Electoral Central, ni al Ministerio Fiscal.

Los magistrados concluyen, por unanimidad, que la existencia de una sentencia firme determina que no se pueda dar lugar a la petición del recurrente.

La Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado por auto de 9 de enero de 2020, la petición del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras de suspensión cautelarísima del acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado 3 de enero, que declaró la pérdida de la condición de diputado del Parlamento Europeo de dicha persona al concurrir en él la causa de ineligibilidad sobrevenida del artículo 6.2.a) de la LOREG como consecuencia de su condena a 13 años de pena de privación de libertad en la causa del procés. La Sala tramitará ahora el incidente como medida cautelar ordinaria de suspensión, en la que se da traslado de alegaciones por cinco días a la Junta Electoral Central antes de decidir.

Se publica en el BOE de 19 de diciembre, la Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se convocan pruebas de aptitud para acceder al ejercicio de la profesión de Abogado en España por parte de ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Tiene por objeto establecer las normas para permitir el acceso y ejercicio de una profesión regulada en España, mediante el reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas en otro u otros Estados miembros de la Unión Europea y que permitan a su titular ejercer en él la misma profesión. Se establece que a la autoridad competente española le corresponderá prescribir, cuando no se haya completado un período de prácticas de 3 años, una prueba de aptitud en aquellas profesiones cuyo ejercicio exija un conocimiento preciso del derecho positivo español.

El objetivo es establecer criterios clarificadores para los usuarios, los ayuntamientos y los agentes de la autoridad hasta que se publique la regulación formal que lo recoja y que actualmente está en trámite.

Debido al aumento de vehículos de movilidad personal que están proliferando en las zonas urbanas, en la que estos vehículos se han convertido en un medio alternativo de desplazamiento para los ciudadanos, la Dirección General de Tráfico ha publicado una instrucción transitoria en la que establece una serie de criterios clarificadores dirigidos a los usuarios de estos vehículos, ayuntamientos y agentes de la autoridad, hasta que se publique la normativa correspondiente que va en la misma línea de lo que se está debatiendo en la Unión Europea.

La regulación formal de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) se encuentra actualmente en fase de tramitación, pero esto no impide que una instrucción, como la hoy publicada, recoja los criterios a los que están sometidos estos vehículos dentro de la normativa de tráfico vigente. “Era una petición que nos han realizado policías se tráfico, ante las situaciones que se están presentando en muchas ciudades y que inciden negativamente en la seguridad vial, en especial cuando afecta a los colectivos vulnerables” ha señalado Javier Villalba, subdirector de Normativa de la DGT.

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz; y la directora general de Modernización de la Justicia, Sofía Duarte; han presentado tres nuevas aplicaciones tecnológicas desarrolladas por el Ministerio de Justicia para auxiliar el trabajo de juzgados y fiscalías y atender las demandas de los operadores jurídicos.

Por un lado, se ha presentado la Calculadora 988, que calcula las condenas en casos de acumulación de sentencias y muestra la combinación más favorable para el reo entre todas las posibilidades.

Esta herramienta utiliza un algoritmo definido por la Fiscalía del Tribunal Supremo a partir del marco legal establecido en el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo 76 del Código Penal y el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2018, relativo a la fijación de criterios en acumulación de condenas.

El secretario de Estado de Justicia apela a la protección de los derechos fundamentales en la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito de la Justicia.

España ha respaldado el 14 de octubre al Consejo de Europa en el uso de la inteligencia artificial para una mayor eficiencia de la Justicia desde valores éticos y el respeto a los derechos fundamentales. En su intervención en la Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa celebrado en Estrasburgo, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, se ha referido a la responsabilidad que tienen los poderes públicos de velar por las necesarias garantías procesales y asegurar que se mantenga el acceso efectivo de todos los ciudadanos a la Justicia en el actual escenario de transformación digital.

En la reunión de 12 de septiembre de 2019, el Consejo de Gobierno del BCE tomó las siguientes decisiones de política monetaria:

(1) La tasa de interés en la facilidad de depósito se reducirá en 10 puntos básicos a -0.50%. La tasa de interés de las principales operaciones de refinanciamiento y la tasa de la facilidad marginal de crédito permanecerán sin cambios en sus niveles actuales de 0.00% y 0.25% respectivamente. El Consejo de Gobierno ahora espera que las tasas de interés clave del BCE se mantengan en sus niveles actuales o más bajos hasta que haya visto que las perspectivas de inflación convergen sólidamente a un nivel suficientemente cercano, pero inferior al 2% dentro de su horizonte de proyección, y dicha convergencia ha sido constante reflejado en la dinámica subyacente de la inflación.

(2) Las compras netas se reiniciarán bajo el programa de compra de activos (APP) del Consejo de Gobierno a un ritmo mensual de € 20 mil millones a partir del 1 de noviembre. El Consejo de Gobierno espera que funcionen durante el tiempo que sea necesario para reforzar el impacto acomodaticio de sus tasas de política y que finalicen poco antes de que comience a aumentar las tasas de interés clave del BCE.

El 10 de septiembre, de 2019 el abogado general de la UE Sr. Maciej Szpunar, ha publicado sus conclusiones en el Asunto C-125/18, de la Petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 38 de Barcelona contra Bankia S.A. en los contrato de préstamo hipotecario, referenciados al llamado IRPH (índice de referencia de préstamos hipotecarios), que es un índice oficial, elaborado por el Banco de España (con los datos aportados por las entidades bancarias), y que se calcula según la media de los tipos de interés de los créditos de las hipotecas que conceden los banco o antiguas Cajas de ahorros.

Lo que se discute en la cuestión prejudicial será el control de transparencia por el órgano jurisdiccional nacional y en nivel de información exigido del banco de la cláusula controvertida de los préstamos hipotecarios (referencia IRPH), brindando al Tribunal de Justicia la posibilidad de precisar su jurisprudencia relativa, en particular, por una parte, al alcance de la excepción prevista en el artículo 1.2¹, de la Directiva 93/13 y, por otra parte, al alcance y al contenido del control de transparencia de la cláusula controvertida, con arreglo al artículo 4.2², y al artículo 5³, de dicha Directiva.

El partido socialista ha presentado a Unidas Podemos un acuerdo de programa y gobernanza, vertebrado en torno a la presentación de 370 propuestas. Dentro de las cuales, especifica el modelo de convivencia territorial en España, señalando que se estructura a partir de la Constitución y los Estatutos de Autonomía y añadiendo al final de la medida 350, que en ese modelo no tiene cabida un referéndum de autodeterminación que el TC ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad.