Noticias

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido con representantes de los sindicatos de la Administración de Justicia, CSI-F, STAJ, CC.OO., FSP-UGT, ELA y CIG para exponerles las líneas maestras con las que el Ministerio de Justicia tiene intención de desarrollar la Ley 20/2011 del Registro Civil.

El ministro ha reiterado su compromiso de preservar los tres grandes activos del Registro Civil: su carácter público y gratuito, su proximidad al ciudadano y la experiencia y conocimiento de los funcionarios de la Administración de Justicia que prestan sus servicios en el mismo.

• Se amplía tres años, hasta 2020, la moratoria de los desahucios, medida que está vigente desde 2013
• Las familias con hijos menores de edad, las monoparentales, violencia de género o discapacidad se incluyen como vulnerables
• El Código de Buenas Prácticas contemplará la opción de alquiler de la vivienda ejecutada a precio reducido

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que amplía y profundiza las medidas de protección a los colectivos vulnerables por la crisis antes situaciones como el desahucio de su vivienda. Esta norma ha sido elaborada con un amplio consenso.

En concreto, se amplía tres años, hasta 2020, la moratoria de las ejecuciones hipotecarias que afectan a estos colectivos, medida que está en vigor desde el año 2013. Se incluyen, además, nuevos supuestos de especial vulnerabilidad, como las familias con hijos menores de edad o monoparentales con hijos a cargo, desempleo (sin haber agotado la prestación), discapacidad, dependencia o enfermedad grave o violencia de género. Se facilitará también el alquiler de la vivienda ejecutada a precio reducido para estos casos.

La Comisión de Venecia, el órgano especializado en derecho constitucional del Consejo de Europa, ha emitido el 13 de marzo de 2017, una opinión sobre la reforma de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional por la Ley Orgánica 15/2015, en un documento de 15 páginas, disponible aquí en su versión en inglés, recordando que el inglés y el francés son las únicas lenguas oficiales en el Consejo, integrado por 47 Estados, a diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea, donde son 24 las lenguas oficiales.

• Se asegura con ello el derecho de apelación ante sentencias de Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional, y se refuerzan las garantías procesales en el ámbito penal.
• Tres de las plazas se destinan a la nueva Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y las trece restantes a los Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crean dieciséis plazas de magistrados para hacer efectiva la segunda instancia penal que consagra el derecho al recurso de apelación frente a una condena emanada de cualquier órgano jurisdiccional.

El VII Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos ha entregado el Premio proyecto consolidado en interoperabilidad al sistema informático que da soporte al Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia. Con esta distinción se reconoce la especial relevancia que tienen los servicios de interoperabilidad y la aplicación de soluciones innovadoras en la mejora de la prestación del servicio público de la Justicia.

La Secretaría General de Industria y de la Pyme (SGIPYME), dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha lanzado la Herramienta de Autodiagnóstico Avanzado (HADA), dentro de la estrategia de Industria Conectada 4.0. HADA tiene como objetivo servir de punto de partida a toda aquella empresa industrial española, independientemente de su tamaño y sector de actividad, que desee iniciar el proceso de transformación digital.

Con esta herramienta, de uso gratuito y accesible a través de Internet, las empresas obtendrán un informe en el que se determinará su grado actual de madurez digital en base a 6 estadios definidos: estático, consciente, competente, dinámico, referente y líder. A la empresas industriales se le ofrecerá, además, diversas comparativas de su grado de madurez en función de su tamaño, sector y área geográfica. Con esta información, se construirá un Barómetro Industria 4.0.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comunicado al Consejo General de la Abogacía Española, en una reunión mantenida el miércoles 1 de marzo en la sede del Ministerio, que la asistencia jurídica gratuita seguirá sin estar sujeta al IVA.

En la reunión, a la que han asistido la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega; sus vicepresidentes, Sonia Gumpert y Oriol Rusca y su secretario general, Ramón Jáudenes, Catalá les ha trasladado la decisión del Gobierno que se traducirá en la presentación de una Proposición de Ley, consensuada entre PP y PSOE, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para reforzamiento del sistema y de la garantía del acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, han avanzado el 21 de febrero en el desarrollo del sistema que permitirá agilizar las demandas de los ciudadanos que opten por la vía judicial para presentar sus reclamaciones en materia de cláusulas suelo.

Desde ambas instituciones se ha subrayado el compromiso de las administraciones competentes con la provisión de los medios humanos y materiales necesarios para reforzar los juzgados y atender las demandas ciudadanas en un tiempo razonable.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presentado durante su intervención en el desayuno informativo de Europa Press un decálogo de ideas que, desde el consenso y el acuerdo entre el sector político, la sociedad, las instituciones y los propios operadores jurídicos, haga frente a los retos que plantea la Justicia en la actualidad.

Así, el ministro ha planteado la necesidad de caminar hacia una Justicia más ágil y eficiente, incluyendo algunos cambios culturales en la propia sociedad a la hora de resolver los conflictos. Ese modelo supone la necesidad de completar la transformación digital emprendida, mejorando la percepción de la independencia judicial y consiguiendo fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones. Igualmente, entraña la obligación de continuar la lucha contra la corrupción, mejorando la relación de la propia Justicia con sus profesionales, generando leyes al servicio de las personas y consolidando la seguridad jurídica que hace que España sea un país que inspire confianza.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Economía, Industria y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, cuyo objetivo es reforzar la protección al consumidor y mejorar la transparencia en los préstamos inmobiliarios.

El Anteproyecto establece, entre otras medidas, la obligación de entregar al consumidor una ficha normalizada con las características del contrato, la prohibición de las ventas vinculadas y pone límites a las comisiones por cancelación anticipada. Existirá, además, la obligación de informar sobre determinadas cláusulas y los riesgos asociados, de los escenarios posibles en contratos a tipos de interés variable y de los gastos desglosados asociados a la firma del contrato. En un Reglamento posterior se aprobará un modelo estándar de contrato para uso voluntario. Se refuerza, por último, el control de legalidad que ejercen notarios y registradores en la fase de contratación para un asesoramiento más amplio al consumidor.