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El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de los ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Justicia e Interior, el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. La propuesta tiene como objetivo general el convertir la infancia en un bien colectivo que merece especial protección. De esta forma, el Gobierno da respuesta al problema de la violencia contra la infancia y apuesta de forma decidida por un modelo que sitúa a niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas de los poderes públicos como titulares de derechos subjetivos.

El anteproyecto, que modifica 11 leyes, establece un concepto de violencia muy amplio que abarca toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidos las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente. Se castiga todo tipo de violencia sea cual sea su forma de comisión, incluida la realizada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

Aún no nos hemos sobrepuesto a los devastadores resultados de la crisis de 2008, cuyo componente principal quedó demostrado ser en España, y en otros países, el incremento descontrolado del precio del suelo y toda una economía especulativa que se basó en él, y ya los expertos auguran la inminente formación de una nueva burbuja que lleva camino de explotar, como lo hicieron sus antecesoras. Con independencia de los altibajos a que está sujeto el mercado inmobiliario, lo cierto es que el suelo es aún el componente principal en multitud de empresas del tejido empresarial español, y un sector que nunca dejará de representar ocasiones de negocio a quienes sepan comprenderlo y ajustar su estrategia a los continuos cambios.

Con todo y con eso, lo cierto es que el sector inmobiliario vuelve a estar en alza. Después de la depuración de los balances de la banca, la puesta en mercado de parte del fondo inmobiliario que la SAREB atesoraba y la irrupción de los así llamados fondos buitres en el escenario del mercado, lo cierto es que los inmuebles no paran de subir de precio en los últimos trimestres, marcando una tendencia ascendente que hace presumir riesgos de burbuja.

La forma en que las empresas financian sus activos mobiliarios o inmobiliarios es una decisión clave, en la que se deben tener en cuenta diferentes aspectos, existiendo básicamente los siguientes tipos de contrato para financiar estas operaciones:

• Contrato o póliza de préstamo.
• Contrato de préstamo hipotecario.
• Contrato de arrendamiento financiero o leasing.
• Contrato de arrendamiento operativo o renting.

Si hay alguna tendencia que es ya un hecho manifiesto de lo que ocurrirá en un futuro cercano, esa es la informatización de la sociedad. Si tenemos en cuenta que la tecnología avanza, en un primer momento, hasta consolidarse, para después abordar las cuestiones de seguridad y ética, la ciberseguridad es la disciplina del futuro sin lugar a dudas. Expertos en recursos humanos apuntan que harán falta muchos más profesionales formados en ciberseguridad de los que el mercado pueda proveer, por lo que los expertos en esta especialidad se garantizan un puesto de trabajo.

La Policía Nacional ha puesto en marcha VeriPol, una aplicación informática que detecta las denuncias falsas interpuestas en casos de robos con violencia e intimidación o tirones.

La herramienta, cuyo acceso se ha habilitado en todas las comisarías de España desde esta semana, identifica el delito basándose en el texto de la denuncia, por lo que no necesita ninguna información por parte del usuario, y es completamente automática. Se trata de la primera herramienta de este tipo en el mundo y diversos experimentos empíricos demuestran que tiene una precisión superior al 90%, mientras que policías expertos alcanzan una precisión del 75%.

El modelo fue probado en 2015 en un conjunto de más de 1.000 denuncias presentadas en toda España. Posteriormente, un estudio piloto llevado a cabo en junio de 2017 en Málaga y Murcia permitió a la Policía Nacional mejorar su índice de casos resueltos en un 80%.

El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, prepara una instrucción para que los Registros Civiles de toda España faciliten el cambio de nombre de los menores transexuales que así lo soliciten.

La medida se adoptará de manera transitoria para dar una solución a estas familias mientras se tramita en el Parlamento la reforma de la Ley 3/2007 cuya aprobación extendería la posibilidad de rectificar la mención registral relativa al sexo a los menores de edad.

​La decisión se ha anunciado tras una reunión mantenida en el ministerio con la asociación de familias de menores transexuales Chrysallis, cuyos representantes han recordado a la ministra Dolores Delgado y al director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido Chamorro, que, hasta el momento, el Gobierno no ha atendido la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados el 11 de octubre de 2016.

La norma suspende el impuesto sobre la generación y aprueba una exención del mal llamado céntimo verde, dos medidas de choque para moderar con urgencia el precio de la electricidad en el mercado mayorista y, en consecuencia, el recibo de la luz.

• La norma suspende el impuesto sobre la generación y aprueba una exención del mal llamado céntimo verde, dos medidas de choque para moderar con urgencia el precio de la electricidad en el mercado mayorista y, en consecuencia, el recibo de la luz.
• Se reconoce el derecho a autoconsumir sin cargos, eliminando el denominado "impuesto al sol". Se regula el autoconsumo compartido y se simplifican los trámites administrativos y técnicos del autoconsumo.
• Mediante el Real Decreto-Ley 15/2018, el Ejecutivo amplía la cobertura del bono social eléctrico y crea un bono térmico, una ayuda directa para sufragar los gastos de calefacción. En el plazo de seis meses, se presentará una Estrategia contra la Pobreza Energética.

El Ministerio de Justicia, ha propuesto a las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia la puesta en marcha de un programa piloto de coordinación de parentalidad para proteger al menor en situaciones de conflicto cuando se rompe la relación entre sus progenitores.

En el pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia, que ha presidido la ministra, Dolores Delgado, se ha informado de que esta figura se concibe como un mediador amigable para situaciones enquistadas que puedan perjudicar el interés superior del niño. La idea es que, a partir de experiencias similares que ya están funcionando en Aragón y Cataluña así como en otros países de nuestro entorno, se pueda extender este programa a todo el territorio nacional.

En la reforma de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) (Real Decreto Legislativo 1/2010), que se efectuó con la Ley 31/2014 para potenciar el gobierno corporativo y la profesionalización de los consejos de administración del conglomerado empresarial español, como principal objetivo, aparte de otras muchas modificaciones, una de las que más importancia representa por su trascendencia y por lo que de novedad tiene en la legislación mercantil, aunque ya se hubiese usado numerosas veces en los razonamientos que conforman la decisión de los tribunales, es la introducción de la llamada business judgment rule o regla de la discrecionalidad de negocio. Haremos una breve introducción para los legos en Derecho y después entraremos en materia.

El Ministerio de Justicia y el de Ciencia, Innovación y Universidades, convocan la prueba de evaluación de aptitud para el ejercicio de la profesión de Abogado, dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión y sin limitación alguna de plazas, mediante la Orden PCI/949/2018, de 14 de septiembre.

Para concurrir a la prueba, se debe cumplir los siguientes requisitos:

• Título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente o, en su caso, de las certificaciones sustitutorias. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión homologación
• Superar los cursos de formación para el ejercicio de la profesión de abogado y el período de prácticas externas a la fecha en que se realice la prueba.
• Ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de Abogado.