Proteger al ciudadano frente a las quiebras bancarias

El plan de actuación coordinada contempla normas comunes para intervenir las entidades con problemas financieros… y evitar rescates a costa del contribuyente.

La crisis financiera global ha puesto de manifiesto con qué rapidez los problemas de un banco pueden extenderse al resto de una economía y a la de otros países. No es menos evidente que los países de la UE carecen de normas adecuadas para gestionar con eficacia las entidades en apuros.

En muchos casos los gobiernos han tenido que echar mano del dinero del contribuyente para apuntalar a algunos de sus grandes bancos y evitar así daños a millones de clientes y al conjunto del sistema financiero.

Para colmar este vacío, la Comisión propone normas comunes que ayuden a los países miembros y a sus reguladores a responder ante las crisis bancarias con rapidez y eficacia.

Las medidas también ayudarían a atenuar las consecuencias de la quiebra de una entidad para la estabilidad de los mercados financieros y limitar los costes para el contribuyente en caso de rescate.

Las responsabilidades y los costes de su reestructuración recaerían en sus accionistas y acreedores, además de los empleados que hayan incurrido en prácticas de mala gestión.

• Amplias competencias a las autoridades competentes para evitar que caiga un banco interviniendo y solucionando sus problemas
• Obligación para todos los grandes bancos de tener un plan de recuperación; además, las autoridades tendrían que explicar sus medidas a la hora de intervenir y gestionar entidades en crisis
• Mecanismo de respuesta rápida cuando las reservas de capital de un banco bajen por debajo de un límite establecido: la entidad tendría que tomar medidas para recuperar sus finanzas, hacer las reformas imprescindibles y, en su caso, reestructurar la deuda
• Control del banco en apuros por las autoridades nacionales si fracasa la primera intervención: por ejemplo, podrán vender la totalidad o parte de la entidad
• Si el banco en dificultades es transfronterizo, ayuda a una cooperación más eficaz entre las autoridades nacionales, con un papel fundamental para la Autoridad Bancaria Europea.

Las medidas forman parte de una serie de reformas que la UE viene introduciendo para mejorar la regulación de sus mercados financieros y proteger a los depositantes.

Fuente: Página web de la Comisión Europea