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La edición de 2018 del Marcador de la Justicia que elabora la Comisión Europea mejora la nota de España en el conjunto de indicadores sobre eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales de la Unión Europea y coloca a nuestro país en la media de los Estados miembros.

En el estudio conocido el 28 de mayo, nuestro país destaca por la accesibilidad de su sistema de Justicia y por la calidad del servicio de asistencia jurídica gratuita, garantizada para todos aquellos ciudadanos que se sitúan un 40% por encima del umbral de la pobreza marcado por Eurostat, un nivel solo alcanzado en la UE por Dinamarca.

El Marcador de la Justicia destaca los esfuerzos realizados por España a lo largo de 2017 en materia de reformas legislativas y revela asimismo un incremento de ocho puntos en el porcentaje de españoles que consideran bueno o muy bueno el nivel de independencia de la Justicia, que pasa  del 31% de 2017 al 39% de este año. Respecto a la independencia estructural, España se sitúa plenamente dentro de los estándares europeos en lo referido a la existencia de instrumentos de salvaguarda de la misma. Además, y a diferencia de otros Estados como Bélgica u Holanda, se pone de manifiesto que en nuestro país no existe discrecionalidad del poder ejecutivo o parlamentario en el nombramiento de jueces.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado durante su intervención en el Foro Cinco Días que la aprobación de los nuevos presupuestos permitirá atender cuanto antes las distintas demandas y reivindicaciones de los profesionales del sector para llevar a cabo las reformas necesarias, impulsadas desde el consenso y contando con todas las fuerzas política.

Desde ese punto de vista, el ministro de Justicia señala que el mensaje reivindicativo lanzado por los principales agentes implica en su responsabilidad compartida a los poderes ejecutivos con políticas activas en la materia, al poder judicial con su función de garantizar la independencia de los jueces y al poder legislativo como encargado de identificar y priorizar las reformas necesarias.

Así, Catalá ha reivindicado la cultura del consenso, a la vez que ha denunciado cómo después de haberse alcanzado un compromiso firme en el seno de los grupos parlamentarios para alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia, algunas formaciones abandonaron las conversaciones en una actitud que dista mucho del diálogo.

La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, y la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, han comparecido hoy en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar la distribución del presupuesto de Justicia para 2018 y su aplicación en políticas públicas.

El gasto del Estado en Justicia asciende este año a 1.926,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,1% respecto al ejercicio anterior. Por cuarto año consecutivo el Ministerio de Justicia ve incrementado su presupuesto hasta los 1.754 millones de euros, el 91% del total del gasto de la política de Justicia, mientras que el 9% restante se distribuirá entre el Consejo General del Poder Judicial y los organismos dependientes del Ministerio.

CGPJ y AEPD confirman que no se vieron afectados ficheros jurisdiccionales ni documentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía.

Una vez que se han hecho públicas por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sus conclusiones sobre la investigación relativa al incidente de seguridad del sistema LexNET que se produjo el pasado mes de julio de 2017, ha quedado probado que el fallo no afectó a ficheros jurisdiccionales ni a expedientes completos y que los documentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía no estuvieron expuestos en momento alguno. Puesto que en LexNET no existen expedientes completos, el número de documentos que se vieron afectados fue muy limitado y se estima que el número de buzones que pudo verse perjudicado apenas fue el 0,1%.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, se han reunido el miércoles 11 de abril con representantes de las diferentes asociaciones de jueces y fiscales para analizar sus reivindicaciones en cuanto a las condiciones del ejercicio profesional y retribuciones, así como las propuestas normativas y presupuestarias impulsadas por el Ministerio de Justicia.

El sistema funciona en todos los partidos judiciales de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Región de Murcia, Islas Baleares, Ceuta y Melilla

El Ministerio de Justicia ha finalizado el proceso de implantación del sistema de Justicia digital en los 112 partidos judiciales de su competencia. De esta forma, ya pueden trabajar en formato electrónico todos los órdenes e instancias de los juzgados de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Región de Murcia, Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Gracias a Justicia digital y al esfuerzo conjunto de todos los profesionales que trabajan cada día en este ámbito, el Ministerio ha afrontado uno de los desafíos más apremiantes en nuestra Administración como es la digitalización de la tramitación de los procedimientos judiciales, lo que redunda en la mejora del servicio público y en una Justicia más accesible, transparente, ágil y mejor interconectada.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado que el Gobierno asume las 103 medidas acordadas en la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados, las hace suyas y va a trabajar para impulsarlas con los colectivos profesionales y las fuerzas políticas que quieran sumarse porque tienen un valor incalculable y cuentan con el aval de las asociaciones del sector que las incluyen en sus reivindicaciones.

​Catalá ha lamentado que varias fuerzas políticas hayan abandonado esa Subcomisión que fue aprobada por unanimidad, suponía el cumplimiento de la medida más importante suscrita en el acuerdo entre PP y Ciudadanos y había colocado a la Justicia entre una de las prioridades del Estado. Así lo ha manifestado el ministro en el Foro Debate Procuradores "La reforma de la Justicia, ¿no merece un acuerdo?", en el que han participado los portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión de Justicia del Congreso. Esa pregunta ha recibido el sí rotundo de Catalá, que ha asegurado que la reforma de la Justicia merece un acuerdo a pesar de que otros no hayan contribuido a que lo hubiera.

La nueva Ley 9/2017 de Contratos que entra en vigor el 9 de marzo, supone una apuesta decidida para mejorar la transparencia, la agilidad en los procesos de contratación y el control en las adjudicaciones públicas a través de la Administración Electrónica. Al mismo tiempo, la Ley busca primar la calidad de las obras y servicios que se ofrecen a los ciudadanos, y favorecer la competencia empresarial, impulsando especialmente la participación de las pequeñas y medianas empresas.

Regular adecuadamente la contratación pública supone disponer de un mecanismo eficaz para alcanzar los objetivos de eficiencia en la gestión de los recursos públicos por parte de los poderes adjudicadores, y de satisfacción de los ciudadanos que reciben los servicios públicos.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, cuyas ayudas se podrán conceder con efectos desde el 1 de enero de 2018, garantizando la solución de continuidad entre planes.

El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 ha sido elaborado con la participación de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las asociaciones, agentes y profesionales del sector. Se trata, por tanto, de un Plan con un elevado nivel de consenso.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre un Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para ampliar los supuestos delictivos a los que se aplica la prisión permanente revisable.

Esta pena privativa de libertad se introdujo en el ordenamiento español mediante las leyes orgánicas, de reforma del Código Penal y de modificación del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo, ambas del 30 de marzo de 2015, para sancionar supuestos delictivos de excepcional gravedad a los que se da una respuesta proporcionada.

La prisión permanente revisable es la pena máxima en la escala de condenas graves y su aplicación determina, en función de los supuestos, un tiempo mínimo de cumplimiento antes de plantear la posibilidad de revisión, que puede ir desde los veinticinco hasta los treinta y cinco años según el número de delitos cometidos y su naturaleza.