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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, han firmado un convenio de colaboración para el acceso y uso del sistema LexNET.

El acuerdo permitirá al Tribunal Constitucional utilizar la plataforma de comunicaciones del Ministerio de Justicia para la interacción electrónica y el envío de documentos con los operadores jurídicos que intervengan en los procedimientos que se tramitan ante este tribunal, así como en su relación con otros órganos judiciales usuarios del sistema.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado la digitalización de la Justicia que permitirá que desde el 1 de enero de 2017 los ciudadanos presenten y reciban notificaciones online a través de la sede judicial electrónica del Ministerio, así como que en la primera mitad de la legislatura serán digitales todos los juzgados y fiscalías del territorio Ministerio.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comparecido el 20 de diciembre, a petición propia y de varios grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia del Senado, ante la que se ha comprometido a impulsar una reforma de la Justicia en la que la participación de las comunidades autónomas sea imprescindible, junto a la de todos los operadores jurídicos, de manera que se ponga así de manifiesto la voluntad de entendimiento del Gobierno que ya ha permitido materializar acuerdos como la exención del pago de tasas judiciales a determinados colectivos y trabajar por un Pacto de Estado para impulsar la lucha contra la violencia de género.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido en la sede del Ministerio con Anna González, viuda de Óscar Bautista, ciclista que murió arrollado por un camión en octubre de 2013. González le ha entregado las más de 180.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org, con las que se solicita la reforma de los artículos del Código Penal que regulan el homicidio por imprudencia y la omisión del deber de socorro.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presidido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con ocasión de la adopción por unanimidad de la Resolución 2322 (2016) sobre Cooperación Judicial Internacional en la lucha contra el terrorismo.

España, que es miembro no permanente en el Consejo de Seguridad durante el bienio 2015-2016 y que lo preside durante el mes de diciembre, ha impulsado esta Resolución con el objetivo de afianzar la cooperación jurídica, policial y judicial internacional como una herramienta eficaz de la que se dota la comunidad internacional para hacer frente a la amenaza terrorista y la delincuencia organizada trasnacional. La resolución ha contado con el copatrocinio de 51 miembros de la ONU.

En su reunión del 8 de diciembre, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantengan sin variación en el 0,00 %, el 0,25 % y el -0,40 % respectivamente. El Consejo de Gobierno sigue esperando que los tipos de interés oficiales del BCE se mantengan en los niveles actuales, o en niveles inferiores, durante un período prolongado que superará con creces el horizonte de sus compras netas de activos.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, acompañado por el director general de la Policía, Germán López, ha presentado en Sevilla el dispositivo especial de "Comercio Seguro" que se activa a nivel nacional de cara a las fechas navideñas. Un año más, la Policía Nacional ha puesto en marcha un despliegue específico para garantizar la seguridad ciudadana durante las próximas fiestas.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comparecido el 5 de diciembre a petición propia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, ante la que se ha comprometido a impulsar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que tendrá como principal novedad el papel protagonista del Ministerio Fiscal como director de la fase de investigación de las causas, donde la defensa de derechos y libertades quedaría protegida por un juez de garantías.

Esta nueva norma regulará desde el papel de la Policía Judicial en la investigación de delitos hasta los derechos procesales de los investigados y de las víctimas, la potenciación de los procedimientos simplificados o el fortalecimiento del principio de oportunidad y la mediación penal como alternativas al proceso. Se trata así de actualizar una norma del siglo XIX que ha sido modificada en múltiples ocasiones y ahora con esta nueva versión propiciaría un servicio público de la Justicia más ágil a través de un proceso penal adaptado a las exigencias actuales.

El Consejo General del Poder Judicial, ha elaborado unos “Principios de Ética Judicial” cuyo texto, se ha publicado el 16 de noviembre en el Portal de Transparencia, que aspiran a recoger los valores y reglas de conducta compartidos por la judicatura española al objeto de servir de guía en el desempeño de la jurisdicción y promover el diálogo colectivo y la reflexión personal sobre los retos a los que se enfrentan quienes la ejercen, en un marco legal y social complejo y cambiante.

Se ha publicado en el BOE la Orden PRE/1743/2016, de 27 de octubre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2017.

El anejo a esta orden recoge la convocatoria –gratuita, sin límite de plazas y única para todo el territorio-; fija los requisitos de los candidatos –titulación, superación del curso y mayoría de edad-; el plazo y la forma de presentación de las solicitudes y la documentación que habrá de acompañarlas, el procedimiento de admisión, el desarrollo y calificación de la prueba  así como reglas especiales para discapacitados. Mientras que el anexo I contiene un modelo de solicitud, su anexo II recoge el programa de materias evaluables.

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha participado el 25 de octubre en las XXVI Jornadas Nacionales de Jueces Decanos de España celebradas en Málaga, en donde ha pedido la colaboración de jueces y magistrados para alcanzar una Estrategia Nacional de Justicia que suponga una revisión completa de nuestro modelo de Justicia y se sume al necesario consenso político, social, institucional y profesional que este servicio precisa en España.

La percepción por parte de la ciudadanía de que nuestra Administración de Justicia sufre interferencias por parte del poder político preocupa al ministro, que considera como uno de los pilares básicos de esa Estrategia el fortalecimiento de la independencia de nuestro sistema judicial. Para ello, se han diseñado una serie de medidas como la revisión de la composición y funciones del Consejo General del Poder Judicial, así como la regulación de las situaciones en las que jueces y magistrados puedan participar en política y retornar posteriormente a su labor jurisdiccional para impedir que los ciudadanos tengan dudas sobre su posible independencia.