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• Se asegura con ello el derecho de apelación ante sentencias de Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional, y se refuerzan las garantías procesales en el ámbito penal.
• Tres de las plazas se destinan a la nueva Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y las trece restantes a los Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crean dieciséis plazas de magistrados para hacer efectiva la segunda instancia penal que consagra el derecho al recurso de apelación frente a una condena emanada de cualquier órgano jurisdiccional.

El VII Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos ha entregado el Premio proyecto consolidado en interoperabilidad al sistema informático que da soporte al Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia. Con esta distinción se reconoce la especial relevancia que tienen los servicios de interoperabilidad y la aplicación de soluciones innovadoras en la mejora de la prestación del servicio público de la Justicia.

La Secretaría General de Industria y de la Pyme (SGIPYME), dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha lanzado la Herramienta de Autodiagnóstico Avanzado (HADA), dentro de la estrategia de Industria Conectada 4.0. HADA tiene como objetivo servir de punto de partida a toda aquella empresa industrial española, independientemente de su tamaño y sector de actividad, que desee iniciar el proceso de transformación digital.

Con esta herramienta, de uso gratuito y accesible a través de Internet, las empresas obtendrán un informe en el que se determinará su grado actual de madurez digital en base a 6 estadios definidos: estático, consciente, competente, dinámico, referente y líder. A la empresas industriales se le ofrecerá, además, diversas comparativas de su grado de madurez en función de su tamaño, sector y área geográfica. Con esta información, se construirá un Barómetro Industria 4.0.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comunicado al Consejo General de la Abogacía Española, en una reunión mantenida el miércoles 1 de marzo en la sede del Ministerio, que la asistencia jurídica gratuita seguirá sin estar sujeta al IVA.

En la reunión, a la que han asistido la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega; sus vicepresidentes, Sonia Gumpert y Oriol Rusca y su secretario general, Ramón Jáudenes, Catalá les ha trasladado la decisión del Gobierno que se traducirá en la presentación de una Proposición de Ley, consensuada entre PP y PSOE, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para reforzamiento del sistema y de la garantía del acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, han avanzado el 21 de febrero en el desarrollo del sistema que permitirá agilizar las demandas de los ciudadanos que opten por la vía judicial para presentar sus reclamaciones en materia de cláusulas suelo.

Desde ambas instituciones se ha subrayado el compromiso de las administraciones competentes con la provisión de los medios humanos y materiales necesarios para reforzar los juzgados y atender las demandas ciudadanas en un tiempo razonable.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presentado durante su intervención en el desayuno informativo de Europa Press un decálogo de ideas que, desde el consenso y el acuerdo entre el sector político, la sociedad, las instituciones y los propios operadores jurídicos, haga frente a los retos que plantea la Justicia en la actualidad.

Así, el ministro ha planteado la necesidad de caminar hacia una Justicia más ágil y eficiente, incluyendo algunos cambios culturales en la propia sociedad a la hora de resolver los conflictos. Ese modelo supone la necesidad de completar la transformación digital emprendida, mejorando la percepción de la independencia judicial y consiguiendo fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones. Igualmente, entraña la obligación de continuar la lucha contra la corrupción, mejorando la relación de la propia Justicia con sus profesionales, generando leyes al servicio de las personas y consolidando la seguridad jurídica que hace que España sea un país que inspire confianza.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Economía, Industria y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, cuyo objetivo es reforzar la protección al consumidor y mejorar la transparencia en los préstamos inmobiliarios.

El Anteproyecto establece, entre otras medidas, la obligación de entregar al consumidor una ficha normalizada con las características del contrato, la prohibición de las ventas vinculadas y pone límites a las comisiones por cancelación anticipada. Existirá, además, la obligación de informar sobre determinadas cláusulas y los riesgos asociados, de los escenarios posibles en contratos a tipos de interés variable y de los gastos desglosados asociados a la firma del contrato. En un Reglamento posterior se aprobará un modelo estándar de contrato para uso voluntario. Se refuerza, por último, el control de legalidad que ejercen notarios y registradores en la fase de contratación para un asesoramiento más amplio al consumidor.

Con el lanzamiento del Portal culmina el proceso de extensión de la política de transparencia a los órganos de gobierno de los tribunales iniciado por el CGPJ en noviembre de 2015. Los profesionales de la Justicia y el público en general tienen acceso por primera vez a los señalamientos de las cinco Salas del Tribunal Supremo y a los acuerdos de su Sala de Gobierno

El Portal de Transparencia del Tribunal Supremo ha entrado en funcionamiento el día de San Valentín (14 de febrero) con contenidos accesibles por primera vez para los ciudadanos, en lo que supone la culminación del proceso de extensión de la política de transparencia a los órganos del gobierno de los tribunales iniciado por el Consejo General del Poder Judicial en noviembre de 2015.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en Pleno no jurisdiccional, ha adoptado un  nuevo Acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, que sustituye al de 2011. Los nuevos criterios pretenden simplificar los anteriores y precisar el alcance de las nuevas causas legales de inadmisión del recurso de casación.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido con el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez, con quien ha analizado las principales cuestiones de interés del colectivo, así como los proyectos de reforma de la Administración de Justicia que impulsará el Ministerio en esta legislatura.

En el encuentro se ha abordado la transposición de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. Se pretende reforzar el control de transparencia notarial en materia de hipotecas asegurando que exista un periodo de información precontractual irrenunciable a favor del consumidor, que puede ser de siete días conforme a la Directiva, así como el levantamiento por parte del notario de acta acreditativa de que se ha informado al consumidor de los riesgos del préstamo hipotecario.