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Se publica en el BOE de 1 de diciembre, la Orden PRA/1174/2017, de 30 de noviembre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2018.

La prueba está dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión sin limitación alguna en el número de plazas. El programa que ha de regir la evaluación se encuentra en el anexo II de la presente convocatoria. En el ministerio de Justicia, se anuncia a los aspirantes de la prueba de evaluación que deseen participar en la edición de la misma del año 2018, que dicha prueba tendrá lugar el sábado 3 de marzo de 2018.

Se publica en el BOE de 29 de noviembre, la Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se convocan pruebas de aptitud para acceder al ejercicio de la profesión de Abogado en España por parte de ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Tiene por objeto establecer las pruebas para permitir el acceso y ejercicio de una profesión regulada en España, mediante el reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas en otro u otros Estados miembros de la Unión Europea y que permitan a su titular ejercer en él la misma profesión. Se establece que a la autoridad competente española le corresponderá prescribir, cuando no se haya completado un período de prácticas de 3 años, una prueba de aptitud en aquellas profesiones cuyo ejercicio exija un conocimiento preciso del derecho positivo español.

Se convocan las pruebas de aptitud con los siguientes requisitos:

• Ser nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea u otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
• Estar en posesión del documento oficial que acredite el ejercicio de la profesión de Abogado obtenido en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo

• Introduce en el ordenamiento jurídico español las disposiciones de la Directiva comunitaria correspondiente, con lo que se facilita la obtención de pruebas en casos judiciales de dimensión transfronteriza.
• La recepción de estas órdenes se centraliza en el Ministerio Fiscal, lo que permite así mayor eficacia y gestión de recursos humanos y materiales.

La corrupción y el fraude se encuentran recurrentemente entre los principales problemas que existen en España, según las encuestas del CIS, siendo las contrataciones con el sector público una fuente inagotable de titulares sobre irregularidades de todo tipo.

Con el objetivo de dotar de mayor transparencia este tipo de contrataciones, incrementar los controles sobre la corrupción y la morosidad y garantizar la libre concurrencia, el Congreso acaba de aprobar la nueva Ley de Contratos del Sector Público, trasponiendo de esta manera al ordenamiento jurídico español las directivas europeas sobre contratación con el sector público.

Acuerdo del Consejo de Ministros por el que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, se tiene por no atendido el requerimiento planteado al M. H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, para que la Generalitat de Cataluña proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general y se proponen al Senado para su aprobación las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del MENCIONADO interés general.

La jueza Carmen Lamela investiga los hechos ocurridos en Barcelona los pasados días 20 y 21 de septiembre.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado para el viernes  6 de octubre al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep LLuís Trapero, en calidad de investigado por un delito de sedición.

La magistrada también ha llamado a declarar en la misma condición a la intendente de los Mossos Teresa Laplana y a los presidentes de las entidades Omnium Cultural y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, respectivamente, en la causa en la que investiga los hechos ocurridos los pasados días 20 y 21 de septiembre en Cataluña, en relación con las concentraciones y manifestaciones llevadas a cabo para impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones.

La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber notificado las disposiciones para la plena aplicación de la Directiva sobre las cuentas de pago de la UE (Directiva 2014/92/UE).

Las normas de la UE en materia de cuentas de pago son esenciales para garantizar que los consumidores se beneficien de cuentas de pago transparentes en un mercado competitivo e integrador. La Directiva concede a todos los residentes legales en la UE el derecho a una cuenta de pago básica a cambio de una comisión razonable, independientemente del lugar de residencia. También aumenta la transparencia de las comisiones de las cuentas de pago y facilita la comparabilidad y el traslado de dichas cuentas. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva debían entrar en vigor a más tardar el 18 de septiembre de 2016 y la Comisión debía ser informada de ello inmediatamente.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha resaltado la importancia de aumentar la cooperación de los Estados en la lucha contra la delincuencia transfronteriza y el terrorismo como una responsabilidad común europea, en el transcurso de su intervención en la 2ª Conferencia Internacional sobre Terrorismo y Delincuencia Organizada que se está celebrando en Málaga bajo la organización del Consejo de Europa.

Catalá, que ha destacado la grave amenaza tanto a escala social como económica que la criminalidad internacional organizada supone para la seguridad mundial, ha resaltado la necesidad de aumentar y aunar todos los esfuerzos para prevenir, contener y combatir este fenómeno que recurre a métodos muy sofisticados aprovechándose de la globalización y el desarrollo de las tecnologías de la información.

En su reunión de 7 de septiembre, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantengan sin variación en el 0,00 %, el 0,25 % y el -0,40 % respectivamente. El Consejo de Gobierno espera que los tipos de interés oficiales del BCE se mantengan en los niveles actuales durante un período prolongado que superará con creces el horizonte de sus compras netas de activos.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido el 7 de septiembre con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez; y el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Javier San Martín; con quienes ha abordado los proyectos e iniciativas que está llevando a cabo su departamento para seguir avanzando en la reforma de la Justicia.

Durante el encuentro, el ministro ha defendido el objetivo inaplazable de la transformación digital de la Administración de Justicia como uno de los proyectos estratégicos del Ministerio. Catalá ha destacado la normalidad en el funcionamiento del sistema LexNET tras la oleada de ciberataques que el 1 de septiembre sufrió la red de Telefónica que le presta servicio. De hecho, en los primeros cuatro días hábiles del mes de septiembre la presentación de demandas se ha incrementado un 51% respecto al mismo periodo de 2016 y la presentación de escritos lo ha hecho en un 27%.