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La Fiscalía Europea está llamada a ser un mecanismo fundamental de protección del Estado del bienestar de todos los ciudadanos europeos

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, intervino en el Pleno del Congreso de los Diputados, en el debate de totalidad sobre el Proyecto de Ley Orgánica de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.

En su intervención, Campo ha destacado que “la Fiscalía Europea está llamada a ser un mecanismo fundamental de protección del Estado del bienestar de todos los ciudadanos europeos, ya que, protegiendo el gasto público de la Unión de conductas como el fraude y la corrupción, se salvaguardan derechos y políticas públicas como la sanidad y la educación".

El ministro ha defendido la ley señalando que España es uno de los países más comprometidos con la creación y diseño del espacio común de libertad seguridad y Justicia. Y ha añadido que “España ha estado luchando por esta institución desde un principio".

La Fiscalía Europea es un organismo de la Unión Europea (UE) que será el encargado de perseguir conductas criminales como el fraude de ayudas o subvenciones europeas, corrupción que afecte a fondos transferidos por la UE o delitos graves de defraudación de IVA transfronterizo.

Este organismo constituye un “salto cualitativo", ha puntualizado el ministro, en el proceso de convergencia, ya que su activación implica que, por primera vez en la historia, una institución supranacional vaya a operar de forma cotidiana y directa en el marco de nuestro sistema judicial.

Campo ha recordado a los grupos parlamentarios que oponerse a implantar la Fiscalía Europea u obstaculizar su entrada en funcionamiento supone impedir el normal funcionamiento de las instituciones comunitarias, “con el consiguiente desprestigio que ello acarrearía de cara a nuestros socios".

Del mismo modo, el titular de Justicia ha indicado que se debe adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento de la Fiscalía Europea. Ya que, “según dispone el considerando 11 de esta norma, a la Fiscalía Europea, como órgano con personalidad jurídica propia, se le atribuyen las funciones de investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos contra los intereses financieros de la Unión", ha explicado. “Estamos hablando de introducir, por imperativo de la Unión Europea, el Fiscal Investigador en nuestro ordenamiento jurídico", ha continuado y, para ello, “es necesario contar con una norma de procedimiento especialmente concebida para implantar esta institución en nuestra legislación procesal".

Además, Campo ha indicado que la Fiscal General Europea “ya ha propuesto formalmente, como fecha de inicio de sus actividades, el 1 de junio de 2021".

Por ello, ha señalado el ministro, se ha articulado un procedimiento, que no contiene más aspectos que los estrictamente necesarios para hacer viable la incorporación de la Fiscalía Europea a nuestro sistema de Justicia, complementado, en todo aquello no expresamente regulado, por nuestra actual LECrim. “No se trata de un arriesgado ejercicio de innovación jurídica como se ha querido hacer ver en alguna ocasión, sino del cumplimiento de una obligación normativa que no puede esperar más", ha zanjado Campo.

Fuente: Ministerio de Justicia