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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comunicado al Consejo General de la Abogacía Española, en una reunión mantenida el miércoles 1 de marzo en la sede del Ministerio, que la asistencia jurídica gratuita seguirá sin estar sujeta al IVA.

En la reunión, a la que han asistido la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega; sus vicepresidentes, Sonia Gumpert y Oriol Rusca y su secretario general, Ramón Jáudenes, Catalá les ha trasladado la decisión del Gobierno que se traducirá en la presentación de una Proposición de Ley, consensuada entre PP y PSOE, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para reforzamiento del sistema y de la garantía del acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, han avanzado el 21 de febrero en el desarrollo del sistema que permitirá agilizar las demandas de los ciudadanos que opten por la vía judicial para presentar sus reclamaciones en materia de cláusulas suelo.

Desde ambas instituciones se ha subrayado el compromiso de las administraciones competentes con la provisión de los medios humanos y materiales necesarios para reforzar los juzgados y atender las demandas ciudadanas en un tiempo razonable.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presentado durante su intervención en el desayuno informativo de Europa Press un decálogo de ideas que, desde el consenso y el acuerdo entre el sector político, la sociedad, las instituciones y los propios operadores jurídicos, haga frente a los retos que plantea la Justicia en la actualidad.

Así, el ministro ha planteado la necesidad de caminar hacia una Justicia más ágil y eficiente, incluyendo algunos cambios culturales en la propia sociedad a la hora de resolver los conflictos. Ese modelo supone la necesidad de completar la transformación digital emprendida, mejorando la percepción de la independencia judicial y consiguiendo fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones. Igualmente, entraña la obligación de continuar la lucha contra la corrupción, mejorando la relación de la propia Justicia con sus profesionales, generando leyes al servicio de las personas y consolidando la seguridad jurídica que hace que España sea un país que inspire confianza.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Economía, Industria y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, cuyo objetivo es reforzar la protección al consumidor y mejorar la transparencia en los préstamos inmobiliarios.

El Anteproyecto establece, entre otras medidas, la obligación de entregar al consumidor una ficha normalizada con las características del contrato, la prohibición de las ventas vinculadas y pone límites a las comisiones por cancelación anticipada. Existirá, además, la obligación de informar sobre determinadas cláusulas y los riesgos asociados, de los escenarios posibles en contratos a tipos de interés variable y de los gastos desglosados asociados a la firma del contrato. En un Reglamento posterior se aprobará un modelo estándar de contrato para uso voluntario. Se refuerza, por último, el control de legalidad que ejercen notarios y registradores en la fase de contratación para un asesoramiento más amplio al consumidor.

Con el lanzamiento del Portal culmina el proceso de extensión de la política de transparencia a los órganos de gobierno de los tribunales iniciado por el CGPJ en noviembre de 2015. Los profesionales de la Justicia y el público en general tienen acceso por primera vez a los señalamientos de las cinco Salas del Tribunal Supremo y a los acuerdos de su Sala de Gobierno

El Portal de Transparencia del Tribunal Supremo ha entrado en funcionamiento el día de San Valentín (14 de febrero) con contenidos accesibles por primera vez para los ciudadanos, en lo que supone la culminación del proceso de extensión de la política de transparencia a los órganos del gobierno de los tribunales iniciado por el Consejo General del Poder Judicial en noviembre de 2015.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en Pleno no jurisdiccional, ha adoptado un  nuevo Acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, que sustituye al de 2011. Los nuevos criterios pretenden simplificar los anteriores y precisar el alcance de las nuevas causas legales de inadmisión del recurso de casación.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido con el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez, con quien ha analizado las principales cuestiones de interés del colectivo, así como los proyectos de reforma de la Administración de Justicia que impulsará el Ministerio en esta legislatura.

En el encuentro se ha abordado la transposición de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. Se pretende reforzar el control de transparencia notarial en materia de hipotecas asegurando que exista un periodo de información precontractual irrenunciable a favor del consumidor, que puede ser de siete días conforme a la Directiva, así como el levantamiento por parte del notario de acta acreditativa de que se ha informado al consumidor de los riesgos del préstamo hipotecario.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido con representantes de la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), con quienes ha abordado las líneas generales de la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorgará a los fiscales la dirección de la investigación para la agilización del proceso penal.

El ministro ha señalado que este cambio legislativo deberá acompañarse de un nuevo estatuto orgánico del Ministerio Fiscal que atienda a las necesidades formativas, operativas y profesionales del cuerpo. 

Estarán compuestas por profesionales independientes de reconocido prestigio y deberán rendir sendos informes finales en el plazo de seis meses

El Consejo de Ministros de 10 de febrero, ha autorizado la creación de las dos Comisiones de Expertos que revisarán los modelos de financiación autonómica y de financiación local, con el objetivo de dar un fuerte impulso al proceso de actualización de los actuales sistemas de financiación.

Entre los acuerdos adoptados por la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero, se consensuó el relativo a la sostenibilidad del Estado de Bienestar y la reforma de la financiación autonómica, donde las Comunidades Autónomas son una parte esencial.

La misión de ambas Comisiones será la revisión y análisis de ambos sistemas para la formulación posterior de dos nuevos modelos que se fundamenten en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el 9 de febrero de 2017, una propuesta de plan de urgencia para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con las cláusulas suelo.