El Pleno acepta tramitar la iniciativa legislativa popular de regulación de la dación en pago, paralización de desahucios y alquiler social
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el martes día 13, con 333 votos a favor y una abstención, la toma en consideración de la Proposición de Ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, impulsada la pasada legislatura a través de una Iniciativa Legislativa Popular.
Esta proposición de ley pasa a continuar su tramitación en la Comisión de Economía y Competitividad, junto al Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios (procedente del Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre), que está actualmente en fase de ponencia.
La solución que se propone en la presente Iniciativa Legislativa Popular es hacer de la dación en pago la fórmula preferente para la resolución de este conflicto: en el caso de que el bien ejecutado sea la vivienda habitual, su adjudicación por parte de la entidad financiera supondrá el pago de la deuda, extinguiéndose totalmente la misma junto con los intereses y costas. La extinción de la deuda comportará por efecto de la ley la extinción de cualquier tipo de fianza o aval.
La comisión promotora de la misma argumenta que un Gobierno consciente de la cuota de responsabilidad de las entidades financieras y de las propias administraciones públicas en lo ocurrido no debería dudar en colocar el derecho a la vivienda de las personas susceptibles de ser desalojadas por encima de los beneficios de la banca.
En coherencia con esta propuesta, la iniciativa tiene como objetivo regular la paralización de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, proponiéndose la conversión de la vivienda adjudicada por la entidad financiera en un alquiler social a favor del ocupante, con unos importes de renta situados en el 30 % de la renta del arrendatario.
Estas propuestas continúan los proponentes, están en la línea de las observaciones que la Unión Europea ha efectuado para prevenir los problemas de sobreendeudamiento y para que el acceso al crédito se haga de forma responsable.
Fuente: Congreso de Diputados