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La Audiencia publica la sentencia de los ERE

La Audiencia Provincial de Sevilla ha publicado el martes, 19 de noviembre de 2019, tras notificársela a los acusados, su resolución sobre el caso de los ERE once meses después de que el caso quedara visto para sentencia.

De las veintiuna personas finalmente acusadas –en origen fueron veintidós-, diecinueve reciben algún tipo de condena: cuatro de estos condenados son absueltos de un delito continuado de malversación, pero se aprecian en ellos conductas que integran el tipo del delito continuado de prevaricación y son castigados con penas de inhabilitación especial que van de los 8 años y 6 meses a los 9 años. Únicamente dos de los acusados, Manuel Gómez, exinterventor general y Francisco del Río, exjefe del gabinete jurídico de la Junta, han salido absueltos de todos los cargos que se les imputaban.

En el resto de condenados los magistrados aprecian un delito continuado de prevaricación en cinco de ellos (entre estos están el expresidente Manuel Chaves, la exministra Magdalena Álvarez y los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Salgueiro, junto con el exdirector general presupuestario, Vicente Lozano), que reciben una pena de 9 años de inhabilitación especial. En los nueve condenados restantes se aprecia concurso medial entre los delitos continuados de prevaricación y malversación, lo cual lleva aparejadas condenas de prisión que van de los 7 años, 11 meses y 1 día de Antonio Fernández, exconsejero de empleo, y Francisco Javier Guerrero, exdirector general de trabajo y seguridad social, a los 6 años y 2 días del expresidente José Antonio Griñán; todos ellos reciben además una inhabilitación absoluta que llega a los 15 años en los casos más leves y se eleva hasta los 19 años, seis meses y 1 día en los más severamente penados.

La instrucción del caso comenzó en 2011 como consecuencia de que la Juez Mercedes Alaya, que se encontraba instruyendo el caso Mercasevilla, detectara en varios expedientes de regulación de empleo trabajadores prejubilados que nunca habían trabajado en las empresas y cuyas prestaciones se abonaban con cargo a subvenciones otorgadas ilegalmente. Posteriormente, la causa sería dividida en innumerables piezas separadas, la “política”, así llamada por los cargos implicados, la de las comisiones presuntamente cobradas por aseguradoras y organizaciones sindicales y, finalmente, más de 200 piezas, más reducidas, una por cada ayuda sobre la que pesaran sospechas. La sentencia dada a conocer corresponde a los hechos enjuiciados bajo la primera de las piezas, la “política”. Tras siete años de investigación el juicio dio comienzo a finales de 2017, prologándose durante un año.