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Se publica en el BOE de 19 de diciembre, la Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se convocan pruebas de aptitud para acceder al ejercicio de la profesión de Abogado en España por parte de ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Tiene por objeto establecer las normas para permitir el acceso y ejercicio de una profesión regulada en España, mediante el reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas en otro u otros Estados miembros de la Unión Europea y que permitan a su titular ejercer en él la misma profesión. Se establece que a la autoridad competente española le corresponderá prescribir, cuando no se haya completado un período de prácticas de 3 años, una prueba de aptitud en aquellas profesiones cuyo ejercicio exija un conocimiento preciso del derecho positivo español.

El objetivo es establecer criterios clarificadores para los usuarios, los ayuntamientos y los agentes de la autoridad hasta que se publique la regulación formal que lo recoja y que actualmente está en trámite.

Debido al aumento de vehículos de movilidad personal que están proliferando en las zonas urbanas, en la que estos vehículos se han convertido en un medio alternativo de desplazamiento para los ciudadanos, la Dirección General de Tráfico ha publicado una instrucción transitoria en la que establece una serie de criterios clarificadores dirigidos a los usuarios de estos vehículos, ayuntamientos y agentes de la autoridad, hasta que se publique la normativa correspondiente que va en la misma línea de lo que se está debatiendo en la Unión Europea.

La regulación formal de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) se encuentra actualmente en fase de tramitación, pero esto no impide que una instrucción, como la hoy publicada, recoja los criterios a los que están sometidos estos vehículos dentro de la normativa de tráfico vigente. “Era una petición que nos han realizado policías se tráfico, ante las situaciones que se están presentando en muchas ciudades y que inciden negativamente en la seguridad vial, en especial cuando afecta a los colectivos vulnerables” ha señalado Javier Villalba, subdirector de Normativa de la DGT.

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz; y la directora general de Modernización de la Justicia, Sofía Duarte; han presentado tres nuevas aplicaciones tecnológicas desarrolladas por el Ministerio de Justicia para auxiliar el trabajo de juzgados y fiscalías y atender las demandas de los operadores jurídicos.

Por un lado, se ha presentado la Calculadora 988, que calcula las condenas en casos de acumulación de sentencias y muestra la combinación más favorable para el reo entre todas las posibilidades.

Esta herramienta utiliza un algoritmo definido por la Fiscalía del Tribunal Supremo a partir del marco legal establecido en el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo 76 del Código Penal y el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2018, relativo a la fijación de criterios en acumulación de condenas.

El secretario de Estado de Justicia apela a la protección de los derechos fundamentales en la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito de la Justicia.

España ha respaldado el 14 de octubre al Consejo de Europa en el uso de la inteligencia artificial para una mayor eficiencia de la Justicia desde valores éticos y el respeto a los derechos fundamentales. En su intervención en la Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa celebrado en Estrasburgo, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, se ha referido a la responsabilidad que tienen los poderes públicos de velar por las necesarias garantías procesales y asegurar que se mantenga el acceso efectivo de todos los ciudadanos a la Justicia en el actual escenario de transformación digital.

En la reunión de 12 de septiembre de 2019, el Consejo de Gobierno del BCE tomó las siguientes decisiones de política monetaria:

(1) La tasa de interés en la facilidad de depósito se reducirá en 10 puntos básicos a -0.50%. La tasa de interés de las principales operaciones de refinanciamiento y la tasa de la facilidad marginal de crédito permanecerán sin cambios en sus niveles actuales de 0.00% y 0.25% respectivamente. El Consejo de Gobierno ahora espera que las tasas de interés clave del BCE se mantengan en sus niveles actuales o más bajos hasta que haya visto que las perspectivas de inflación convergen sólidamente a un nivel suficientemente cercano, pero inferior al 2% dentro de su horizonte de proyección, y dicha convergencia ha sido constante reflejado en la dinámica subyacente de la inflación.

(2) Las compras netas se reiniciarán bajo el programa de compra de activos (APP) del Consejo de Gobierno a un ritmo mensual de € 20 mil millones a partir del 1 de noviembre. El Consejo de Gobierno espera que funcionen durante el tiempo que sea necesario para reforzar el impacto acomodaticio de sus tasas de política y que finalicen poco antes de que comience a aumentar las tasas de interés clave del BCE.

