La CNC publica el informe sobre la aplicación de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia, 2011

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La Comisión Nacional de la Competencia publica el Informe sobre la aplicación de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la competencia, relativo a 2011.

Con la Sentencia del Tribunal Constitucional 208/99, de 11 de noviembre, se inició el paso de un sistema centralizado en la defensa de la competencia, que hasta ese momento venía siendo aplicado exclusivamente por los órganos estatales, a otro descentralizado que culmina con la aprobación de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia.

La Ley 1/2002, tiene como objeto establecer el marco jurídico para el desarrollo de las competencias ejecutivas del Estado y de las Comunidades Autónomas asociadas, exclusivamente, con las conductas prohibidas (acuerdos, abusos y competencia desleal), a la vez que establecer los mecanismos de coordinación y colaboración necesarios, entre las distintas administraciones, al objeto de concentrar las actividades desarrolladas por cada una, evitando la duplicación de esfuerzos y acciones divergentes en el objetivo único y común de la eficacia en la defensa de la libre competencia.

Este informe, resume el resultado de esta política descentralizada de defensa de la competencia en España durante el año 2011, observándose un incremento de la actividad de las 12 Comunidades Autónomas que contaban con Autoridad de Competencia constituida y en funcionamiento en ese periodo.

El informe pone de manifiesto el esfuerzo desarrollado por todas las autoridades de competencia (estatal -CNC- y autonómicas) en que se dé una efectiva aplicación coherente y uniforme de la normativa de competencia en todo el territorio nacional, como elemento indispensable para garantizar la unidad de mercado y la igualdad de las condiciones de ejercicio de la actividad económica. Dicha coordinación, contribuye a mejorar la eficacia y seguridad jurídica de los operadores.

Fuente: Página web de la Comisión Nacional de la Competencia