Blusens: la historia de un éxito
La detención de José Ramón García, CEO de Blusens, ha vuelto a poner sobre la picota la solidez de las valoraciones en empresas tecnológicas. De la noche a la mañana, como ocurrió con Gowex y otras tantas, la firma aclamada como líder tecnológico y paladín del emprendimiento español y gallego, se ha visto inmiscuida en un escándalo que ha afectado de pleno su propia continuidad.
Tras su detención fue trasladado a La Coruña e interrogado por el juez, quedando en libertad a la espera de que el proceso siga su curso. Mientras tanto, se le ha retirado el pasaporte y tendrá que acudir al juzgado de manera regular. Se le acusa de delitos de organización criminal y contra la propiedad intelectual, concretamente de haber vendido dispositivos que permitirían piratear la señal de televisión de pago, según la acusación pública.
La investigación afecta también a otras dos empresas, Blusens Global Corporation, la segunda empresa de la marca y WebTV, un dispositivo para ver contenido de internet a través de la televisión que se ejecutaba desde los servidores de Blusens. Falta conocer si el dispositivo infractor era uno o el otro o ambos, por el momento WebTV ha suspendido su emisión.
No es la primera vez que el gigante tecnológico gallego ha tenido problemas con la Administración del Estado, en 2010 sufrió sendos procesos por fraude en el IVA y por delito contra la propiedad intelectual en relación con los derechos de emisión de Televés.
Tampoco es la primera vez que una firma consagrada a base de buenos resultados y sucesivos premios como baluarte del emprendimiento y el liderazgo tecnológico cae en desgracia viéndose inmersa en procesos judiciales que no sólo empañan la buena trayectoria seguida hasta el momento, sino que muchas veces acaban con la gloria alcanzada y dan al traste con la continuidad de la solución empresarial.
Los paralelismos con casos como el de Gowex son evidentes, y hacen plantearse la cuestión de si los métodos de valoración empresarial al uso (CAPM, CFD) basados en proyecciones futuras de beneficios pasados, no valen. No ya por el hecho de que la mayor parte de las veces son proyectos empresariales innovadores cuya rentabilidad efectiva no ha sido aún testeada. La propia viabilidad de la idea de negocio está aún por verse.
En este sentido, hay que atender más a razonamientos estratégicos de lógica de mercado, tendencias de consumo y ventajas competitivas teóricas, más que a flujos de caja que no existen.
Si ponemos en relación este detalle, que muchas veces pasa inadvertido para los más aviesos penalistas, con la regla de la discrecionalidad de negocio (business judgment rule) consagrada en la Ley de Sociedades de Capital por la que el órgano judicial en sede mercantil (y por tanto aún menos en la penal donde sólo se exige una explicación plausible) no puede entrar a valorar las decisiones empresariales en tanto en cuanto se hayan tomado contando con la información adecuada y con relación al deber de lealtad respecto a la sociedad que se administra.
En este sentido, acontece que la comisión de este tipo de delitos suele estar sujeta a causas de fondo que empujan, por así decirlo, al empresario a situaciones límite, en las que se ve obligado a cometer cierto tipo de delitos. De ahí la importancia del conocimiento sobre estrategia empresarial para la defensa correcta de este tipo de asuntos.
Es por ello que su defensa debe encauzarse desde el conocimiento integral no solo del procedimiento penal y de su ley sustantiva, sino también desde el plano de la estrategia empresarial y el profundo conocimiento del funcionamiento de los mercados de bienes y servicios y de las fuerzas que tensan la cohesión del sistema económico.
En el CEF somos conocedores de la dificultad que entraña la defensa penal de este tipo de asuntos, y de la oportunidad de empleo para expertos que manejen al mismo tiempo los conceptos del Derecho penal y de la economía de empresa y de mercado.
Para ello, aprovechando la amplia trayectoria y el prestigio de la entidad en materia de Derecho económico, fiscal, contable, auditoría y financiero, ofrecemos una visión integral del Derecho penal de empresa en el Curso Superior de Especialización en Derecho Penal Económico al que os invitamos a apuntaros.
Ricardo Seoane Rayo
Abogado, asesor de compliance, estrategia e innovación