El 10 de septiembre, de 2019 el abogado general de la UE Sr. Maciej Szpunar, ha publicado sus conclusiones en el Asunto C-125/18, de la Petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 38 de Barcelona contra Bankia S.A. en los contrato de préstamo hipotecario, referenciados al llamado IRPH (índice de referencia de préstamos hipotecarios), que es un índice oficial, elaborado por el Banco de España (con los datos aportados por las entidades bancarias), y que se calcula según la media de los tipos de interés de los créditos de las hipotecas que conceden los banco o antiguas Cajas de ahorros.

Lo que se discute en la cuestión prejudicial será el control de transparencia por el órgano jurisdiccional nacional y en nivel de información exigido del banco de la cláusula controvertida de los préstamos hipotecarios (referencia IRPH), brindando al Tribunal de Justicia la posibilidad de precisar su jurisprudencia relativa, en particular, por una parte, al alcance de la excepción prevista en el artículo 1.2¹, de la Directiva 93/13 y, por otra parte, al alcance y al contenido del control de transparencia de la cláusula controvertida, con arreglo al artículo 4.2², y al artículo 5³, de dicha Directiva.

El partido socialista ha presentado a Unidas Podemos un acuerdo de programa y gobernanza, vertebrado en torno a la presentación de 370 propuestas. Dentro de las cuales, especifica el modelo de convivencia territorial en España, señalando que se estructura a partir de la Constitución y los Estatutos de Autonomía y añadiendo al final de la medida 350, que en ese modelo no tiene cabida un referéndum de autodeterminación que el TC ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad.

El que tenga alguna duda sobre la importancia de la protección de datos debe saber que la multimillonaria multa que acaba de recibir British Airways por la sustracción de datos de sus clientes asciende a 205 millones de euros.

El delegado de protección de datos (DPD), o, en inglés, data protection officer (DPO), se convierte, por lo tanto, en una figura clave dentro de las organizaciones, ya que la seguridad y protección de los datos cobra tal magnitud que puede afectar incluso a la supervivencia de la empresa.

Esta nueva figura, especializada en la protección de datos, nace con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) aprobado por el Parlamento Europeo y su trasposición al Derecho español. Esta normativa exige que dicho delegado cumpla determinados requisitos de capacidad, siendo responsabilidad de la empresa en la que preste sus servicios el asegurarse que así sea.

Los demandantes, D. Carles Puigdemont i Casamajó y D. Antoni Comín i Oliveres, se presentaron como candidatos a las elecciones del Parlamento Europeo del 26 de mayo de 2019.

El 26 de mayo de 2019, la coalición Lliures per Europa (Junts), liderada por los demandantes, obtuvo 1.018.435 votos y consiguió dos escaños en el Parlamento Europeo. El 13 de junio de 2019, la Junta Electoral Central española adoptó un Acuerdo, publicado el 14 de junio de 2019, por el que se procedía a la proclamación de los Diputados electos, siendo dicha proclamación susceptible de recurso contencioso-electoral. La Junta también fijó en ese Acuerdo la fecha de la sesión en la que los candidatos electos debían prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución.

El 15 de junio de 2019, el Juez Instructor del Tribunal Supremo se negó a retirar las órdenes de detención que pesan sobre los demandantes. El 17 de junio de 2019, la Junta Electoral Central se negó a aceptar la solicitud de los demandantes de acatar la Constitución española mediante una declaración escrita hecha ante notario o mediante representantes legales designados en un documento notarial. Según los demandantes, el 21 de mayo de 2019 el Senado español había aceptado una declaración escrita hecha ante notario como un medio válido de prometer acatar la Constitución española.

El personal que informa y comercializa préstamos inmobiliarios, el personal directivo, los analistas de riesgos, quienes diseñan este tipo de operaciones, así como quienes asesoran en las mismas, tienen que tener una formación específica que se detalla en la Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, que modifica la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y la Orden ECE/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.