Noticias

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo, con informe favorable del Consejo de Estado e invocando el artículo 161.2 de la Constitución para su suspensión, por el que se impugna la Resolución 298/XII, de 7 de marzo de 2019, del Parlamento de Cataluña, de creación de la Comisión de Investigación sobre la Monarquía.

De acuerdo con la letra a) de la Resolución, "La Comisión de Investigación sobre la Monarquía tiene por objeto investigar las actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la Familia Real española, incluidas las destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera del territorio de Cataluña". Y de acuerdo con la letra b) de la mencionada Resolución, los contenidos básicos objeto de investigación de la comisión son los siguientes:

• "Primero, las actuaciones destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Cataluña durante los días posteriores al referéndum de autodeterminación del primero de octubre de 2017.
• Segundo, las estructuras de corrupción vinculadas a la Familia Real española y a las personas que están o han estado relacionadas.
• Tercero, las presuntas cuentas irregulares del anterior Jefe del Estado en Suiza y otros paraísos fiscales a nombre de terceras personas, la procedencia de este capital, y las otras actividades irregulares o delictivas de estas personas que puedan derivarse de las declaraciones de la Sra. Corinna zu Sayn-Wittgenstein".

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de ayudas por valor de 150 millones de euros para la realización de proyectos de extensión de las redes de banda ancha de muy alta velocidad, con capacidad de acceso superior a 100 Megabits. La convocatoria de las ayudas será realizada por el Ministerio de Economía y Empresa mediante resolución de la Secretaría de Estado para el Avance Digital con cargo al Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación, programa conocido como PEBA-NGA.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha presentado hoy al Consejo de Ministros un informe sobre desinformación y la amenaza global que supone para la libertad y la democracia.

El ministro ha explicado los trabajos preparatorios que ha venido desarrollando la Comisión Europea, que el pasado mes de diciembre aprobó un Plan de Acción contra la Desinformación para poder dar una respuesta coordinada a este fenómeno. Por ese motivo, se ha puesto en marcha un sistema de Alerta Rápida (RAS) para informar instantáneamente sobre campañas de desinformación e intercambiar datos y tomar decisiones entre los estados miembros.

En el ámbito nacional, el ministro ha descrito el Grupo de Trabajo interministerial sobre desinformación, coordinado por la Secretaría de Estado de Comunicación, que trabajará en adelante bajo la denominación de Comisión Permanente contra la Desinformación.

Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional, también llamado Día de la Mujer Trabajadora, para recordar la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Fue un 8 de marzo de 1857 cuando un grupo de mujeres de una fábrica de textiles salió a las calles de Nueva York para manifestarse en contra de las condiciones en las que trabajaban y los salarios que percibían, notablemente inferiores a los sueldos que venían cobrando los hombres en aquella época.

En la actualidad, las mujeres siguen movilizándose y luchando por conseguir una mayor igualdad en los distintos ámbitos de la sociedad, tanto civil como política, ya que falta mucho para llegar a esa paridad. Este año el tema elegido es «Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio».

En agosto de 2013, un vehículo que se encontraba aparcado desde hacía más de veinticuatro horas en el garaje de una vivienda unifamiliar comenzó a arder, causando daños en esta. El incendio se originó en el circuito eléctrico del vehículo. La responsabilidad civil relativa a la circulación del vehículo estaba cubierta por un seguro suscrito con Línea Directa Aseguradora, S.A. (en lo sucesivo, «Línea Directa»).

Según la estadística del INE sobre los tres problemas principales que existen actualmente en España, en el mes de diciembre de 2018 un 24,7 % de los encuestados situaba la corrupción y el fraude entre uno de los principales problemas de nuestro país, porcentaje que en noviembre de 2014 llegó a alcanzar un 63,8 %.

Los ciudadanos en general, menos los que se corrompen, como es obvio, desdeñan este tipo de prácticas, por lo que las empresas que se ven envueltas en ellas se pueden encontrar con un rechazo social, que puede mermar su imagen y por ende su cuenta de resultados.

Las empresas y sus directivos que se vean envueltos en este tipo de prácticas se enfrentan, pues, al escarnio público de los medios de comunicación y redes sociales, pero además sus directivos pueden tener responsabilidad penal o poner en riesgo su patrimonio personal.

El Consejo de Ministros ha aprobado el 18 de enero, la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de reforma de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, relativos a los aforamientos de los diputados, senadores y miembros del Gobierno, añadiendo a ambos artículos la frase "en el ejercicio de las funciones propias de su cargo" para limitar funcionalmente el alcance de los aforamientos. Con esta inclusión se recorta la competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ya no abarcará todos los delitos cometidos por los parlamentarios y miembros del Gobierno, sino que quedará circunscrita a aquellos que cometan de forma directa en el ejercicio de su cargo.

La reforma tiene un claro efecto limitador en dos sentidos: reduce a un núcleo mínimo el aforamiento en el ejercicio de sus funciones y durante el periodo de su mandato y, en segundo lugar, cierra la puerta a una posible extensión por vía legislativa de su ámbito de aplicación en materia penal.

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de los ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Justicia e Interior, el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. La propuesta tiene como objetivo general el convertir la infancia en un bien colectivo que merece especial protección. De esta forma, el Gobierno da respuesta al problema de la violencia contra la infancia y apuesta de forma decidida por un modelo que sitúa a niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas de los poderes públicos como titulares de derechos subjetivos.

El anteproyecto, que modifica 11 leyes, establece un concepto de violencia muy amplio que abarca toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidos las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente. Se castiga todo tipo de violencia sea cual sea su forma de comisión, incluida la realizada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

Aún no nos hemos sobrepuesto a los devastadores resultados de la crisis de 2008, cuyo componente principal quedó demostrado ser en España, y en otros países, el incremento descontrolado del precio del suelo y toda una economía especulativa que se basó en él, y ya los expertos auguran la inminente formación de una nueva burbuja que lleva camino de explotar, como lo hicieron sus antecesoras. Con independencia de los altibajos a que está sujeto el mercado inmobiliario, lo cierto es que el suelo es aún el componente principal en multitud de empresas del tejido empresarial español, y un sector que nunca dejará de representar ocasiones de negocio a quienes sepan comprenderlo y ajustar su estrategia a los continuos cambios.

Con todo y con eso, lo cierto es que el sector inmobiliario vuelve a estar en alza. Después de la depuración de los balances de la banca, la puesta en mercado de parte del fondo inmobiliario que la SAREB atesoraba y la irrupción de los así llamados fondos buitres en el escenario del mercado, lo cierto es que los inmuebles no paran de subir de precio en los últimos trimestres, marcando una tendencia ascendente que hace presumir riesgos de burbuja.

La forma en que las empresas financian sus activos mobiliarios o inmobiliarios es una decisión clave, en la que se deben tener en cuenta diferentes aspectos, existiendo básicamente los siguientes tipos de contrato para financiar estas operaciones:

• Contrato o póliza de préstamo.
• Contrato de préstamo hipotecario.
• Contrato de arrendamiento financiero o leasing.
• Contrato de arrendamiento operativo o renting.